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“Todo lo que lamentarás si pulsas el botón ‘acepto’ sin leer los términos y condiciones”

25 enero 2012 - 6:00 - Autor:

¿Has pulsado el botón “acepto los términos y condiciones” sin haber leído nada antes? En Facebook más de 170.000 personas lo han reconocido abiertamente, suscribiéndose al grupo que lleva precisamente ese título: “Yo también acepté los términos y condiciones sin haber leído nada”.

Las consecuencias de esta alegre conducta pueden resultar insospechadas, hasta el punto de que el usuario puede llegar a perder su alma. Así es, a efectos de probar aquello de que nadie lee los textos legales de una web, la tienda de videojuegos GameStation anunció como broma para el April’s Fools Day del año pasado que poseía las almas de sus usuarios, al haber introducido en sus condiciones de contratación un párrafo que rezaba lo siguiente: “Al enviar una orden de compra por la web el primer día del cuarto mes del año 2010, Anno Domini, estás de acuerdo en concedernos la opción no transferible de reclamar, por ahora y para siempre, tu alma inmortal. (…) Si tú a) no crees tener alma inmortal, b) habérsela ya dado a otro, o c) no quieres concedernos tal licencia, pinche por favor en el enlace inferior para anular esta cláusula y proceder con la transacción”.

Pues bien, sólo un 12% de los usuarios llegó a pinchar en el enlace, habiendo por tanto obviado el 88% restante de los usuarios la lectura de los términos que aceptaban. Obviamente, una estipulación de esta naturaleza es nula de pleno derecho, entre otros motivos, por ser contraria a la moral. Pero al margen de este supuesto anecdótico, lo cierto es que prácticamente nadie lee los términos y condiciones de una web, en muchas ocasiones por lo inmanejable de los mismos, por lo extenso de su redacción, porque están redactados en un lenguaje que no dominamos o por simple pereza.

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“Yo también me descargo canciones, veo pelis en series yonkis y leo e-books sin pagar: ¿Me pueden meter en chirona?”

16 enero 2012 - 6:00 - Autor:

Permítanme, en primer lugar, que entrecomille el título de esta entrada, porque no responde a mi conducta en Internet, sino a la pregunta que por distintas vías me están haciendo llegar amigos y conocidos en las últimas fechas, a raíz de todo lo que se está hablando acerca de la protección de los derechos de autor en Internet.

Y para tranquilidad de quienes así procedan, es decir, de quienes se descarguen canciones, vean películas o accedan a e-books desde sitios web que no cuentan con la autorización de sus legítimos titulares, sepan que nuestra legislación vigente (Ley Sinde incluida) no prevé la sanción del usuario que accede de tal modo a este tipo de contenidos.

En efecto, la legislación civil, penal y administrativa vigente en España castiga a quienes ponen a disposición de otros usuarios determinados contenidos protegidos por derechos de autor, pero no a los terceros que acceden a este tipo de contenidos, aun sin el consentimiento de sus titulares. Esta regulación confronta con otras normas de nuestro entorno cercano, tales como las aprobadas recientemente en Francia o Reino Unido. continuar leyendo

“Entonces, ¿enlazar es legal?”

4 enero 2012 - 6:00 - Autor:

El jaleo es descomunal. Enlazar es legal o no dependiendo de a quien pregunten. Y eso significa que el Ordenamiento Jurídico ha fallado. Y ha fallado porque uno de los principios inspiradores de nuestro Derecho es el de la seguridad jurídica, precisamente el derecho de los ciudadanos a conocer si algo es acorde a la legalidad vigente o no. Pero descuiden, no es algo nuevo; ya apuntaba el Profesor García De Enterría hace años que “la seguridad jurídica es una exigencia social inexcusable” pero “constantemente deficiente”.

¿Por qué digo esto? Pues porque a fecha de hoy no existe en nuestro panorama judicial certeza en torno a la legalidad o no de los enlaces, máxime después de la reciente aprobación el pasado 31 de diciembre del Reglamento por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, que desarrolla la conocida como Ley Sinde.

Por ponernos en antecedentes, se hace preciso indicar tanto la doctrina como la Jurisprudencia mayoritarias consideran, con carácter general, que el uso de enlaces no constituye, en sí mismo, una infracción de derechos de propiedad intelectual, por lo que prohibir la utilización de este tipo de enlaces ocasionaría un grave perjuicio a quienes los utilizan, al mermar una de las principales cualidades de Internet, que no es otra que la rápida localización de información y contenidos.

Paradigma de esta línea argumental es el Auto nº 582/2.008 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª), de 11 de septiembre que, con ocasión de la demanda interpuesta frente a los titulares de la página web “www.sharemula.com”, se pronunció considerando que el enlace “no supone infracción de los derechos de propiedad intelectual. Este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que “teclear” el nombre de esa página”.

En idéntico parecer se pronunció el Informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial al proyecto de Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Dicho Informe indicaba que en el caso de herramientas de enlaces a páginas web, “conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual por más que las páginas o contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual”.

Pero esta línea argumental no es pacífica, apareciendo en los últimos tiempos opiniones minoritarias que discrepan de lo anterior y consideran que de la redacción de la Ley de Propiedad Intelectual no se infiere que las actividades que realice un enlazador queden fuera del ámbito de aplicación de la ley, ya que son actividades a través de las cuales tienen acceso a las obras protegidas una pluralidad de personas sin el previo consentimiento de sus titulares.

Dichas opiniones se vieron respaldadas el pasado mes de octubre a través de la que, tal vez, se haya convertido en la sentencia más controvertida en materia de enlaces, no ya sólo por el giro jurisprudencial operado en ella, sino por provenir de un órgano judicial de la entidad de una Audiencia Provincial. Se trata de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya en el Procedimiento núm. 506/09, en el caso de las páginas web de enlaces “fenixp2p.com” y “mp3-es.com”, que condenó a los titulares de dicha web a pena de cárcel por entender la Sala que sí se estaría produciendo un acto de comunicación pública típico de acuerdo con lo previsto en el art. 270 CP, siendo ésta la primera sentencia de una Audiencia Provincial que se ha atrevido a categorizar el suministro de enlaces como un acto de comunicación pública.

Lo anterior podría resultar incluso anecdótico si no fuese porque, tal y como anunciaba, el pasado día de fin de año, el Gobierno aprobaba el conocido como Reglamento de la Ley Sinde, el cual ampara a un órgano de naturaleza administrativa como es la Comisión de Propiedad Intelectual, para proceder al cierre de páginas web en caso de que sean vulnerados derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de la información.

Según ha sido anunciado por activa y por pasiva desde el Gobierno, la finalidad de este procedimiento es remover los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como el restablecimiento de la legalidad, cuando ésta haya sido vulnerada. Y en particular para poner fin a la “supuesta” vulneración de derechos de propiedad intelectual realizada por las páginas de enlaces.

Es decir, que si bien los jueces han venido entendiendo de manera casi unánime como lícito el acto de enlazar, parece ahora que una comisión de naturaleza administrativa, que estará funcionando en menos de dos meses, lo entenderá ahora como ilícito. Y lo mejor de todo (permítanme el sarcasmo), sin que ningún juez entre a valorar en ningún momento cuestión de propiedad intelectual alguna. Y es que si esto no fuera a ser así, ¿a santo de qué tanto revuelo? ¿Iba a ser creada una comisión de salvaguarda de derechos sin capacidad de salvaguarda?

Peores cosas se han visto, pero todo apunta a que esa Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya antes mencionada y esas opiniones doctrinales particulares van a servir a la Comisión de Propiedad Intelectual creada por la Ley Sinde como fuente legitimadora para la persecución y derribo de las páginas de enlaces. “Time will tell”, que dicen los sajones.

@AlexTourino

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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