Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una peligrosa práctica consistente en amenazar de muerte a otros a través de redes sociales. El caso de Eva Hache hace un par de semanas y el de Juanma Castaño esta misma semana no son más que la punta del iceberg que asoma.

Bajo el aparente (y falso) anonimato que ofrece Internet, muchos individuos proceden de manera temerosa e incauta a proferir insultos y amenazas, principalmente, aunque no de manera exclusiva, a personajes famosos en la red. Por su dinamismo y relevancia, Twitter se ha convertido en caldo de cultivo de los amigos del insulto y la amenaza. Obviamente, estas conductas están fuera de la legalidad.

En un primer término, porque contravienen los propios términos de Twitter, que establecen, en su apartado “Violencias y Amenazas” que “el usuario no podrá publicar o enviar amenazas de violencia directa o específica contra otros”, siendo éste “responsable por cualquier contenido que publique[s] en los Servicios y de las consecuencias derivadas”.

En segundo término, porque dichas conductas son susceptibles de ser constitutivas del delito de amenazas, expresamente tipificado en el artículo 169-2ª del Código Penal. En este sentido, dispone dicho precepto, que el que amenace a otro “con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado (…) con la pena de prisión de seis meses a dos años (…)”.

Es decir, que el que utilice Twitter -o cualquier medio similar- para amenazar a otro con la muerte, con su integridad, con su honor, etc., se expone a la nada despreciable pena de cárcel de entre 6 meses y dos años.

Sobre la trascendencia real de estos casos no hay más que leer lo acontecido con los casos de los periodistas antes mencionados. La propia Policía Nacional anunciaba a través de su propio perfil en Twitter que había detenido a un joven y había imputado a otros tres por amenazar de muerte al periodista deportivo de Deportes Cuatro y de la Cadena COPE. El caso de Eva Hache fue, si cabe, todavía más curioso. En ese supuesto, la policía recibió en su perfil de Twitter un mensaje que rezaba ‘Hola, buenas noches señor agente’ y adjuntaba una foto tomada a comentarios que había recibido de otro usuario en las que amenazaba a la presentadora de manera grave: “Voy al teatro y te apuñalo delante de todo el mundo”, “Muérete” y “Yo que tú no saldría sola de casa”, entre otras lindezas.

Y es que, como decía inicialmente. Internet no es anónimo. La actividad del internauta en la red deja rastro de todas y cada una de las operaciones realizadas. Y es ese rastro el que en innumerables ocasiones, como en las dos antes expuestas, ha permitido a nuestras autoridades judiciales y policiales el poner coto a prácticas online tan abruptas como la pedofilia, la pederastia o el acoso. En este sentido es reseñable también, la labor desempeñada tanto por la Brigada de Investigación tecnológica de la Policía, como por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, cuerpos especializados en la persecución de este tipo de conductas.

Lo dicho, ojo con lo que decimos en Twitter, que nos puede salir muy caro o, como recuerda la Policía Nacional en su perfil de Twitter, “las amenazas graves, como otras formas de #ciberacoso demostrado, suponen un DELITO perseguido por la Ley.

@AlexTourino

En el día de ayer, se filtraba desde distintos medios la posibilidad de que el último Consejo de Ministros -de hoy viernes- aprobase la regulación de desarrollo de la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, conocida popularmente como “Ley Sinde”, norma que, como sabrán, autoriza el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.

Quienes peinen canas podrán corregirme, pero no recuerdo en la historia de nuestra joven democracia ningún gobierno en funciones que se haya atrevido a aprobar una pieza normativa del calibre de la aquí propuesta. Saltando al paso de los rumores, Ramón Jáuregui desmentía esta misma mañana que tal hecho vaya a acontecer, aunque los rumores al respecto no cesan. La cuestión que se plantea es si legalmente un gobierno en funciones tiene o no la capacidad de aprobar el Real Decreto que desarrolle la Ley Snde.

En este sentido, es relevante lo dispuesto por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que dispone, en su artículo 21.3, que el Gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

Así las cosas, y respecto de una norma que lleva meses en proyecto de borrador y sobre la que existen tantas incertidumbres, ¿cree alguien realmente que nos encontramos ante un caso de urgencia o de interés general que amerite tal aprobación? No, en mi opinión.

Y por si alguien pone en duda la trascendencia o no de la aprobación del Reglamento en cuestión, creo que nada resume mejor la importancia del mismo que la histórica frase, atribuida a Cánovas del Castillo, que reza “dejen a otros las leyes y denme a mí los reglamentos”. Y es que, en efecto, es en este tipo de normas de desarrollo donde en realidad se marcan las pautas concretas de aplicación de la norma. Máxime en un caso como el presente en que el Reglamento prevé precisamente la creación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de acordar el cierre de páginas web que sin autorización enlacen a contenidos protegidos por derechos de autor. Sin Reglamento no hay Sección Segunda y sin Sección Segunda, la Ley Sinde resulta vacía por carecer de brazo ejecutor. Juzguen ustedes mismos.

Habrán leído ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una Sentencia, conocida ayer, por medio de la cual se exime a los proveedores de acceso a Internet de controlar la piratería online. La Sentencia en cuestión no es un espaldarazo a la piratería como forma lícita de acceso a contenidos protegidos por derechos de autor –nada más lejos de la realidad-, sino más bien un recordatorio del viejo principio de que el fin no justifica los medios.

La Sentencia del Tribunal Europeo viene a resolver una cuestión prejudicial planteada por la Corte de Apelación de Bruselas, elevada al Tribunal de la Unión con ocasión de un litigio que enfrentaba a la sociedad de gestión que representa a los autores, compositores y editores de obras musicales de Bélgica, SABAM, frente a Scarlet, un proveedor de acceso a Internet. El motivo de fondo del asunto era el siguiente. En el año 2004, SABAM detectó que los internautas que utilizaban los servicios de Scarlet descargaban en Internet, sin autorización y sin pagar derechos, obras que figuraban en su catálogo mediante redes “peer to peer”. Ante esta situación, SABAM solicitó que se condenara a Scarlet a poner fin a dichas infracciones, impidiendo o bloqueando cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes de archivos que reprodujesen una obra musical sin autorización de sus titulares mediante un programa “peer to peer”.

Contra todo pronóstico, el Tribunal de Première Instance de Bruxelles condenó al proveedor de acceso a Internet a poner fin a las mencionadas infracciones de derechos de autor, impidiendo cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes, mediante un programa «peer-to-peer», de archivos electrónicos que reproduzcan una obra musical del repertorio de SABAM, con apercibimiento de multa coercitiva.

El proveedor de acceso a Internet recurrió dicha resolución en apelación alegando que dicha resolución no era acorde con el artículo 15 de la Directiva 2000/31, puesto que le imponía una obligación general de supervisar las comunicaciones en su red. Adujo además, con acierto, que el establecimiento de un sistema de filtrado vulnera las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la protección de datos de carácter personal y la confidencialidad de las comunicaciones, ya que implica el tratamiento de las direcciones IP, que son datos personales.

En atención a esta solicitud, el Tribunal de Justicia ha decidido poner orden a esta situación declarando que el requerimiento judicial por el que se ordenaba al proveedor de acceso a Internet a establecer un sistema de filtrado le obligaría a proceder a una supervisión activa de la comunicaciones, expresamente prohibida por el artículo 15 de la Directiva 2000/31.

Y es que, ciertamente, la protección del derecho de propiedad intelectual está consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahora bien, ni de dicho precepto ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende en modo alguno que la protección de ese derecho deba garantizarse en términos absolutos. En efecto, la protección del derecho de propiedad intelectual debe ponderarse con respecto a la protección de otros derechos fundamentales.

En este sentido, la obligación de establecer un sistema de filtrado como el propuesto por el tribunal belga implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del proveedor de Internet, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo y gravoso, que además sería contrario a los requisitos recogidos en la Directiva 2004/48, el cual exige que las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o gravosas.

En definitiva, la protección de los derechos de autor tiene que venir dada por muchos elementos, pero no puede pasar por imponer a un proveedor de acceso a Internet la desorbitada carga de filtrar las comunicaciones de sus usuarios, lo que pondría al tiempo en jaque la libertad de la red. Defensa sí, pero no a cualquier precio.

Sin caer en el chascarrillo de la ubicuidad de ciertos políticos que tuitean mientras comparecen en debates televisivos, se plantea ahora en ciertos círculos la controversia acerca de si los candidatos a formar nuevo gobierno pueden utilizar Twitter para conversar con sus votantes en el día de reflexión.

En este sentido, nuestra ley electoral, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General dispone en su artículo 53 que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”, hecho que se produce, como es sabido, “a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”, tal y como establece el artículo 51 del mismo cuerpo legal.

Para comprender bien esta circunstancia, es decir, para saber si es legal o no utiliza una red social para hacer campaña en la jornada de reflexión, es necesario conocer el espíritu que dio origen a dicha institución, que no es otro que permitir que en el período inmediatamente anterior a la elección, los votantes puedan reflexionar, sin ser influidos sobre su voto.

En este sentido, y aunque lógicamente la ley electoral, por ningún lado apunta a redes sociales en general, ni a Twitter en particular, sí es clara en el objetivo que persigue con esta institución, esto es, la garantía del pluralismo político y social, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa.

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Afirmar que una red social como Facebook, que cuenta con más de 800 millones de usuarios registrados, tiene un enorme valor de mercado, puede resultar una obviedad. Pero esa obviedad no es tanta si nos paramos a analizar qué es lo que realmente aporta valor a Facebook.

El valor real de Facebook no está en su idea originaria o en su plataforma; el valor de Facebook son sus usuarios o, mejor dicho, los contenidos e información compartida por sus usuarios en la plataforma. No en vano, Facebook se ha consolidado como una potentísima herramienta de segmentación de mercado, gracias principalmente a toda la información de la que dispone de cada usuario registrado.

En un post anterior en el que analizábamos el carácter gratuito o no de Facebook, hacíamos mención a que Bruce Schneier, director de seguridad de British Telecom, afirmaba que existen en Facebook, y en gran medida en otras redes sociales, los siguientes tipos de datos: información que el usuario introduce para abrir su cuenta, datos que va subiendo y compartiendo en su perfil, los comentarios que suben otros sobre él y los datos sobre los hábitos de las personas. Sólo por poner un ejemplo de la magnitud del supuesto, se habla de que son compartidas en Facebook 25 millones de fotografías diarias.

Ese volumen de información hace de Facebook una empresa extraordinariamente atractiva para anunciantes, pero también para ciberdelincuentes, verdadero motivo de este post.

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¿Quién no ha recibido una llamada de otro operador de telefonía móvil ofreciendo el ultimo modelo de smartphone a cambio de cambiarse de compañía? Los que hayan accedido al cambio sabrán ya que recibir un terminal subvencionado significa no poder cambiar de compañía en una buena temporada, so pena de hacer frente a una indemnización. ¿Es esto legal?

Pues por muy sorprendente que pueda resultar, la legislación española en materia de telecomunicaciones no prevé de manera específica la validez o no de estas cláusulas, que atan al usuario a una compañía telefónica por un tiempo determinado e imponen el pago de una penalización en caso de no cumplir. Ello no significa, no obstante, que su práctica sea libre e indiscriminada.

No en vano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,se considera que este tipo de cláusulas tienen la consideración de abusivas en el caso de que impongan “obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato”. Y, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, como son los de telefonía móvil, “la imposición de plazos de duración excesiva”.

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Según publicaba el Observatorio sobre el uso de redes sociales en España, “el 49,97% de las PYMEs españolas aún no utilizan plataformas sociales en su día a día corporativo. De éstas, seis de cada diez piensa entrar en el futuro, y el restante 40%, no lo tiene planeado”.

¿Alguien se ha parado a pensar el motivo? Pues según publicaba el estudio, tres son las principales dificultades que una pequeña o mediana empresa encuentra para utilizar las redes sociales en la promoción de sus productos o servicios: (i) dificultades en el uso de redes sociales; (ii) dificultades en la comunicación con los usuarios; y (iii) dificultades en relación con la permanencia en las redes sociales.

(i) En lo que se refiere al primer bloque de dificultades, esto es, aquéllas vinculadas al propio uso de las redes, el estudio destaca una serie de notas comunes que desincentivan el uso de las redes sociales por las empresas. La principal, la inseguridad jurídica causada por los términos legales empleados por sus administradores, así como sus variaciones constantes, es decir, la dificultad tanto en lo que se refiere a “la comprensión de sus normas de uso para empresas, como al hecho de que dichas normas son modificadas a menudo y sin previo aviso”.

A ello se suma el hecho de que el incumplimiento de estas normas por parte de los usuarios implica la imposición de sanciones que pueden ir desde un mero apercibimiento hasta el cierre de la página corporativa dentro de la red social. Esta incertidumbre, apunta el estudio, “requiere un sobresfuerzo por parte de la persona que gestiona las redes sociales en la empresa”.

(ii) El segundo de los bloques de dificultades analizadas por el estudio hace referencia al riesgo que supone abrir una comunicación directa con los usuarios, de manera que éstos pueden tanto hablar de manera positiva de los productos y/o servicios como de manera negativa. Y es que esta comunicación bidireccional “hace posible que aparezcan comentarios tanto positivos como negativos acerca de la empresa y sus productos”. Es el “milagro” de la web 2.0.

En este caso, la gestión de la crisis en los perfiles de la empresa, a los que acceden los usuarios que están interesados en conocer mejor la marca y el producto, es vista por algunas empresas como una amenaza. La respuesta por parte de la empresa comprende diferentes posibilidades que van desde la opción de borrar los comentarios negativos, hasta la de ofrecer siempre una respuesta a esos comentarios. No se trata de censurar sino de escuchar.

(iii) Por último, el tercero de los bloques de dificultades hace referencia a la complejidad de permanencia en redes sociales o, dicho de otro modo, la percepción de que “la necesidad de estar en las redes sociales constituye una dificultad en sí misma”.

El principal obstáculo, indica el estudio “es disciplinar o metodizar cómo promocionar la empresa en las redes sociales. Eso requiere recursos, tiempo y un esfuerzo”.

El problema que subyace en este sentido es que las posibilidades comunicativas que ofrecen las redes sociales sólo pueden alcanzarse mediante una dedicación constante y rigurosa.

En definitiva, ¿son suficientes estas excusas para no subirse al tren de las redes sociales? En mi opinión, no. Y es que las redes sociales están ahí. Si no nos subimos a ellas, otros lo harán por nosotros, robándonos nuestra porción de pastel.