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Derecho y Redes Sociales

18 febrero 2014 - 6:00 - Autor:

Escribo esta entrada para anunciar que, en colaboración con la Universidad Europea de Madrid y la plataforma de formación MIriadax, hemos lanzando el curso online gratuito “Derecho y Redes Sociales”. El MOOC aborda los principales aspectos jurídicos de las redes sociales, tales como los derechos de propiedad intelectual, los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, el derecho de la publicidad o la gestión de la reputación online. Además el curso cuenta con entrevistas a profesionales del sector, que narran su experiencia profesional en estos entornos.

El curso pretende, básicamente, alcanzar los siguientes objetivos:

- Realizar una aproximación general al concepto, la historia y los tipos de redes sociales que existen.

- Aproximación jurídica al concepto de red social y las complejidades que la normativa actual plantea ante los retos de los usuarios en las redes sociales.

- Familiarizar al usuario acerca del concepto de privacidad y como manejar la misma en las principales redes sociales.

- Familiarizar al usuario con el concepto de propiedad intelectual, así como con los márgenes y límites a su ejercicio.

- Realizar una aproximación a los sistemas publicitarios y régimen publicitario de las redes sociales.

- Realizar una aproximación al concepto de reputación y los modos concretos de su gestión.

Podéis inscribiros aquí. Ya somos más de 5.000 inscritos. Que lo disfrutéis!

El Derecho al Olvido y a la Intimidad en Internet

3 febrero 2014 - 6:00 - Autor:

Rompo un involuntario silencio de unas semanas en el blog (propiciado, entre otras cosas, por el proyecto que ahora ve la luz) para anunciar que se acaba de publicar mi primera obra en solitario “El Derecho al Olvido y a la Intimidad en Internet”, que pretende, al igual que este blog, exponer con un lenguaje sencillo y de forma llana, los principales retos jurídicos que día a día nos plantea Internet. Cuestiones como el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, la reputación online, el derecho al olvido, delitos en Internet, etc. son los auténticos protagonistas de esta obra breve (144 páginas) dirigida a todo aquél que quiera conocer y profundizar en estos temas.

Quisiera brindar especial agradecimiento a la Editorial Catarata, por confiar en mí para el proyecto, a Fernanda Febres, por su enorme paciencia en la labor de edición y corrección del libro y a Mario Tascón, padre de la iniciativa y prologuista de lujo de la obra.

A continuación, reproduzco el texto de la contraportada del libro:

□ He leído y acepto las condiciones de uso. Marco rápidamente la casilla para poder disfrutar de los servicios gratuitos que ofrece determinada aplicación, web o plataforma on line: escribir correos, subir fotos, saber más de mis “amigos”, compartir los lugares a los que viajo y la música que escucho, que la gente sepa todo lo que “me gusta”… ¡Y aparezco en Google! Mi perfil deja claro quién soy: sexo, fecha de nacimiento, ubicación, formación, gustos musicales, mi situación sentimental y hasta mi ideología política. Todos ponemos nuestra información a disposición de multinacionales como Facebook o Google, que la convierten en su producto: cuanto más digamos de nosotros, más fácil será venderlo. Además, esta información será visible casi por cualquiera, por lo que será fácil que perdamos el control sobre nuestra privacidad y nuestra reputación. A veces ni siquiera hemos elegido la información que se muestra de nosotros en la Red, quizá hasta sea mentira, pero ahí está, no la podemos borrar con un simple clic y en algunos casos se convierte en una pesadilla. ¿Qué podemos hacer para defender nuestros derechos? Alejandro Touriño, abogado experto en Derecho en Internet, nos recuerda que la Red no se rige por la ley de la selva, sino que leyes como las que regulan el derecho al olvido, a la intimidad y el honor deben aplicarse al entorno virtual. Por ahora, lo principal es que los usuarios tomemos conciencia de nuestra actividad on line. Este libro permite conocer en profundidad a qué nos enfrentamos en Internet, y nos ofrece consejos prácticos para evitar correr riesgos innecesarios y para saber qué hacer ante casos frecuentes.

Y a continuación, el capítulo 5 íntegro de la obra

@AlexTourino

¿Querrías saber cuándo un pederasta se muda a tu barrio?

9 diciembre 2013 - 7:00 - Autor:

Uno no se da cuenta de lo distintas que son dos culturas hasta que ve cosas como las que a continuación me dispongo a narrar. Hemos discutido mucho en los últimos tiempos acerca de cómo las plataformas web que tiene su origen en Estados Unidos (tales como Facebook, Twitter, Pinterest, etc.) desprecian la privacidad de los usuarios, en contraposición a las plataformas europeas, que, con mayor o menor glamour, hacen de la protección de la privacidad uno de sus principales baluartes.

Pues bien, en mi último viaje de trabajo a Estados Unidos, surgió en una de las conversaciones un tema vinculado precisamente a la privacidad, pero con una connotación algo distinta. Había leído y escuchado en el pasado que ciertos delitos en Estados Unidos, principalmente los vinculados a las agresiones sexuales y la pederastia, acompañaban al individuo, incluso una vez cumplida su condena.

Me explico. Según había podido saber, un ciudadano que es condenado por un delito de esta naturaleza en Estados Unidos cumple su condena en prisión (hasta aquí nada nuevo) y, una vez liberado, cumple su condena frente a la sociedad. Trato de seguir explicándome. El individuo que, cumplida su condena, recupera su libertad se ve obligado a soportar una suerte de ficha delictiva pública que permite a cualquier vecino conocer a través de un simple acceso a Internet el historial delictivo del sujeto en cuestión.

Así, por ejemplo, en el estado de Florida, uno puede acceder al sitio web http://offender.fdle.state.fl.us y localizar en el mapa los ex-agresores sexuales o ex-pederastas que viven en su vecindario. Lo que es más, uno puede facilitar su email al Estado y ser avisado por éste cuando un nuevo ex-convicto se muda a su barrio.

Y con todo esto, que no es nuevo, se me viene a la cabeza lo siguiente, que sí lo es. Hace bien poco se abría un debate en España, precisamente, con la reinterpretación de la doctrina Parot, que ha permitido la liberación de, entre otros, sujetos condenados por agresiones sexuales. En particular, resultó arduo el debate acerca de la capacidad de los medios de reproducir en su portada, como en su momento lo hizo el diario La Razón con la fotografía de Miguel Ricart (condenado por el asesinato de las niñas de Alcasser). No es temerario afirmar en este sentido que el Derecho Constitucional español no ampara en la libertad de expresión la difusión de la imagen de una persona cuando, como en este caso, la utilización de la imagen para la finalidad informativa no está plenamente justificada.

Así, la diferencia cultural entre dos países occidentales, que comparten muchos de sus valores, es bestial en este particular. A un lado del Atlántico, la duda acerca de si la publicación de la fotografía de una persona vulnera su derecho a la intimidad o a la propia imagen. Al otro, cualquier sujeto tiene derecho a saber el historial policial de su vecino, incluso a ser informado mediante correo electrónico de que un malhechor (que ya ha cumplido su condena) se muda al barrio.

Con precedentes tangibles como éste, difícil solución global podemos plantear a temas como la privacidad para entornos y plataformas globales de Internet, como Facebook o Twitter, porque lo mejor de todo es que aquéllas responden a las necesidades y culturas de sus ciudadanos. Y al final, la conclusión parece clara. Unos no son mejores que otros, sino que son muy diferentes, porque sus pasados y sus culturas también lo son.

¿Qué son las “cookies” y por qué ahora siempre te preguntan por ellas?

30 septiembre 2013 - 6:00 - Autor:

No hace falta ser demasiado perspicaz para haberse dado cuenta que en los últimos tiempos todos o prácticamente todos los sitios web que visitamos nos alertan del uso de cookies.

Pero ¿qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos enviados por un sitio web y almacenados en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.

Las cookies cumplen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad información, las cuales, por su propia naturaleza, presentan importantes implicaciones en relación con la privacidad de los usuarios. Las cookies permiten llevar el control de usuarios pero también conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario.

¿Por qué te preguntan ahora por ellas?

Tal y como decíamos, raro es el sitio web que, al acceder, no nos informa actualmente del uso de cookies. ¿por qué?

Pues la presencia de los avisos de uso de cookies en España se deba básicamente a dos motivos. De un lado, la publicación el pasado 29 de abril de la ‘Guía sobre el Uso de las Cookies’, la primera guía legal en la materia elaborada por una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de la UE, conjuntamente con los representantes de la industria. Dicha guía ofrece, a modo de recomendación o mejores prácticas, orientaciones sobre cómo cumplir con las obligaciones previstas en la legislación vigente en materia de cookies, recogida principalmente en el artículo 22-2 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI).

Atendiendo a lo dispuesto en el referido artículo 22-2 LSSI, las páginas web se encuentran facultadas para utilizar cookies y tecnologías similares a condición de que los destinatarios de las mismas hayan dado su consentimiento, después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización.

Así, los prestadores de servicios de la sociedad de la información que instalen o permitan la instalación de cookies (a salvo de las excluidas), han de informar al usuario de su instalación y han de obtener su consentimiento a tal efecto. Pues bien, con esos avisos que ahora visualizamos, al usuario se le informa de la utilización de cookies, obteniéndose su consentimiento –tácito- al seguir navegando en el sitio web.

El otro gran motivo (y casi diría que principal) para la aparición masiva de este tipo de mensajes se debe a que recientemente se ha tenido conocimiento del inicio del primer procedimiento sancionador a cargo de la Agencia Española de Protección de Datos por la utilización de cookies sin dar cumplimiento a la obligación legal de información y consentimiento.

Pese a que se trata del inicio de un procedimiento y no una sanción en sí misma, lo cierto es que esta medida ha servido como acicate para que el resto de operadores se hayan puesto las pilas y lancen sus mensajes de uso de cookies.

Y me pregunto yo, ¿realmente alguien ha leído la política de cookies de alguno de los sitios web que visita? ¿garantizan por lo tanto dichos textos legales la privacidad de los usuarios? Posiblemente no, pero quizás ésa ya sea harina de otro costal…

@alextourino

Todos quieren ser Candy Crush

2 septiembre 2013 - 6:00 - Autor:

Reconócelo, has invertido (“perdido”, si no queremos ser tan eufemísticos) parte de tus vacaciones jugando a Candy Crush Saga, ese adictivo juego devorador de gelatina que ha cautivado a medio planeta.

Y en tanto que las vidas en el juego no se recuperan, los jugadores más avezados han descubierto ya otros dos juegos del mismo desarrollador, la entidad nortemaericana King.com Limited, muy similares al anterior, Pet Rescue y Farm Heroes. Pero estos juegos no han sido descubiertos únicamente por los jugadores más hambrientos de gelatina. El competidor de King, la empresa 6waves ha desarrollado otros dos títulos, Treasure Epic y Farm Epic, copia servil de los juegos de King, a juicio de ésta.

Tan es así, que hemos conocido estos últimos días del verano que la empresa productora de Candy Crush ha demandado a 6waves por vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre sus títulos.

¿Tiene razón King demandando a su competidora por explotar juegos similares? En opinión de King, 6waves ha ido más allá de la mera inspiración en las ideas de King, quien se vanagloria de dar la bienvenida a la libre competencia, pero no a quienes con sus plagios ponen en peligro la industria de los videojuegos.

La reacción de 6waves no se ha hecho esperar. Además de negar cualquier tipo de plagio sobre las obras de King, va un paso más allá afirmando que los juegos de puzles con temáticas como granjas o joyas fueron creados ya en el pasado y que ese tipo de temáticas no pueden ser en ningún caso protegidas por la propiedad intelectual

¿Quién tiene razón? ¿Tiene 6waves razón jurídica para poder explotar sus juegos sin consentimiento de King? ¿O es acaso King quien se halla en posesión de la verdad cuando pretende impedir la actividad de su competidora?

Pues lo cierto es que, en un plano teórico, ambos tienen razón. Tiene razón King cuando afirma que la copia servil de un videojuego constituye un plagio, no amparado por la legislación vigente. Igualmente tiene razón 6waves cuando afirma que un puzle con una temática específica no puede ser objeto de protección por la vía de la propiedad intelectual, en cuanto que forma parte del acervo cultural común.

¿Cuál es pues la solución? ¿Declarará el juzgado “juego revuelto”? Lo cierto es que es algo más complejo que todo eso. El juzgado no tendrá más remedio que, asistido de los peritos oportunos, determinar si el parecido entre los juegos de uno y otro se debe a la mera inspiración, o si, por el contrario, 6waves ha copiado el trabajo de su competidor. Legítimo lo primero, infractor lo segundo.

Y en tanto que el juzgado no se pronuncia, juzguen Uds. mismos. ¿copia o mero parecido razonable?

 

 

Imágenes: Gamasutra

Dejen jugar a los niños…

9 julio 2013 - 18:52 - Autor:

Eso debe estar pensando el TJUE cuando, desde la distancia, observa cómo los tribunales nacionales discuten con mayor o menor acierto acerca de la naturaleza jurídica de los enlaces en Internet.

Y es que, en una nueva resolución que aporta más oscuridad que luz al ordenamiento jurídico, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia acuerda imponer pena privativa de libertad al titular de los sitios web divxonline.info, estrenosonline.es y seriosonline.es por facilitar el visionado de obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento de sus titulares.

Esta resolución, que toma como referente otras anteriores para alcanzar su Fallo, no viene sino a reflejar la falta de criterio uniforme de nuestros Juzgados y Tribunales respecto a la circunstancia de determinar si el que enlaza en Internet realiza un acto de comunicación pública y, por tanto, vulnera la propiedad intelectual de terceros cuando lo hace sin su consentimiento.

Pero aunque nos pierda la tendencia a pensar que somos únicos e irrepetibles, lo cierto es que nuestros vecinos europeos se encuentran en idéntica situación. No en vano, el pasado octubre, la Corte de Apelación de Suecia elevó al TJUE cuestión prejudicial a fin de determinar si la actividad de enlazar a una obra protegida por el derecho de autor, se corresponde, o no, con un acto de comunicación pública de dicha obra, conforme a lo establecido en la normativa comunitaria.

Por todo ello, y en tanto que papá Europa no se pronuncie al respecto, estas idas y venidas de los tribunales nacionales no pueden más que recordarnos a los niños en el parque que tímidamente se lanzan arena a la espera de que un adulto se pronuncie si eso de la arena es juego o culpa.

Ya lo decían The Doors, let the children play…

Todos somos iguales ante la ley (al menos en Internet)

26 junio 2013 - 13:01 - Autor:

Leo en la prensa esta mañana con cierto estupor que el Abogado General de la UE ha dado la razón a Google en el ya archiconocido caso del derecho al olvido. Cierto es que el Abogado General se ha pronunciado en el sentido de afirmar que la normativa europea no confiere al interesado el derecho a dirigirse a un proveedor de servicios de motor de búsqueda para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, publicada legalmente en páginas web de terceros, invocando el conocido como derecho al olvido. Es decir, que sobre la base de las Conclusiones del Abogado General, que previsiblemente serán posteriormente recogidas por la Sentencia que en su momento dicte el TJUE, no cabe el ejercicio del derecho al olvido frente a Google o cualquier otro buscador.

Pero no es menos cierto que una de las cuestiones a las que responde el Abogado General es en relación con la obligación de Google de someterse a la legislación española. Y ahí es donde creo que hay mucho que rascar. No es definitivo, pero sí premonitorio de lo que se avecina. El Abogado General afirma que Google lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cuando la empresa que provee el motor de búsqueda establece en un Estado miembro, con el fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina o una filial que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado.

Es decir, que viene a reconocer la aplicación de la normativa en materia de protección de datos a los proveedores extranjeros que tengan abierto un establecimiento en España y comercialicen publicidad en España para dichos servicios.

Lo anterior, clave a mi entender, tiene una doble lectura. De un lado, podría hacer competir en igualdad de condiciones a proveedores españoles y extranjeros, que habrían de cumplir la misma normativa, pero, de otro, podría ahuyentar de entrar en España a proveedores de Internet que podrían prestar sus servicios desde fuera de la UE sin más problema que la comercialización de publicidad a distancia. Parece que, una vez más, nunca llueve a gusto de todos.

“El Cosmonauta”, porque otro mundo es posible.

20 mayo 2013 - 6:00 - Autor:

Este fin de semana ha sucedido algo que, para los que disfrutamos y nos dedicamos (aunque sea detrás de un ordenador) al entretenimiento, no hemos dejado pasar de largo. La productora Riot Cinema Collective ha estrenado a nivel mundial, y como primera pantalla Internet, el largometraje “El Cosmonauta”. No es ésta la primera obra que se estrena de manera simultánea en salas de cine y en Internet, pero sí la primera que, a mi juicio, ha decidido, de manera tan osada, dar la vuelta a los patrones tradicionales del audiovisual.

El Cosmonauta es un proyecto transmedia, de ésos que apuestan tanto por el factor audiovisual como por el resto de elementos que lo componen, los webisodios, el libro, el falso documental, los vídeos “tras las cámaras”, el “boletín secreto”, etc.

Tiene además el proyecto un interesantísimo elemento. El Cosmonauta no tiene un productor, sino más de 5000, cada una de las personas que han apostado y aportado al proyecto. Y es que El cosmonauta es un proyecto crowfunding, que se ha financiado con la aportación de una inmensidad de personas. No han precisado sus impulsores de ninguna plataforma externa o de grandes subvenciones para lanzar el proyecto, sino que a través de microdonaciones han sacado adelante un proyecto que por el solo hecho de existir es ya un éxito.

Rompe además en lo jurídico El Cosmonauta con una presunción normativa. La Ley de Propiedad Intelectual establece (y la Ley de Cine lo complementa) una serie de autores a la obra audiovisual. Sin embargo aquí, la pluralidad de autores que aportan y crean no parece detenerse ante los principios normativos.

Además sus autores han optado por compartirla bajo una licencia Creative Commons. Todo el contenido de El Cosmonauta, a salvo de pequeñas excepciones puede ser compartido, copiado, 
distribuido y exhibido libremente.
 Por si fuera poco, el usuario
puede alterarlo, crear nuevas
versiones o utilizarlo en sus
propias obras. Como únicas premisas, acreditar a sus autores, mantener la licencia CC en la obra resultante y no obtener lucro económico sin la autorización de sus titulares.

Y detrás de este fenómeno, posiblemente uno de los más atractivos del cine actual, una película cuyo argumento, escenografía y actores son una mera excusa para los abogados, a los que nos hubiese dado igual que el protagonista vistiese una escafandra o empuñase un florete. El paso ya estaba dado. Otro mundo es posible: otra manera de financiar, otra manera de crear, otra manera de licenciar es posible. A estos señores no les importa la piratería sino el cine, que no había muerto, estaba de parranda.

Aquí la película y aquí un servidor.

¿Puede mi jefe “espiar” mis perfiles en redes sociales?

6 mayo 2013 - 6:00 - Autor:

Alertaba la pasada semana el medio norteamericano Wall Street Journal acerca de un enconado debate en EEUU acerca de la posibilidad de los empleadores de vigilar las cuentas en redes sociales de sus empleados. Según informaba el propio medio, son ya numerosos los estados norteamericanos que han aprobado algún tipo de normativa que pretende evitar esa práctica, por entender que dicha práctica supone una vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores.

La argumentación que esgrimen desde Wall Street a favor del control empresarial de estos perfiles es que la información que sus trabajadores pueden compartir en medios sociales puede causar auténtica distorsión en el mercado, en el sentido de que el mercado financiero se puede ver alterado por la información confidencial que de este modo se filtre, con el consiguiente perjuicio que se pueda derivar para los consumidores.

Este debate, lejos de ser ajeno a Europa, ya ha llegado también al viejo continente. En España el debate está en la calle y en los medios, que no en las cortes ni en los juzgados, por el momento. Sin embargo, en esta discusión de si el empleador puede legalmente o no “espiar” los perfiles en redes sociales de sus empleados juegan, a mi entender, al igual que lo hacen en los casos de acceso al historial de navegación o al correo electrónico, principalmente dos derechos, (i) de un lado, el derecho del empresario de verificar que los medios que son facilitados al trabajador son efectivamente utilizados en el cumplimiento de la prestación laboral (cuando el acceso a RRSS se realiza desde la propia empresa) y de verificar la no difusión de información confidencial por parte del trabajador (en cualquier supuesto); y (ii) de otro lado, el derecho a la intimidad del trabajador, el cual presume “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás”, el cual ha de ser respetado también en el marco de las relaciones laborales, en las que es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida íntima y familiar del trabajador que pueden ser lesivas para su intimidad.

El equilibrio entre ambos derechos, y que determina la legalidad o no del acceso, encuentra su base en el siguiente argumento. Según entendió el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) en Sentencias de 26 de septiembre de 2.007 y 6 de octubre de 2011, aplicadas al correo electrónico y los equipos informáticos, pero extensible a mi juicio a los medios sociales, “aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad, no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por ésta para su uso y al margen de los controles previstos para esa utilización y para garantizar la permanencia del servicio”.

En atención a lo anterior, si la empresa ha establecido previamente las reglas de uso de los equipos y ha informado a los trabajadores de que dicho control va a existir, el control y vigilancia de los medios sociales por el trabajador estarían en principio permitidos, sin que se produzca en tal caso vulneración del secreto de las comunicaciones, siempre que dicho acceso se produzca desde equipos puestos a disposición del empleado por el empresario. De esta manera, si los medios proporcionados por la empresa se utilizan para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado “una expectativa razonable de intimidad” en los términos que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Entiendo que este argumento resultaría válido, por tanto, para vigilar la actividad del trabajador en RRSS durante la jornada laboral y haciendo uso de medios proporcionados por la empresa. Pero ¿qué ocurre con la actividad del trabajador en RRSS desde, por ejemplo, su domicilio y con un ordenador privado? Pongamos por ejemplo que el trabajador desvela información confidencial de la empresa en un perfil cerrado en Facebook o en Twitter. ¿Tiene derecho el empleador de conocer que el trabajador ha incumplido sus obligaciones contractuales? ¿Sería válida, en definitiva, una estipulación en el contrato laboral que obligase al trabajador a proporcionar sus claves en RRSS a su empleador al objeto de verificar el cumplimiento de su deber de confidencialidad?

Pues ése es precisamente el debate que ahora mismo se está pergeñando en EEUU y que no tardará mucho en llegar a nuestros juzgados y tribunales. Por el momento, y puedo equivocarme, entiendo que cualquier empresa en España que solicitase dicha información al trabajador estaría extralimitándose en su función de vigilancia, lo cual habría de entenderse como una invasión de la intimidad del trabajador. No les falta razón, no obstante, a los que entienden que el perjuicio que puede realizarse a la empresa desde un perfil privado con miles de amigos o seguidores puede ser enorme. Veremos cómo se zanja el debate allende los mares, porque posiblemente será ésa la línea que posteriormente aquí seguiremos.

Vodafone cambia unilateralmente sus tarifas ¿puedo darme de baja a pesar de mi compromiso de permanencia?

15 abril 2013 - 6:00 - Autor:

Según ha sido publicado en fecha reciente, Vodafone cobrará a partir de junio de este año a aquellos usuarios de sus tarifas Base y Base2 que superen el límite de descarga en datos móviles, en lugar de reducir la velocidad en la navegación, como ocurría hasta esa fecha. En efecto, tal y como ha anunciado la propia compañía, ésta facturará dos euros adicionales por cada cien megas de datos que excedan el total contratado por el usuario.

Esta opción contraría la práctica que, hasta ahora, venían adoptando casi todos los operadores de telefonía, incluida la propia Vodafone, consistente en reducir la velocidad de Internet en el móvil a medida que el final del volumen de datos contratados se acercaba.

En efecto, los otros dos gigantes de la telefonía de este país, Movistar y Orange, especifican a sus clientes que excedan de un giga de descarga mensual que notarán la bajada de la velocidad ese mes, pero que en ningún caso pagarán más.

Y es que, hasta ahora, cuando un usuario que tenía contratado un volumen de descarga determinado superaba dicho límite, la velocidad de su conexión a Internet se reducía significativamente, pero a partir de junio, los que tengan contratadas las tarifas Base o Base2 con Vodafone tendrán que pagar dos euros adicionales por cada cien megas descargados en exceso.

Y dice la propia compañía a este respecto que “no te tienes que preocupar de nada, porque siempre te avisamos cuando hayas consumido el 90% y el 100% de tus megas”.

Pero ¿Es esto legal? ¿Y si el usuario quiere darse de baja? ¿Puede hacerlo sin penalización?

Pues, como advierte la asociación de consumidores FACUA “esta imposición a los usuarios implica la vulneración por parte Vodafone de las condiciones establecidas en sus contratos de permanencia. Algo que les permitirá darse de baja sin tener que abonar penalización alguna”.

La propia asociación señala que los contratos de permanencia no sólo comprometen a los usuarios, que deben mantener una tarifa contratada durante un número de meses, sino también a las compañías. Así, las tarifas no pueden verse alteradas en perjuicio de los clientes durante el tiempo que dure el compromiso de mantenimiento del contrato.

En definitiva, aquellos usuarios que tuviesen contratada la tarifa Base o Base2 con fecha anterior al anuncio por parte de Vodafone de su cambio de tarifas deberían poder resolver el contrato sin ser penalizados por ello. Cuestión distinta será si Vodafone acepta pacíficamente este entendimiento o, si por el contrario y como todo apunta, intentará penalizar a aquellos usuarios que rompan su compromiso de permanencia de manera anticipada. Veremos.

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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