Irlanda sigue siendo un país envidiable por muchas cosas. Y pese a que el milagro irlandés -aquél que se refería a su próspera economía- se ha esfumado ya, todavía le queda al país celta mucho que enseñar a sus vecinos europeos, empezando por su sentido común.

En una resolución judicial que corre como la pólvora por Internet, el Tribunal Supremo de ese país ha acordado desestimar la demanda interpuesta por discográficas como Warner Music, Universal, Sony o EMI en la que solicitaban de la operadora de telecomunicaciones UPC la desconexión de aquellos usuarios de Internet que compartiesen archivos protegidos por derechos de autor.

Las noticias que llegaban desde Irlanda a principios de año en este sentido no eran ni mucho menos alentadoras. Más bien todo lo contrario, invitaban a pensar que Irlanda sería el tercer estado europeo, junto con Reino Unido y Francia, que permitiría la desconexión masiva de usuarios que violasen las normas de copyright. Sin embargo, según acabamos de conocer, el Tribunal Supremo Irlandés ha dado la vuelta a la tortilla y, tras afirmar que existe un grave problema en relación a los derechos de autor en Internet, reconoce que no hay base legal alguna en su Derecho que permita desconectar a los usuarios.

La opción de UPC de no interrumpir la conexión a sus usuarios, respaldada ahora por la decisión del Tribunal Supremo, tendrá posiblemente consecuencias sobre el resto de telecos que operan en Irlanda, principalmente sobre Eircom, que ya había alcanzado un acuerdo para cortar conexiones a los denominados “heavy users”, y sobre Vodafone, que se encontraba en conversaciones con la IRMA (Irish Recorded Music Association) para adaptar un sistema similar.

La consecuencia inminente de esta resolución es el obligado debate que ahora se abre en Irlanda entre proveedores de Internet, IRMA y el Gobierno para buscar alternativas cívicas a la vulneración masiva de los derechos de autor en Internet. Esta resolución surge además en un momento donde en nuestro país está siendo debatida en el Parlamento una ley, la Ley de Economía Sostenible, que para la misma problemática pretende, en lugar de cortar al usuario, bloquear y eliminar los sitios web desde donde las descargas sean posibles.

Un Juez irlandés ha dicho ya que cortar al usuario no es la solución. Confiemos en que alguien con sentido común en España entienda que bloquear páginas de forma indiscriminada tampoco lo es.

Quizás, como afirmaba el ponente de la Sentencia irlandesa, una generación entera se ha perdido ya para la causa de los derechos de autor, porque “es demasiado fácil compartir música online”. Yo, sin embargo, soy de los optimistas que creen que también en España, algún día, entenderemos que la creación y la difusión del conocimiento son un patrimonio que entre todos debemos defender.

Cuando todo anunciaba calma en el corral europeo de los derechos de autor; cuando parecía que la Ley Sinde dormía y que su colega francesa, la Ley Hadopi, perdía su vigor inicial, en apenas unas horas esas ilusiones se han hecho vanas con la entrada en escena de un gallo que nadie esperaba y que ha espoleado a las gallinas europeas, el Informe Gallo.

En efecto, en el día de ayer el Parlamento Europeo aprobó, por 328 votos a favor frente a 245 en contra, el Informe sobre el ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual en el mercado interior (2009/2178-INI), más conocido como Informe Gallo, en “honor” a la eurodiputada francesa Marielle Gallo, del que toma su nombre.

Pese a que el informe no tiene -como tal- carácter vinculante, su aprobación parlamentaria es un claro reflejo del sentir legislativo europeo (azotado por el poder de lobby de las industrias audiovisual y discográfica), y servirá de hoja de ruta a los estados miembros en el devenir de su lucha contra la infracción de derechos de propiedad intelectual.

Parte el Informe de verdades incuestionables y, en mi opinión, acertadas, al considerar que “el fenómeno de la piratería en línea ha alcanzado proporciones alarmantes” y que “serían útiles más medidas no legislativas para reforzar la aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual”, además del “desarrollo de una oferta legal diversificada, atractiva y visible para los consumidores” para darse de bruces con la realidad proponiendo a la Comisión que prosiga sus esfuerzos para avanzar en las negociaciones sobre el Acuerdo ACTA (Acuerdo de lucha con la Falsificación), en una suerte de criminalización del usuario, mediante la sugerencia de “armonización voluntaria de procedimientos y normas entre las partes interesadas”, es decir, mediante la desconexión del usuario.

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La aguardábamos. Necesitábamos luz y un tribunal valenciano nos la ha dado. Ha sido el Juzgado de lo mercantil nº 3 de Valencia, en Sentencia de fecha 25 de mayo de 2.010 que apenas acabamos de conocer, la que ha tirado nuevamente por tierra el extendido mito de que “la SGAE tiene un derecho a la gestión exclusiva del repertorio universal de las obras musicales”.

Lo relevante del asunto en cuestión es que la sentencia desestima la demanda interpuesta por la SGAE frente a un pub en el que se comunicaba públicamente música distribuida bajo licencia Creative Commons (música de autores no vinculados a la SGAE), por no haber podido la entidad de gestión acreditar que en el local sonaba música del repertorio que ésta gestiona.

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Semana de reflexión. España vuelve a aparecer en la lista negra de piratería que cada año elabora la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. Repetimos en la lista de los piratas por el mismo motivo por el que en su día pasamos a engrosar la misma: piratería en Internet.

Según se puede leer en el Informe Especial 301 (que así se llama esta deshonrosa lista), publicado esta misma semana, “Estados Unidos continúa preocupado por la particular significancia de la piratería en Internet en España y exhorta enérgicamente a España a adoptar acciones urgentes y efectivas para resolver el problema”.

Para alcanzar tal conclusión, dice el Informe, entre otras lindezas, que el marco regulatorio español no ayuda a los titulares de derechos de propiedad intelectual (esto es, autores, discográficas, productoras audiovisuales…) a perseguir las infracciones en la Red, por no fomentar, dice, la cooperación entre prestadores de servicios y titulares de derechos. Más aún, señala la lista que nuestro marco legal sólo pone trabas a la persecución de tales infracciones. Las motivaciones y el respeto por los derechos constitucionales que han impregnado nuestras normas en materia de protección de datos y propiedad intelectual no parecen ser del interés de EEUU a estos efectos.

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La pasada semana, coincidiendo con la celebración del día del libro, el Ministerio de Cultura, a través del Observatorio de la Cultura y el Libro, emitió un informe que analiza el impacto del libro electrónico en el sector editorial y que alcanza como principal conclusión la necesidad de adaptar el actual marco legal al entorno digital.

Uno de los puntos clave del informe, y que ha despertado mayor atención en la prensa, es el referido a las licencias copyleft (GNU, Creative Commons, Coloriuris, etc.), contra las que el estudio se opone de manera rotunda.

Copyleft es un término utilizado originariamente en el ámbito de la informática, estrechamente vinculado al concepto de software libre pero que en la actualidad ha trascendido a otros campos de la creación intelectual, tales como la literatura o la música. El concepto de copyleft comenzó a utilizarse allá por los años setenta en contraposición al término copyright – © -, como deformación humorística de éste y para reivindicar la libertad de creación y difusión frente a los derechos de autor que “coartaban” dicha libertad.

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- This is an English version of the post “Ipad y canon digital. La historia (no) se repite”, which aims to provide non Spanish readers with a general overview on the private copying levy in Spain.-

The Directive 2001/29 of the European Parliament and of the Council, on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights, entitled Member States to adopt exceptions and limitations to the exclusive right of the author to authorise or prohibit the copy of its work by any third person. Among the possible limitations envisaged by the Directive, any Member State would permit the reproduction of a work on any medium made by any natural person for private use and for non-commercial purposes, on condition that the author receives a fair compensation.

So Spain did, as many other European countries, incorporating into its legislation both the limit of the reproduction right and the compensation to the author. Thus, in Spain it is considered fair use the copy of works without the permission of their authors on condition that (i) they have been already published and (ii) there are no lucrative purposes on it. As compensation to the author for the lost income by means of private reproduction, the Spanish legislation introduced a private copying levy (“canon digital”) to be incorporated in all the products and devices capable of reproduce protected works, such as CD´s, DVD´s, scanners or photocopiers.

The Spanish society has consistently reacted against the fee on the grounds of two main reasons; (i) the indiscriminate character of the fee, and (ii) the obscure management of the funds by SGAE (the Spanish management entity entitled to deal with copyright and related rights):

(i) Consumers and manufacturers have complained about the unfair and indiscriminate character of a fee that applies to all the devices and products able to reproduce protected works, either the user makes a private copy or not. As continuously said, charging the fee on these products and devices is like fining drivers in advance, supposing all of them will commit a traffic violation.

(ii) The second aspect that bears in the mind of Spanish consumers is the modus operandi of SGAE. This entity is deeply criticized due to its unclear management. Although the official data has not been revealed, the media echoed that just the mere 6% of the total amount of the funds collected by SGAE finally falls on its affiliates.

There is also a third element consisting on the circumstance that pursuant to Spanish Law, the software may not be privately copied. As a consequence, paradoxically, one of the most damaged industries does not receive a fair compensation in such concept.

Contrary to the majority opinion of the Spanish society, which gathered more than a million signatures against the fee at the time the Government extended it to some other digital devices, the law was passed at the Congress. In fact, the fee was added to some other devices formerly free of it, thus, from the 1st of January, 2008, mobile phones, USB sticks and mp3/mp4 players were charged with the fee, so that any consumer who buy one of these gadgets has to pay an extra amount in concept of fee, either makes a private copy of a copyright material or not.

From my point of view, there is no debate about compensating or not the author of a work for the lost income by means of private copy. Experts, consumers and manufactures agree that the author must be compensated for every private copy, however they also consider that the fee is not the best way to proceed and SGAE is not the proper entity to deal with its management. Anyway, considering the global situation nowadays, this matter ought to be analysed into its relevant context due to the European dimension of the matter.