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No, no eres especial para Linkedin :(

15 febrero 2013 - 6:00 - Autor:

¿Has recibido un mensaje de Linkedin felicitándote por ser uno de los perfiles más vistos en 2012?

Pues lamentablemente no eres tan especial como ese mensaje te ha podido hacer pensar. No en vano, ese mismo correo ha sido recibido según informaba el medio norteamericano Los Ángeles Times, por más de diez millones de usuarios de la red social profesional más populosa, que cuenta en la actualidad con cerca de 200 millones de usuarios.

Pero claro, sea o no esto verdad, el efecto ya está conseguido. Las redes han quedado inundadas con comentarios de usuarios felices de pertenecer a la élite de los perfiles profesionales más espiados. Y es que Linkedin ha atacado en lo que más duele, la vanidad.

Pero, ¿es esto legal? Veamos, desde el punto de vista del derecho español, las acciones llevadas a cabo por Linkedin tendrían la consideración de comunicaciones comerciales por vía electrónica, las cuales se regirían, según lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), además de por la propia LSSI, por la normativa vigente en materia de publicidad.

Y esa normativa vigente no es otra que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la cual dispone en su artículo 3.e) que es ilícita y, por ende, susceptible de ser sancionada, la publicidad engañosa.

Así las cosas, en la medida que nos hayan dicho que somos parte del 1% cuando en realidad ese mensaje ha podido haber sido enviado de manera masiva, tal acción tendría la consideración de publicidad engañosa. Pero claro, el efecto está ya conseguido. Todos hablan de Linkedin.

@AlexTouriño

El mercadillo digital de Amazon

11 febrero 2013 - 6:00 - Autor:

Imaginen por un momento un “ebay.es” o un “segundamano.es” de objetos digitales: e-books, canciones, películas, series, videojuegos, etc. en libre venta de unos usuarios a otros. ¿Extraño? No tanto. Según hemos podido saber esta última semana, Amazon, el gigante norteamericano del comercio electrónico, ha obtenido la patente en EEUU para la puesta en marcha y explotación de un mercado digital de segunda mano. Dicho así, y teniendo en cuenta la particularidad de lo digital, que se multiplica sin esfuerzo y sin perder calidad, el registro de la patente suena extraño.

Extraño o quizás no tanto. Amazon reivindica en su patente la creación de un mercado digital o marketplace en el que los usuarios puedan revender libros digitales, canciones, películas, videojuegos, aplicaciones y, en general, cualquier intangible susceptible de transmisión entre terceros. Osea, que el usuario adquiere un contenido, se cansa de él y lo revende.

Sobre la base de la patente obtenida por Amazon, en el momento en que una persona pone a la venta un libro, una canción, o cualquier otro objeto digital que ya no quiere, al encontrar comprador, dicho objeto digital se borraría de forma automática del dispositivo del vendedor descargándose inmediatamente en el del comprador, quedando éste con la licencia para poder hacer uso de su compra.

Desde el punto de vista del usuario, el modelo suena atractivo. ¿Por qué pagar 3,99 Euros por una película en HD si alguien nos la vende por, por ejemplo, 0,99 euros? ¿por qué pagar 0,99 Euros por una canción en iTunes si la tenemos por apenas 50 céntimos en otro portal? Y así hasta en infinito.

Pero desde un punto de vista jurídico el modelo es bastante más complejo. El tema de la reventa de intangibles tiene ya una larga tradición en Europa, solventada, al menos en lo que a programas de ordenador se refiere, con una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el caso UsedSoft contra Oracle de 2012.

La conclusión que alcanzó el Tribunal en ese caso fue que el autor de un software no puede oponerse a la reventa de licencias de segunda mano que permiten el uso de sus programas descargados de internet, considerando el Tribunal que el derecho exclusivo de distribución de una copia de un programa de ordenador cubierta por una licencia de ese tipo se agota en su primera venta.

La cuestión se planteó también en el mercado de la música digital. Así, en 2011 se produjo una amarga disputa entre EMI y la empresa ReDigiSin, plataforma que permite la reventa de archivos en formato mp3. En criterio de EMI el principio legal que permite a los consumidores comprar y después revender bienes materiales, denominado en inglés “first Sale doctrine”, no aplica a los contenidos digitales, en este caso la música.

La postura de ReDigiSin es totalmente opuesta. En el modelo propuesto por ReDigiSin el usuario descarga un software para determinar cuáles de sus archivos musicales pueden ser revendidos. La empresa realiza un análisis forense digital para verificar que la persona posee legalmente el archivo (y no que lo haya grabado de un CD o descargado ilegalmente). Su motor de verificación examina los datos asociados con el archivo para determinar cuál es la fuente original, quién lo compró y cuándo, y si ha pasado de un ordenador a otro. Si todo está correcto, la venta puede operar.

El malestar es obvio para los distribuidores de contenidos, que ven en estos modelos canibalizados sus circuitos tradicionales de distribución. Y es que el bien digital, que por su propia naturaleza no se deteriora, puede ser adquirido por un precio mucho más bajo por medio de la venta minorista entre usuarios, con la consiguiente pérdida de valor para el titular del contenido.

¿Legal? Pues en la medida en que el intangible sea adquirido de manera legal por el primer adquirente y no se realicen copias del mismo, parece que sí. Lo digital avanza, no cabe duda.

@AlexTourino

Verdades y mentiras sobre el nuevo canon digital

5 febrero 2013 - 6:00 - Autor:

El pasado mes de diciembre, tras el revuelo suscitado por el dictado de la conocida como Sentencia Padawan, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, la norma que regula el establecimiento del “nuevo” canon digital. Falso, pues, que el canon digital haya dejado de existir. Verdadero que el viejo canon ha dejado paso a un nuevo canon digital.

Pero viejo y nuevo canon comparten espíritu. La existencia del canon está dirigida a compensar a los titulares derechos de propiedad intelectual por los ingresos que éstos dejan de percibir por razón de las reproducciones realizadas para uso privado. Es decir, que como el usuario tiene derecho a realizar una copia privada de una obra protegida por derechos de autor a la que haya accedido de manera legítima, el autor debe ser compensado económicamente por dicha pérdida. Falso pues que el canon legitime la piratería. Verdadero que éste sirve para que el autor que vea su obra copiada para fines privados, reciba una compensación por la pérdida de ingresos sufrida.

Pero la aprobación de la regulación antes expuesta ha supuesto un cambio radical en el modelo español de recaudación del canon. Fue la normativa precedente la encargada de definir los equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción sujetos al pago de la compensación, así como el importe de la compensación que debería ser satisfecho. Por el contrario, la nueva regulación acuerda que no sean los adquirentes de dispositivos gravados quienes asuman el pago del canon, sino que sean todos los españoles quienes hagan frente a éstos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Pues bien, si antes se entendía indiscriminado el canon porque era asumido por personas jurídicas, las cuales no se hallaban legitimadas para la realización de copias privadas y por tanto para el pago del mismo, la situación ha sido modificada ahora con la asignación del canon a los Presupuestos Generales del Estado, de manera que no solamente pagarán el canon quienes compren equipos y soportes gravados, sino que lo pagarán todos los ciudadanos españoles con sus impuestos.

Esta medida, bastante impopular –todo sea dicho-, ha traido también cola entre las propias entidades de gestión. De hecho, la propia SGAE ha bramado recientemente por la cantidad recibida, afirmando que antes recaudaban 115 millones de euros y ahora apenas reciben cinco con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El cambio operado en la forma de recaudar este gravamen trae causa de la Directiva 2001/29/CE, que permite a los Estados de la Unión Europea el establecimiento de una compensación equitativa por copia privada. Lo que ocurre es que la normativa europea no regula explícitamente la forma, las modalidades de financiación y de percepción o la cuantía de dicha compensación, más allá de exigir que resulte adecuada al uso hecho de las obras protegidas y de indicar que un criterio útil para evaluar las circunstancias de cada caso concreto sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos, no pudiendo dar origen a una obligación de pago determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo.

Así, el legislador español, después de varias idas y venidas, ha considerado oportuno que los ciudadanos puedan beneficiarse del límite de copia privada como contraprestación a una parte de los impuestos que satisfacen y de los que se nutren los ingresos públicos.

No han faltado voces que defienden y critican la nueva regulación a partes iguales. De un lado, los que entienden que el canon, al igual que las carreteras, todos las pagamos con nuestros impuestos, las utilicemos o no. De otro, los que entienden que si indiscriminado era un canon que pagaban quienes adquirían dispositivos, los utilizasen o no para realizar copias privadas de obras protegidas, más indiscriminado será el que pagamos entre todos, compremos o no dispositivos o soportes susceptibles de realizar copias. Canon digital, verdades y mentiras.

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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