Así es, en Sentencia que acabamos de conocer, y que ya ha sido calificada por algunos como de histórica, el pleno del Tribunal Supremo ha extendido al ámbito publicitario el amparo de protección otorgado por el derecho a la Libertad de Expresión, expresamente regulado en el artículo 20 de la Constitución Española.

En una resolución sin precedentes judiciales en nuestro país, el Alto Tribunal ha fallado que “el hecho de que la actividad publicitaria sea una manifestación del ejercicio de la libertad de empresa (…) no justifica, como se había entendido por algunos, negar a los mensajes comerciales acceso al ámbito de regulación cuyo núcleo representa el artículo 20 de la Constitución Española”, esto es, la Libertad de Expresión.

Y es que, hasta ahora, ningún órgano judicial nacional se había atrevido a dar el paso y declarar la aptitud de la publicidad para entrar en la órbita de protección de la Libertad de Expresión como sí habían hecho países como EEUU o como en su día reconocieron el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

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El pasado miércoles resultó aprobada la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La anterior reforma supone la enésima modificación de nuestro Código Penal que, en lo que a delitos informáticos se refiere, tiene una relativa trascendencia.

Es cierto que conceptos tradicionales como la estafa o los daños han adoptado en los últimos tiempos una vertiente tecnológica en modalidades como el phishing, el pharming o el counterfeiting, inexistentes hace unos años. Los anteriores son términos que forman ya parte de nuestro vocabulario pero que, desde el punto vista jurídico, eran, hasta la reforma introducida, perfectamente subsumibles en los referidos tipos penales de la estafa o los daños y que, con la reforma, quedan en tela de juicio.

¿Era necesaria la anterior reforma? En mi opinión no. El Derecho Penal sanciona los actos tipificados como delitos en atención al principio de tipicidad, esto es, sanciona únicamente los actos que encajan en el tipo descrito por la Ley. En consecuencia, cuanto más restrictivo sea el tipo penal, menos serán los actos que puedan caer bajo su paraguas, con el riesgo que ello supone porque es principio general de nuestro Derecho que lo que no está penado, está permitido.

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No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Con ésta son ya nueve las resoluciones judiciales que consideran que la actividad de enlazar no constituye un delito contra la propiedad intelectual. En este caso ha sido la Audiencia Provincial de Cantabria la que ha desestimado el recurso interpuesto por Laurent Films contra al Auto del Juzgado de Instrucción de Santander que archivaba la denuncia interpuesta frente a la web de enlaces cinegratis.net.

Como en las anteriores ocho ocasiones, la conducta que se imputaba a los titulares de la web era la de proveer a sus usuarios el acceso a determinadas webs que alojan contenidos protegidos por la legislación de propiedad intelectual, obteniéndose por sus administradores un beneficio económico derivado de la publicidad.

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Una directiva europea sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, pendiente de ser implementada al Ordenamiento Jurídico Español, pone en peligro la utilización de las cookies en Internet y la industria de la publicidad online misma.

La aprobación de la nueva Directiva Europea sobre telecomunicaciones podría afectar, en su trasposición al Derecho español, al normal desarrollo de la publicidad en Internet al exigir, a efectos de permitir la instalación de cookies en navegadores, el consentimiento previo del internauta.

Empecemos por el principio; las cookies o “chivatos” son pequeños archivos de datos que determinadas páginas web colocan en nuestros equipos informáticos para almacenar información sobre nuestras preferencias de navegación. La finalidad de las cookies es, en síntesis, segmentar la audiencia, personalizar las campañas publicitarias o simplemente medir el tráfico de una determinada web. Sirven normalmente a los anunciantes para analizar los patrones de comportamiento del usuario en la web con el fin de gestionarlo y mejorarlo. La existencia de cookies en la navegación web es lo que permite, entre otros efectos, que no recibamos la misma publicidad de manera continuada al visitar diferentes páginas. En opinión de los expertos del mundo de la publicidad y el marketing, su existencia es el motor de la publicidad en Internet.

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Se le ocurrió un día a Miguel Bosé decir que “cuando veo un mantero con mis discos, tiro de la manta y llamo a la policía”. Pues bien, frente a reacciones como la anterior, desde hace un tiempo se viene mascullando en la calle un sentir generalizado que aboga por reconocer el derecho de los artistas a vivir de sus obras pero cuestionando severamente la desproporción que supone que los manteros –último eslabón de una cadena viciada de principio a fin- vayan a la cárcel por su actuación.

En medio de ese debate social y político, el Ministerio de Justicia ha informado, por medio de nota de prensa, que el Senado ha aprobado, sin incorporar ninguna modificación, el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley 10/1995 del Código Penal, el cual entrará en vigor en seis meses desde la fecha de su publicación en el BOE.

El texto de nuevo Código Penal aprobado introduce, entre otras, novedades legislativas significativas en la persecución de este tipo de infracciones. Y, es que, en lo que a los delitos de propiedad intelectual se refiere, el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha destacado que el nuevo proyecto ofrece una respuesta penal más individualizada, distinguiendo los supuestos más graves de los que no lo son. En este sentido, mantiene el nuevo texto la severidad para las conductas más graves pero reduciéndola en los supuestos de venta a pequeña escala de copias ilegales, como el top manta, al objeto de permitir a jueces y tribunales adecuar con mayor proporcionalidad la pena a la gravedad del caso.

De conformidad con la regulación actual, la venta al pormenor de CD´s en la calle implica, además de una multa de 12 a 24 meses, pena de cárcel de 6 meses a 2 años. Con la reforma introducida y que, insisto, entrará en vigor en seis meses, se faculta al juez para reducir la pena a multa o trabajos en beneficio de la comunidad cuando (i) la distribución es al por menor; (ii) las características del culpable desaconsejen su ingreso en prisión y (iii) el beneficio económico sea bajo.

Es decir, que la citada reforma no despenaliza el top manta ni reduce las penas por el resto de delitos de la propiedad intelectual e industrial, sino que únicamente se reduce la pena para las conductas menos graves cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Cuando la sociedad internauta vive en pleno debate sobre el derecho al olvido en Internet, esto es, el derecho que a todos nos asiste a que nuestros datos personales no figuren en Internet, Google ha anunciado -a través de su blog oficial- la sustitución de su viejo motor de búsqueda por un nuevo indexador mucho más potente, de nombre Caffeine.

La nueva perla de Google, permitirá al usuario localizar la información solicitada en tiempos inferiores de respuesta y alcanzando lugares que el antiguo buscador no alcanzaba. Pero ¿qué sucede entonces con aquellos datos “olvidados” y que ahora son fácilmente accesibles por cualquiera? ¿tiene el deber el ciudadano de soportar que, por ejemplo, pulule por la red información que, aun siendo veraz, es antigua y carece de interés informativo? Definitivamente, Caffeine ha reabierto la polémica.

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Ayer, 31 de mayo de 2.010, fue –para algunos- el día mundial para dejar Facebook. Esta incitativa, surgida en torno a unos pocos grupos de Internet y que se ha extendido en la red como la pólvora, surgió como respuesta a los problemas de privacidad de la plataforma norteamericana, de los que puntualmente nos tienen informados los medios de comunicación en los últimos tiempos.

Esta iniciativa, que tiene más de anecdótica que de real, bien puede servir de excusa para abrir una vía de debate sobre una realidad que concierne a las redes sociales que operan en nuestro país: pese a lo dispuesto por la LSSI, no todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información que dirigen sus servicios a los usuarios españoles cumplen la ley española y Facebook es el más claro ejemplo de incumplimiento.

Si algo provechoso ha traído el sistema democrático es la posibilidad de tomar decisiones libremente –y entre ellas, aunque pueda parecer banal, decidir si queremos formar parte de una red social y, en su caso, de cual de ellas -. Pero la toma de decisiones sólo puede ser entendida como consciente y libre cuando se cuenta con la información necesaria para ello. Por volumen de usuarios, por popularidad y por comportamientos antagónicos ante al ordenamiento jurídico, Facebook y Tuenti son los operadores perfectos para el anunciado debate.

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