Pocas reuniones han acaparado tanto interés en nuestro país últimamente como la que se ha producido este mediodía en torno a la conocida como Ley Sinde. Sí, esa nefasta ley que pretende cerrar sitios web sin rigor jurídico alguno y que sigue dando que hablar aun después de muerta. No voy a pronunciarme de nuevo sobre lo que el fracasado proyecto de ley supone; sobre ello se ha hablado ya por activa y por pasiva. Pero la iniciativa de esta mañana ha sido, en mi opinión, algo positivo aunque, como todo, mejorable. Se trata, posiblemente, de un buen punto de partida de algo que debería haberse producido hace tiempo.

Lo sabrán ya pero esta misma semana el presidente de la Academia Española de Cine, Álex de la Iglesia, convocó a una serie de expertos para debatir en torno a la Ley Sinde, al objeto de buscar una salida consensuada al conflicto provocado por la vulneración masiva de derechos de autor en la red y el rechazo parlamentario a dicha ley.

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A menos que tengan Uds. un inusitado interés por conocer la cárcel de primera mano, vayan quitándose pronto de la cabeza esa fea costumbre de atacar sitios web cuando algo nos les gusta, porque la ley ya no les ampara.

A estas alturas lo sabrán ya, pero esta semana ha entrado en vigor la enésima reforma del Código Penal, la introducida por la Ley Orgánica 5/2010, que pone patas arriba unas cuantas cuestiones, entre las que llama la atención el tratamiento jurídico que concede a la última moda de Internet, la de los ataques de denegación de servicio distribuido -o DDoS según sus siglas en inglés-.

No es nuevo. En los últimos tiempos hemos sido testigos de la fulgurante actividad de grupos ciberactivistas y, en particular, de Anonymous, que, a través del portal 4chan, han logrado convocar a miles de internautas y tumbar con su ayuda las páginas web de SGAE, el Ministerio de Cultura, Visa o Mastercard, en repulsa a actividades que entendían censoras de la red.Lo que ocurre es que éste, el de los ataques DDoS, es un problema muy complejo de atajar, tanto en lo técnico como en lo jurídico. Se preguntarán por qué.

En el apartado técnico, un ataque DDOS no implica modificar páginas web ni obtener información de ellas, su cometido es entorpecer el acceso de los usuarios a un servidor, de manera que consiguen el objetivo de tumbar una página web agotando el ancho de banda o sobrepasando la capacidad de procesamiento a través de la solicitud masiva de usuarios. Algo así como un embudo, por el que fluye demasiada agua y se desborda.

En lo que se refiere a la parte jurídica (aquí viene lo bueno), el hasta ahora vigente Código Penal establecía en su artículo 264-2 una pena de 1 a 3 años de prisión para el que “por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos”. Como es rápidamente deducible, dicha redacción exigía destruir, alterar, inutilizar o dañar datos de un sistema para que el comportamiento fuese considerado delito, es decir, que el fin último del ataque de denegación de servicio, la simple paralización de un sistema informático, si no comportaba un daño efectivo a sus archivos, no constituía delito. Por tal motivo, los ataques que Ustedes hayan leído, visto u oido en prensa resultaron impunes.

Pero, afortunadamente para los detractores del vandalismo en la red -entre los que orgullosamente me cuento-, esta situación de impunidad tocará su fin con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que establece la siguiente redacción para su artículo 264-2: “El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años”.

A resultas de lo anterior, desde ya, la acción de interrumpir el funcionamiento de un sistema informático es delito, con independencia de que se generen o no daños. En definitiva, lo que antes era únicamente moralmente reprochable, ahora es jurídicamente perseguible.

Ilustración original en Digg.com.

Hace ya más de treinta años un antiguo director del FBI bajo la presidencia de Richard Nixon, al que luego se conoció como “Garganta Profunda” para preservar su identidad, decidió “liberar su conciencia” y rebelar al diario norteamericano Washington Post una serie de documentos de naturaleza confidencial que fueron publicados de manera inmediata por ese medio.

Aunque la historia es conocida, la publicación de esos documentos supuso uno de los mayores escándalos políticos de la historia contemporánea y culminó con la imputación de algunos consejeros muy cercanos al presidente Nixon y con la propia dimisión de éste en agosto de 1974. Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del Washington Post que hicieron posible la noticia, fueron galardonados con el más prestigioso de los reconocimientos periodísticos, el Premio Pulitzer.

¿Les suena la historia? Pues bien, 30 años más tarde esa historia se repite. (Al final iba a tener razón Nietzsche en eso del eterno retorno). Pero en esta ocasión, el confidente no se llama Garganta Profunda (Mark Felt, en realidad), sino Bradley Manning, un joven soldado de apenas 22 años, analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos a quien se atribuye la filtración a Wikileaks del vídeo en el que se ve cómo un helicóptero estadounidense mata a un grupo de personas en Iraq, además de otros documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán e Iraq y los cables diplomáticos de las embajadas estadounidenses alrededor del mundo.

Ese joven soldado, movido por quién sabe qué razones, ha traicionado a su patria y revelado información clasificada. Por ese motivo se encuentra en la actualidad a la espera del inicio de un juicio marcial, enfrentado a un sinfín de cargos que podrían acarrear una pena de hasta 52 años de privación de libertad. Ésa es la justicia de nuestro tiempo. Un helicóptero militar persigue y acribilla a balazos a un grupo de civiles desarmados y el perseguido es quien difunde el video y no quien dispara. Quizás porque a ciertos niveles las palabras son más duras que las balas.

Cambio de tercio. El “Carl Bernstein y Bob Woodward” de turno se llama Julian Assange. Su nombre les sonará. Iba a ser el personaje del año según la revista Time, pero un criterio mucho más sabio que el democrático, el de la presión política, ha considerado que otro individuo, D. Marck Zuckerberg, maestro de redes, merece tal honor. Ese tal Julian Assange, alma mater de Wikileaks, tiene poca pinta de que vaya a recibir premio alguno, más allá que el premio de la libertad que en la actualidad algunos parecen quererle negar.

Hace treinta años dos periodistas fueron encumbrados a los altares por haber brindado a la opinion pública documentos y datos confidenciales de su país. Treinta años más tarde, Julian Assange es acosado políticamente por el más poderoso de los lobbies hasta hacerle dudar su propia libertad. Con franqueza, no creo que sea ésa la dirección en la que debemos avanzar.

Post scriptum: Si disponen de una hora de su preciado tiempo, inviértanlo en esta joya del periodismo moderno, ejemplo de libertad de expresión. “Wikirebels, the documentary”, vía STV Play:

Para aquéllos que dudaban que la siguiente gran guerra de poderes tendría como campo de batalla Internet, ésta no ha sido una buena semana. Con Wikileaks como dinamitador y los EEUU como gran damnificado, en estos últimos días hemos vivido idas y venidas de Estados y grandes trasnacionales azorados con cables y secretos de estado revelados a la opinión pública.

De todo este asunto, sobre el que se ha hablado ya largo y tendido, me llama la atención –para mal- la apatía y el desinterés de la sociedad española  hacia la mayor revelación periodística de nuestro tiempo. Desconozco los datos de visitas de los medios que han sacado a la luz los manidos cables, pero sí nos han llegado algunos datos que deberían hacernos reflexionar. Según encuestas publicadas por algunos medios, más del cincuenta por ciento de los españoles preferirían que los cables no hubiesen sido hechos públicos. Es posible que los españoles no tengamos el cuerpo para grandes revelaciones en este tiempo de recesión económica y huelgas salvajes, pero me parece injustificable el desinterés por conocer la realidad de las cosas.

La cuestión jurídica que subyace en todo esto es que Wikileaks ha desplegado una labor periodística sin precedentes, legítimamente amparada en la libertad de expresión y en el derecho a informar. Derecho éste expresamente recogido en todos los textos constitucionales modernos, incluido –por cierto- el de los EEUU. Por ese motivo –porque su actividad es legal y legítima- el señor Assange, líder de Wikileaks, no puede ser en ningún caso procesado por otras cuestiones que las que se refieran a actividades ajenas a Wikileaks.

Y como en lo jurídico la actividad de Wikileaks es inatacable (cuestión distinta es la del funcionario que haya filtrado los cables confidenciales), por los damnificados de Wikileaks se ha activado el plan B, el del ahogamiento. Por razones todavía desconocidas (pero intuibles), han sucedido en torno a Wikileaks hechos tan sorprendentes como moralmente reprochables:

(i) El propio sitio web de Wikileaks sufrió ataques de denegación de servicio (DDoS) en los instantes previos a la liberación de los cables; (ii) Amazon ha declinado prestar sus servicios de alojamiento de datos al sitio web de Wikileaks; (iii) PayPal, Visa y MasterCard han bloqueado sus sistemas de pago, de manera que imposibilitan las donaciones voluntarias a Wikileaks; (iv) el banco suizo PostFinance ha cerrado la cuenta del Sr. Assange tras conocer que éste había proporcionado información falsa sobre su lugar de residencia cuando la abrió; (v) la red de microblogging Twitter ha sido acusada de censurar el término Wikileaks entre sus trendic topics ; o (vi) extrañas acusaciones de agresiones sexuales planean sobre la figura del Sr. Assange.

La reacción de la comunidad internauta no se ha hecho esperar. La Red es un hervidero de apoyo a Wikileaks. Pero no todos los apoyos han ido por la vía de la legalidad. Muchas instituciones privadas y ciudadanos han dado apoyo a la entidad a través de donaciones anónimas y ofrecimientos de alojamiento web, pero de nuevo ha aparecido la negra sombra de los ataques informáticos de Anonymous. En la tarde de ayer numerosos mensajes circulaban en Internet, instando al ataque a las instituciones que habían dado la espalda a Wikileaks, ataques que han derivado en la caída de esas páginas.

No pretendamos tomar peligrosos atajos. A cada uno le llega su momento. Como decía aquél, la justicia es lenta pero implacable.

Luis Javier Sánchez, de Diario Jurídico, se puso en contacto conmigo hace unos días para preparar una pequeña columna sobre la batalla judicial que ha iniciado la Cadena SER frente a la Cadena COPE con ocasión de la huida de Paco González y buena parte de su equipo al programa “Tiempo de Juego”, de la emisora rival. Se trata de un análisis del supuesto desde la óptica de la propiedad intelectual y de la competencia desleal, a la luz de las resoluciones judiciales habidas en la materia.

Ha sido publicado hoy mismo, bajo el título “SER vs. COPE. La guerra de las ondas toma los Juzgados“.

Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto MANIFESTAMOS:

1.- Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.

2.- Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.

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