Saltar al contenido

« ver todos los blogs

Los “trucos” de Facebook para que descuides tu privacidad

28 agosto 2012 - 6:00 - Autor:

No hace mucho en este blog nos hacíamos eco de la cantidad y calidad de datos personales a los que tienen acceso las aplicaciones que habitan en las redes sociales y, en particular, en Facebook.

Como alertábamos, muchas de las aplicaciones más populares obtienen información sensible de los usuarios y de los amigos de éstos que luego es utilizada con finalidad muy diversa, no siempre la más deseada. En efecto, según un estudio publicado por el Wall Street Journal, las cien aplicaciones más populares en Facebook recaban información del usuario (y, en ocasiones, de los amigos del usuario) relativas a, entre otras, sus direcciones de correo electrónico, ubicación geográfica y preferencias sexuales (por ejemplo, “interesado en hombres/mujeres”).

Pero lo cierto es que, en aplicación de la legislación española, al objeto de poder recabar y tratar datos de carácter personal de un usuario, resulta necesario para quien recaba los datos contar con el consentimiento inequívoco del usuario afectado. Así lo exige de modo expreso el artículo 6 LOPD.

Y hasta aquí todo en orden porque las aplicaciones en Facebook solicitan el consentimiento del usuario para acceder a sus datos y posteriormente tratarlos con las finalidades correspondientes. Pero resulta que el consentimiento, nuevamente en aplicación de lo exigido por la legislación española, en particular por el artículo 1.265 del Código Civil, es nulo cuando es “prestado por error, violencia, intimidación o dolo”.

Latinajos al margen, y continuando con la aplicación del propio Código Civil, “para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo” (artículo 1266 CC). Es decir, que el error tiene que ser sobre el objeto principal del contrato –los datos del usuario en este caso- y no sobre elementos accesorios del mismo.

Pues bien, en este escenario que parecía claro, el paso fin de semana, la web de tecnología Techcrunch publicaba un interesantísimo post en el que hacía referencia a una serie de “trucos” utilizados por Facebook para facilitar el consentimiento del usuario en la entrega de datos. Y como no he podido resistirme, ahí van. Juzguen ustedes si esos trucos son o no suficientes para invalidar el consentimiento del usuario en la entrega de sus datos personales.

1.- Truco Primero: El truco del botón único.

El diseño antiguo de acceso a datos nos permitía optar entre “permitir” y “no permitir”. El nuevo diseño sólo nos permite “jugar”. Hábil, ¿no?

2.- Truco segundo: El truco del texto en gris.

Todos lo sabemos, el gris no es importante. Y si no es importante, mejor ni lo leemos, ¿no?

3.- Truco tercero: El truco de esconder la información a la que permites acceso.

El anterior diseño describía toda la información a la que se tenía acceso. El nuevo diseño sustituye esta retahíla de información por un mucho más “elegante” signo de interrogación.

4.- Truco cuarto: El truco del campo de visión.

¿Y si ponemos el botón “jugar” antes que el resto de la información? Ya nadie se leerá lo de abajo, ¿no? Mucho mejor, habrán pensado.

5.- Truco quinto: El truco del lenguaje amigable.

Éste es mi preferido. ¿Para que pedir permiso si se puede sustituir con un simple “a jugar”?

Ante esta nueva situación, sea legal o no, sean o no suficientes los trucos empleados por Facebook para anular el consentimiento del afectado, lo recomendable es darnos un paseo por la “configuración de las aplicaciones” de Facebook y conocer quién tiene acceso a nuestros datos. Me apuesto que habrá sorpresas.

@AlexTourino

¿Puede FACUA impedir la venta de Counter Strike, el videojuego que permite emular a ETA?

14 agosto 2012 - 16:47 - Autor:

Lo habrán leído ya. El fabricante estadounidense de videojuegos Valve Corporation planea lanzar al mercado la semana próxima una nueva edición del videojuego “Counter-Strike”, en el que se permite al jugador formar parte un grupo “separatista”, cuya estética y simbología -capuchas blancas y txapelas- recuerda sobremanera a la banda terrorista ETA.

Por ningún lugar se hace mención a ETA en el videojuego, pero la polémica no se ha hecho esperar. El delegado de del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha pedido que no se ponga a la venta tal y como está diseñado actualmente el videojuego. A su juicio, es un “disparate absoluto” y una “inmoralidad” que “humilla” a las víctimas, además de cometer a su juicio el “error” de calificar a los integrantes de ETA como “separatistas”.

Por su parte, FACUA, la asociación de consumidores y usuarios, más beligerante ha pedido públicamente, a través de un comunicado oficial en su sitio web, que se respete la memoria de las víctimas y a sus familiares y se elimine la simbología etarra del videojuego. FACUA pide a la empresa fabricante del videojuego que asuma el código de conducta de la industria del videojuego en Europa, PEGI, y no muestre imágenes que puedan atentar contra la dignidad de determinados sectores, como en este caso las víctimas del terrorismo etarra.

Pero ¿tiene razón FACUA en exigir que el videojuego no permita al usuario formar parte del grupo “separatista”?

La asociación, según ha afirmado en su comunicado, no tiene ninguna duda de que Valve “no pretende ni glorificar el terrorismo ni hacer apología del mismo, pero considera que no ha tenido en cuenta que puede herir la sensibilidad del entorno de las víctimas de ETA”.

Desde el punto de vista jurídico, en lo que se refiere al ilícito de apología del terrorismo, el artículo 578 del Código Penal castiga “el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio (…) de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”.

En aplicación de lo anterior al supuesto particular, y tomando en consideración que el Counter-Strike es un videojuego de los calificados “de disparos”, en el que no existe un argumento histórico de recreación de los atentados cometidos por ETA, ni se permite al jugador perpetrar nuevos atentados en el juego, sino disparar al oponente, no existe a mi juicio un delito de apología del terrorismo ni por comercializar el juego ni mucho menos por jugar a él.

Y es que el derecho de Valve a incluir a tal grupo “separatista” en el videojuego se fundamenta precisamente en la libertad de expresión. Dicho derecho, aunque bien jurídico superior, no es absoluto, toda vez que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones (SSTC 105/1990, 171/1990, 172/1990, 85/1992, 240/1992, 173/1995) que existe un límite primordial al mismo, cual es la utilización de expresiones insultantes, es decir, aquéllas que constituyen insultos en cualquier contexto o que resultan innecesarias para la exposición de las ideas. Pero no debe olvidar FACUA que no atentan al derecho al honor las críticas duras, los juicios de valor bruscos o incluso las manifestaciones o actuaciones de mal gusto, como podría ser interpretado este supuesto.

Descartada la infracción desde el punto de vista regulatorio, cabría hacer el análisis de si el videojuego superaría los límites de autorregulación que su fabricante hubiese suscrito. En este sentido resulta de interés destacar que Valve Corporation es una entidad adherida al Código PEGI, sistema destinado a garantizar que el contenido de los productos de entretenimiento y, entre ellos, los juegos de ordenador, sean etiquetados por edades en función de su contenido y adecuación. Sirva como apunte indicar que las versiones anteriores de esta saga estaban calificados con el Código PEGI +16, es decir, aptos para su disfrute por cualquier usuario mayor de 16 años.

Y es que, en aplicación del artículo 6 del Código PEGI, los firmantes del citado código han de cumplir con la legalidad vigente. Eso es todo. (“The signatories to the Code shall ensure that the content, distribution by any means, promotion and advertising of the products covered by this Code comply at all times with existing and future laws and regulations at EU and Member States’ level”).

En definitiva, legal sí es, moral que juzgue cada uno, pero, desde luego, como herramienta publicitaria, un éxito. Así que, le gustará más o menos, pero poco parece FACUA tener que hacer en este caso desde el punto de vista jurídico.

¿Me pueden denunciar por hacer fotomontajes?

6:00 - Autor:

Es la última moda en Internet y redes sociales. Crear fotomontajes, composiciones fotográficas a modo de caricatura, con el máximo propósito de ridiculizar al caricaturizado.

¿Pero son legales los fotomontajes que circulan por la red? ¿Son legales los fotomontajes que recientemente se han hecho con la caída del Rey, el que durante la Eurocopa circuló con Del Bosque y Balotelli, y tantos otros?

Pues más que nunca en este caso, la respuesta es… depende. Depende de lo que la sociedad considere como aceptable. Y es que según dispone el artículo 8.2.c) de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, “el derecho a la propia imagen no impedirá (…) la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social”.

Lo anterior significa que la caricatura -y el fotomontaje como subgénero de ésta- serán jurídicamente aceptados siempre que se realicen de acuerdo con el uso social. Que es lo mismo que no decir nada, o casi nada. Y ello porque la caricatura de Del Bosque y Balotelli puede ser acorde, por ejemplo, al uso social de un país, pero contrario al uso social de otro, lo cual no resulta para nada extraño. No olvidemos sino el caso de las viñetas de Mahoma publicadas en su día por un diario danés. Ni siquiera en la propia Unión Europea fue posible obtener una respuesta unánime de sus estados miembros, discrepando éstos sobre la oportunidad de su publicación pero también sobre su legalidad misma.

Por ceñirnos al asunto en cuestión, la concreción de lo que es o no acorde al “uso social” lo determinan normalmente una serie de parámetros, resumidos de forma acertada por, entre otras, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de Diciembre de 1.976, que desarrolla el art. 10.2 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y que, en síntesis, establece que la libertad de expresión (i) es fundamento de la sociedad democrática; (ii) debe protegerse en cuanto contribuye al intercambio de ideas y opiniones; (iii) su límite se halla en la difamación.

La cuestión clave es pues el equilibrio entre la finalidad perseguida con la caricatura -informar u opinar sobre una cuestión que amerita su utilización- y los derechos a la imagen, la reputación o la vida privada de instituciones o personas.

Nuestro Tribunal Constitucional  ha venido a matizar en su Sentencia núm. 23/2010 de 27 abril, respecto de las composiciones fotográficas, que con la generalización de las nuevas tecnologías de tratamiento de la imagen, la caricatura se plasma cada vez con más frecuencia en la alteración de fotografías originales, aunque no pierde por ello su esencia de creación irónica basada en la reelaboración de la fisionomía del modelo que tiene por objeto y, por tanto, amparada por la libertad de expresión.

En efecto, según ha entendido reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, la caricatura constituye la vía más frecuente de expresar opinión mediante la burla y la ironía pero no ha de servir en ningún caso su uso como excusa para trasgredir los derechos al honor o la imagen de cualquier tercero.

Así las cosas, decidir si la imagen del rey saltando a la piscina olímpica o si nuestro seleccionador de fútbol en el cuerpo de Balotelli son caricaturas aceptables corresponde a nuestros jueces y tribunales que, valiéndose de su propio criterio y de su precepción social habrán de determinar si los mismos se ajustan o no a los usos sociales. Visto lo visto, todo apunta a que sí.

@AlexTourino

Sexting, ¿te desnudas en Internet?

2 agosto 2012 - 6:00 - Autor:

¿Has enviado alguna vez algún correo electrónico o mensaje de texto con una fotografía o video en los que aparezcas desnudo? Si la respuesta es sí, has practicado sexting.

Y es que sexting no es otra cosa que el anglicismo que, en combinación de los términos “sex” y “texting”, define la práctica consistente en el envío, especialmente a través de dispositivos móviles, de fotografías o vídeos con contenido sexual, captados normalmente por el protagonista de los mismos.

Y aunque en su origen el sexting se limitaba al envío de mensajes de texto, la democratización de la tecnología móvil ha hecho que el término englobe también otras fórmulas como la grabación y el envío de vídeos. No en vano, según el informe sobre sexting publicado por INTECO, el 8,1% de los adolescentes españoles de entre diez y dieciséis años declara haber recibido en su teléfono móvil fotografías o vídeos de chicos o chicas conocidos con contenido sexual explícito.

La realidad es que este tipo de prácticas son frecuentes entre jóvenes que desconocen el riesgo real de pérdida de control de cualquier información que sale del ámbito privado y que puede pasar a ser de dominio público por cuestiones tan banales como la sustracción del terminal móvil o por venganza de la expareja.

Desde el punto de vista jurídico, la amenaza que esta práctica supone a la privacidad es evidente. El usuario que envía un archivo de fotografía o de video a un tercero pierde el control sobre el mismo, hasta el punto de que la reparación del daño en caso de que ese archivo sea posteriormente difundido se hace en ocasiones imposible.

Por ese motivo, a nivel comunitario se está avanzando en la regulación de, entre otras, esta práctica, como ocurre ya en el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.

En lo que se refiere a la normativa interna española, la práctica del sexting, sin tener regulación específica, tendría cabida en los delitos contra la intimidad y la propia imagen, previstos en el Título X del Código Penal. Así, en el artículo 197 se regula la revelación de secretos, y se prevén expresamente penas para los que accedan a contenidos de otras personas sin su consentimiento.

En particular se prevé que serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses quienes, sin estar autorizados, se apoderen, utilicen o modifiquen, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos.

A mayores, según lo dispuesto por el artículo 189.1.b) del Código Penal, “será castigado (…) el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad”.

A efectos de prevenir el sexting es necesario introducir a los menores en la cultura de la privacidad, esto es, conseguir que los menores sean conscientes de los riesgos existentes al exponer públicamente datos personales. Para ello resulta fundamental que el menor conozca el nivel de seguridad y privacidad de los dispositivos que utiliza, pero lo fundamental es que no participe de esta práctica, ni creándola ni fomentándola.

En todo caso, si se ha llegado tarde y el daño está ya causado, el agraviado puede optar en tal caso por valerse de nuestro sistema de justicia y denunciar directamente los hechos ante la Policía o la Guardia Civil. Ambos cuerpos de seguridad disponen de brigadas específicas destinadas a la persecución de este tipo de infracciones y que llevan a cabo una labor de gran relevancia, permitiendo la identificación del sujeto infractor, lo más complicado en este tipo de delitos que tienen como base Internet. Así, tanto la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, como el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil prestan un servicio de auxilio de enorme importancia en los tiempos que corren, recibiendo denuncias de quienes sufren este tipo de ataques y realizando con excelentes resultados cuanto está a su alcance para identificar al autor de la infracción.

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

Páginas

Secciones

Sobre nosotros

Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube