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La era de las redes sociales

29 octubre 2010 - 6:00 - Autor:

Vivimos tiempos líquidos. No lo digo yo, lo dice el filósofo polaco Zygmunt Bauman. En su concepción, la modernidad líquida es un tiempo de incertidumbre, una suerte de tiempo de transición en el que los individuos, los mismos que durante siglos lucharon por consolidar sus derechos civiles, se encuentran ahora ante el reto de ser libres. Y en ese reto de libertad surge, de repente, Internet.

La concepción de la sociedad actual como líquida es posiblemente uno de los mayores aciertos de la sociología contemporánea. El término “líquido” describe con enorme grafismo el tránsito de una sociedad sólida y estable a una modernidad en la que las estructuras sociales no perduran en el tiempo lo suficiente como para asentarse y gobernar las costumbres de los individuos. La consecuencia más palpable de todo ello es que las pautas de comportamiento ya no son las mismas y, en ese cambio, Internet ha jugado un rol fundamental. El nuevo marco de convivencia propiciado por Internet exige a los individuos replantearse la forma de interactuar con los demás en sociedad.

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Canon digital. Preguntas y respuestas.

21 octubre 2010 - 21:48 - Autor:

¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de pronunciarse, en base al informe emitido en su día por la Abogada General Verica Trstenjak, acerca de si el canon digital se ajusta o no al Derecho europeo.

¿Qué respuesta ha dado el Tribunal?
La respuesta del Tribunal Europeo es, pese a la euforia inicial que se trasmitía determinados colectivos, bastante decepcionante. En definitiva, una decisión salomónica que no contenta a casi nadie. El Tribunal se ha quedado a medio camino entre el sí y el no.

El gran titular: la aplicación indiscriminada del canon por copia privada no resulta conforme con la legislación europea.

¿Se acabó entonces el canon?
Pues no, el Tribunal se ha sacado de la chistera un conejo con el que nadie contaba y hace distingos donde la norma no los hacía. Es decir, que en opinion del Tribunal una cosa somos los ciudadanos de a pie y otra bien distinta las empresas.

En opinion del Tribunal, la aplicación del canon a los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que (i) no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y (ii) que estén reservados a usos distintos a la realización de copias privadas no resulta conforme con el Derecho Europeo. Sin embargo, dice la Sentencia, la mera capacidad de los equipos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon por copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos (i) se hayan puesto a disposición de personas físicas (ii) en condición de usuarios privados.

¿En qué quedamos entonces? ¿Nos devolverán lo que nos han quitado?
Pues quedamos en que seguimos en las mismas, al menos en lo que a los ciudadanos particulares se refiere. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal, sólo los equipos que no sean puestos a disposición de particulares para uso privado estarían exentos del canon. Pero da por sentado que serán para fines privados cuando los adquiere un particular.

No obstante, sí abre la Sentencia a las empresas la puerta a posibles reclamaciones a fin de que les sean devueltos los “peajes” en forma de canon que nunca debieron haber pagado. A estas alturas, el cómo y el cuándo son cuestiones difíciles de responder.

¿Esto significará un cambio en la ley española?
Representantes del gobierno se han adelantado a decir que tomarán las medidas oportunas, pero lo cierto es que no corresponde al Tribunal de Justicia decidir sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Derecho de la Unión. Ello es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. Es decir, que primero resolverá la Audiencia Provincial de Barcelona el asunto concreto que enfrentaba a SGAE y PADAWAN y, posiblemente después, tenga que reformarse o desarrollarse la Ley de Propiedad Intelectual para adaptar la legislación española a la europea.

¿Resuelve esto definitivamente el debate del canon digital?
En mi opinión no. Si el informe de la Abogada General decía que la imposición de un canon indiscriminado era contrario a derecho europeo, en mi opinion, la imposición del canon a sujetos privados por el mero hecho de serlo sigue siendo indiscriminada porque seguirán pagando canon cuando, aun copiando obras no protegidas por los derechos de autor, sean sujetos privados.

“La red social”, en ojos de un abogado

16 octubre 2010 - 2:49 - Autor:

Me lanzo, recién llegado del cine, a escribir este post sobre la película “La red social” de David Fincher, director de películas tan aclamadas como “Seven” o “El club de la lucha”. Pese a que de siempre he sido gran aficionado al cine, que nadie espere de este blog una crítica al uso. Para eso ya están maestros de la materia como Gubern o Boyero, que tanto han inspirado mi videoteca.

La película trata, para los que no la hayan visto aún, la historia del nacimiento de Facebook, la red social más potente del planeta. De su sobretítulo -No haces 500 millones de amigos sin ganarte algunos enemigos- uno ya puede intuir lo que se va a encontrar. Muy poquito de Facebook como fenómeno social, muy poquito de redes sociales y menos todavía de Internet; más bien el entramado personal y de poder de los fundadores de la compañía, que comparten como telón de fondo Facebook.

Vaya por delante que la película me ha gustado. En cualquier caso, el cine es tan subjetivo como cualquier otro objeto de la creación intelectual y la apreciación personal del espectador es tan importante casi como la obra misma. Como abogado, por deformación profesional, no he podido ver la película sin que me hayan llamado la atención una serie de detalles, todos irrelevantes para la trama de la película, pero jurídicamente interesantes. O al menos eso me ha parecido a mí.

El primero, el product placement masivo que la productora (Sony Pictures) ha empleado, desde la primera toma con la preminente sudadera de GAP de Zuckerberg, hasta las cansinas apariciones de marcas informáticas como Dell, Apple o Sony Vaio, que han visto en la película un buen escaparate para su promoción. Eso sí, todo dentro del estricto margen de la legalidad marcado por la Nueva Ley General Audiovisual.

El segundo aspecto que me ha llamado la atención es que de manera reiterada se hace referencia en el film al término propiedad intelectual, con todas sus letras. He experimentado una cierta sensación de placer cuando lo he escuchado, para que nos vamos a engañar. Otra cosa es el uso extraño que del mismo se hace. Quizás por una deficiente traducción del guión original, se habla de robo de propiedad intelectual, algo chocante de por sí y que en la película parece querer referirse a una utópica intención de apropiarse de una idea original, la de Facebook como red social de conexión de amigos online, algo que no permite nuestra legislación vigente, que protege la expresión de las ideas pero no las ideas mismas.

Por ultimo, me ha llamado también la atención un elaborado diálogo entre los protagonistas de la película quienes, en una escena de la misma, debaten acerca del concepto de “intimidad” en la actualidad, para concluir algo así como que eso de la intimidad de las personas (privacy, dirá el guión en su idioma original) es cosa del siglo pasado. Qué cosas tienen estos americanos…

Todos somos Irlanda

13 octubre 2010 - 7:00 - Autor:

Irlanda sigue siendo un país envidiable por muchas cosas. Y pese a que el milagro irlandés -aquél que se refería a su próspera economía- se ha esfumado ya, todavía le queda al país celta mucho que enseñar a sus vecinos europeos, empezando por su sentido común.

En una resolución judicial que corre como la pólvora por Internet, el Tribunal Supremo de ese país ha acordado desestimar la demanda interpuesta por discográficas como Warner Music, Universal, Sony o EMI en la que solicitaban de la operadora de telecomunicaciones UPC la desconexión de aquellos usuarios de Internet que compartiesen archivos protegidos por derechos de autor.

Las noticias que llegaban desde Irlanda a principios de año en este sentido no eran ni mucho menos alentadoras. Más bien todo lo contrario, invitaban a pensar que Irlanda sería el tercer estado europeo, junto con Reino Unido y Francia, que permitiría la desconexión masiva de usuarios que violasen las normas de copyright. Sin embargo, según acabamos de conocer, el Tribunal Supremo Irlandés ha dado la vuelta a la tortilla y, tras afirmar que existe un grave problema en relación a los derechos de autor en Internet, reconoce que no hay base legal alguna en su Derecho que permita desconectar a los usuarios.

La opción de UPC de no interrumpir la conexión a sus usuarios, respaldada ahora por la decisión del Tribunal Supremo, tendrá posiblemente consecuencias sobre el resto de telecos que operan en Irlanda, principalmente sobre Eircom, que ya había alcanzado un acuerdo para cortar conexiones a los denominados “heavy users”, y sobre Vodafone, que se encontraba en conversaciones con la IRMA (Irish Recorded Music Association) para adaptar un sistema similar.

La consecuencia inminente de esta resolución es el obligado debate que ahora se abre en Irlanda entre proveedores de Internet, IRMA y el Gobierno para buscar alternativas cívicas a la vulneración masiva de los derechos de autor en Internet. Esta resolución surge además en un momento donde en nuestro país está siendo debatida en el Parlamento una ley, la Ley de Economía Sostenible, que para la misma problemática pretende, en lugar de cortar al usuario, bloquear y eliminar los sitios web desde donde las descargas sean posibles.

Un Juez irlandés ha dicho ya que cortar al usuario no es la solución. Confiemos en que alguien con sentido común en España entienda que bloquear páginas de forma indiscriminada tampoco lo es.

Quizás, como afirmaba el ponente de la Sentencia irlandesa, una generación entera se ha perdido ya para la causa de los derechos de autor, porque “es demasiado fácil compartir música online”. Yo, sin embargo, soy de los optimistas que creen que también en España, algún día, entenderemos que la creación y la difusión del conocimiento son un patrimonio que entre todos debemos defender.

SGAE, princesa por un día

6 octubre 2010 - 23:22 - Autor:

Debe resultar realmente extraño eso de ser la institución más odiada desde la Inquisición y, en un abrir y cerrar de ojos, pasar a tener la condición de víctima ante la opinión pública; algo así como la rana del cuento que se convierte en príncipe ante el beso de su princesa.

Anonymous, un grupo de cyberdelincuentes –que eso es lo que son-, ha hecho lo propio con la SGAE, poniendo en jaque su sitio web a través de un ataque de denegación de servicio o DDoS (Denial of Service) que se ha adelantado unas horas a la cita fijada, las 00.00 de esta madrugada. El ataque convocado por este grupo, célebre desde hace unos años por su ataque a la Iglesia de la Cienciología, se enmarca dentro de la Operación Payback (revancha), en protesta “contra el reino de organizaciones extremistas pro copyright y contra los perros de presa de la industria del entretenimiento”, según manifiestan en su página web.

Para el que no esté familiarizado con los DDos, los ataques de este tipo consisten básicamente en un llamamiento a los usuarios para que, en señal de protesta, a una hora determinada entren en una web, de manera que la colapsen hasta la saturación por el aumento de tráfico. La única salida que le quedaría a SGAE ante ello consistiría en ampliar el ancho de banda, lo cual tampoco garantiza la inmunidad al ataque.

Las consecuencias jurídicas de todo esto son ambiguas. De un lado, Anonymous no sólo convoca el ataque de denegación, sino que también pone a disposición del usuario un chat para coordinarlo, con lo que es claro autor directo del mismo. Lo que ocurre es que perseguir vía legal al autor de esta convocatoria se antoja complicado, por los tradicionales problemas de aterritorialidad y falta de jurisdicción universal. Pero ¿qué hay del usuario que secunda este iniciativa?

El actual Código Penal castiga con penas de 1 a 3 años de prisión a quien “por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos”. La literalidad del precepto hace descartar del tipo penal la simple paralización del sistema, pero ello no excluye que el usuario que secunda la iniciativa no esté cometiendo otro tipo de infracción.

De hecho, por hacer un paralelismo con el mundo físico, el artículo 21 de nuestra Constitución reconoce a todos los ciudadanos el derecho a manifestarse de manera pacífica, como podría serlo el hecho de entrar en una web a una hora determinada, pero matiza en su apartado segundo que en los casos de manifestaciones en lugares de tránsito público, como podría serlo Internet, la autoridad podrá prohibirlas “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes”, como podría entenderse que sucede en este caso. Es decir, que el usuario de Internet se arriesgaría a un “porrazo”, al igual que se arriesgaría el ciudadano que acudiese a una manifestación no permitida.

Legalismos a un lado, lo cierto es que esto parece más un ataque de desobediencia civil o de justicia por la mano que otra cosa, pero lo que me molesta sobremanera de todo este asunto es que por un día, quien se ha encargado a base de acción de manchar su reputación se permita limpiarla a costa de un grupo anónimo que posiblemente jamás haya pisado España ni conozca a ninguno de sus creadores. No permitamos que la rana sea príncipe (o princesa) jamás.

¿Una nueva burbuja tecnológica?

5 octubre 2010 - 7:00 - Autor:

A finales de los noventa Internet vivió su primera gran crisis, la que se dió en llamar crisis de las puntocom; casos paradigmáticos de empresas que se lanzaron a una lucha de ofertas millonarias por compañías tecnológicas sin apenas beneficios y que tuvieron como colofón la quiebra del sistema y el estallido de la burbuja tecnológica. En aquel entonces, toda suerte de empresas ligadas al mundo de Internet y de la tecnología se revalorizaron de forma fugaz, fruto de la especulación, hasta que un día, de repente, la burbuja estalló.

La burbuja de las puntocom debió habernos enseñado la importancia de no sobrevalorar la tecnología y los modelos de negocio basados en el crecimiento repentino y especulativo, pero en estas últimas semanas, en un preocupante paralelismo con aquel fenómeno, no dejamos de atender como meros espectadores a operaciones millonarias sobre empresas ancladas en la Internet social.

En una economía mundial acuciada por la recesión, en la que los únicos modelos de negocio que parecen salir airosos de la crisis son los basados en la tecnología y en Internet, hay quienes se atreven a anunciar (aunque sea en clave de humor) una nueva burbuja tecnológica. ¿Estarán en lo cierto?

¿Cómo proteger jurídicamente un videojuego?

1 octubre 2010 - 8:00 - Autor:

Leía hace un tiempo la fantástica novela “Corre Conejo” de John Updike -ésa que cuenta por primera vez la historia del hombre que sale a buscar tabaco y no vuelve- y, de entre la fina pluma del autor de Pennsylvania, me llamó poderosamente la atención una de sus frases. Decía algo así como que si el trabajo fuese algo agradable no pagarían por hacerlo. No estoy de acuerdo. Para alguien que ha crecido entre videojuegos y madura (o lo intenta) regulando jurídicamente su protección, el trabajo es algo más que un medio para alcanzar un fin. Y muchas veces ese fin no es otro que tratar de explicar cuestiones como la protección jurídica de un videojuego.

Lo primero que cualquier creador de un videojuego debe tener presente es que la protección que la Ley otorga a los derechos de propiedad intelectual (y, entre ellos, el software) no se adquiere con la inscripción en ningún registro, sino que nace con su mera creación. No obstante, al objeto de proporcionar una prueba cualificada sobre la creación y titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre un determinado videojuego resulta recomendable dejar constancia de su autoría, para lo que existen una serie de sistemas de constancia, de entre los que destacan los siguientes.

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Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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