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No hay jornal para los blogueros

31 marzo 2012 - 13:50 - Autor:

La revuelta de los blogueros que nutrían de contenidos al medio digital The Huffington Post ha acabado, tal y como era previsible, con una sentencia desestimatoria, dictada por un tribunal de Nueva York, conocida en la tarde noche de ayer. [Texto de la Sentencia]

El conflicto en cuestión arranca hace casi ya dos años, cuando el medio digital fue adquirido por el gigante de Internet AOL (America On Line) por la nada despreciable cifra de 315 millones de dólares. En ese momento, los que hasta entonces eran colaboradores voluntarios (y gratuitos) del medio, entendieron que el valor de adquisición del mismo se fundamentaba precisamente en las aportaciones que ellos habían realizado a aquél y que, por tanto, les correspondía un porcentaje en el precio de venta, concretamente un tercio de ésta.

El juez John Koetl, encargado de dictar la sentencia, ha entendido que las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad de partido y si los blogueros habían asumido proporcionar contenidos al medio únicamente a cambio de notoriedad no podían ahora pretender una participación en la venta del medio.

Para el que no conozca el modelo de funcionamiento del Huffington Post , sirva indicar que se trata de un medio digital, máximo exponente de los denominados nuevos medios sociales. The Huffington Post es el paradigma de modelo de negocio de éxito en el nuevo ecosistema mediático cuya estrategia pasa por, entre otros elementos, sostenerse sobre una estructura empresarial de costes reducidos que integra un repositorio global de blogs, cuyos autores -unos 6.000 aproximadamente- reciben como única remuneración visibilidad y atención, pero no retribución económica. Esto es, una enorme estructura de blogueros que renuncian a honorarios a cambio de notoriedad y fama.

Así las cosas, cuando en 2010 el medio fue adquirido por AOL, una serie de blogueros encabezados por Jonathan Tasini, intepusieron una acción judicial en reclamación de la cantidad de 105 millones de dólares, por entender que su contribución había sido decisiva en la venta a AOL. Los demandantes exigían beneficiarse de la millonaria venta del medio digital al gigante AOL. Sin embargo, en el entendimiento de que “nadie los forzó a entregar su trabajo”, tal y como afirma la sentencia, la demanda ha sido desestimada. Lo dicho, no hay jornal para los blogueros, al menos, para los del Huffington Post.

Los famosos se forran en Twitter… al margen de la ley

20 marzo 2012 - 6:00 - Autor:

Se hacía eco hace en fechas recientes el New York Times de la última tendencia publicitaria en Internet, los consejos de famosos que utilizan las redes sociales para recomendar de manera aparentemente desinteresada sus marcas o productos favoritos.

La realidad tras esta práctica es que anunciantes y titulares de marcas pagan importantes cantidades económicas a determinadas celebrities a cambio de que de manera velada hagan referencias y menciones positivas de sus productos. Según refería la mencionada publicación, el actor Charlie Sheen llegó a cobrar hasta 50.000 dólares por cada tweet promocional de la web <Internships.com>, que recibió, consecuencia de esta campaña, casi medio millón de visitas en apenas 48 horas.

Pero esta práctica no es exclusiva de países anglosajones, empezando a observarse cada vez más en España cómo determinados famosos recomiendan los productos y marcas que supuestamente consumen.

La problemática jurídica que se plantea en torno a este supuesto es que la legislación española y, en particular, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, establece en su artículo 20.1 que “las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable”. Asimismo dispone el precepto que deberán “incluir al comienzo del mensaje la palabra publicidad o la abreviatura publi.”

Es decir, que el usuario medio ha de saber que está ante una acción publicitaria y cuál es la empresa que oferta el producto o servicio. La razón de esta exigencia es reivindicar el derecho que tienen los consumidores a saber cuándo están recibiendo publicidad, convirtiéndose la publicidad que no es claramente identificable como tal en una práctica prohibida, convirtiéndose en publicidad encubierta.

Y en este sentido, la Ley de Compentencia Desleal, aplicable al supuesto por remisión de la Ley General de Publicidad, “considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario”.

Así las cosas, el famoso que se lance en nuestro país a realizar campañas publicitarias encubiertas a través de redes sociales se arriega a que le sean impuestas importantes sanciones que, en el ámbito televisivo han llegado a alcanzar el medio millón de euros.

¿Cómo denunciar una amenaza en Twitter?

7 marzo 2012 - 18:52 - Autor:

Tal y como advertíamos en anteriores entradas de este blog, proliferan últimamente en las redes sociales los que hacen del insulto y la amenaza su modus vivendi. Y así, bajo el falso paraguas de anonimato que confiere Internet, los más incautos se lanzan a la “caza del famoso”, siendo Twitter el mejor escenario de batalla para ello.

Poco o nada de nuevo tiene decir que estas conductas están fuera de la legalidad. Y lo están principalmente debido a dos motivos. En primer término, porque proferir amenazas valiéndose para ello de Twitter contraviene los propios términos de la red de microblogging más famosa del mundo, los cuales establecen, en su apartado “Violencias y Amenazas” que “el usuario no podrá publicar o enviar amenazas de violencia directa o específica contra otros”, siendo éste “responsable por cualquier contenido que publique[s] en los Servicios y de las consecuencias derivadas”.

En segundo término, tales conductas son contrarias a la ley por cuanto que son susceptibles de ser constitutivas del delito de amenazas, expresamente tipificado en el artículo 169-2ª del Código Penal. En este sentido, dispone dicho precepto, que el que amenace a otro “con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado (…) con la pena de prisión de seis meses a dos años (…)”.

Es decir, que el que utilice Twitter o cualquier medio similar para amenazar a otro con la muerte, con su integridad, con su honor, etc., se expone a la pena de cárcel de entre seis meses y dos años, tal y como dispone nuestra legislación vigente.

Siendo esto así, el agraviado con este tipo de conductas tiene principalmente dos vías de solución. La primera, utilizar los propios sistemas de reporte de incidencias que Twitter pone a disposición de sus usuarios. El fin que se puede alcanzar con esta vía es que el usuario pueda ser bloqueado o, en su caso, su cuenta cancelada. Más allá de estas circunstancias, no permite, por el contrario, esta vía la imposición de ninguna sanción o pena al sujeto infractor.

Sin embargo, cuando la entidad de las injurias, de las amenazas o de los atentados al honor sea de especial relevancia, el agraviado puede optar en tal caso por valerse de nuestro sistema de justicia y denunciar directamente los hechos ante la Policía o la Guardia Civil. Ambos cuerpos de seguridad disponen de brigadas específicas destinadas a la persecución de este tipo de infracciones y que llevan a cabo una labor de gran relevancia, permitiendo la identificación del sujeto infractor, lo más complicado en este tipo de delitos que tienen como base Internet. Así, tanto la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, como el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil prestan un servicio de auxilio de enorme importancia en los tiempos que corren, recibiendo denuncias de quienes sufren este tipo de ataques y realizando con excelentes resultados cuanto está a su alcance para identificar al autor de la infracción.

La cárcel se llena de internautas

5 marzo 2012 - 6:00 - Autor:

Más del setenta y cinco por ciento de los usuarios de Internet en España son usuarios de redes sociales. Y de ese setenta y cinco por ciento, un buen puñado de ellos ya saben que las redes sociales no son cosa de niños. No sólo porque para acceder a una red social en España deben haberse cumplido los 14 años de edad, sino porque el que se pasa de la raya en las redes sociales lo puede pagar muy caro. Y así, son cada vez más frecuentes las sentencias con penas privativas de libertad dictadas en nuestro país condenatorias de conductas que tienen su campo de batalla en Facebook, Tuenti, Twitter o similares.

Esta última semana conocíamos el caso de un joven que accedió al perfil de un primo suyo en la red social Tuenti, sin la autorización de éste. El joven modificó la contraseña de acceso al perfil y envió a sus contactos correos ofensivos, al tiempo que indicaba en su perfil “reconozco que soy gay”, para que fuera visto por todos los amigos del afectado. Convenientemente enjuiciado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Badajoz, la jueza acordó imponer al autor de la acción seis meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y por una falta de injurias.

Conocíamos también esta última semana la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona, que condenaba a un joven a una pena de 6 meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros como autor de un delito de revelación de secretos, por haber accedido sin el consentimiento de una amiga a su cuenta de Tuenti. Una vez había accedido al perfil de su amiga, el condenado modificó las opciones de visualización de la información, pasando de ser “solo para amigos” a poner “todo Tuenti”, de modo que su perfil podía ser visto por cualquier usuario, y colgó varias fotos de mujeres desnudas, cambiando las claves de acceso, lo que impidió que la titular de la cuenta pudiera entrar en ella.

Estos casos no son únicos. No hace demasiado sabíamos de la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que condenaba a un año de cárcel a un hombre que colgó en la red social Tuenti 14 fotografías de su ex novia desnuda. La jueza consideró estos hechos constitutivos de un delito de revelación de secretos.

De desnudos iba también la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que condenó a una pena de cárcel de dos años a un joven que colgó en una red social fotos íntimas de su exnovia en la que aparecía semidesnuda. La Audiencia consideró al joven culpable de un delito de revelación de secretos por difundir imágenes que atentaban contra la intimidad de su expareja. La sentencia consideró probada la intromisión en la intimidad de la víctima, ya que «el acusado poseía fotos de su exnovia, hechas en la intimidad de la pareja» y, «tras romper su relación con ella, las colgó en un portal de internet, causando con ello un perjuicio a su titular».

Hubo también pena de cárcel, esta vez de cuatro años, para el hombre que engañó a dos niñas de 12 y 11 años en Tuenti para que se desnudaran. La Audiencia de Cantabria impuso dicha pena al hombre que se hizo pasar por una chica de 14 años en Tuenti y convenció al menos a dos niñas, de 12 y 11 años, para que la enviasen fotografías en las que aparecían desnudas. El condenado finalmente deberá cumplir cuatro años da cárcel y pagar 630 euros de multa y 7.000 euros en indemnizaciones.

Otro caso que gozó de enorme repercusión pública fue el de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que condenaba a un año de cárcel a un joven asturiano que escribió varios comentarios en la red social Tuenti en los que expresaba su alegría por el asesinato de los guardias civiles Carlos Sáez de Tejada y Diego Salvá Lezaún, que se produjo el 30 de julio de 2009 en Palma de Mallorca. En tal caso, la Audiencia Nacioanl condenó al autor de las manifestaciones por la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

También recibió condena de cárcel, de dos años en este caso, el joven acusado de acosar por la red social Tuenti a una menor. La pena impuesta por la Audiencia Provincial de Albacete fue en este caso de seis meses de prisión por un delito de trato degradante y 18 meses de prisión por la utilización de menores con fines pornográficos. Asimismo, al condenado se impuso la obligación de indemnizar a la joven con 2.000 euros.

Lo dicho, la cárcel se llena de internautas que todavía creen que las redes sociales son como el fútbol. Pero nada más lejos de la realidad, a diferencia del fútbol, lo que pasa en las redes sociales no se queda en las redes sociales.

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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