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Facebook y el delito de suplantación de identidad.

28 Abril 2010 - 0:33 - Autor:

redes-sociales1

“¿Se incurre en un delito si una persona se hace un perfil falso en una red social haciéndose pasar por otra persona? ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Cómo denunciarlo?”

Éstas eran algunas de las preguntas que me formulaban hace apenas unas semanas en el encuentro digital sobre redes sociales al que había sido invitado por “eleconomista.es” y que me ha venido rondando la cabeza en los últimos días.

Por cuestiones de espacio, en ese momento la respuesta no dio para mucho pero, como digo, es algo que de manera recurrente ha vuelto a mí y que, creo, merece un análisis en mayor profundidad tanto en su configuración jurídica como en su posible resolución.

Obviamente la pregunta estaba formulada de manera genérica pero escondía, o así lo entendí yo, una preocupación que todos tenemos respecto de que alguien registre un perfil en (digamos) Facebook sin nuestro consentimiento, haciéndose pasar por nosotros.

La cuestión puede parecer inofensiva a primera vista pero que pregunten, por ejemplo, a Alejandro Sanz -que ha visto recientemente falseado su perfil de Twitter-, acerca de la trascendencia de estas acciones; que pregunten al cantante español por qué en dicho perfil alguien en su nombre clamaba contra el gobierno venezolano manifestando “señores del Gobierno de Venezuela, utilizar a los niños políticamente es la cobardía y la ruindad más grande que he visto en toda mi vida”. Pero es que no solamente los personajes públicos son blanco de las iras ajenas; también los ciudadanos de a pié somos víctimas diarias de estas ilícitas actuaciones.

“¿Se incurre en un delito si una persona se hace un perfil falso en una red social haciéndose pasar por otra persona?”, así rezaba la pregunta. Veamos, desde el punto de vista jurídico este tipo de comportamientos tienen un claro encaje en nuestro ordenamiento jurídico.

(i) Si la conducta consiste simplemente en registrar un perfil ficticio sin utilizar los datos ni la fotografía de nadie en concreto, la acción no tiene repercusión desde el punto de vista jurídico, más allá del incumplimiento de los términos de uso de la red social y la posible eliminación del perfil por los administradores de la página.

(ii) Para el caso de que el perfil sí utilice nuestra fotografía o nuestros datos, se estaría produciendo, en primer lugar un ilícito civil, por vulneración del derecho a la propia imagen reconocido expresamente por el artículo 18 de la Constitución Española.

(iii) El anterior comportamiento tendría asimismo acomodo en el tipo penal previsto por el artículo 401 del Código Penal, esto es, un delito de usurpación de identidad (también denominado, de estado civil) castigado con pena de prisión de seis meses a tres años, que tiene como rasgo definitorio el hacerse pasar por otro individuo sin su consentimiento o, en mejor expresión del Tribunal Supremo, usurpar la identidad de una persona “es fingirse ella misma para usar de sus derechos, es suplantar su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales, es la falsedad, aplicada a la persona y con el ánimo de sustituirse por otra real y verdadera” (STS de 23 de mayo de 1.986).

“¿Cómo denunciarlo?”, continuaba la pregunta. Pues bien, ante esta situación, la reacción del agraviado puede tener muy diferentes manifestaciones, desde acudir a las autoridades policiales pertinentes hasta ignorar y tolerar la existencia del perfil fraudulento. En mi experiencia profesional he podido comprobar en primera persona que las principales redes sociales actúan de manera implacable ante este tipo de situaciones, aun cuando legalmente no están obligadas a ello. Y es que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la LSSI, los prestadores de servicios de intermediación (véase Facebook, Tuenti, Twitter o el que sea) no son, en principio, responsables por los contenidos ajenos que transmiten, alojan o a los que facilitan acceso, incurriendo en responsabilidad únicamente si toman una participación activa en su elaboración o si, conociendo la ilegalidad de un determinado material, no actúan con rapidez para retirarlo o impedir el acceso al mismo.

Las redes sociales han tomado conciencia del riesgo que supone para su imagen y la seguridad de sus usuarios el tolerar tales actuaciones y por tal motivo, ante el requerimiento de los usuarios y, una vez realizadas las oportunas comprobaciones, proceden normalmente a dar de baja aquellos perfiles que puedan resultar fraudulentos. A tal efecto, este tipo de redes han creado unas potentes herramientas de reporte de abuso que permiten al usuario comunicar a los administradores de la página la infracción detectada.

Son numerosos los casos que atendemos en el Despacho en relación a este tipo de situaciones, principalmente relacionados con directivos de grandes empresas. Para ello, hemos diseñado lo que se conoce como servicio SOC (Security Operation Centre) por medio del cual empleamos, a través de diferentes niveles, todas las herramientas técnicas y jurídicas a nuestro alcance para detectar primero (por medio de arañas de búsqueda) y eliminar después (normalmente vía requerimientos) este tipo de situaciones. Lo cierto es que el grado de resolución positiva roza el 100%; desafortunadamente en aquellos casos (los menos) en los que nuestros requerimientos, por cualquier motivo, no son atendidos por el concreto prestador de servicios, nos vemos en la obligación de poner tal circunstancia en manos de las autoridades policiales y acudir, en su caso, a la vía judicial. Espero, ahora sí, haber respondido a aquella pregunta.

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Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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