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Quien tiene un foro, tiene un problema

28 marzo 2011 - 6:00 - Autor:

Si administras un foro, un blog o una página web donde los usuarios pueden dejar comentarios, tienes un problema. Y tienes un problema porque el Tribunal Supremo ha decidido que ahora el juez eres tú. Eres tú quien debe decidir si un comentario puede permanecer visible al resto de usuarios o, si por el contrario, debe ser eliminado porque vulnera derechos de terceros (con la amenaza de que si optas por no eliminarlo y un juez lo considera después ilícito, tú serás también responsable).

Lo anterior se debe a que el Tribunal Supremo ha entendido, en una serie de recientes sentencias -caso putasgae.com y quejasonline.com- y de manera más clara en la que enfrentaba a Ramoncín y al sitio web , que el titular de un foro puede ser responsable por los comentarios de sus usuarios cuando la ilicitud de los mismos “es patente y evidente por sí sola”, entendiendo el Tribunal que, con la sola notificación por parte del afectado, el administrador de foro tiene conocimiento de dicha ilicitud y es, por tanto, responsable si opta por no eliminar el contenido.

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¿Es posible recuperar lo pagado en concepto de canon digital?

24 marzo 2011 - 16:01 - Autor:

Conmoción en el panorama español de los derechos de autor. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado esta misma mañana una Sentencia por la que se declara la nulidad de pleno derecho de la Orden PRE/1743/2008, que establece la relación de equipos, aparatos y soportes sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada. En otras palabras, que la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de la norma que regulaba los equipos y precios sujetos al pago del canon digital.

Pese al frenesí inicial desatado por la Sentencia, no caigamos en el error. El dictado de la Sentencia no significa que la obligación de compensar a los autores por copia privada (objetivo real del canon) haya desaparecido, sino que la norma que fijaba los soportes y cuantías del canon ha sido declarada nula. Por tanto, la obligación de pago subsiste, pero los equipos y precios gravados por esa Orden no. Cabría pensar que existe un vacío legal, pero lo cierto es que, en anulación de la presente norma, continuaría en vigor la anterior, que establecía unas cuantías y soportes diferentes.

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¿De quién son tus datos en redes sociales?

21 marzo 2011 - 6:00 - Autor:

En un tiempo en el que la protección de la privacidad es la gran asignatura pendiente de Internet, uno de los ejercicios prácticos “obligados” es el de conocer a quién pertenecen nuestros datos una vez decidimos compartirlos en una red social. Obviamente, no hay un criterio único en el tratamiento de los datos personales y contenidos por parte de las distintas redes sociales, sino que es cada una de ellas la que, de manera unilateral, determina sus propios parámetros de privacidad, poniendo a disposición del usuario una serie de herramientas que le ayudan a redefinirlos.

Lo anterior no significa que el margen de acción de los prestadores de servicios de Internet sea absoluto. Todos los operadores de Internet que dirigen sus servicios específicamente al territorio español –incluidas las redes sociales- están sujetos a lo dispuesto por la legislación española, por lo que una serie de principios mínimos han de ser cumplidos en todo caso. Eso es, al menos, lo que dispone el artículo 4 de la LSSI. Cuestión distinta es el grado de cumplimiento normativo que las autoridades exigen a los operadores extranjeros, pero ése es otro debate.

Y como las decisiones conscientes y libres –entre ellas, la de elegir la/s red/es social/es a la/s que queremos pertenecer- sólo pueden ser tomadas desde el conocimiento, ahí va un poco de información acerca del tratamiento que las principales redes sociales que operan en España hacen de nuestros datos, principalmente fotografías y contenidos, según anuncian en sus propios términos y condiciones.

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Ver porno en el trabajo no es causa de despido

17 marzo 2011 - 6:00 - Autor:

Así, como lo oyen. Acceder a páginas de contenido adulto en horario laboral y empleando el ordenador del trabajo no es causa de despido, incluso en el caso de que la empresa, con carácter previo, le haya dado instrucciones expresas en contrario. O al menos eso es lo que ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una Sentencia (TSJM, 12/01/2010, Rº 5123/2009) que recién acabamos de conocer.

No es ésta la primera ocasión en la que nuestros tribunales se pronuncian en sentido similar pero, en este supuesto particular, la Sala ha ido más allá. Y es que en el presente caso, a diferencia de otros, la empresa sí contaba con un protocolo de uso de dispositivos electronicos que advertía a los trabajadores de que el acceso a Internet está expresamente limitado a usos profesionales, lo que se venía entendiendo como determinante para entender la improcedencia o no del despido.

Según recogen los hechos de la Sentencia, el trabajador en cuestión entregó su ordenador portátil al responsable de sistemas de la empresa para que procediera a reparar el mismo, comprobando el técnico que el dispositivo había sido infectado por el acceso a determinadas páginas web de contenido pornográfico. En todo caso, fue el propio trabajador quien facilitó al técnico informático sus claves para acceder al equipo, por lo que la Sala, con buen criterio, insiste en que en este caso el empresario no vulneró el derecho a la intimidad del trabajador al ejercer sus facultades de control.

Dicho lo anterior, el motivo que conduce al Tribunal a entender que el despido es improcedente es que la conducta del trabajador no constituye “una falta muy grave de desobediencia, (…) deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas”. Y es que, contradiciendo la Sentencia del Juzgado de lo Social, que había considerado que el acceso a este tipo de contenidos implica la transgresión de la buena fe contractual y constituye un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones contractuales, el TSJM no comparte ese criterio y afirma que el trabajador incurrió en una desobediencia a los dictados de la empresa, pero que la misma “no resulta en absoluto el perjuicio notorio para la compañía”.

Es decir, que en criterio del Juzgador, para que el despido sea considerado procedente la actuación debe suponer una violación trascendente de la buena fe contractual, con lo que no cualquier transgresión, sino solamente la de carácter grave y culpable, es la que tiene entidad bastante para que el despido resulte lícito. Por lo que, pese a que ha resultado acreditado que el trabajador “ha puesto en peligro la integridad y el buen funcionamiento de la red interna de la empresa”, dado que el daño no se ha materializado, su actuación no justifica el despido.

No me gusta la demagogia, pero creo que todos estamos obligados a reflexionar si, en un país con cifras de paro con máximos históricos, el despido de un trabajador que usa el ordenador del trabajo para ver pornografía debe ser o no aceptado.

La COPE vence a la SER en la primera batalla judicial por el uso de formatos radiofónicos

10 marzo 2011 - 6:00 - Autor:

En el día de ayer el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid dictó un Auto, profundamente motivado, en virtud del cual fueron desestimadas las medidas cautelares solicitadas en su día por la Cadena SER frente a la COPE por el supuesto plagio del formato radiofónico de Carrusel Deportivo.

En el procedimiento judicial que enfrenta a ambas entidades, la Cadena SER había solicitado del Juzgado, sobre la base de un supuesto plagio y de una conducta desleal a cargo de COPE, que fuese acordada de manera cautelar la cesación de la emisión del programa Tiempo de Juego. En criterio de la Cadena SER, la Cadena COPE viene realizando con la difusión del programa “Tiempo de Juego” un plagio del programa “Carrusel Deportivo”, además de un acto de competencia desleal motivado por la incitación a la resolución contractual de antiguos colaboradores de la Cadena SER.

Pues bien, el Juzgado, habiendo oído a las partes en la vista que a tal efecto fue celebrada el pasado 18 de enero, ha acordado desestimar dicha pretensión por entender que no concurren los presupuestos exigidos por el Ordenamiento Jurídico para que proceda la adopción de unas medidas tan gravosas como las solicitadas por la Cadena SER en su escrito de demanda. Según recoge el propio Auto, “el Ordenamiento procesal admite la posibilidad de adoptar ciertas medidas (…) con el fin de garantizar la eficacia de la resolución que en su día deba dictarse” pero los presupuestos exigidos para la adopción de las mismas no concurren en el presente supuesto, en criterio del Juzgador.

Como hemos visto ya en ocasiones pasadas, para que proceda la adopción de este tipo de medidas han de concurrir básicamente tres requisitos, de conformidad con la legislación vigente: (i) riesgo de mora procesal, (ii) apariencia de buen derecho y (iii) prestación de caución.

Aun reconociendo que ciertamente existe “motivo bastante para fundar el riesgo de mora procesal” sobre la base del “hecho cierto y aceptado de la emisión del programa Tiempo de Juego, y de la campaña publicitaria desarrollada desde agosto de 2.010” por la Cadena COPE, se decanta el Juzgado por desestimar la medida al entender que no concurre el presupuesto de apariencia de buen derecho exigido por nuestra legislación. Lo anterior significa que el Juzgado ha considerado, sin prejuzgar el fondo del asunto, que no existe una apariencia clara de buen derecho en el sentido de que el formato invocado por la Cadena SER pueda oponer la existencia de un plagio, por poner en duda el Juzgado, al menos de manera indiciaria, que el formato de un programa destinado a transmitir información, como en este caso el Carrusel Deportivo, pueda gozar de la consideración de obra protegible por la propiedad intelectual.

En construcción del razonamiento jurídico expuesto, afirma el Auto que “puede comprobarse que sin llegar a la identidad, existe una cierta similitud y parecido entre todos los programas radiados, de distintas cadenas, destinados a dar cuenta de la jornada deportiva de la tarde del fin de semana. Todos ellos, en más o en menos, reúnen algunos o muchos de los elementos invocados para su formato por la SER”, recordando el Juzgado el principio de libre imitación consagrado por el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal.

Es decir, que “se puede decir que existe una manera tipo de llevar esta clase de programas, y la elección por el oyente de uno u otro depende más bien de elementos diversos del formato”, y es que, reza el Auto, “la distintividad básica de cada programa para el público no está en su formato, sino en otros elementos, y el formato apenas puede tener alguna originalidad o creatividad sobre esa manera tipo de informar sobre la jornada futbolística”.

En efecto, entrando a valorar los concretos elementos que conformarían el formato del programa “Carrusel Deportivo”, a que hace referencia la Cadena SER en su escrito de demanda, indica el Juzgado que “está absolutamente generalizada en la práctica radiofónica la emisión de anuncios realizados en directo por el locutor o presentador de un programa. Otro tanto ocurre con la existencia de espacios de interrelación con los espectadores, con invitación a que estos se manifiesten a través de mensajes cortos de telefonía. O el uso de un sonido como el del ‘código morse’, cuya apropiación exclusiva difícilmente puede ser hecha para un formato radiofónico concreto”.

En definitiva, que la COPE se apunta la primera victoria en la guerra abierta entre ambas entidades y que los oyentes podrán seguir libremente escuchando, al menos hasta que la sentencia del procedimiento principal no diga lo contrario, los programas de ambas emisoras.

Europa se queda de manera cautelar sin PlayStation 3

3 marzo 2011 - 6:00 - Autor:

Anunciaba esta semana el diario británico The Guardian que LG había logrado de un juzgado civil de La Haya la adopción de medidas cautelares que prohiben la entrada y distribución en Europa de consolas Playstation 3, fabricadas por Sony. Según informaba el diario en su sitio web, el juzgado que conoce del asunto ha estimado la pretensión de adopción de medidas solicitada por LG, fundada en una infracción de patentes relacionadas con el sistema Blu-ray, con los que está equipada la citada consola. En atención a la resolución adoptada por el Juzgado, los agentes de aduanas europeos tienen orden de interceptar –de manera cautelar- las consolas Playstation 3 que circulen por el continente.

Pero esta guerra de patentes entre gigantes tecnológicos no es nueva. Sony y LG mantienen pleitos desde hace años por cuestiones de patentes, pero en esta batalla particular, LG presentó demanda frente a Sony por haber vulnerado hasta cuatro de ellas de LG al integrar los sistemas Blu-ray en sus consolas PlayStation 3. Lo que parece haber pasado desapercibido para muchos, o al menos ésa es la sensación transmitida, es que la resolución judicial emanada del juzgado tiene naturaleza cautelar. Lo anterior significa que las medidas adoptadas no pretenden ser indefinidas en el tiempo, sino que permanecerán vigentes únicamente hasta que se cumpla la función de aseguramiento para las que fueron adoptadas.

Nuestro sistema jurídico, y a buen seguro también el neerlandés, prevén, al objeto de hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, la adopción de este tipo de medidas. Es decir, se pretende con la adopción de las medidas que la entrada en Europa de la PS3 no produzca un perjuicio irreparable o de difícil reparación para LG en caso de una eventual sentencia estimatoria de sus pretensiones.

Pero el hecho de que las medidas sean cautelares no significa que hayan sido adoptadas sin una justa valoración jurídica a cargo del juez encargado de conocer del asunto. Nuestro ordenamiento jurídico, como lo hace también el neerlandés, pauta una serie de presupuestos que han de concurrir de manera cumulativa para que proceda la adopción de medidas cautelares: (i) peligro por mora, (ii) apariencia de buen derecho y (iii) prestación de caución.

(i) Peligro por mora procesal. Bajo el latinajo periculum in mora, hace referencia el art. 728-1 LEC a la exigencia, a cargo de que quien solicita las medidas, de acreditar que la falta de adopción de las mismas impediría o dificultaría la efectividad de la sentencia, porque el transcurso del tiempo o el cambio de las circunstancias impedirían la ejecución del eventual fallo. En definitiva, la exigencia de probar que si no son

(iii) El segundo de los presupuestos es el Fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, cuyo fundamento, expuesto en el art. 728-2, dispone que “El solicitante de medidas cautelares (…) habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión (…)”.

En el supuesto concreto de LG y Sony, según se ha podido saber, parece que esa apariencia de buen derecho ha sido fundada por LG en el Reglamento (CE) n° 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual, habiendo acreditado LG la vulneración, al menos de manera indiciaria, de sus patentes registradas.

En este sentido es importante destacar que una patente no es ni una marca ni una modalidad de derecho de autor, la patente es el “título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular”, según la define la OEPM.

(iii) El último de los presupuestos exigidos para la adopción de medidas cautelares, al menos bajo derecho español, es la prestación de una caución o depósito -ex art. 728-3-, que establece que “el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado”. Se trata, en definitiva, de una garantía para el caso de que finalmente se dicte sentencia absolutoria, que haga frente a las responsabilidades por los daños y perjuicios que puede haber acarreado al demandado la adopción de la medida cautelar. A este respecto, y aun pudiendo ser que el derecho aplicable al caso previese una cuestión distinta, lo cierto es que no ha trascendido la cifra que LG habría tenido que hacer frente para que las medidas fuesen adoptadas.

Así las cosas, y en tanto que las medidas no sean levantadas, Europa dejará de recibir consolas PlayStation 3 desde allende sus fronteras. Lo dicho, que si nadie lo remedia las estanterías de las tiendas de Europa se quedarán huérfanas de PS3, al menos en tanto que las circunstancias de facto no cambien.

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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