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De leyes y ataques informáticos

24 diciembre 2010 - 6:00 - Autor:

A menos que tengan Uds. un inusitado interés por conocer la cárcel de primera mano, vayan quitándose pronto de la cabeza esa fea costumbre de atacar sitios web cuando algo nos les gusta, porque la ley ya no les ampara.

A estas alturas lo sabrán ya, pero esta semana ha entrado en vigor la enésima reforma del Código Penal, la introducida por la Ley Orgánica 5/2010, que pone patas arriba unas cuantas cuestiones, entre las que llama la atención el tratamiento jurídico que concede a la última moda de Internet, la de los ataques de denegación de servicio distribuido -o DDoS según sus siglas en inglés-.

No es nuevo. En los últimos tiempos hemos sido testigos de la fulgurante actividad de grupos ciberactivistas y, en particular, de Anonymous, que, a través del portal 4chan, han logrado convocar a miles de internautas y tumbar con su ayuda las páginas web de SGAE, el Ministerio de Cultura, Visa o Mastercard, en repulsa a actividades que entendían censoras de la red.Lo que ocurre es que éste, el de los ataques DDoS, es un problema muy complejo de atajar, tanto en lo técnico como en lo jurídico. Se preguntarán por qué.

En el apartado técnico, un ataque DDOS no implica modificar páginas web ni obtener información de ellas, su cometido es entorpecer el acceso de los usuarios a un servidor, de manera que consiguen el objetivo de tumbar una página web agotando el ancho de banda o sobrepasando la capacidad de procesamiento a través de la solicitud masiva de usuarios. Algo así como un embudo, por el que fluye demasiada agua y se desborda.

En lo que se refiere a la parte jurídica (aquí viene lo bueno), el hasta ahora vigente Código Penal establecía en su artículo 264-2 una pena de 1 a 3 años de prisión para el que “por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos”. Como es rápidamente deducible, dicha redacción exigía destruir, alterar, inutilizar o dañar datos de un sistema para que el comportamiento fuese considerado delito, es decir, que el fin último del ataque de denegación de servicio, la simple paralización de un sistema informático, si no comportaba un daño efectivo a sus archivos, no constituía delito. Por tal motivo, los ataques que Ustedes hayan leído, visto u oido en prensa resultaron impunes.

Pero, afortunadamente para los detractores del vandalismo en la red -entre los que orgullosamente me cuento-, esta situación de impunidad tocará su fin con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que establece la siguiente redacción para su artículo 264-2: “El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años”.

A resultas de lo anterior, desde ya, la acción de interrumpir el funcionamiento de un sistema informático es delito, con independencia de que se generen o no daños. En definitiva, lo que antes era únicamente moralmente reprochable, ahora es jurídicamente perseguible.

De porqué dos periodistas no pueden ir a la cárcel por hacer su trabajo

7 julio 2010 - 6:00 - Autor:

Sea cual sea su ideología, sea cual sea su credo, en un estado democrático dos periodistas jamás pueden ir a la cárcel por hacer bien su trabajo. A esa conclusión llegaron hace más de treinta años los autores de la Constitución cuando proclamaron el derecho a la libertad de información y a esa misma conclusión ha llegado la Audiencia Provincial de Madrid cuando ha tenido que resolver el entuerto que un día otros decidieron montar para que ella solita lo resolviese.

Me explico, despedíamos el año 2.009 con una lamentable noticia para la democracia de nuestro país, dos periodistas de la Cadena SER habían sido condenados a una pena de un año y nueve meses de cárcel por haber difundido un listado con 78 nombres, los nombres de los 78 vecinos de Villaviciosa de Odón que presuntamente se habían afiliado de manera irregular al Partido Popular. El Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, encargado de conocer el asunto, a pesar de reconocer que “las posibles irregularidades de afiliación, inmersas en un presunto estado de corrupción urbanística (…) era un tema que interesaba o podía interesar a la opinión pública y sobre el que la ciudadanía tenía derecho a estar informada”, falló que los periodistas en cuestión eran culpables del delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal y los condenó, por el anterior motivo, a pena privativa de libertad.

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Los ciberdelitos ante la reforma del Código Penal

25 junio 2010 - 7:00 - Autor:

El pasado miércoles resultó aprobada la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La anterior reforma supone la enésima modificación de nuestro Código Penal que, en lo que a delitos informáticos se refiere, tiene una relativa trascendencia.

Es cierto que conceptos tradicionales como la estafa o los daños han adoptado en los últimos tiempos una vertiente tecnológica en modalidades como el phishing, el pharming o el counterfeiting, inexistentes hace unos años. Los anteriores son términos que forman ya parte de nuestro vocabulario pero que, desde el punto vista jurídico, eran, hasta la reforma introducida, perfectamente subsumibles en los referidos tipos penales de la estafa o los daños y que, con la reforma, quedan en tela de juicio.

¿Era necesaria la anterior reforma? En mi opinión no. El Derecho Penal sanciona los actos tipificados como delitos en atención al principio de tipicidad, esto es, sanciona únicamente los actos que encajan en el tipo descrito por la Ley. En consecuencia, cuanto más restrictivo sea el tipo penal, menos serán los actos que puedan caer bajo su paraguas, con el riesgo que ello supone porque es principio general de nuestro Derecho que lo que no está penado, está permitido.

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Los “manteros” podrán no ir a la cárcel

12 junio 2010 - 8:00 - Autor:

Se le ocurrió un día a Miguel Bosé decir que “cuando veo un mantero con mis discos, tiro de la manta y llamo a la policía”. Pues bien, frente a reacciones como la anterior, desde hace un tiempo se viene mascullando en la calle un sentir generalizado que aboga por reconocer el derecho de los artistas a vivir de sus obras pero cuestionando severamente la desproporción que supone que los manteros –último eslabón de una cadena viciada de principio a fin- vayan a la cárcel por su actuación.

En medio de ese debate social y político, el Ministerio de Justicia ha informado, por medio de nota de prensa, que el Senado ha aprobado, sin incorporar ninguna modificación, el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley 10/1995 del Código Penal, el cual entrará en vigor en seis meses desde la fecha de su publicación en el BOE.

El texto de nuevo Código Penal aprobado introduce, entre otras, novedades legislativas significativas en la persecución de este tipo de infracciones. Y, es que, en lo que a los delitos de propiedad intelectual se refiere, el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha destacado que el nuevo proyecto ofrece una respuesta penal más individualizada, distinguiendo los supuestos más graves de los que no lo son. En este sentido, mantiene el nuevo texto la severidad para las conductas más graves pero reduciéndola en los supuestos de venta a pequeña escala de copias ilegales, como el top manta, al objeto de permitir a jueces y tribunales adecuar con mayor proporcionalidad la pena a la gravedad del caso.

De conformidad con la regulación actual, la venta al pormenor de CD´s en la calle implica, además de una multa de 12 a 24 meses, pena de cárcel de 6 meses a 2 años. Con la reforma introducida y que, insisto, entrará en vigor en seis meses, se faculta al juez para reducir la pena a multa o trabajos en beneficio de la comunidad cuando (i) la distribución es al por menor; (ii) las características del culpable desaconsejen su ingreso en prisión y (iii) el beneficio económico sea bajo.

Es decir, que la citada reforma no despenaliza el top manta ni reduce las penas por el resto de delitos de la propiedad intelectual e industrial, sino que únicamente se reduce la pena para las conductas menos graves cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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