De Santiago de Chile a Madrid
Regreso de un largo viaje a Chile donde se habla mucho de economía: los empresarios, con Piñera al frente, han tomado el poder, y también algo, menos de lo que podría pensarse, del pasado. De Pinochet y de lo que pudiera quedar en la sociedad chilena de la dictadura militar.
Chile ha superado con éxito una larga transición, 20 años, desde su pasado golpista y militar. La alternancia entre la democracia cristiana y los socialistas, dos presidentes cada uno, gobernando coaligados en La Concertación ha significado un cierto milagro político. Ahora, por primera vez en casi medio siglo, la derecha sin complejos llega a La Moneda democráticamente.
Michelle Bachelet, una mujer valiosa muy amada por los ciudadanos, ha traspasado el poder con normalidad a una derecha liberal: tecnócratas, educados en la universidad Católica de Santiago y posteriores MBAs en Harvard. Claro que un sector del nuevo gobierno está lleno de pinochetistas, pero como dice Jorge Edwards, “la derecha no puede confesar ese pinochetismo, tiene que disimularlo. Es interesante que lo tenga que disimular. Esos gallos no son los que tiene el poder, más bien los que lo tienen son gallos de una generación nueva, que están en otra cosa.”
La sociedad es optimista y, a pesar del gran terremoto sufrido hace solo siete semanas, mira hacia adelante. La revisión histórica no está en la agenda. Del pasado fascista militar queda sobre todo el modelo económico neoliberal, el individualismo rampante, que, con costes de desigualdad social extrema, estabilizó Chile con una economía que crece, sin deuda, con poco paro y crédito internacional.
Básicamente, la gente quiere hacerse rica, no se conjugan el nosotros y el comunitarismo. A Chile, le va bien y es un ejemplo macroeconómico. La izquierda que acaba de gobernar no cuestiona el modelo. Por razones distintas, la prensa y la televisión chilenas hablan de Pellegrini y de Garzón, el juez que se atrevió con Pinochet.
La vuelta a Madrid supone sumergirse en un desbordamiento político provocado por un embrollo judicial, que desata la ruptura del consenso sobre nuestro pasado más reciente. Se sienten los garrotazos dialécticos que las dos españas goyescas se propinan utilizando las andanzas procesales del juez Garzón. Una querella por prevaricación, desmedida en el fondo y en la forma pero que va a tener que sustanciarse, es agitada como prueba de que el franquismo enterrado en Cuelgamuros habría resucitado y maneja a su antojo al poder judicial.
Por otra parte, la llamada izquierda sociológica ve la excusa para denunciar la transición democrática y producir la ruptura que el pacto de los años 70 no fue capaz de llevar a cabo. La Amnistía de 1977 se equipara a cobardía. Lo vemos de nuevo todo en blanco y negro. La derecha se frota las manos ante la esperada muerte civil de Garzón, no olvidar Gurtel. Ambas desmesuras se concitan en la guerra civil de 1936.
El Gobierno socialista de Zapatero se pone de perfil después de haber sido incapaz de desarrollar su Ley de Memoria Histórica, incumpliendo el compromiso de ofrecer reparación moral y dignidad a los familiares de los desaparecidos que perdieron la guerra. Convendría que unos y otros fijaran los límites, hasta donde están dispuestos a llegar. Única manera de cerrar esta cargada caja de pandora abierta entre todos.
¿De verdad queremos, como sugieren los sindicatos, montar unos juicios de Nuremberg para revisar las responsabilidades derivadas del golpe de estado militar de 1936? ¿La derecha quiere hacer imposible que los nietos de los derrotados sepan la verdad y encuentren a los suyos, “el derecho a ser llorados”? ¿Se pretende una revisión de la Constitución que incluya la estructura del Estado e incluso la forma de Gobierno? Dígase. Seamos consecuentes.
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