Los 42.000 afectados por las participaciones preferentes en Galicia

En Galicia existen 42.000 afectados por las participaciones preferentes. Entre ellos y sus familias conforman un abigarrado grupo que podría modificar incluso el mapa electoral gallego en las próximas elecciones al Parlamento. Así que, en cuestión de algunos meses, han pasado de ser una legión de ciudadanos “invisibles” para muchos medios de comunicación autóctonos a un colectivo objeto de atención por las autoridades gallegas.
Mientras tanto, los expresidentes de Caixa Galicia y Caixa Nova o se encuentran ausentes o declaran que sus poderes en la Caja eran limitados –nada menos que después de más de treinta años de ordeno y mando-, pero en ningún caso parece que ni ellos ni sus directivos vayan a devolver las elevadas indemnizaciones conseguidas.
Y ahora, con un país muy sensibilizado por estas cuestiones, tanto la Xunta como los nuevos rectores de la Caja desean cerrar este capítulo y solucionar de forma razonable un conflicto, plagado de dolorosas historias personales, y más cercano –literariamente hablando- a la depresión norteamericana de 1929 que a cualquier otra historia reciente.
Tal es el nivel de sensibilización, que basta recorrer cualquier punto de la geografía gallega para encontrarse con algún cartel convocando a reuniones de perjudicados por las preferentes. Y no hay semana que no se convoque alguna manifestación delante de oficinas de Novagalicia; sin duda un desgaste insoportable para los nuevos gestores, que, al parecer, han visto como se han fugado más de tres mil millones de euros en depósitos.
Y existen también casos como el de algún pueblo de las rías bajas coruñesas (Pobra do Caramiñal) que llueve incluso sobre mojado. En la patria de don Ramón del Valle-Inclán la estafa piramidal de Afinsa y sus famosos sellos dejaron un buen puñado de perjudicados –familias enteras- que no han recuperado hasta el momento ni un euro de los ahorros invertidos.
Pero volviendo a las preferentes, si uno tiene la paciencia de escuchar y analizar la opinión de algunos de estos inversores, de los que nadie quiere decirnos –supongo que para no causar una mayor indignación- cuál es su edad media, su extracción social, su nivel de estudios o sus conocimientos financieros, podrá extraer algunas conclusiones relevantes.
La primera, es que muchos de ellos frisan los setenta o los ochenta años, son gente de extracción humilde y su nivel de conocimientos financieros y de estudios no es precisamente muy elevado. Es más, en términos educacionales podría definirse a una parte de ellos como “analfabetos funcionales”, dados sus problemas de comprensión y de escritura.
En segundo lugar, una parte nada desdeñable de estos perjudicados comparten algunas características comunes. 1) se dejaron aconsejar y confiaron a pies juntillas en la figura del “prescriptor”, porque un director de oficina bancaria en pequeños núcleos de población cuenta con el mismo predicamento que el cura, el boticario o el médico del centro de salud. 2) Su profunda aversión al riesgo. Para ellos, invertir en bolsa es como ir al casino de La Toja. 3) La “codicia”, bien entendida, de estos inversores, quienes deseosos de complementar sus pensiones no sospecharon que las altas rentabilidades ofrecidas resultaban un tanto sospechosas.
Ahora bien, mientras que los poseedores de las preferentes fueron recibiendo sus buenos intereses todo se desarrollaba en el mejor de los mundos posibles. Sus directores de sucursal eran las personas más preparadas e inteligentes del sistema financiero español, y ellos los más avispados inversores porque habían conseguido rentabilizar su dinero mejor que el de muchos de sus conocidos a quienes los grandes bancos les ofrecían muy pequeñas revalorizaciones de su capital.
Y ahora, que las preferentes se han elevado a la categoría de “participaciones basura”, la propuesta ofrecida por Novagalicia banco, y respaldada por las autoridades gallegas, consiste en que los afectados acudan a una solución de arbitraje mediada por técnicos de la Xunta. Una solución ni buena ni mala. Mala, porque solamente pueden acudir a ella aquellos clientes que hayan sido afectados por una mala praxis de la entidad, y porque también cierra la posibilidad de recurrir a instancias judiciales. Buena, porque aunque el porcentaje resulte muy pequeño al menos unas trescientas personas han visto cómo se solucionaban sus problemas.
Aunque tampoco nos engañemos: para la inmensa mayoría de los afectados –entre los que se encuentra un considerable porcentaje de jubilados y mayores de setenta años- la única solución factible será aceptar una “quita” (condonar o regalar una parte de este dinero a la institución financiera) de no menos del 40% del principal invertido, intereses aparte.
Y como se sabe, algunas “quitas” pueden tener incluso una justificación ético-económica cuando se trata de grandes sociedades y de entidades financieras que han apoyado sus arriesgadas inversiones con el objeto de incrementar sus beneficios. Pero nada de esto se ha dado en ese multitudinario grupo de pequeños inversores.
Por eso, Galicia se nos presenta como un “laboratorio” del que podrán extraer enseñanzas otras comunidades y alguna que otra entidad financiera. Tanto desde la metodología aplicada en este proceso de arbitraje, tutelado por el Instituto Galego de Consumo, como de la repercusión que pueda tener en el voto de los electores la resolución de esta crisis, e incluso por las decisiones que pueda tomar la judicatura para que no todo concluya como “as usual”: con un aquí no ha pasado nada, señores, y hasta la próxima¡.
José Vicente García Santamaría