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¿De quién son tus seguidores en Twitter?

28 diciembre 2011 - 6:00 - Autor:

En el día de ayer, el New York Times destapaba la noticia de un procedimiento judicial abierto en Estados Unidos en el que una empresa, Phonedog, había demandado a un extrabajador por haberle supuestamente usurpado éste los 17.000 seguidores de la cuenta corporativa de la empresa en Twitter.

La cuestión es que en octubre del 2010, Noah Kravitz, extrabajador de Phonedog comenzó a escribir en Twitter bajo el pseudónimo Phonedog_Noah llegando a acumular hasta 17.000 seguidores. Cuando abandonó la compañía, el trabajador cambió su nombre en la red social y empezó a tuitear bajo el nombre NoahKravitz, manteniendo todos los seguidores que había conseguido durante su etapa laboral anterior. Ocho meses después, PhoneDog le ha demandado, reclamando una importante suma de dinero, y afirmando ser titular de dicha cuenta. Es ahí cuando surge la cuestión: ¿Quién es el titular de la cuenta de Twitter? ¿El trabajador o la empresa?

Como pueden intuir, si las partes han llegado a este punto litigioso es porque la situación jurídica carece de precedentes y no tiene una regulación clara. De hecho, si revisamos los términos de uso de la web de Twitter, llegaremos a la conclusión de que nada se dice al respecto, más allá de darse por hecho que la cuenta pertenece a quien efectivamente la registra y usa.

Se plantean en este sentido una serie (no exhaustiva) de supuestos, en función de la relación y uso de la cuenta por parte del trabajador:

(i) El supuesto más claro es el del trabajador que, en el uso de Twitter, no se refiere a su trabajo ni usa el nombre la empresa como parte de su nombre o biografía. En dicho supuesto parece claro que la cuenta de Twitter sería única y exclusivamente titularidad del trabajador.

(ii) El segundo de los supuestos, también claro, que se plantearía sería el del gestor de redes o community manager que maneja la cuenta oficial de la empresa. En tal caso entiendo que la cuenta sería titularidad exclusiva de la propia empresa, pudiendo ésta remplazar al trabajador si lo estimase oportuno por otro que se haría cargo de su gestión, incluidos sus followers.

(iii) El tercero de los supuestos sería el del trabajador que, sin identificarse como la propia empresa en Twitter, sí habla de su trabajo e incluso utiliza el nombre de la empresa como combinación de su nombre de perfil en Twitter. Éste sería el caso de Phonedog_Noah, entiendo. En tal caso, en mi opinión (y sin perjuicio de lo que pueda estimar el tribunal que conozca el caso), el trabajador seguiría siendo titular de la cuenta por cuanto que él es quien registra y usa la cuenta, sin dar apariencia frente a terceros de que es la propia empresa la que tuitea.

(iv) Una variante del anterior supuesto sería el de la empresa que, en ánimo de hacer una comunicación global, pusiese a disposición de sus trabajadores (o exigiese a éstos) una serie de cuentas individualizadas (por ejemplo Phonedog_Noah; Phonedog_Alex; Phonedog_[…]; etc.) para que cada uno de ellos se erigiese en un portavoz de la empresa en Twitter. En ese supuesto, entiendo que la empresa debería regular contractualmente con cada uno de esos portavoces el uso y posterior devolución de las cuentas una vez que la relación laboral se extinguiese. En caso contrario, no podría arrogarse la empresa (siempre desde mi punto de vista) la titularidad de dichas cuentas.

Sea cual sea el caso de Phonedog_Noah, y tal y como ha manifestado su abogado, “sentará un precedente en Internet, ya que está relacionado con la propiedad de las cuentas en las redes sociales”.

@AlexTourino

Competencia permite a Google excluir anunciantes de su servicio Adwords

27 diciembre 2011 - 6:00 - Autor:

Está claro que ser Google en este país no es ser un cualquiera. Y es que en opinión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), poseer una posición dominante en el mercado español de la publicidad online ligada a búsquedas en Internet, con una cuota de mercado superior al 90%, no es motivo suficiente para exigir a Google una especial diligencia en la exclusión de anunciantes.

Así, en resolución de fecha 1 de diciembre de 2011 conocida en el día de ayer, la CNC ha acordado archivar la denuncia formulada por COMPRA AMIGA, S.L., titular del sitio web migimnasio.com, contra Google Spain S.L., Google Ireland Limited, Google Inc. y Google International LLC, por entender que el veto a esta empresa en su servicio Adwords no infringe lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

En concreto, ha considerado la CNC con el dictado de esta resolución que discriminar anunciantes por razón de los productos y/o servicios ofrecidos -en este caso, productos para reforzar la musculación-, está legitimado con independencia de que se ostente o no una posición de dominio en el mercado.

El supuesto en cuestión es el siguiente. Según se desprende de la resolución dictada por la CNC, Google rechazó en su servicio Adwords la publicidad de los productos de COMPRA AMIGA (productos que, según se desprende de la propia resolución, no están sujetos a ninguna restricción relativa a su comercialización o publicidad y tienen la consideración de complementos alimenticios), por considerarlos contrarios a su política publicitaria sobre contenidos relativos a asistencia médica y medicamentos en `Google AdWords’ en relación con esteroides anabolizantes.

La cuestión se agrava por la siguiente circunstancia; tras haber notificado Google a COMPRA AMIGA el caso de un producto cuya publicidad no admitía (Nitrix, que según COMPRA AMIGA no tiene nada que ver con esteroides anabolizantes), COMPRA AMIGA retiró toda referencia a este producto y aun así Google siguió rechazando los anuncios, siendo la realidad que Google considera que este anunciante vende en general productos recogidos en la categoría ‘esteroides anabolizantes’ de su política de contenidos, lo cual conduce a que toda su publicidad se vea rechazada.

¿Es esto legal? ¿Puede un operador en posición de dominio del mercado relevante excluir a un tercero por entender que sus productos vulneran su política privada de publicidad? Pues bien, a juicio de la CNC esto resulta razonable, pues “es necesario permitir que Google conserve un cierto grado de flexibilidad en la aplicación de su política de contenidos a este tipo de productos”.

Y es que, argumenta la CNC, la posición de dominio de Google “no necesariamente significa que Google esté obligado a difundir toda la publicidad que le sea solicitada, incluso si dicha publicidad es lícita”. Y ello, en consideración de la CNC, porque “aunque disponer de una posición de dominio genera una especial responsabilidad para evitar incurrir en prácticas abusivas, esto no implica que la autonomía comercial del operador dominante deba desaparecer totalmente siempre que se establezcan criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para excluir de sus servicios determinadas categorías de publicidad”.

Es decir, que sobre la base de la anterior argumentación, un operador en posición dominante puede excluir a terceros siempre que establezca criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para dicha exclusión. Lo que no queda tan claro de esta resolución es si Google, con este comportamiento particular de vetar todos y cada uno de los productos de un anunciante, sin más examen o justificación, está realmente atendiendo a los requisitos de objetividad, transparencia y no discriminación que presiden la normativa de defensa de la competencia. Como digo, poseer una posición dominante en el mercado de la publicidad online no parece motivo bastante para exigir a Google una especial diligencia en la exclusión de anunciantes, con independencia del daño que les pueda ser causado a éstos.

Arrepentidos los quiere Facebook

19 diciembre 2011 - 6:00 - Autor:

Revisando el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), me topo con una interesante resolución en la que se analiza la denuncia de cuatro usuarios de la red social Facebook por la difusión a cargo de un quinto sujeto -el denunciado- de una fotografía de grupo con sus respectivas imágenes, tomada el día de la boda de dos de ellos, con una serie de comentarios fuera de tono.

El supuesto en cuestión es que los cuatro denunciantes pusieron en conocimiento de la AEPD la publicación de dos fotografías suyas en un evento en Facebook denominado “MUERTE A LA TUNA!!!! TUNO BUENO, TUNO MUERTO!!!”, y bajo la leyenda “Que harías vosotros si estáis tranquilamente en un bar tomando un rico mojito con tu novieta o amiga y de repente te entran 40 tunos y se ponen a tocar: CLAVELITOS, CLAVELITOS…… a muerte con ellos!!!! que no quede ni uno vivo!!!!!”

Como era de esperar, ante esta situación, el Director de la AEPD acordó iniciar un procedimiento sancionador frente al denunciado, por presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, pudiendo ser sancionada, con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de dicha LOPD.

Pero lo que no era tan de esperar es que, habiendo sido identificado el denunciado –con la ayuda de Facebook y Telefónica- como el autor de la publicación, “por arte de magia” y sin previo aviso, se produjesen dos hechos que dieron al traste con la sanción de hasta 300.506,05 € a la que se enfrentaba el usuario. Y es que arrepentidos los quiere Facebook, pero también la AEPD.

Así, de golpe y porrazo, (i) el contenido supuestamente infractor fue eliminado de la red social sin que ésta tuviera nada que ver en su eliminación; y (ii) el denunciado aportó una declaración jurada, firmada por los cuatro denunciantes, en la que éstos manifiestaban “que en una fecha que no recuerdan (…) recibieron una comunicación con la finalidad de obtener su consentimiento para la reproducción en un grupo de usuarios humorístico de la red social Facebook, por parte de A.A.A., de unas imágenes en las que aparecían los firmantes”, otorgando los denunciantes su consentimiento “al no tener causa alguna que motivara su oposición”, pero “que posteriormente tuvieron conocimiento de la publicación de las mencionadas fotos por parte de un usuario de Facebook de nombre X.X.X. Ante ello se puso en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, puesto que se estimaba que se habían publicado las fotografías sin su consentimiento”, ya “que desconocían que X.X.X. era el nombre de usuario en Facebook de A.A.A., razón por la cual se denunció el hecho al considerar que no se había consentido la publicación de las fotografías”.

Vaya, lo que ocurre siempre, que un contenido se borra de manera accidental y, a cambio, aparece un documento firmado en el que se otorga el consentimiento para la publicación de la imagen de cuatro sujetos (casualmente, los mismos que interponen la denuncia). Pero como arrepentidos los quieren Facebook y la AEPD, y pese a que “manifiesta el Instructor del procedimiento que hay una contradicción en las manifestaciones realizadas por los denunciantes entre su denuncia y el documento aportado en el procedimiento (…), teniendo en cuenta que los denunciantes han reconocido haber prestado el consentimiento para el tratamiento de sus datos al denunciado, procede el archivo de actuaciones. De buena se ha librado el enemigo de los tunos.

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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