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Vodafone cambia unilateralmente sus tarifas ¿puedo darme de baja a pesar de mi compromiso de permanencia?

15 Abril 2013 - 6:00 - Autor:

Según ha sido publicado en fecha reciente, Vodafone cobrará a partir de junio de este año a aquellos usuarios de sus tarifas Base y Base2 que superen el límite de descarga en datos móviles, en lugar de reducir la velocidad en la navegación, como ocurría hasta esa fecha. En efecto, tal y como ha anunciado la propia compañía, ésta facturará dos euros adicionales por cada cien megas de datos que excedan el total contratado por el usuario.

Esta opción contraría la práctica que, hasta ahora, venían adoptando casi todos los operadores de telefonía, incluida la propia Vodafone, consistente en reducir la velocidad de Internet en el móvil a medida que el final del volumen de datos contratados se acercaba.

En efecto, los otros dos gigantes de la telefonía de este país, Movistar y Orange, especifican a sus clientes que excedan de un giga de descarga mensual que notarán la bajada de la velocidad ese mes, pero que en ningún caso pagarán más.

Y es que, hasta ahora, cuando un usuario que tenía contratado un volumen de descarga determinado superaba dicho límite, la velocidad de su conexión a Internet se reducía significativamente, pero a partir de junio, los que tengan contratadas las tarifas Base o Base2 con Vodafone tendrán que pagar dos euros adicionales por cada cien megas descargados en exceso.

Y dice la propia compañía a este respecto que “no te tienes que preocupar de nada, porque siempre te avisamos cuando hayas consumido el 90% y el 100% de tus megas”.

Pero ¿Es esto legal? ¿Y si el usuario quiere darse de baja? ¿Puede hacerlo sin penalización?

Pues, como advierte la asociación de consumidores FACUA “esta imposición a los usuarios implica la vulneración por parte Vodafone de las condiciones establecidas en sus contratos de permanencia. Algo que les permitirá darse de baja sin tener que abonar penalización alguna”.

La propia asociación señala que los contratos de permanencia no sólo comprometen a los usuarios, que deben mantener una tarifa contratada durante un número de meses, sino también a las compañías. Así, las tarifas no pueden verse alteradas en perjuicio de los clientes durante el tiempo que dure el compromiso de mantenimiento del contrato.

En definitiva, aquellos usuarios que tuviesen contratada la tarifa Base o Base2 con fecha anterior al anuncio por parte de Vodafone de su cambio de tarifas deberían poder resolver el contrato sin ser penalizados por ello. Cuestión distinta será si Vodafone acepta pacíficamente este entendimiento o, si por el contrario y como todo apunta, intentará penalizar a aquellos usuarios que rompan su compromiso de permanencia de manera anticipada. Veremos.

Jaque al rey (vía email)

5 Abril 2013 - 6:00 - Autor:

No me digan que no resulta paradójico, casi caprichoso, que el destino haya querido unir de manera tan accidental dos instituciones que representan signos temporales tan antagónicos como monarquía y correo electrónico. Me refiero, naturalmente, a la relevancia probatoria que ciertos correos electrónicos han adquirido en la imputación de la infanta doña Cristina en el conocido como “caso Nóos”.

Me llama de ello la atención que por parte de público y prensa se haya dado por bueno, sin más miramientos, el valor probatorio de un correo electrónico.

¿Acaso un correo electrónico no se puede modificar? ¿o es que no han recibido nunca ustedes un email cuyo remitente real no se correspondía con la cuenta de origen? En definitiva, ¿tiene valor probatorio real un correo electrónico?

Para dar respuesta a dicha cuestión ha de tomarse, como punto de partida, el conocido como principio de libertad probatoria, consagrado legalmente en el artículo 299-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este principio viene a atestiguar la validez de probar un hecho relevante en un proceso judicial por cualquier medio admitido en Derecho.

Pero, obviamente, que las normas procesales permitan la acreditación de hechos por cualquier medio no implica que cualquier medio sea per se válido o que constituya prueba plena en un procedimiento judicial. Me explico. Desde el punto de vista procesal existen, en líneas generales, dos grandes tipos de pruebas documentales que las partes pueden aportar a un pleito a efectos de acreditar un hecho. De un lado, están los documentos públicos, aquéllos que, por ejemplo, provengan de un fedatario público, tales como una escritura notarial. Simplificando, podríamos decir que tales documentos son prueba plena en un procedimiento en tanto que alguien con potestad para ello da fe de la autenticidad de su contenido.

Junto a los documentos públicos, se encuentran los privados. La principal diferencia de éstos con los anteriores radica en que éstos pueden ser impugnados por la contraparte, de manera que si la parte que se pueda ver perjudicada por su contenido no los impugna, dichos documentos harán prueba plena en proceso. Por el contrario, si dichos documentos privados son impugnados en cuanto a su autenticidad, deberá entonces practicarse la prueba que resulte pertinente a efectos de acreditar su autenticidad y, en función del resultado, el juez será libre de valorar conforme a las reglas de la sana crítica la prueba en cuestión.

Como ya pueden haber intuido, el de los correos electrónicos es un ejemplo claro de documento privado. Siendo esto así, las partes afectadas en el caso Nóos podrían (y pueden) impugnar su autenticidad si, por ejemplo, aquéllos fuesen falsos o hubiesen sido modificados posteriormente a su envío. De hecho (y no digo que sea el caso), resulta bien fácil tomar un correo electrónico de nuestra bandeja de entrada, modificarlo y posteriormente imprimirlo. Siendo esto así, ¿cómo sabe entonces un juez si el contenido de un correo es auténtico o no?

Pues aquí viene lo divertido. La tecnología da, a mi entender, un punto de divertimento, una vuelta de tuerca a los mecanismos tradicionales del Derecho. Y así, para que un correo electrónico haga prueba plena en un procedimiento, su aportación en juicio ha de realizarse respetando lo que se conoce como cadena de custodia. Es decir que la parte que aporta el correo electrónico no se limita a imprimir el correo en cuestión sin más, sino que genera una evidencia electrónica que acredita de manera indubitada (acreditando la integridad, la autenticidad y la licitud en la obtención de la prueba) desde el punto de vista técnico que el contenido del correo es el que salió en un determinado momento de una cuenta de correo y fue recibido posteriormente por un tercero en su bandeja de entrada. Se construye así una prueba a caballo entre la documental y la pericial que dota a un elemento débil en concepto, de fuerza probatoria plena.

Dicho esto, ojo con lo que escriben y a quien se lo escriben, que a poco que uno se descuide lo imputan en un procedimiento penal, sea de la familia que sea.

@AlexTourino

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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