Firmas de economía

Ha sido más una celebración mediática que social o popular: nuestros grandes media son los primeros que se han alborozado por la noticia de la concesión del mejor restaurante del mundo a los hermanos Roca (Celler de Can Roca). Tanto que incluso se ha difuminado el hecho de que España haya logrado colocar otros dos restaurantes (Mugaritz y Arzak) entre el top ten mundial.
Por el contrario, Francia –al igual que Bélgica, no figura en este olimpo gastronómico con ningún representante. Y países como Italia solo disponen de una conocida Ostería. De ahí que cualquier gastrónomo ingenuo o más de un turista que nunca haya pisado territorio español pudiera pensar que esta elevada cualificación de los chefs españoles se extiende al conjunto de la restauración hispana.
Pero como todos sabemos, la realidad camina por otros derroteros. Mientras que en Gran Bretaña hay que pagar una buena cantidad de dinero por comer decentemente, en Italia sucede todo lo contrario; y en Francia es muy difícil que, a partir de 25-30 euros, ofrezcan malos menús en cualquier rincón del país.
En España, sin embargo, siguen produciéndose a diario verdaderos atracos a mano armada en muchos lugares de nuestras costas, con hosteleros desaprensivos que no saben cómo recuperar los márgenes perdidos. Y bajo la etiqueta S/M (según mercado) se puede poner cualquier precio a pescados y mariscos, ofreciendo raciones de más de medio kilo de peso para un comensal. Y si alguien cree que la crisis ha desterrado estas prácticas solo tiene que darse una vuelta por Levante, Murcia, Andalucía e incluso Cataluña.
Ahora bien, donde realmente destacamos en Europa es en nuestros restaurantes de carretera, un enigma muy complicado de resolver. Podemos preguntarnos qué han hecho en todo este tiempo administraciones autonómicas como las de Andalucía, Castilla La Mancha o Extremadura, por citar algunas de las rutas que frecuento a menudo, para que ciudadanos españoles y foráneos tengamos que merecernos esos antros, donde anidan, y por este orden: la suciedad, los encargados mal encarados, la comida bazofia y los precios abusivos para tales condumios.
Otro de los grandes enigmas es saber cómo es posible que el estado de los servicios pueda pasar una inspección de sanidad. O como sus menús y la calidad en la atención al cliente –con esa cara de perdonavidas de encargados y camareros- sean tan deficientes, después de los muchos millones de euros que nos hemos gastado en la creación de tantas escuelas -y hasta titulaciones universitarias- de hostelería.
Nada nos gustaría más que conocer a qué se dedican los probos funcionarios de sanidad y consumo que parecen no inspeccionar estos tugurios. Y en que emplean sus recursos y el tiempo de trabajo los encargados en las consejerías de trabajo para no formar debidamente a hosteleros y empleados del sector en una atención moderna, eficiente, con un servicio del siglo XXI, y a plena satisfacción de cualquier cliente.
Si uno lee a George Borrow, “don Jorgito el inglés”, aquel vendedor de biblias que dejó un retrato impagable de la España del XIX, y se detiene con fruición en la descripción de la calidad de sus ventas y de los alimentos en ellas despachados –sobre todo del río Tajo para abajo- observará, salvando algunas distancias, que en los dos últimos siglos hemos avanzado muy poco en la apreciación de nuestros colegas comunitarios. Pero por aquel entonces no pagábamos con nuestros impuestos a personal alguno de la administración para que velase por los intereses de los consumidores.
José Vicente García Santamaría

Ya se sabe que la preagenda de los grandes grupos de comunicación no suele recoger noticias tan poco amables y tan “duras” -en el argot periodístico- como las del atroz paro entre las jóvenes masas de licenciados y graduados universitarios. Y el story telling de nuestros grandes media no abarca tampoco las desafecciones, motivos o frustraciones que invaden a todos aquellos que deben abandonar su país, hartos de enviar cada día media docena de CV, urbi et orbe, sin resultado alguno.
Por vez primera en España, al menos desde los años setenta, no encuentran trabajo ni los licenciados de ICADE ni los egresados de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La noticia, como siempre, está extramuros de las fuentes oficiales. Por ejemplo, en el consulado de Chile en Madrid, calle Rafael Calvo, donde todas las mañanas, de nueve a trece horas, treinta o cuarenta universitarios convalidan títulos y otros documentos para poder trabajar en un país cuyo PIB está creciendo al 5,5%. La actualidad también se encuentra en los consulados de Perú, Colombia y Brasil; países en los que todavía existe demanda de mano de obra cualificada.
La otra noticia, está también en los españoles deportados, quienes en su ingenuidad arriban al aeropuerto chileno de Santiago con un voluminoso equipaje, y sin contrato de trabajo, y son devueltos de nuevo a España. América Latina siempre ha sido un viaje de ida y vuelta, que diría mi muy querido Miguel de la Quadra.
Nuestra ministra de Empleo, en un rasgo sobresaliente de empatía -¿qué enemigo asesora realmente a nuestros dirigentes políticos?- ve en estos extraterrados un signo de “movilidad exterior”. No se qué otros eufemismos podría utilizar la preclara Báñez para describir la situación de los que se quedan aquí. Por ejemplo, cuando alguna gran consultora ya no paga ni el desplazamiento ni mucho menos la comida a  universitarios en proceso de formación. O esos interminables procesos de selección que llevan a cabo muchas de nuestras más relevantes empresas, esperando a que acuda un “mirlo blanco”, capaz de rendir a plena satisfacción por un módico salario.
Pero llegará tal vez un día en que los graduados de nuestras universidades demanden al gobierno e incluso a los propios centros donde han cursado sus estudios –como ya ha sucedido con algunos licenciados en derecho en Estados Unidos- por haberles hecho creer que con una buena educación y esfuerzo podrían ganarse la vida en este país. Y cunde el desconcierto. Los enseñantes se están quedando sin autoridad moral, y cada vez les resulta más difícil exigir a sus alumnos niveles mayores de excelencia. Dicho de otra manera, ¿para qué criar “pura sangres” que no van a disponer de ningún hipódromo en el que demostrar sus cualidades?

Mientras tanto, cada uno de nuestros universitarios –antes del importe de matrículas- le cuesta al erario público unos diez mil euros anuales. Y si le sumamos la educación primaria y secundaria, así como otros conceptos que formarían parte de eso que se denomina “economía de la educación”, la cantidad podría ascender a la bonita suma de 100.000 euros en concepto de formación. Multipliquen esa cantidad por los 150.000 jóvenes que han abandonado recientemente el país en busca de mejores oportunidades, y piensen a continuación si nos hemos convertido o no en una gran ONG para países ricos o en trance de serlo, por mucho que piense doña Esperanza Aguirre.
Algunos dirán, entre ellos más de un insigne profesor de reputada Escuela de Negocios, que los cálculos son incorrectos o incluso demagógicos. Pero como soy gallego, y he visto a muchos paisanos y familiares emigrar a América, creo que un buen número de estos jóvenes –si es que vuelve- tardará mucho en regresar a España, y las plusvalías y el valor añadido de su esfuerzo recalarán en otros países.
Por cierto, mi hijo se ha marchado la semana pasada a trabajar a Chile. Mi sensación inicial de estupor y profunda consternación, se ha transformado en alivio después de comprobar las perspectivas de nuestra economía para 2013 y 2014. Y no dejo de pensar en que, al fin y al cabo, es un privilegiado, frente a los jóvenes no cualificados que son legión y a quienes ningún gobierno local, diputación provincial, autonomía o gobierno central dedica la atención, la inteligencia y los recursos necesarios para que sean útiles a esta sociedad.
José Vicente García Santamaría

Al fin fin parece que la cruda realidad se impone y que Prisa se verá obligada a desprenderse de su división más rentable, Santillana. Un negocio sobre el que se fundó y sustentó la creación y el desarrollo del grupo, y cuya acumulación de beneficios, junto con los del diario El País, permitió conformar el mayor conglomerado mediático español.
Desde entonces, y de manera invariable, Santillana ha aportado facturación y beneficios a Prisa y lo ha dotado de mayor estabilidad. Sin la división editorial, que supone casi el 30% de la facturación total, pero que realmente es la mayor fuente generadora de beneficios, se quedaría sin uno de sus principales activos.
Anteriormente, Prisa había vendido el 22% de Digital+ y el 100% de Cuatro a Mediaset, por lo que había recibido el 488 millones de euros en efectivo y el 18,04% de la nueva sociedad constituida por Mediaset. Asimismo, se desprendió de otro 11% de Digital+ para pagar la deuda contraída con Telefónica y del 10% del grupo portugués Media Capital.
Santillana ha sido hasta el momento, la única empresa del grupo que ha recibido buenas ofertas de compra. Después de rechazar una proposición de Pearson por el 100% de la compañía, se desprendió del 25% de su compañía editorial por 230 millones de euros, que fue adquirido por el fondo DLJ South American Partners. Lo cual suponía valorar la compañía en menos de mil millones de euros. De ahí que sorprendan ahora valoraciones que podían rondar los 2.000 millones por el 100% del capital, máxime –si como parece- la intención inicial de sus gestores es conservar su división educativa.
La oferta planteada por Random House, propiedad del gigante alemán Bertelsmann, dueño también del Círculo de Lectores, cobra sin duda un gran sentido por cuanto le permitiría acceder al mercado latinoamericano, y en cuanto al mercado europeo, Alfaguara junto a Mondadori, podría llegar a dominar una parte nada despreciable del mercado europeo.
Con una deuda de 3.083 millones de euros, compuesta sobre todo por dos próximos vencimientos de deuda que superan los 2.600 millones, Prisa deberá enfrentarse de nuevo a un proceso de desinversiones que afectaría también a otras unidades del grupo: desde la cadena SER a un porcentaje significativo del 56% que aún conserva en Canal+.
¿A cuánto ascendería la venta por separado de sus principales empresas? La respuesta no constituye un misterio para los bancos acreedores ni para los financieros de Prisa, pero en la actual coyuntura de mercado es poco probable que la SER, y un porcentaje significativo de Santillana y de Digital+ pudieran colocarse –descartando El País- por encima de los 2.000 millones de euros, como indican algunos analistas. Quedarían por tanto algo más de 1.000 millones por saldar de la deuda actual.
Cuando Liberty entró en el capital de Prisa conocía perfectamente la situación financiera de una compañía que a finales del año 2008 contaba con una deuda de unos 5.000 millones de euros. Pero esperaba –en el peor de los casos- que la venta por troceamiento de las diferentes unidades de negocio permitiese no solo saldar la deuda sino también obtener alguna plusvalía.
En cualquier caso, las operaciones de venta de activos que pudieran llegar a producirse significarían que el grupo liderado por Juan Luis Cebrián perdería el control de Santillana y de Digital+, así como de la Cadena SER. Su única baza sería convertir el diario El País en el gran referente digital de la prensa latinoamericana, con un negocio sostenible y de pago, que le permitiese entrar en rentabilidad en pocos años.
Como vemos, demasiados supuestos que deben cumplirse para contar con un final feliz.
Y para aquellos que deseen profundizar más en estas temáticas pueden descargarse este documento: http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/23_garcia
José Vicente García Santamaría

Dos íntimas amigas de mi madre -octogenarias como ella- acostumbraban hasta hace poco a recordarle continuamente que estaba mucho peor asesorada (financieramente) que ellas. Era natural, su gestor de Caixa Galicia les había conseguido un 7% de rendimiento para su dinero en un depósito (en realidad, unas preferentes), mientras que mi madre solo había podido obtener un magro 3,5% en uno de los primeros bancos españoles.
El orgullo y la satisfacción de las dos octogenarias duró casi tres largos años hasta que finalmente la realidad se impuso. Ni el Deportivo podía aspirar a ser un club puntero en Europa y ganar la liga sin endeudarse mucho más allá de lo razonable, ni Caixa Galicia podía remunerar el dinero con tanta prodigalidad y sin que ese hecho afectase a sus recursos propios.
Así que ambos empeños eran imposibles, aunque las explicaciones ofrecidas por los gestores de ambas instituciones bordeaban el surrealismo (delictivo). Mientras que César Augusto Lendoiro le replicaba a algún socio en la Asamblea del Club, -y que había tenido la osadía de pedirle las cuentas auditadas- que se las enviaría al día siguiente; los gestores de la caja se empeñaban en desmentir el engaño masivo que habían aplicado a su fiel clientela.
Tras el escándalo que se desató en Galicia y la inminente celebración de las elecciones autonómicas con muchos votos de damnificados en juego, el gobierno gallego dio paso al arbitraje como solución natural al caso de las preferentes. Naturalmente, las amigas de mi madre, que de haber nacido un poco antes y ser MBA por alguna prestigiosa escuela de negocios seguramente hubieran estado al frente de alguna gran empresa, lograron recuperar el principal que habían puesto y una pequeña parte de los intereses apelando a su condición de ancianas y a su corto entendimiento de los productos financieros.
Las dos ilustres ahorradoras salieron mejor paradas, por tanto, que más de un catedrático de universidad e incluso que algún eximio economista, que formaban parte de un colectivo bastante crédulo, de esos que que creían hasta entonces que los niños –en forma de grandes remuneraciones- todavía venían de París.
A la postre, sin embargo, la edad de la inocencia financiera se acabó para todos ellos. También la destrucción de los fuertes vínculos que durante años las Cajas de Ahorros habían logrado consolidar con su clientela. Ahora ya nadie se fía ni de la letra pequeña ni de la grande y mucho menos de los gestores o del director de su sucursal bancaria.
Peor es, sin embargo, la desconfianza que se ha instalado desde entonces en nuestras instituciones. Hubiera bastado, por ejemplo, que la CNMV hubiese  utilizado utilizado todos los medios a su alcance para no permitir hace pocos años la comercialización de los pagarés de Rumasa, vistos los antecedentes de Ruiz Mateos y familia, o que el Banco de España no hubiese dado su visto bueno a la capación de recursos -vía preferentes de las Cajas- para que seguramente muchas de estas cosas no hubiesen sucedido nunca.
La cuestión fundamental –me resisto a caer en las numerosas trampas que se han creado hasta el momento- es sencillamente si las preferentes tenían que haber sido vendidos a inversores particulares o exclusivamente a inversores institucionales.
Y dejo a un lado a las sabias amigas de mi anciana madre, y no me planteo si los damnificados cuentan o no con una gran cultura financiera o si algunos de ellos han sido realmente muy avariciosos. Lo realmente importante es que se ha abusado de su confianza, y que la autoridad monetaria española y la propia CNMV permitieron que se vendiesen masivamente productos difíciles de entender; con un riesgo excesivo, una pobre liquidez y sobre todo escasamente adecuados para cualquier tipo de ahorradores privados.
De ahí que la justicia haya comenzado a actuar y esté dictando alguna resolución impagable sobre la nulidad de algunos de estos contratos. Solo falta que remate su faena para que todos comencemos a recuperar al menos una pequeña confianza en nuestras instituciones, que sean objeto de sanción todos aquellos que permitieron este fraude colectivo, y también de reprobación popular aquellos que nos condujeron a este desastre moral y económico.
José Vicente García Santamaría

El economista Fernández Blanco había demostrado en su clásica investigación de 1998 que una recuperación en el consumo de cine siempre va acompañada por una bajada en el precio de las entradas. Es más, la demanda de cine en España es claramente elástica; es decir, un aumento del 100% en el precio de un billete ocasiona una reducción del 187% en la cantidad consumida, o lo que es lo mismo, en la asistencia al cine.
Por su parte, el cine francés ha demostrado desde 1981, primer año de precios no regulados, que una contención en el precio de las entradas es el mejor medio para mantener un poderoso parque de salas de cine por todo el territorio nacional.
Del mismo modo, aquellos países –como ha demostrado la consultora Media Salles en un estudio que parte del año 1995- que se han empeñado en incrementar los precios de las entradas –incluso por encima de la inflación- han visto como se producían significativos descensos en la afluencia a sus complejos de cine.
Claro está, que si no tenemos en cuenta los valores reales cualquier argumento puede ser válido. Por ejemplo, Suiza es el país, en valor absoluto, con las entradas más caras de toda la Unión Europea. Ya en el año 2005, el precio medio de un billete ascendía a 9,22 euros. Ahora bien, deflactada la inflación y teniendo en cuenta el PIB por habitante, resulta que existe un buen grupo de países donde sus ciudadanos deben hacer un esfuerzo mayor que los suizos. Y coinciden, curiosamente, con los que han experimentado mayores subidas desde 1995 hasta hoy en el precio de las entradas: Portugal, Suecia, Finlandia, Italia, España y Gran Bretaña conforman este núcleo de países.
Una estrategia errada
Desde el año 2001, último gran año de la asistencia al cine en España, el único método que han aplicado los empresarios de exhibición ha sido incrementar los precios para compensar la bajada en el número de espectadores y continuar con unas cifras de recaudación elevadas. La teoría clásica preconiza que productores y distribuidores buscan maximizar sus ingresos aplicando precios altos, mientras que los exhibidores intentan moderar sus precios aplicando una tarificación más dinámica.
Sin embargo, vemos como las estrategias seguidas por los grandes grupos de exhibición son a veces muy diferentes. Algunos, como la belga Kinépolis, utilizan la variable precio como elemento estratégico para transmitir una imagen de calidad: local muy “cool” y con buena proyección, lo que se traduce en que Kinépolis Madrid aplica un precio de 44 euros por la compra de cinco entradas (8,8 euros por billete), o de 85 euros por la compra de diez entradas (8,5 euros). Otros, sin embargo, no han pasado de la estética “hangar”, y mantienen –sur de España- precios medios en torno a los cinco euros. Y los hay también –como el mayor circuito Cinesa- en los que cuatro entradas (Cinesa Card) pueden oscilar entre los 4,9 y los 6,70 euros, según la localidad de España en la que se encuentren.
El hecho innegable es que en toda Europa, ha cambiado la percepción que se tenía sobre la carestía del precio de las entradas. Antes del comienzo de la crisis, más del 90% de los franceses y británicos ya consideraban que era muy elevado, y los jóvenes entre 20 y 34 años eran los más sensibles a la variable precio. Tanto es así que, en estos momentos, el relevo de los jóvenes –que ya han desertado de las salas- lo está tomando el público mayor de cincuenta años, que ya supone más de un tercio de la asistencia. Algo muy verosímil. No hay más que dar una vuelta por cualquier hotel, restaurante o teatro para ver qué colectivo domina hoy el consumo.
Nuevas propuestas
¿Cómo devolver en parte el antiguo esplendor al circuito cinematográfico? Es sin duda una tarea compleja y sobre la que se ha escrito y reflexionado abundantemente, al menos desde la década de los setenta del siglo pasado. Pero mi reflexión en este sentido es muy clara: hay que abandonar de una vez por todas prácticas tan habituales como la promoción de la asistencia en base a descuentos puntuales aplicados por día del espectador, la asistencia de la pareja o de los abuelitos, empresas amigas, acuerdos políticos con Comunidades Autónomas, etc. O esto acabará convirtiéndose en el Club de Campo madrileño, donde numerosos colectivos obtienen descuentos o pases gratuitos, a excepción de aquellos que deben sustentar el negocio.
Así que proponemos una tarificación dinámica más adaptada al nivel de renta y a los diferentes modos de vida. Eso significa que los precios de las entradas deberían bajar al menos un 20%, a la vez que debería producirse un descenso del IVA del 21% al 10-12%. O lo que es lo mismo, deberíamos ver entradas en Madrid y otras grandes poblaciones a no más de siete euros durante los fines de semana, y de no más de cinco euros en el resto de provincias españolas. E idear también algún producto específico para familias, con packs cerrados de entradas+snacks para atraerlas de nuevo a las salas, y siempre y cuando se lo puedan permitir.
Está claro también que alguna suerte de “tarifa plana” debería ponerse en marcha para desestacionalizar el consumo de cine, y lograr que de lunes a jueves acuda más público, so pena de crear recintos fantasmales, con exiguo público, tenue iluminación, cierre parcial de una parte del recinto, y dentro de muy poco con pésimas condiciones de proyección.
La estrategia de esconderse o no hacer frente a la realidad; o simplemente, de esperar a que vuelvan mejores tiempos, no arregla –que se sepa- ningún problema.

José Vicente García Santamaría

Desde la fallida fusión del año 2000 entre AOL y Time Warner, los procesos de integración de empresas de redes y contenidos sufrieron un parón de varios años. El fracaso de los propietarios de Skype y Kazaa por liderar la televisión mundial a través de un nuevo portal, Joost (2009), añadió también una cierta ralentización a agresivos y revolucionarios proyectos. Pero la absorción de NBC Universal por Comcast –que será completada a lo largo de 2013- ha marcado un nuevo rumbo para las empresas de cable y los operadoras de telefonía.
Al mismo tiempo, las intenciones de Apple y Google de estar presentes en la disputa por los contenidos Premium – ya sean retransmisiones deportivas o films de éxito- están marcando un nuevo rumbo estratégico a las empresas de telecomunicaciones, cada vez más volcadas en Internet y en la carrera por los contenidos.

En este contexto puede enmarcarse también el renovado interés de la mayor multinacional española, Telefónica, por participar en el capital de grupos multimedia que detenten estos derechos. Como no dispongo de fuentes primarias fiables, me resulta imposible afirmar lo que muchos diarios confidenciales y más de un profeta viene afirmando desde hace algún tiempo: que Telefónica negocia la adquisición de un porcentaje mayor en la televisión de pago de Prisa para hacerse así con su control (por no hablar del interés de Berlusconi en la cadena SER).
La experiencia de la operadora en su etapa de finales de los años noventa, en que se convirtió –junto con Prisa- en el dominador del sistema español de medios de comunicación, no arroja experiencias muy satisfactorias. La falta de expertise en medios de comunicación y las pérdidas generadas por esta experiencia empresarial llevaron a la compañía a desinvertir en medios –fundamentalmente Antena 3 y Endemol- y a reconcentrarse en aquellas actividades que la convertían en socio de pleno derecho de la sociedad de la información.

La toma del 22% del capital de Digital+ -en realidad, casi un canje por la deuda contraída por Prisa- y los movimientos estratégicos de las grandes empresas de Internet, tal vez hayan hecho recapacitar a la compañía que preside César Alierta, aunque una cosa sería convertirse en uno de los principales accionistas de Digital+ –incrementando algo su participación-, y otra muy diferente, gestionar esta plataforma.
Ya en el año 2010, los dos socios de la operadora de Prisa (Telecinco y Telefónica) tuvieron la ocurrencia de pretender dirigir dos parcelas de la compañía: los contenidos y la dirección financiera; algo que no puso muy contenta a la Comisión Nacional de la Competencia, que estimaba de manera razonable que Prisa debía ejercer su autoridad y manejar sin cortapisas una empresa en la que detentaba la mayoría de su capital.

La pregunta que debemos formularnos es, sin embargo, muy sencilla: ¿tendría sentido que Telefónica ampliase su participación en Digital+? Sí lo tendría, siempre y cuando asegurase así la retransmisión de la Liga española de fútbol, o pudiese participar de los output deals que Prisa tiene firmados con Hollywood para hacerse con series y films de estreno. No lo tendría, sin embargo, si la operación se limitase a ejercer el control de una compañía que apuesta por una modalidad de transmisión (satélite), que, aunque ha sido demasiado infravalorada, no es nada interactiva, pierde abonados de manera progresiva, y cuya aspiración máxima será convertirse en una opción complementaria para llegar a aquellos lugares donde no puedan acceder el ADSL o el cable, ya sea por razones comerciales o meramente operativas.
El portal de Telefónica, Imagenio, es la única televisión de pago que, en estos últimos años, ha experimentado continuos crecimientos (cerca de 1 millón de abonados contra 1,7 millones de Digital+). Tal vez esta pujanza haya sido debida más a las ofertas triple pay que a la generosa programación del canal. Pero, en cualquier caso, Imagenio no puede crecer sin una adecuada programación y buenos especialistas en gestionar esta modalidad de pago.
Así las cosas, cabe pensar sobre el qué dirían las nuevas autoridades españolas de la competencia a un acuerdo de intenciones entre Prisa y Telefónica; sin olvidar, claro está, la opinión de los italianos de Mediaset España. Sin duda, un tema apasionante para reflexionar de nuevo sobre ese gran “oligopolio mutante” que parece perseguir, al menos desde los años noventa, a los grandes grupos españoles de comunicación.
José Vicente García Santamaría

España no es Chipre, pero las autoridades comunitarias o son muy temerarias o lo que han hecho es enviar con esta intervención un claro aviso a navegantes del área mediterránea. Y no me refiero solamente a los Gobiernos, sino también a la oposición y los agentes sociales.
Si alguien pretendía  que españoles, portugueses, griegos e italianos sacasen sus ahorros de las entidades financieras para guardarlos debajo del colchón o volver de nuevo a invertir en ladrillo, solamente debería  insistir un poco más para tener éxito.
Hasta el momento, y en el seno de la UE, las “quitas” se habían aplicado a los inversores (Grecia) o a los depositarios de preferentes y acciones de entidades nacionalizadas (España). Ahora bien, aplicar quitas del 10 o 15% a los ahorros de los impositores es más que atravesar una “línea roja”: sencillamente, es toparse de bruces con José María “El Tempranillo”.
En estos dimes y diretes, la pregunta del millón que se formulan desde hace unos días muchos españoles es si el Fondo de Garantías de Depósitos podrá cubrir ad aeternum el dinero de los ahorradores (hasta 100.000 euros). La desconfianza en las instituciones comunitarias es de tal calibre, que una de las más importantes empresas de seguros mundiales, radicada en España, acaba de enviar a sus clientes una convincente misiva que no me resisto a reproducir: “¿qué va a pasar a partir de ahora si vuelven las tensiones y vuelven a sonar los tambores de rescate? ¿La gente se seguirá fiando o correrá a retirar su dinero?”, destacan en el texto.
Pero para tranquilidad de sus clientes, y de paso diferenciarse de las entidades bancarias, la entidad aseguradora afirma rotundamente que, si en España asistiéramos eventualmente a una quita en los depósitos, esto no afectaría a los productos contratados con esta compañía”, puesto que tienen la consideración jurídica de bienes no embargables.
Su argumentario de venta es claro: estos productos de ahorro e inversión gozan del mismo tratamiento fiscal que el de un seguro de vida, y son una buena alternativa a los depósitos bancarios a un año y tres años.
Para quitarle hierro al asunto, ya que todo cliente de una compañía de seguros es cliente asimismo de una o varias entidades financieras, los autores de la carta reconocen que “España no es Chipre”, aunque el rescate haya sentado un mal precedente.
Sorprende, no obstante, en esta ocasión la rapidez en la reacción ante la notica chipriota. Incluso la audacia y el  protagonismo que exhiben. Como se sabe, todos estos atributos nunca han sido las señas de identidad de unas compañías cuya característica principal ha sido muchas veces ser prudentes hasta la extenuación. Pero lo cierto es que desde hace muchas décadas se dedican a manejar el dinero de los inversores y lo hacen casi siempre de forma eficaz. Bravuconada o no, seguro que al menos este tipo de acciones comerciales suponen una pequeña venganza comercial de algunas grandes compañías de seguros contra una banca que atraviesa su peor momentos desde la década de los setenta.
José Vicente García Santamaría

En el año 2009, RTVE facturaba 326 millones de euros en publicidad y su cuota de mercado ascendía al 20%. Cuando el gobierno Zapatero decidió – a imitación del modelo francés- suprimir la publicidad del ente público en 2010, Telecinco aumentó ese mismo año su contratación publicitaria en un 41,3%; Antena 3 el 21,2%, y Cuatro y La Sexta tuvieron también incrementos significativos.
Ahora, Giuseppe Tingali, CEO de Mediaset España, ha declarado en una entrevista con el diario El Mundo, que si en el año 2010, TVE no hubiera dejado de emitir publicidad, las cadenas privadas habrían cerrado. Una afirmación un tanto exagerada por cuanto, Telecinco ha sido en esta última década una máquina de hacer dinero (más de 1.500 millones de euros en dividendos), y porque incluso en un duro contexto de recesión publicitaria ha sido capaz de generar beneficios sin contraer deuda alguna.
En realidad, la postura de las principales cadenas privadas busca atemperar o neutralizar la vuelta de la publicidad a TVE. Es cierto, sin embargo, que en España no pueden funcionar –de manera legal y/o alegal- más de 1.300 canales de todo tipo. Como también puede ser verdad que, en una situación de crisis, existían demasiados canales generalistas para un pedazo de tarta publicitaria tan pequeña. Pero el libre mercado ya sabemos que tiene estas paradojas, y que no se le puede reclamar políticas intervencionistas al Ejecutivo para solucionar problemas que ese mismo mercado debería ser capaz de resolver.
El hecho evidente es que nos hemos ido al extremo opuesto. De contar con cinco grandes canales generalistas –incluida la corporación pública- que se repartían las audiencias y la publicidad, hemos pasado a la creación de dos grandes plataformas televisivas (Mediaset España y Atresmedia), que detentan el 57% de la audiencia y casi el 90% de la contratación publicitaria. Un nivel de concentración que solo se asemeja al de Italia.
El problema ahora para RTVE es muy complejo. Su modelo de financiación está sujeto a profundas controversias. Actualmente se nutre de las aportaciones de los operadores de telefonía, las televisiones y el erario público (los impuestos de todos los españoles).
Pero el Estado recortó ya el pasado ejercicio unos 200 millones de euros de este presupuesto, y ahora todo indica que el Ente dejará de percibir las contribuciones de las telecos, que habían recurrido esta decisión ante el Tribunal de Justicia europeo para dejar de pagar un canon que supone el 0,9% de sus ingresos.
Es decir, el Estado debería devolver más de 700 millones de euros a los operadores por las aportaciones realizadas entre 2010 y 2012, lo que significa que el ente público dejará de ingresar más de 200 millones de euros anuales.
Las opciones que le quedarían, por tanto, al Gobierno para seguir financiando RTVE son muy pocas: 1) Un ERE de grandes dimensiones, que no estaría demasiado lejano del que afectó al 44% de sus trabajadores (4.150 personas) y llevó al erario público a absorber la deuda de 7.800 millones que el ente había acumulado hasta entonces. 2) Vuelta a la publicidad en RTVE. No se sabe si con limitaciones en minutos diarios o en horario de prime time. 3) Que el Estado (todos los españoles) sufrague el déficit anual de la Corporación.
La única opción viable parece ser la segunda, aunque no le haría ninguna gracia a las grandes cadenas generalistas. Las otras dos opciones –y expresado sin demagogia alguna- dibujarían un panorama de desaparición de la televisión pública, o, en todo caso, un futuro en el que se viese abocada a jugar un papel testimonial.
En cualquier caso, sí parece urgente definir, o más bien, redefinir, algunos aspectos esenciales de lo que se denomina “servicio público”; una acepción con diferentes significados en función de los colectivos implicados. ¿Es servicio público, por ejemplo, emplear 282 millones de euros en el pago de derechos deportivos en estos tres últimos años?.
Quedan así grandes temas por debatir de manera urgente. De lo contrario, es posible que perdamos de nuevo la enésima oportunidad de contar con una televisión pública plural y con cierta independencia, y que pueda servir de contrapeso al dominio de las grandes plataformas televisivas.
José Vicente García Santamaría

Si no hacemos caso omiso a las estrategias macrodiscursivas del grupo Prisa, -que lo mismo tratan de presentarnos al factótum del fondo Liberty, Nicolas Berggruen, como un “homeless”, absorto en la filantropía; o los resultados del ejercicio 2012 como un éxito de diversificación e internacionalización-, no vamos a entender nunca cómo va el grupo dirigido por Juan Luis Cebrián.
Una radiografía muy simple nos diría que: 1) su deuda es la misma que la del año 2008; 2) tras las desinversiones realizadas, no ha vuelto a obtener resultados positivos, y 3) que, lógicamente, sus ingresos de explotación y el Ebitda han disminuido, por lo que su capacidad de devolución de esa deuda es ahora menor.
Dicho de otra manera, Prisa goza de un escaso margen de maniobra para saldar su deuda con las entidades bancarias, y ningún analista puede apreciar realmente una salida viable para el todavía primer grupo español de comunicación.
Pero vayamos por partes. Si en el año 2008, la deuda del grupo Prisa ascendía a 5.000 millones de euros, las cuentas del ejercicio 2012 cifran esta deuda neta en 3.083 millones; es decir, casi dos mil millones menos.
Como es lógico, el grupo de comunicación ha remarcado este hecho como un gran avance en la gestión del grupo. Y es cierto que, desde un punto de vista financiero, la llegada de Fernando Abril ha dotado de mayor disciplina a Prisa. Como también que, gracias a la emisión de bonos convertibles (100 millones a Telefónica) y de Warrants a favor de Liberty, se ha contribuido a rebajar esa deuda.
Ahora bien, no nos engañemos: la deuda actual de Prisa es la misma que mantenía en el año 2008, aunque la cantidad sea ahora menor. En comparación con su Ebitda representa prácticamente lo mismo: más de siete veces su resultado bruto de explotación. Lo que significa haber traspasado con creces la línea roja de alarma que separa la salvación del default.
El hecho evidente es que la Prisa de hoy ya no cuenta con el 100% de Santillana; ha vendido Cuatro, el 44% de Digital+ y el 10% de la portuguesa Media Capital. Las previsiones que había realizado para estos últimos ejercicios han fallado. Es decir, no es capaz de generar la misma facturación que hace cuatro años.
En el ejercicio 2009, y antes de las inversiones reseñadas, sus ingresos de explotación eran de 3.208 millones, el Ebitda de 623 millones y había ganado además 50 millones de euros. Tres años más tarde, en 2012, sus ingresos de explotación son 2.664 millones (-17%), su Ebitda 427 millones (-31,5%), y, en lugar de beneficios, acumula pérdidas de 255 millones de euros.
Además, y un aspecto que nadie ha destacado, ha sufrido un deterioro en los dos últimos ejercicios en la valoración de su fondo de comercio de 558 millones de euros por la menor valoración de sus derechos de retransmisión; aparte de los 128 millones empleados en indemnizaciones.

Sin embargo, no todo es tan negativo. Es meritoria su diversificación de ingresos. Latinoamérica representa ya más de una cuarta parte del total de la facturación del grupo, gracias a la editorial Santillana y sus proyectos de radio. Y hay que reconocer que Prisa ha sido el único grupo español de comunicación cuya estrategia de penetración en otros mercados no ha constituido un absoluto desastre.
En el fondo, los principales males de Prisa son comunes a buena parte de los grandes grupos multimedia españoles: debilidad financiera, endeble cultura empresarial y escasa profesionalización de sus estructuras. Y de ahí provienen los errores estratégicos que han cometido y que les ponen hoy a tiro de otros grupos de comunicación extranjeros.
José Vicente García Santamaría

Aunque tal vez sin pretenderlo, la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha traido consigo un nuevo mapa televisivo. El negocio de la televisión en analógico no parecía hasta entonces excesivamente complejo. Se trataba, en palabras de Carlos Arnanz, de generar suficientes ingresos de los anunciantes para compensar los costes de producción, infraestructuras y emisión.
Pero ahora podemos hablar de un nuevo mapa televisivo, gracias a la progresiva fragmentación de las audiencias (si en el año 2005, Telecinco disponía del 22,3% de la audiencia, acabó como líder en 2012 con tan sólo el 13,2%); la expansión de la televisión de pago y las amenazas de Internet.
Sin embargo, y a la vista de la presentación de resultados de los principales grupos televisivos y de la aparición de las cifras de inversión publicitaria en 2012, podemos ya formular algunas aseveraciones que no dejarán de escocer a más de uno:
-El enorme descenso de la contratación publicitaria. Si tomamos un solo ejercicio, en lugar de una tendencia que abarque varios años, no podremos entender el problema en toda su dimensión. Así, si antes del comienzo de la recesión, año 2007, los ingresos publicitarios de las televisiones ascendían a 3.486,4 millones de euros, mientras que el año 2012 generó solamente unos ingresos de 1.815,3 millones, casi un 50% menos.
-La debacle de TVE, que ha acabado el mes de febrero con un 10,2 de share, el menor de su historia (además de perder el liderazgo en los telediarios). Y no creemos que haya tocado fondo, por mucho que recupere las retransmisiones de la selección española de fútbol.
-El desplome de las cadenas autonómicas que en el año 2012 recaudaron solamente una exigua cantidad de dinero: 126,8 millones de euros (7% del mercado), con una pérdida del 36% respecto al año anterior. Y una audiencia total que se encuentra por debajo del 9,5%.
- Escaso éxito de la televisión de pago (el satélite sigue perdiendo audiencia): el número de abonados ronda los 4,5 millones. En el año 2006 era ya de 3,7 millones y no existían las grandes ofertas de triple pay ni paquetes de fútbol baratos como “gancho” para las contrataciones. La cifra de diez abonados por cada cien habitantes lo dice todo en comparación con países como Reino Unido, Alemania o incluso Italia.
- De manera complementaria, el mercado de la televisión a la carta (Video on Demand) cuenta con un tamaño poco relevante, lo que explica que plataformas como Netflix hayan decidido no instalarse en España.
-El duopolio cada vez más claro de las dos grandes plataformas televisivas (Antena 3 y Mediaset España), que acumulan al cierre del mes de Febrero el 57,3% de la audiencia y más del 85% de la contratación publicitaria, creando verdaderas barreras de entrada para otros posibles competidores.
-¡Y cómo no¡. Un consumo televisivo que sigue alcanzando récords históricos: 272 minutos de media en el pasado mes de Febrero. La crisis económica hace que los españoles pasen cada vez más tiempo delante del televisor.
Ante tal panorama, cabe preguntarse: ¿Dónde se encuentra esa gran demanda de contenidos Premium por parte de los espectadores? ¿Qué queda de la nueva “televisión etiquetada”? ¿No se habían producido ya grandes cambios de hábitos de consumo televisivo: ver la televisión dónde quiero y cómo quiero y compartir mis programas favoritos a través de las redes sociales?
Pero la realidad parece que camina por otros derroteros. Y lo cierto es que el valor económico de la televisión generalista no decrece. De los más de 46.000 millones de euros de ingresos obtenidos por el medio televisivo en la primera década del siglo XXI, un 65% pertenece a las televisiones en abierto. Así que, larga vida todavía, y más en un contexto de recesión, para las cadenas generalistas.
Para los más jóvenes, sin embargo, y para tantos otros que creían en otras alternativas diferentes a la televisión tradicional, todo parece tener el aire de un sucedáneo triste de la televisión en la que muchos habían soñado y siguen soñando.
José Vicente García Santamaría