No me digan que no resulta paradójico, casi caprichoso, que el destino haya querido unir de manera tan accidental dos instituciones que representan signos temporales tan antagónicos como monarquía y correo electrónico. Me refiero, naturalmente, a la relevancia probatoria que ciertos correos electrónicos han adquirido en la imputación de la infanta doña Cristina en el conocido como “caso Nóos”.

Me llama de ello la atención que por parte de público y prensa se haya dado por bueno, sin más miramientos, el valor probatorio de un correo electrónico.

¿Acaso un correo electrónico no se puede modificar? ¿o es que no han recibido nunca ustedes un email cuyo remitente real no se correspondía con la cuenta de origen? En definitiva, ¿tiene valor probatorio real un correo electrónico?

Para dar respuesta a dicha cuestión ha de tomarse, como punto de partida, el conocido como principio de libertad probatoria, consagrado legalmente en el artículo 299-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este principio viene a atestiguar la validez de probar un hecho relevante en un proceso judicial por cualquier medio admitido en Derecho.

Pero, obviamente, que las normas procesales permitan la acreditación de hechos por cualquier medio no implica que cualquier medio sea per se válido o que constituya prueba plena en un procedimiento judicial. Me explico. Desde el punto de vista procesal existen, en líneas generales, dos grandes tipos de pruebas documentales que las partes pueden aportar a un pleito a efectos de acreditar un hecho. De un lado, están los documentos públicos, aquéllos que, por ejemplo, provengan de un fedatario público, tales como una escritura notarial. Simplificando, podríamos decir que tales documentos son prueba plena en un procedimiento en tanto que alguien con potestad para ello da fe de la autenticidad de su contenido.

Junto a los documentos públicos, se encuentran los privados. La principal diferencia de éstos con los anteriores radica en que éstos pueden ser impugnados por la contraparte, de manera que si la parte que se pueda ver perjudicada por su contenido no los impugna, dichos documentos harán prueba plena en proceso. Por el contrario, si dichos documentos privados son impugnados en cuanto a su autenticidad, deberá entonces practicarse la prueba que resulte pertinente a efectos de acreditar su autenticidad y, en función del resultado, el juez será libre de valorar conforme a las reglas de la sana crítica la prueba en cuestión.

Como ya pueden haber intuido, el de los correos electrónicos es un ejemplo claro de documento privado. Siendo esto así, las partes afectadas en el caso Nóos podrían (y pueden) impugnar su autenticidad si, por ejemplo, aquéllos fuesen falsos o hubiesen sido modificados posteriormente a su envío. De hecho (y no digo que sea el caso), resulta bien fácil tomar un correo electrónico de nuestra bandeja de entrada, modificarlo y posteriormente imprimirlo. Siendo esto así, ¿cómo sabe entonces un juez si el contenido de un correo es auténtico o no?

Pues aquí viene lo divertido. La tecnología da, a mi entender, un punto de divertimento, una vuelta de tuerca a los mecanismos tradicionales del Derecho. Y así, para que un correo electrónico haga prueba plena en un procedimiento, su aportación en juicio ha de realizarse respetando lo que se conoce como cadena de custodia. Es decir que la parte que aporta el correo electrónico no se limita a imprimir el correo en cuestión sin más, sino que genera una evidencia electrónica que acredita de manera indubitada (acreditando la integridad, la autenticidad y la licitud en la obtención de la prueba) desde el punto de vista técnico que el contenido del correo es el que salió en un determinado momento de una cuenta de correo y fue recibido posteriormente por un tercero en su bandeja de entrada. Se construye así una prueba a caballo entre la documental y la pericial que dota a un elemento débil en concepto, de fuerza probatoria plena.

Dicho esto, ojo con lo que escriben y a quien se lo escriben, que a poco que uno se descuide lo imputan en un procedimiento penal, sea de la familia que sea.

@AlexTourino

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado Sentencia. En el asunto que enfrentaba a ciertos canales de televisión británicos y al operador online TVCatchup, el Alto Tribunal europeo ha determinado lo que por muchos era ya intuido. Y es que los emisores de televisión pueden prohibir la retransmisión de sus emisiones por otra sociedad a través de Internet, si ésta no cuenta con la autorización de sus legítimos titulares. Es decir, que el “never miss a show again” del que hacía gala TVCatchup se ha acabado.

El tema de fondo tiene su miga. En el caso en cuestión, varios emisores de televisión comercial británicos se enfrentaron a TVCatchup en relación con la difusión por ésta de sus emisiones televisivas (cine, series, retransmisiones deportivas, etc.) a través de Internet. Demandaron estos agentes al operador online por una infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones por permitir recibir «en directo» a los usuarios por medio de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto.

La cuestión planteada al tribunal europeo radicaba en determinar si una entidad como TVCatchup realiza una comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29 cuando transmite emisiones de radiodifusión a través de Internet a personas que habrían tenido derecho a acceder a la señal de radiodifusión original utilizando sus propios aparatos de televisión o sus propios ordenadores portátiles en su domicilio.

En respuesta a tal cuestión, el Tribunal de Justicia ha acordado que el concepto de «comunicación al público» de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que comprende una retransmisión de las obras incluidas en una emisión de televisión terrestre realizada por un organismo distinto del emisor original por medio de un flujo de Internet puesto a disposición de los abonados de ese organismo que pueden recibir esa retransmisión conectándose al servidor de éste, aun cuando esos abonados se hallan en la zona de recepción de esa emisión de televisión terrestre y pueden recibir legalmente ésta en un receptor de televisión.

Es decir, reafirma el tribunal europeo lo que ya afirmaba nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Y no es otra cosa que las entidades de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar la retransmisión por cualquier procedimiento técnico de sus emisiones o transmisiones. Es decir, que por muy útiles que nos puedan parecer, las webs que difundan la señal de otros sin su consentimiento, están incurriendo en un ilícito por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual. Coto europeo, en definitiva, a rojasdirectas, tvcathups y similares. Si queremos ver la televisión por Internet, será a través de los operadores originales o a través de quienes hayan adquirido la oportuna licencia.

@AlexTourino

Leíamos recientemente en prensa que las autoridades de protección de datos de ciertos países -entre los que se hallaban Canadá y Países Bajos-, andaban tras la pista de las actuaciones de la empresa norteamericana WhatsApp, por vulnerar supuestamente esta empresa la privacidad de sus usuarios.

El punto caliente del asunto se encuentra en el hecho de que la popular aplicación de mensajería instantánea accede, para prestar el servicio, no solamente a ciertos datos del usuario, como su nombre o su número de teléfono, sino que accede también a la agenda completa de contactos del usuario. Es decir, que WhatsApp accede a nuestra agenda de contactos, sean éstos o no usuarios de la aplicación.

Según hemos podido leer, desde distintas jurisdicciones se ha puesto el grito en el cielo por esta conducta al entender la misma como abusiva, toda vez que los usuarios no tienen la posibilidad de usar la aplicación sin dar acceso a toda su agenda de contactos, la cual se nutre de números de teléfono tanto de usuarios como de no usuarios.

Efectivamente, esto es así. Para poder utilizar WhatsApp aceptamos dar nuestro número de teléfono pero también el número de teléfono de nuestros contactos. Y es ahí donde viene en mi opinión lo relevante. Al aceptar los términos y condiciones del servicio aceptamos lo siguiente:

“In order to access and use the features of the Service, you acknowledge and agree that you will have to provide WhatsApp with your mobile phone number. You expressly acknowledge and agree that in order to provide the Service, WhatsApp may periodically access your contact list and/or address book on your mobile device to find and keep track of mobile phone numbers of other users of the Service. (…) You hereby give your express consent to WhatsApp to access your contact list and/or address book for mobile phone numbers in order to provide and use the Service.”

Es decir, consentimos expresamente que WhatsApp acceda a nuestro número de teléfono pero también consentimos que acceda a nuestra lista de contactos. Dicho de otro modo, cuando aceptamos los términos y condiciones de WhatsApp suscribimos un contrato con WhatsApp en cuya virtud aceptamos recibir un servicio gratuito a cambio de, entre otras cosas, nuestra agenda de contactos. Y yo me pregunto ¿quién es culpable aquí de que mi número de teléfono lo tenga WhatsApp si yo nunca se lo he dado a WhatsApp ni he permitido a ningún tercero que se lo entregase? ¿Es culpable WhatsApp por imponer unas condiciones (en opinión de algunos abusivas) o el usuario que a cambio de recibir un servicio gratuito no duda en firmar un contrato sin leer y ceder a un tercero su libreta de contactos?

Juzguen ustedes mismos. Yo ya lo he hecho.

@AlexTourino

¿Has recibido un mensaje de Linkedin felicitándote por ser uno de los perfiles más vistos en 2012?

Pues lamentablemente no eres tan especial como ese mensaje te ha podido hacer pensar. No en vano, ese mismo correo ha sido recibido según informaba el medio norteamericano Los Ángeles Times, por más de diez millones de usuarios de la red social profesional más populosa, que cuenta en la actualidad con cerca de 200 millones de usuarios.

Pero claro, sea o no esto verdad, el efecto ya está conseguido. Las redes han quedado inundadas con comentarios de usuarios felices de pertenecer a la élite de los perfiles profesionales más espiados. Y es que Linkedin ha atacado en lo que más duele, la vanidad.

Pero, ¿es esto legal? Veamos, desde el punto de vista del derecho español, las acciones llevadas a cabo por Linkedin tendrían la consideración de comunicaciones comerciales por vía electrónica, las cuales se regirían, según lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), además de por la propia LSSI, por la normativa vigente en materia de publicidad.

Y esa normativa vigente no es otra que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la cual dispone en su artículo 3.e) que es ilícita y, por ende, susceptible de ser sancionada, la publicidad engañosa.

Así las cosas, en la medida que nos hayan dicho que somos parte del 1% cuando en realidad ese mensaje ha podido haber sido enviado de manera masiva, tal acción tendría la consideración de publicidad engañosa. Pero claro, el efecto está ya conseguido. Todos hablan de Linkedin.

@AlexTouriño

Imaginen por un momento un “ebay.es” o un “segundamano.es” de objetos digitales: e-books, canciones, películas, series, videojuegos, etc. en libre venta de unos usuarios a otros. ¿Extraño? No tanto. Según hemos podido saber esta última semana, Amazon, el gigante norteamericano del comercio electrónico, ha obtenido la patente en EEUU para la puesta en marcha y explotación de un mercado digital de segunda mano. Dicho así, y teniendo en cuenta la particularidad de lo digital, que se multiplica sin esfuerzo y sin perder calidad, el registro de la patente suena extraño.

Extraño o quizás no tanto. Amazon reivindica en su patente la creación de un mercado digital o marketplace en el que los usuarios puedan revender libros digitales, canciones, películas, videojuegos, aplicaciones y, en general, cualquier intangible susceptible de transmisión entre terceros. Osea, que el usuario adquiere un contenido, se cansa de él y lo revende.

Sobre la base de la patente obtenida por Amazon, en el momento en que una persona pone a la venta un libro, una canción, o cualquier otro objeto digital que ya no quiere, al encontrar comprador, dicho objeto digital se borraría de forma automática del dispositivo del vendedor descargándose inmediatamente en el del comprador, quedando éste con la licencia para poder hacer uso de su compra.

Desde el punto de vista del usuario, el modelo suena atractivo. ¿Por qué pagar 3,99 Euros por una película en HD si alguien nos la vende por, por ejemplo, 0,99 euros? ¿por qué pagar 0,99 Euros por una canción en iTunes si la tenemos por apenas 50 céntimos en otro portal? Y así hasta en infinito.

Pero desde un punto de vista jurídico el modelo es bastante más complejo. El tema de la reventa de intangibles tiene ya una larga tradición en Europa, solventada, al menos en lo que a programas de ordenador se refiere, con una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el caso UsedSoft contra Oracle de 2012.

La conclusión que alcanzó el Tribunal en ese caso fue que el autor de un software no puede oponerse a la reventa de licencias de segunda mano que permiten el uso de sus programas descargados de internet, considerando el Tribunal que el derecho exclusivo de distribución de una copia de un programa de ordenador cubierta por una licencia de ese tipo se agota en su primera venta.

La cuestión se planteó también en el mercado de la música digital. Así, en 2011 se produjo una amarga disputa entre EMI y la empresa ReDigiSin, plataforma que permite la reventa de archivos en formato mp3. En criterio de EMI el principio legal que permite a los consumidores comprar y después revender bienes materiales, denominado en inglés “first Sale doctrine”, no aplica a los contenidos digitales, en este caso la música.

La postura de ReDigiSin es totalmente opuesta. En el modelo propuesto por ReDigiSin el usuario descarga un software para determinar cuáles de sus archivos musicales pueden ser revendidos. La empresa realiza un análisis forense digital para verificar que la persona posee legalmente el archivo (y no que lo haya grabado de un CD o descargado ilegalmente). Su motor de verificación examina los datos asociados con el archivo para determinar cuál es la fuente original, quién lo compró y cuándo, y si ha pasado de un ordenador a otro. Si todo está correcto, la venta puede operar.

El malestar es obvio para los distribuidores de contenidos, que ven en estos modelos canibalizados sus circuitos tradicionales de distribución. Y es que el bien digital, que por su propia naturaleza no se deteriora, puede ser adquirido por un precio mucho más bajo por medio de la venta minorista entre usuarios, con la consiguiente pérdida de valor para el titular del contenido.

¿Legal? Pues en la medida en que el intangible sea adquirido de manera legal por el primer adquirente y no se realicen copias del mismo, parece que sí. Lo digital avanza, no cabe duda.

@AlexTourino

El pasado mes de diciembre, tras el revuelo suscitado por el dictado de la conocida como Sentencia Padawan, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, la norma que regula el establecimiento del “nuevo” canon digital. Falso, pues, que el canon digital haya dejado de existir. Verdadero que el viejo canon ha dejado paso a un nuevo canon digital.

Pero viejo y nuevo canon comparten espíritu. La existencia del canon está dirigida a compensar a los titulares derechos de propiedad intelectual por los ingresos que éstos dejan de percibir por razón de las reproducciones realizadas para uso privado. Es decir, que como el usuario tiene derecho a realizar una copia privada de una obra protegida por derechos de autor a la que haya accedido de manera legítima, el autor debe ser compensado económicamente por dicha pérdida. Falso pues que el canon legitime la piratería. Verdadero que éste sirve para que el autor que vea su obra copiada para fines privados, reciba una compensación por la pérdida de ingresos sufrida.

Pero la aprobación de la regulación antes expuesta ha supuesto un cambio radical en el modelo español de recaudación del canon. Fue la normativa precedente la encargada de definir los equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción sujetos al pago de la compensación, así como el importe de la compensación que debería ser satisfecho. Por el contrario, la nueva regulación acuerda que no sean los adquirentes de dispositivos gravados quienes asuman el pago del canon, sino que sean todos los españoles quienes hagan frente a éstos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Pues bien, si antes se entendía indiscriminado el canon porque era asumido por personas jurídicas, las cuales no se hallaban legitimadas para la realización de copias privadas y por tanto para el pago del mismo, la situación ha sido modificada ahora con la asignación del canon a los Presupuestos Generales del Estado, de manera que no solamente pagarán el canon quienes compren equipos y soportes gravados, sino que lo pagarán todos los ciudadanos españoles con sus impuestos.

Esta medida, bastante impopular –todo sea dicho-, ha traido también cola entre las propias entidades de gestión. De hecho, la propia SGAE ha bramado recientemente por la cantidad recibida, afirmando que antes recaudaban 115 millones de euros y ahora apenas reciben cinco con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El cambio operado en la forma de recaudar este gravamen trae causa de la Directiva 2001/29/CE, que permite a los Estados de la Unión Europea el establecimiento de una compensación equitativa por copia privada. Lo que ocurre es que la normativa europea no regula explícitamente la forma, las modalidades de financiación y de percepción o la cuantía de dicha compensación, más allá de exigir que resulte adecuada al uso hecho de las obras protegidas y de indicar que un criterio útil para evaluar las circunstancias de cada caso concreto sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos, no pudiendo dar origen a una obligación de pago determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo.

Así, el legislador español, después de varias idas y venidas, ha considerado oportuno que los ciudadanos puedan beneficiarse del límite de copia privada como contraprestación a una parte de los impuestos que satisfacen y de los que se nutren los ingresos públicos.

No han faltado voces que defienden y critican la nueva regulación a partes iguales. De un lado, los que entienden que el canon, al igual que las carreteras, todos las pagamos con nuestros impuestos, las utilicemos o no. De otro, los que entienden que si indiscriminado era un canon que pagaban quienes adquirían dispositivos, los utilizasen o no para realizar copias privadas de obras protegidas, más indiscriminado será el que pagamos entre todos, compremos o no dispositivos o soportes susceptibles de realizar copias. Canon digital, verdades y mentiras.

“MEGA respeta los derechos de autor de otros y espera que los usuarios de los servicios en la nube hagan lo mismo”. Así empieza MEGA, en nuevo Megaupload, el ultimo proyecto megalómano del ya célebre Kim Dotcom.

¿Significa esto que Kim Dotcom se ha arrepentido de su pasado convicto y quiere ofrecer un servicio legal que respete los derechos de propiedad intelectual de terceros? Pues si atendemos a lo que rezan los términos y condiciones de su sitio web, eso parece.

Pero no olvidemos que la predecesora de MEGA, Megaupload, no fue clausurada por lo que decía ser, esto es, por permitir a sus usuarios almacenar contenidos en la nube, sino por establecer un sistema parasitario e infractor de derechos de propiedad intelectual bajo una falsa apariencia de legalidad.

En efecto, lo que se achacaba a Megaupload no era el hecho de permitir el alojamiento de contenidos en Internet, sino la conducta que presuntamente se encontraba oculta bajo esa apariencia de legalidad. Así, el problema de Megaupload es que la actividad de ésta no se circunscribía, como hacían ver, a proveer servicios de alojamiento de archivos, sino a generar por medio de una serie de artificios técnicos, un catálogo de contenidos protegidos para ponerlos, posteriormente, a disposición del público a través de Internet permitiendo su acceso (y lucrándose), a través de páginas de enlaces o de buscadores, que realizaban la labor de indexación de esos contenidos.

Este matiz es importante por la relevancia y necesidad del servicio en la compartición de los contenidos. Megaupload, y quién sabe si también MEGA ahora, no sólo permitía a sus usuarios compartir contenidos, sino que realizaba la labor misma de compartir. Jurídicamente, Megaupload no podía ser considerado como un mero prestador de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, tal y como ésta sostenía, igual que no lo sería MEGA si participase en dicha labor de compartición. No le aplicarían entonces las exenciones de responsabilidad que regulan la operativa de este tipo de operadores y que hacen posible y legal servicios de almacenamiento en Internet.

El caso de MEGA, posiblemente fruto de la experiencia pasada, parece ir un paso más allá en su afán de evitar responsabilidad en la compartición de los contenidos, de manera que cada vez que el usuario, según expresan sus términos, sube un archivo a MEGA, el servicio lo encripta, siendo éste sólo accesible por el propio usuario y nunca por los administradores del servicio.

En definitiva, pueden decir lo que quieran los términos de MEGA (igual que en su día lo hacían los términos de Megaupload) si finalmente su actividad no se limita a la mera provisión de un espacio de Internet en el que compartir archivos, y facilita de manera activa el intercambio de los mismos. Lo hacía Megaupload y veremos si lo permite también ahora MEGA.

@AlexTourino

Si eres usuario de Internet y tienes registrado un nombre de dominio .es, esto es, un dominio con código territorial perteneciente a España, debes saber que tu dominio es susceptible de ser declarado de interés general y, sin más, “reasignado” a un tercero.

¿Qué significa esto? Pues que si tienes un dominio .es y Red.es, la empresa pública empresarial a la que corresponde la gestión de los dominios .es, considera que éste es de interés general, puede confiscar tu dominio y ordenar su registro a nombre de un tercero. Así de sencillo.

Y ésta no es una cuestión baladí. A fecha de hoy, los dominios .es suponen aproximadamente un 50% del mercado de los nombres de dominio en España, superando desde 2.007 al dominio genérico .com. Lo que es más, durante el año pasado, se produjo el alta más de 1.000 nuevos registros de dominios .es al día.

Pues bien, lo que a finales de 2.012 se publicaba como un procedimiento más teórico que práctico, el procedimiento de reasignación de dominios por interés general, ha devenido a principios de este año como la primera puesta en práctica del proceso. Nada más y nada menos que la confiscación del nombre de dominio sareb.es a su legítimo titular para entregárselo a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., sí, al conocido como “banco malo”.

Todo estaría correcto si no fuese porque, en realidad, éste es un privilegio para el banco malo que arroja serias dudas sobre la seguridad jurídica de los justiciables. ¿Quién nos asegura que en el futuro no exista otra entidad cuyo interés general amerite que nos confisquen nuestro dominio?

Y es que además, ya existe un procedimiento para recuperar un nombre de dominio cuando un tercero, un ciberocupa, lo ha registrado. Lo que ocurre es que para poder recuperar el dominio es necesario que concurran de manera cumulativa los tres siguientes requisitos: (i) que el nombre de dominio objeto de controversia sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca sobre la que se tiene derechos; 
(ii) que quien registró el nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y 
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Así, si alguien logra acreditar esos tres extremos podrá entonces, pese a haber llegado más tarde al registro, recuperar el nombre de dominio en cuestión.

En el caso de sareb.es, aun dando por bueno que concurrían los requisitos (ii) y (iii) porque el titular del dominio registró éste el mismo día que se anunciaba la creación del banco malo, lo cierto es que no concurriría el requisito primero porque el banco malo no solicitó el registro de su marca hasta casi dos meses después del anuncio de su creación.

¿Qué significa todo esto? Pues que el Gobierno, careciendo de procedimiento para recuperar el dominio sareb.es, ha utilizado (y quién sabe si creado ex profeso) un procedimiento para confiscar dominios que puedan afectar al interés general. Y digo confiscar y no expropiar, como se ha apuntado en algunas webs, porque la expropiación exige el pago de justiprecio, es decir, de una cantidad justa a cambio de la pérdida de un bien. Y en este caso, la persona que registró el dominio sareb.es se ha quedado sin dominio, pero también sin justiprecio.

En definitiva, un nuevo (e injustificado) privilegio para la banca, que proyecta oscuras sombras sobre la seguridad jurídica de quienes registren o exploten un dominio .es.

@AlexTourino

Entre poco y nada. Ése es el tiempo que ha tardado Facebook en dar un cambio de rumbo en la política de monetización de contenidos de Instagram. Desde que hace apenas unas semanas se anunciase la compra multimillonaria de Instagram a manos de Facebook, los usuarios del servicio aguardábamos sorpresas que sin duda tenían que llegar.

Y han llegado. Esta misma semana Instagram anuciaba un cambio en sus términos de uso, en lo relativo a los derechos sobre las fotografías publicadas por los usuarios. Sobre la base de la nueva redacción, que entraría en vigor el próximo 16 de enero de 2013, Instagram estaría legitimada para obtener una cantidad económica de cualquier entidad por permitir emplear nuestro nombre de usuario, gustos, fotos (con cualquier asociación de metadatos), y/o cualquier cosa que hagamos, para contenidos de pagos esponsorizados o promociones, sin ninguna compensación para el usuario. Es decir, que de entrar finalmente en vigor esta actualización de sus términos y condiciones, Instagram estaría facultada para vender nuestros contenidos.

Este cambio de rumbo, transcendental para los derechos de los usuarios, ha sido objeto de enormes críticas, y la compañía de Palo Alto, parece haber dado marcha atrás, mediante la publicación en su blog de una nota en la que asegura que “no es nuestra intención vender tus fotografías. Estamos trabajando en la modificación de los términos y condiciones del servicio para asegurar que esto es claro”.

Pues habrá que esperar a ver qué pasa con nuestros contenidos. Tal y como están redactados los nuevos términos y condiciones de Instagram, el usuario pierde el poder sobre las fotografías, pudiendo ser éstas objeto de venta a terceros, sin que tenga el usuario derecho a remuneración económica alguna. Lo que parece claro es que Internet es cada vez más social y democrática ya que, al mínimo intento de un gigante de dar un paso en falso, la voz del pueblo clama en su contra. Y es que una cosa es que un servicio sea gratuito y necesite de ciertas fórmulas de monetización indirecta de nuestros datos y contenidos y otra muy distinta que financiemos el servicio mediante la venta directa de nuestros datos. Seguiremos informando…

@AlexTourino

¿Harto de que Facebook use tus datos y contenidos a su antojo?

Ahora es tu momento. Y es que Facebook publicó hace unos días una propuesta de actualización de la Política de uso de datos y de la Declaración de derechos y responsabilidades para que los usuarios las pudiésemos revisar y enviar nuestros comentarios.

El plazo para enviar esos comentarios ha concluido ya, pero se abre ahora un proceso de votación sobre el gobierno del sitio web para expresar nuestra opinión sobre las actualizaciones propuestas. De este modo, en el apartado Facebook Site Governance, se permite al usuario –hasta el próximo día 10- votar entre los actuales textos legales del sitio web y las dos nuevas propuestas, para que el usuario se pronuncie sobre ellos.

Y ante esto, ¿qué dicen los usuarios?

Pues lo cierto es que no es ésta la primera vez que la plataforma de Zuckerberg pone en práctica una de estas iniciativas. No en vano, el pasado mes de junio Facebook permitió a los usuarios votar entre dos versiones alternativas de sus políticas de derechos y obligaciones. Apenas 350.000 usuarios votaron, un 0.038% de los usuarios totales del portal.

Democracia pura, unos votan, otros deciden no votar y otros optan por votar nulo. Seguro que esto último también os suena 😉

Bonus track: Para los detractores de Facebook, os dejo aquí un artículo de Techcrunch: “Llamar democracia a Facebook es un insulto a la democracia”.

@AlexTourino