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Los impostores de Twitter

26 noviembre 2012 - 6:00 - Autor:

Explotaba hace unas semanas el literato norteamericano Jonathan Franzen, autor de la sublime novela “Libertad”, frente a Twitter, calificándola de “herramienta sobrevalorada”. No contento con ello, se despachaba a gusto el escritor afirmando que “Twitter, además, no facilita el trabajo de eliminar a los impostores”.

No sé muy bien si Franzen pensaba en alguna conducta en particular cuando hablaba de impostores de Twitter, pero Twitter sí lo hace. En efecto, en su último informe de transparencia, correspondiente al primer semestre de 2012, la más mundial red de microblogging alertaba del preocupante incremento de denuncias de particulares por vulneración de derechos de propiedad intelectual. Es decir, por robo de tuits, como se conoce ya a esa preocupante tendencia de copiar tuits ajenos sin mencionar a su autor.

En particular, recoge el referido informe un total de 3.378 denuncias recibidas en los últimos seis meses auditados, con 5.874 cuentas afectadas y un resultado final de 5.275 tuits eliminados.

Muchos o pocos, lo cierto es que esos 5.275 tuits han pasado ya por la trituradora del copyright de Twitter por entender sus reclamantes (y Twitter) que vulneraban sus derechos de autor. Sea como fuere, la realidad es que el robo tuits puede tener nula o escasa importancia si nos encontramos en el ámbito más doméstico o privado, pero enorme repercusión si el supuesto robo se emplea con la finalidad de ganar seguidores o para promocionar sitios web con fines comerciales.

¿Pero tenemos todos claro cuándo un tuit vulnera los derechos de autor de un tercero? Para responder a esta cuestión y saber al tiempo si Twiter va a censurar o no alguno de nuestros tuits es necesario acudir a las condiciones de uso de la red. En ellos se establece que “Usted es el titular de los derechos que le amparan sobre cualquier Contenido que envíe, reproduzca o exponga en los Servicios o a través de los mismos”. Sin embargo, prosigue, “Mediante el envío, la reproducción o la exposición de Contenido en los Servicios o a través de los mismos, usted concede a Twitter una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita (así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro”.

Además esta licencia que el usuario concede implica que “todo el mundo pueda acceder a sus Tweets y que el resto de los usuarios puedan hacer lo mismo”. No obstante, recuerda, “lo que es suyo, es suyo – usted es el propietario de su Contenido (y sus fotos forman parte de ese Contenido)”. Es decir, que lo que es nuestro es nuestro, pero los demás podrán reutilizarlo siempre que guarden las formas, esto es, que citen a su autor. Osea, el retuiteo vale, pero la copia sin mención, no.

¿Y qué ocurre en el caso de que robemos un tuit? ¿qué sucede en caso de que tomemos un tuit de un tercero y lo reproduzcamos sin mencionar la fuente?

Pues, igualmente siguiendo lo que los términos y condiciones de Twitter descubrimos que Twitter se reserva el “derecho a eliminar el contenido que supuestamente infrinja derechos de propiedad intelectual sin preaviso, a nuestra total discreción y sin indemnización alguna a su favor. En el caso en que se den las circunstancias adecuadas, Twitter podrá también poner fin a la cuenta de un usuario si se determina que el usuario es reincidente”.

Así que ojo con lo que copiamos, porque la tarjeta amarilla es el borrado del tuit, pero también hay tarjeta roja, que nos saca del partido y nos deja sin cuenta ni seguidores. Pero lo más importante, los “impostores de Twitter” vulneran los derechos de terceros y, a fin de cuentas, tal y como afirma Twitter, “¡Usted es lo que Twittea!”

@AlexTourino

Cinco claves para entender la querella contra el bloguero que acabó con La Noria

22 noviembre 2012 - 6:00 - Autor:

La historia no es nueva. Recordarán que hace unos meses un bloguero, Pablo Herreros, hasta entonces desconocido para el gran público, iniciaba una campaña contra el programa de Telecinco “La Noria”, solicitando a los anunciantes que retiraran la publicidad de dicho programa por haber pagado éste un total de 10.000 Euros a la madre de “El Cuco”, uno de los implicados en el asesinato de Marta del Castillo, por la concesión de una entrevista.

Con su iniciativa, Pablo Herreros instaba a los espectadores a no consumir los productos de las marcas que siguieran promocionándose en La Noria. La reacción no se hizo esperar y poco a poco los anuncios comenzaron a desaparecer durante la emisión del espacio, hasta derivar en la cancelación del programa y en la sustitución de éste por otro de idéntico formato denominado “El gran debate”.

La respuesta de Telecinco a esta campaña ha venido en forma de acción judicial. Esta misma semana se ha conocido que el Juzgado de Instrucción nº 14 de Madrid había admitido a trámite una querella interpuesta por Mediaset España, titular de Telecinco, contra Pablo Herreros por la comisión de un supuesto delito de amenazas y coacciones. Éstas son las claves de la querella interpuesta por Telecinco:

1.- Los delitos que se imputan al bloguero son los de amenazas y coacciones. Según dispone el artículo 171 del Código Penal, el que amenace a otro con causarle un mal será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho.

Por su parte, el artículo 172 establece que el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados

Éstos son, en definitiva, las penas a las que se enfrentaría Pablo Herreros en el caso de que la querella prosperase.

2.- En el seno del procedimiento, el próximo día 4 de diciembre, Pablo Herreros habrá de comparecer ante el Juzgado de Instrucción en calidad de imputado. Esta comparecencia se enmarca dentro de la fase de instrucción, parte del procedimiento penal en la que se practican todas las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, sus autores y circunstancias.

Esta imputación no implica el reconocimiento de la comisión de ningún delito, sino que responde a la obligación del juez de instrucción de, ante la apariencia de la comisión de un delito, debe realizar todos los actos de averiguación necesarios tendentes a determinar las circunstancias que se han producido.

3.- En opinión de Telecinco, según afirman en la comunicación emitida ayer, “una cosa es criticar, convencer o disuadir, y otra muy distinta amenazar, que no es, ni más ni menos, que imponer a otro un comportamiento contrario a su voluntad; cuestión que está completamente al margen de la convivencia democrática. Cuando el Sr. Herreros decidió mandar una carta a nuestros anunciantes diciendo textualmente: “si no se adhirieran a nuestra propuesta (retirar a publicidad de “La Noria”) seguiríamos exigiéndoselo en adelante y promoveríamos un boicot de sus productos” ni está criticando, ni convenciendo. Está amenazando. Esta actitud de Pablo Herreros es completamente antijurídica, y por ello, en ejercicio de otro derecho fundamental, como es el de defensa, Mediaset España se ha limitado a poner los hechos en conocimiento del Juez. Será él, y no nosotros ni nadie en su lugar, quien decida si Herreros ha actuado dentro o al margen del ordenamiento jurídico. Y, por supuesto, acataremos su decisión.”

4.- En opinión de Pablo Herreros, por su parte, “ese movimiento que inicié y miles de personas apoyasteis, provocó que por primera vez en España un programa se emitiese sin publicidad, gracias a una reacción muy responsable de las marcas a las que pedimos que dejasen de respaldar conductas intolerables, como era el pago a criminales y delincuentes por hablar de sus delitos”.

5.- Las muestras de apoyo a favor de Pablo Herreros no se han hecho esperar. Destaca, por encima de todas, la promovida en la plataforma change.org, “Pide a los anunciantes de Telecinco que retiren su publi #lavozdePablo #lavozdirectos1”, que a fecha de escribir este post ha superado ya las 75.000 firmas.

Según exponen en el propio sitio web “Pablo Herreros se mojó para evitar el pago a criminales y sus familiares en la televisión. Ahora Telecinco sorprendentemente quiere hacérselo pagar. (…) Por eso quiero pedirte que firmes esta petición y pidas a las principales marcas que se anuncian en la cadena -L’Oreal, P&G, Ferrero, Trivago, García Carrión, Carrefour etc -que hagan ver a Telecinco lo terriblemente injusto de esta acción y que retiren su publicidad hasta que Telecinco retire la querella contra Pablo”.

En mi opinión, y pese que la solución es difícil de aventurar por cuanto que cualquier cosa puede suceder ante un tribunal de justicia, se antoja realmente complicado que una querella por amenazas y coacciones pueda prosperar frente a quien, en el ejercicio de su libertad de expresión, hace un llamamiento a los anunciantes de una cadena de televisión para que dejen de respaldar lo que, desde su punto de vista, no es ético. Habrá que aguardar lo que dicten los tribunales.

@AlexTourino

¿Pueden los medios publicar fotografías de las víctimas del Madrid Arena?

12 noviembre 2012 - 6:00 - Autor:

Mucho queda todavía por esclarecer acerca de la fatal tragedia que el pasado 31 de octubre tuvo lugar en el pabellón deportivo Madrid Arena. Por todos es conocido, cuatro jóvenes han fallecido ya y una quinta se encuentra en estado muy grave. Las fallecidas, chicas de edades comprendidas entre los 17 y los 20 años, fueron, al parecer, víctimas de una avalancha humana cuyos motivos exactos todavía se desconocen.

Pero más allá de la tragedia, terrible de por sí, llama la atención la circunstancia de que muchos medios de comunicación se hayan hecho eco de información privada de las víctimas, publicando fotografías previamente publicadas por éstas o por su entorno cercano en las redes sociales. ¿Es esto legal?

Desde el punto de vista jurídico, y aunque con matices, la licitud o ilicitud de la publicación de información privada de un sujeto viene determinada normalmente por el otorgamiento del consentimiento del afectado. En las redes sociales, la figura del consentimiento tiene ciertas peculiaridades por cuanto que, en el momento de registro y configuración de la privacidad de la cuenta, el usuario determina quién podrá acceder al contenido que publica. Es decir, es en ese momento cuando manifiesta el usuario su consentimiento al acceso a su información.

En el caso concreto del Madrid Arena, y si pensamos en las dos redes sociales más utilizadas en España, Facebook y Tuenti, éstas exponen de manera clara en sus términos y condiciones qué ocurre con la información y fotografías que publicamos en nuestros perfiles.

En el caso de Facebook, la empresa de Sillicon Valley, establece que “eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook, y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y de las aplicaciones. Sin embargo, advierten sus términos legales, “recuerda que las personas con las que compartes contenido pueden compartir tu información con otros”.

Por su parte, Tuenti, que ha hecho de la privacidad su bandera, establece en su aviso legal que “pone a tu disposición distintas opciones de privacidad que podrás configurar para garantizar la seguridad de tus datos. De esta manera, serás tú quien, bajo tu exclusiva responsabilidad decidas, por tu cuenta y riesgo, quién tiene acceso a tu información personal”.

Pues bien, si bajo nuestra exclusiva responsabilidad decidimos que determinados terceros tengan acceso a cierta información privada nuestra, nos exponemos a que esa información sea posteriormente utilizada por esos terceros. Y si bien es cierto que la revocación del consentimiento es posible, para el momento en que algo no vaya bien y queramos revocarlo quizás ya sea tarde y la viralidad de internet haya hecho que nuestra información haya sido accedida y compartida por terceros.

En definitiva, al margen de que la publicación de las fotografías de las víctimas sea noticiable o no, de mejor o peor gusto, lo cierto es que sus imágenes fueron libremente compartidas en las redes sociales y la legalidad de su reutilización viene determinada por las propias opciones de privacidad elegidas por quienes compartieron dicho contenido.

¿Adiós a las páginas de enlaces?

10 noviembre 2012 - 6:00 - Autor:

En el día de ayer, coincidiendo con día festivo en Madrid, el partido Piratas de Cataluña filtraba en su sitio web un proyecto de Real Decreto-Ley por el que se prevé por parte del Gobierno la adopción de medidas urgentes en materia de propiedad intelectual.

El contenido del borrador filtrado se enfoca en tres líneas principales: (i) la reforma del sistema de compensación equitativa por copia privada, más conocido como canon digital; (ii) el establecimiento de mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; y, la que aquí más importa, (iii) el impulso de medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.

Y es en este último punto donde la polémica no ha hecho sino empezar. A la vista de la inutilidad de la Ley Sinde para poner freno a la continuidad y surgimiento de las conocidas como webs de enlaces, se propone ahora lo siguiente. Se acuerda en el borrador de norma la introducción de un nuevo precepto en la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 158 bis, en virtud de la cual se obligaría a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que ofrezcan o pongan a disposición de terceros contenidos protegidos por derechos de autor a ofrecer información veraz y permanente acerca de los acuerdos alcanzados con los terceros titulares de derechos para poder incluir esos enlaces. Es decir, se obliga a las páginas de enlaces a publicar qué acuerdo con el titular de los derechos les legitima para incluir enlaces a las obras protegidas.

El incumplimiento de lo anterior implicaría la imposición de sanciones económicas de entre 30.000 Euros y 150.000 Euros en función de la calificación de la conducta como infracción leve o grave. Además, las sanciones podrán llevar aparejado el cierre del sitio web por periodo de hasta un año. Si el prestador del servicio estuviese fuera de la UE, en tal caso, el órgano competente podría solicitar del operador de telecomunicaciones de turno la interrupción de acceso desde el territorio español.

Pero que lo anterior no lleve a equívocos. El legislador pone su ojo en las páginas de enlaces, no en buscadores como Google. En efecto, la propia exposición de motivos del texto filtrado dispone que “lo anterior no afecta a prestadores que desarrollen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o cuya actividad no consista principalmente en la elaboración activa de listados a contenidos protegidos o que enlacen ocasionalmente a contenidos protegidos de terceros”.

En definitiva, la Ley Sinde no ha funcionado. Otra fórmula ha surgido ¿Será éste el adiós definitivo a las páginas de enlaces?

@AlexTourino

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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