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Las siete diferencias entre la vieja y la nueva Ley Sinde

28 Enero 2011 - 6:00 - Autor:

A principios de esta semana, Álex de la Iglesia anunciaba su dimisión como Presidente de la Academia de Cine al conocer que PP y PSOE habían alcanzado un acuerdo para sacar adelante el Proyecto de Ley de Economía Sostenible. ¿Por qué? Pues porque sus esfuerzos en encontrar una solución consensuada al conflicto generado por la vulneración de activos de propiedad intelectual en Internet habían resultado vanos.

La nueva norma, que ha venido anunciada por sus artífices como gran subsanadora de los defectos que adolecía su predecesora, no arregla en mi opinión el panorama de protección de los derechos de autor en la red. Y como no hay mejor manera (o al menos a mí no se me ocurre) de desmontar ese argumento que ver cuáles son esas modificaciones, propongo jugar a buscar las siete diferencias entre el antiguo y el nuevo proyecto:

(i) Primera diferencia. Se añade una Disposición Adicional Nueva por medio de la cual el Gobierno se obliga, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, a adecuar la regulación del canon digital al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea.

(ii) Segunda diferencia. El proyecto originario preveía la posibilidad de que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, con el fin de identificar al responsable de la conducta presuntamente vulneradora, requiriese a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitiesen tal identificación. De acuerdo a la nueva regulación, dicho requerimiento exige de previa autorización judicial, conferida a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

(iii) Tercera diferencia. La nueva versión del proyecto confiere al titular de un sitio web donde presuntamente se vulnera la propiedad intelectual un plazo de 48 horas, a contar desde la notificación, para que proceda a la retirada voluntaria de los contenidos. Si el titular accede a ello, finaliza el procedimiento.

(iv) Cuarta diferencia. En caso de que en el plazo expresado el titular del sitio web no retire los contenidos se le permite que realice alegaciones y proponga las pruebas de descargo que estime oportunas. Transcurrido dicho plazo se practica la prueba en dos días y se da traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión en el plazo máximo de tres días está obligada a dictar resolución.

(v) Quinta diferencia. Se determina la composición de la Sección Segunda, del siguiente tenor: presidente (Subsecretario del Ministerio de Cultura); un vocal del Ministerio de Cultura; un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia.

(vi) Sexta diferencia. Se incorpora la siguiente previsión; el procedimiento de retirada de contenidos o de cierre de una web se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual, nunca mediante denuncia de terceros.

(vii) Séptima diferencia. La nueva redacción del proyecto detalla el procedimiento para obtener la autorización judicial de retirada de contenidos o de cierre de webs ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, acortando los plazos fijados en el texto rechazado en el Congreso.

¿Mejor? Juzguen por ustedes mismos. Yo ya me he cansado de repetir que esto no es suficiente.

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Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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