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Nota de prensa del TS sobre la Sentencia Ramoncín vs. “Alasbarricadas.org”

24 febrero 2011 - 20:07 - Autor:

A continuación reproduzco la Nota de Prensa difundida por la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la Sentencia conocida hoy mismo en la que declara la responsabilidad de la página web “Alasbarricadas.org” por comentarios vejatorios publicados por uno de sus usuarios en un foro.

“La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación en relación con la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación por contenidos ilícitos alojados en sus páginas web, por el contenido vejatorio contenido en una página web en relación con el cantante Ramoncín.

La sentencia, de la que es ponente su presidente, el magistrado Xiol Ríos, desestima el recurso en aplicación de la jurisprudencia de la Sala ya fijada en sentencias de 9 de diciembre de 2009 y 18 de mayo de 2010.

La ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o, si es que lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

La cuestión jurídica debatida en el recurso ha sido la interpretación que debe darse al requisito del “conocimiento efectivo del carácter ilícito” del contenido de la página web. La Sala considera que este no está limitado a los supuestos en los que un órgano competente haya declarado previamente a la demanda la ilicitud de los datos almacenados o que se ha producido la lesión de los derechos de los actores, ordenado la retirada de contenidos, sino que, conforme a la normativa interna y comunitaria, pueden existir otros medios de conocimiento efectivo, como cuando existan circunstancias que posibiliten, aunque sea mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate.

Partiendo de ello, la Sala confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que atribuyó carácter ilícito a los contenidos almacenados o enlazados por cuanto su ilicitud era patente y evidente por sí sola, al no depender de datos o información que no se encontrasen a disposición del intermediario. También confirma que el titular de la página web proporcionó un domicilio inexacto o cuando menos, no actual, al Registro correspondiente, lo que impidió al demandante comunicarse con él de una forma fácil y directa para así interrumpir la difusión de las expresiones y fotografía que eran lesivas para él, permitiendo el acceso de terceros a dicha página web hasta que aquel acudió a la vía judicial en defensa de sus intereses, inobservando de esta forma su deber de diligencia en la rápida retirada de datos ilícitos o en impedir el acceso a ellos.

24 de febrero de 2011.”

Se ha aprobado la Ley Sinde ¿Y ahora qué?

16 febrero 2011 - 6:00 - Autor:

“Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”. Esta frase lapidaria, atribuida al que fuera ministro de Napoleón, D. Charles-Maurice Talleyrand, bien podría resumir la historia parlamentaria de una ley, la de Economía Sostenible, que ya les adelanto que va a servir de bien poco. No porque sea ése mi deseo, sino porque no creo que la ya aprobada ley cuente con los mecanismos adecuados para atajar el problema que pretende erradicar.

En efecto, la presión ha sido tan poderosa y los intereses tan cuantiosos que ni la falta de apoyo de otros grupos parlamentarios en “primera vuelta”, ni el clamor popular en contra de su aprobación han servido para acabar con una ley, cuya falta de eficacia no tardará en evidenciarse. La Ley Sinde es ya una realidad. Y si no ha caído era porque era imposible que cayese, no existe otra explicación.

En todo caso, con la entrada en vigor de la norma, el panorama de los derechos de autor en Internet sufrirá un vuelco. No porque vayan a dejar de ponerse a disposición de los usuarios obras protegidas por derechos de autor en contra de la voluntad de sus titulares, sino porque la manera en que esto se hará adoptará otras formas tecnológicamente diferentes. La tecnología siempre ha ido por delante del derecho. ¿Por qué en esta ocasión iba a ser diferente?

Pasado el mal trago de ver aprobada “por la puerta de atrás” una norma que regula una materia de tanta relevancia como la propiedad intelectual en Internet, la cuestión que aflora es la siguiente: ¿Y ahora qué? Pues ahora una comisión administrativa se ocupará de cerrar sitios web y de ordenar la retirada de contenidos, sin mayor control judicial que el mero testimonio de que con ello no se vulnera la libertad de expresión y sin que hayan sido modificadas las normas necesarias para que el cierre de webs tenga sustento legal adecuado. No nos engañemos, la técnica jurídica no es la mejor y los resultados no tardarán en llegar.

Permítanme el paralelismo. ¿A alguien se le pasaría por la cabeza prohibir el uso del tabaco en bares y restaurantes sin dictar antes una ley que así lo determinase? ¿Alguien en su sano juicio atribuiría a una comisión administrativa el cierre de locales por permitir fumar en ellos cuando la legislación les ampara?

Pues esto es, salvando las distancias, lo que pretende la Ley Sinde. Ordenar el cierre de sitios web que contengan enlaces a obras protegidas por derechos de autor sin que exista base normativa alguna en nuestro país para ello. Y a las resoluciones judiciales me remito.

Éste es el país que nos ha tocado vivir y éstos son los tiempos que corren. Abróchense los cinturones porque esto se mueve. Va a ser muy divertido (o dramático, según se mire) ver actuar a la Comisión y observar cómo se las apaña para cerrar -con la ley en la mano- sitios web que los Tribunales no han podido cerrar en aplicación de esa misma ley.

Sanción de la AEPD por no usar la copia oculta

10 febrero 2011 - 6:00 - Autor:

¿Envía Ud. correos electrónicos a más de un destinatario sin ocultar su identidad? ¡¡¡Cuidado!!! Podría estar infringiendo la normativa española en materia de protección de datos.

Y es que, en aplicación de la legislación vigente, la Agencia Española de Protección de Datos ha interpretado que las direcciones de correo electrónico constituyen un dato de carácter personal en la medida que sean susceptibles de identificar a su titular.

Por el anterior motivo, y en su consideración de datos de carácter personal, las direcciones de correo ostentan carácter confidencial y su tratamiento está sujeto al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la materia. En estricta aplicación de lo anterior, en caso de ser insertada la dirección de correo electrónico para su envío a terceras personas en una comunicación múltiple, resultaría preciso solicitar el consentimiento previo de cada uno de los destinatarios. Obviamente, la anterior circunstancia, llevada al extremo, podría conducir a situaciones esperpénticas.

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¿Quién persigue a Rojadirecta?

3 febrero 2011 - 6:00 - Autor:

El mundo es demasiado grande para estar controlado por un solo Estado. Y pese a ello, las autoridades de EEUU han bloqueado, sobre la base de una legislación nacional, dos dominios naturalmente destinados a todo el planeta, rojadirecta (.org y .com). El motivo del cierre; enlazar a contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización de sus titulares.

Me temo que las cosas han cambiado. El usuario que pretenda acceder al portal Rojadirecta desde los dominios clausurados se topará con un aviso del Departamento de Justicia del país americano en el que se señala que el sitio web ha sido cerrado por violación de copyright. Mientras tanto, otros dominios desde los que ese mismo portal web es accesible, y que quedan fuera del ámbito de actuación de los EEUU -entre ellos rojadirecta.es- continúan en pie de guerra, operando con normalidad. Esto ocurre porque la legislación norteamericana, a diferencia de la española, prevé, entre otras medidas coercitivas en materia de propiedad intelectual, el cierre de sitios web que contengan enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor.

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¿Nos vigilan? Caso César Cabo

1 febrero 2011 - 6:00 - Autor:

“Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no estaría él loco. Quizás un loco era sólo una minoría de uno”: George Orwell, “1984”

César Cabo, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, publicaba hace algunas semanas en su perfiles en Twitter y Facebook una sospecha, más bien, un temor: “Saber que tienes el teléfono pinchado, que te espían e investigan (…) no es especialmente agradable”. ¿Nos vigilan?

Casi al tiempo que el portavoz de los controladores aéreos actualizaba su estado en las redes sociales, el diario El Mundo confirmaba las sospechas y revelaba que el Centro Nacional de Inteligencia no sólo había sometido a los controladores a escuchas telefónicas, sino que además había investigado la vida privada, el patrimonio y las relaciones de los dirigentes de la USCA. ¿Es esto legal? ¿Justifica el estado de alarma decretado por el gobierno esta circunstancia?

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Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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