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Europa pone coto a la televisión por Internet

11 marzo 2013 - 6:00 - Autor:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado Sentencia. En el asunto que enfrentaba a ciertos canales de televisión británicos y al operador online TVCatchup, el Alto Tribunal europeo ha determinado lo que por muchos era ya intuido. Y es que los emisores de televisión pueden prohibir la retransmisión de sus emisiones por otra sociedad a través de Internet, si ésta no cuenta con la autorización de sus legítimos titulares. Es decir, que el “never miss a show again” del que hacía gala TVCatchup se ha acabado.

El tema de fondo tiene su miga. En el caso en cuestión, varios emisores de televisión comercial británicos se enfrentaron a TVCatchup en relación con la difusión por ésta de sus emisiones televisivas (cine, series, retransmisiones deportivas, etc.) a través de Internet. Demandaron estos agentes al operador online por una infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones por permitir recibir «en directo» a los usuarios por medio de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto.

La cuestión planteada al tribunal europeo radicaba en determinar si una entidad como TVCatchup realiza una comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29 cuando transmite emisiones de radiodifusión a través de Internet a personas que habrían tenido derecho a acceder a la señal de radiodifusión original utilizando sus propios aparatos de televisión o sus propios ordenadores portátiles en su domicilio.

En respuesta a tal cuestión, el Tribunal de Justicia ha acordado que el concepto de «comunicación al público» de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que comprende una retransmisión de las obras incluidas en una emisión de televisión terrestre realizada por un organismo distinto del emisor original por medio de un flujo de Internet puesto a disposición de los abonados de ese organismo que pueden recibir esa retransmisión conectándose al servidor de éste, aun cuando esos abonados se hallan en la zona de recepción de esa emisión de televisión terrestre y pueden recibir legalmente ésta en un receptor de televisión.

Es decir, reafirma el tribunal europeo lo que ya afirmaba nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Y no es otra cosa que las entidades de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar la retransmisión por cualquier procedimiento técnico de sus emisiones o transmisiones. Es decir, que por muy útiles que nos puedan parecer, las webs que difundan la señal de otros sin su consentimiento, están incurriendo en un ilícito por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual. Coto europeo, en definitiva, a rojasdirectas, tvcathups y similares. Si queremos ver la televisión por Internet, será a través de los operadores originales o a través de quienes hayan adquirido la oportuna licencia.

@AlexTourino

Verdades y mentiras sobre el nuevo canon digital

5 febrero 2013 - 6:00 - Autor:

El pasado mes de diciembre, tras el revuelo suscitado por el dictado de la conocida como Sentencia Padawan, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, la norma que regula el establecimiento del “nuevo” canon digital. Falso, pues, que el canon digital haya dejado de existir. Verdadero que el viejo canon ha dejado paso a un nuevo canon digital.

Pero viejo y nuevo canon comparten espíritu. La existencia del canon está dirigida a compensar a los titulares derechos de propiedad intelectual por los ingresos que éstos dejan de percibir por razón de las reproducciones realizadas para uso privado. Es decir, que como el usuario tiene derecho a realizar una copia privada de una obra protegida por derechos de autor a la que haya accedido de manera legítima, el autor debe ser compensado económicamente por dicha pérdida. Falso pues que el canon legitime la piratería. Verdadero que éste sirve para que el autor que vea su obra copiada para fines privados, reciba una compensación por la pérdida de ingresos sufrida.

Pero la aprobación de la regulación antes expuesta ha supuesto un cambio radical en el modelo español de recaudación del canon. Fue la normativa precedente la encargada de definir los equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción sujetos al pago de la compensación, así como el importe de la compensación que debería ser satisfecho. Por el contrario, la nueva regulación acuerda que no sean los adquirentes de dispositivos gravados quienes asuman el pago del canon, sino que sean todos los españoles quienes hagan frente a éstos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Pues bien, si antes se entendía indiscriminado el canon porque era asumido por personas jurídicas, las cuales no se hallaban legitimadas para la realización de copias privadas y por tanto para el pago del mismo, la situación ha sido modificada ahora con la asignación del canon a los Presupuestos Generales del Estado, de manera que no solamente pagarán el canon quienes compren equipos y soportes gravados, sino que lo pagarán todos los ciudadanos españoles con sus impuestos.

Esta medida, bastante impopular –todo sea dicho-, ha traido también cola entre las propias entidades de gestión. De hecho, la propia SGAE ha bramado recientemente por la cantidad recibida, afirmando que antes recaudaban 115 millones de euros y ahora apenas reciben cinco con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El cambio operado en la forma de recaudar este gravamen trae causa de la Directiva 2001/29/CE, que permite a los Estados de la Unión Europea el establecimiento de una compensación equitativa por copia privada. Lo que ocurre es que la normativa europea no regula explícitamente la forma, las modalidades de financiación y de percepción o la cuantía de dicha compensación, más allá de exigir que resulte adecuada al uso hecho de las obras protegidas y de indicar que un criterio útil para evaluar las circunstancias de cada caso concreto sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos, no pudiendo dar origen a una obligación de pago determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo.

Así, el legislador español, después de varias idas y venidas, ha considerado oportuno que los ciudadanos puedan beneficiarse del límite de copia privada como contraprestación a una parte de los impuestos que satisfacen y de los que se nutren los ingresos públicos.

No han faltado voces que defienden y critican la nueva regulación a partes iguales. De un lado, los que entienden que el canon, al igual que las carreteras, todos las pagamos con nuestros impuestos, las utilicemos o no. De otro, los que entienden que si indiscriminado era un canon que pagaban quienes adquirían dispositivos, los utilizasen o no para realizar copias privadas de obras protegidas, más indiscriminado será el que pagamos entre todos, compremos o no dispositivos o soportes susceptibles de realizar copias. Canon digital, verdades y mentiras.

¿Es legal el nuevo Megaupload?

21 enero 2013 - 6:00 - Autor:

“MEGA respeta los derechos de autor de otros y espera que los usuarios de los servicios en la nube hagan lo mismo”. Así empieza MEGA, en nuevo Megaupload, el ultimo proyecto megalómano del ya célebre Kim Dotcom.

¿Significa esto que Kim Dotcom se ha arrepentido de su pasado convicto y quiere ofrecer un servicio legal que respete los derechos de propiedad intelectual de terceros? Pues si atendemos a lo que rezan los términos y condiciones de su sitio web, eso parece.

Pero no olvidemos que la predecesora de MEGA, Megaupload, no fue clausurada por lo que decía ser, esto es, por permitir a sus usuarios almacenar contenidos en la nube, sino por establecer un sistema parasitario e infractor de derechos de propiedad intelectual bajo una falsa apariencia de legalidad.

En efecto, lo que se achacaba a Megaupload no era el hecho de permitir el alojamiento de contenidos en Internet, sino la conducta que presuntamente se encontraba oculta bajo esa apariencia de legalidad. Así, el problema de Megaupload es que la actividad de ésta no se circunscribía, como hacían ver, a proveer servicios de alojamiento de archivos, sino a generar por medio de una serie de artificios técnicos, un catálogo de contenidos protegidos para ponerlos, posteriormente, a disposición del público a través de Internet permitiendo su acceso (y lucrándose), a través de páginas de enlaces o de buscadores, que realizaban la labor de indexación de esos contenidos.

Este matiz es importante por la relevancia y necesidad del servicio en la compartición de los contenidos. Megaupload, y quién sabe si también MEGA ahora, no sólo permitía a sus usuarios compartir contenidos, sino que realizaba la labor misma de compartir. Jurídicamente, Megaupload no podía ser considerado como un mero prestador de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, tal y como ésta sostenía, igual que no lo sería MEGA si participase en dicha labor de compartición. No le aplicarían entonces las exenciones de responsabilidad que regulan la operativa de este tipo de operadores y que hacen posible y legal servicios de almacenamiento en Internet.

El caso de MEGA, posiblemente fruto de la experiencia pasada, parece ir un paso más allá en su afán de evitar responsabilidad en la compartición de los contenidos, de manera que cada vez que el usuario, según expresan sus términos, sube un archivo a MEGA, el servicio lo encripta, siendo éste sólo accesible por el propio usuario y nunca por los administradores del servicio.

En definitiva, pueden decir lo que quieran los términos de MEGA (igual que en su día lo hacían los términos de Megaupload) si finalmente su actividad no se limita a la mera provisión de un espacio de Internet en el que compartir archivos, y facilita de manera activa el intercambio de los mismos. Lo hacía Megaupload y veremos si lo permite también ahora MEGA.

@AlexTourino

Los impostores de Twitter

26 noviembre 2012 - 6:00 - Autor:

Explotaba hace unas semanas el literato norteamericano Jonathan Franzen, autor de la sublime novela “Libertad”, frente a Twitter, calificándola de “herramienta sobrevalorada”. No contento con ello, se despachaba a gusto el escritor afirmando que “Twitter, además, no facilita el trabajo de eliminar a los impostores”.

No sé muy bien si Franzen pensaba en alguna conducta en particular cuando hablaba de impostores de Twitter, pero Twitter sí lo hace. En efecto, en su último informe de transparencia, correspondiente al primer semestre de 2012, la más mundial red de microblogging alertaba del preocupante incremento de denuncias de particulares por vulneración de derechos de propiedad intelectual. Es decir, por robo de tuits, como se conoce ya a esa preocupante tendencia de copiar tuits ajenos sin mencionar a su autor.

En particular, recoge el referido informe un total de 3.378 denuncias recibidas en los últimos seis meses auditados, con 5.874 cuentas afectadas y un resultado final de 5.275 tuits eliminados.

Muchos o pocos, lo cierto es que esos 5.275 tuits han pasado ya por la trituradora del copyright de Twitter por entender sus reclamantes (y Twitter) que vulneraban sus derechos de autor. Sea como fuere, la realidad es que el robo tuits puede tener nula o escasa importancia si nos encontramos en el ámbito más doméstico o privado, pero enorme repercusión si el supuesto robo se emplea con la finalidad de ganar seguidores o para promocionar sitios web con fines comerciales.

¿Pero tenemos todos claro cuándo un tuit vulnera los derechos de autor de un tercero? Para responder a esta cuestión y saber al tiempo si Twiter va a censurar o no alguno de nuestros tuits es necesario acudir a las condiciones de uso de la red. En ellos se establece que “Usted es el titular de los derechos que le amparan sobre cualquier Contenido que envíe, reproduzca o exponga en los Servicios o a través de los mismos”. Sin embargo, prosigue, “Mediante el envío, la reproducción o la exposición de Contenido en los Servicios o a través de los mismos, usted concede a Twitter una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita (así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro”.

Además esta licencia que el usuario concede implica que “todo el mundo pueda acceder a sus Tweets y que el resto de los usuarios puedan hacer lo mismo”. No obstante, recuerda, “lo que es suyo, es suyo – usted es el propietario de su Contenido (y sus fotos forman parte de ese Contenido)”. Es decir, que lo que es nuestro es nuestro, pero los demás podrán reutilizarlo siempre que guarden las formas, esto es, que citen a su autor. Osea, el retuiteo vale, pero la copia sin mención, no.

¿Y qué ocurre en el caso de que robemos un tuit? ¿qué sucede en caso de que tomemos un tuit de un tercero y lo reproduzcamos sin mencionar la fuente?

Pues, igualmente siguiendo lo que los términos y condiciones de Twitter descubrimos que Twitter se reserva el “derecho a eliminar el contenido que supuestamente infrinja derechos de propiedad intelectual sin preaviso, a nuestra total discreción y sin indemnización alguna a su favor. En el caso en que se den las circunstancias adecuadas, Twitter podrá también poner fin a la cuenta de un usuario si se determina que el usuario es reincidente”.

Así que ojo con lo que copiamos, porque la tarjeta amarilla es el borrado del tuit, pero también hay tarjeta roja, que nos saca del partido y nos deja sin cuenta ni seguidores. Pero lo más importante, los “impostores de Twitter” vulneran los derechos de terceros y, a fin de cuentas, tal y como afirma Twitter, “¡Usted es lo que Twittea!”

@AlexTourino

¿Adiós a las páginas de enlaces?

10 noviembre 2012 - 6:00 - Autor:

En el día de ayer, coincidiendo con día festivo en Madrid, el partido Piratas de Cataluña filtraba en su sitio web un proyecto de Real Decreto-Ley por el que se prevé por parte del Gobierno la adopción de medidas urgentes en materia de propiedad intelectual.

El contenido del borrador filtrado se enfoca en tres líneas principales: (i) la reforma del sistema de compensación equitativa por copia privada, más conocido como canon digital; (ii) el establecimiento de mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; y, la que aquí más importa, (iii) el impulso de medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.

Y es en este último punto donde la polémica no ha hecho sino empezar. A la vista de la inutilidad de la Ley Sinde para poner freno a la continuidad y surgimiento de las conocidas como webs de enlaces, se propone ahora lo siguiente. Se acuerda en el borrador de norma la introducción de un nuevo precepto en la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 158 bis, en virtud de la cual se obligaría a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que ofrezcan o pongan a disposición de terceros contenidos protegidos por derechos de autor a ofrecer información veraz y permanente acerca de los acuerdos alcanzados con los terceros titulares de derechos para poder incluir esos enlaces. Es decir, se obliga a las páginas de enlaces a publicar qué acuerdo con el titular de los derechos les legitima para incluir enlaces a las obras protegidas.

El incumplimiento de lo anterior implicaría la imposición de sanciones económicas de entre 30.000 Euros y 150.000 Euros en función de la calificación de la conducta como infracción leve o grave. Además, las sanciones podrán llevar aparejado el cierre del sitio web por periodo de hasta un año. Si el prestador del servicio estuviese fuera de la UE, en tal caso, el órgano competente podría solicitar del operador de telecomunicaciones de turno la interrupción de acceso desde el territorio español.

Pero que lo anterior no lleve a equívocos. El legislador pone su ojo en las páginas de enlaces, no en buscadores como Google. En efecto, la propia exposición de motivos del texto filtrado dispone que “lo anterior no afecta a prestadores que desarrollen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o cuya actividad no consista principalmente en la elaboración activa de listados a contenidos protegidos o que enlacen ocasionalmente a contenidos protegidos de terceros”.

En definitiva, la Ley Sinde no ha funcionado. Otra fórmula ha surgido ¿Será éste el adiós definitivo a las páginas de enlaces?

@AlexTourino

Los lenguajes de programación no se protegen. Cópialos.

3 mayo 2012 - 6:00 - Autor:

Semana convulsa en la Unión Europea en lo que a propiedad intelectual y programas de ordenador se refiere. Si la semana pasada, tocaba turno para que el Abogado General -Sr. Yves Bot- se pronunciase acerca de la legalidad de la venta de licencias de software de segunda mano, en el día de ayer se conocía la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, que resuelve la cuestión perjudicial elevada a dicho Tribunal sobre la posibilidad de protección de los lenguajes de programación con base en los derechos de propiedad intelectual.

El asunto en cuestión se presentó en el marco de un litigio abierto en el Reino Unido entre las entidades SAS Institute Inc. y World Programming Ltd., a propósito de una acción ejercitada por SAS por vulneración de los derechos de autor sobre los programas de ordenador y los manuales relativos a su sistema informático de bases de datos.

Ante el conflicto surgido, el Tribunal Británico decidió consultar al Tribunal Europeo si el Derecho Comunitario ha de interpretarse en el sentido de que tanto la funcionalidad de un programa de ordenador como el lenguaje de programación constituyen una forma de expresión de dicho programa y, como tales, pueden estar protegidos por los derechos de autor sobre los programas de ordenador.

Y en respuesta a esta cuestión, el Tribunal ha entendido que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación en sí constituyen una forma de expresión de tal programa. Lo que es más, afirma el Tribunal que “admitir que el derecho de autor pudiera proteger la funcionalidad de un programa de ordenador supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial”. Es decir, una reiteración de aquello de que las ideas no se protegen, sino que es la expresión de esas ideas lo que goza de protección bajo el amparo de la propiedad intelectual.

Esto no significa que exista barra libre para copiar lenguajes de programación. En efecto, si un tercero obtuviera la parte del código fuente correspondiente al lenguaje de programación utilizado en un programa de ordenador y, sirviéndose de dicho código, creara elementos similares en su propio programa de ordenador, tal comportamiento podría constituir una vulneración de los derechos de autor del titular originario.

No obstante, quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular de los derechos de autor, observar, estudiar y verificar el funcionamiento de ese programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, cuando realice operaciones cubiertas por esa licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre ese programa.

Por poner un ejemplo burdo. Si un autor escribe un poema en un idioma determinado, lo que el derecho de autor protegerá será la expresión de ese concreto poema, no el idioma o la idea inspiradora del mismo.

En definitiva, la protección del Derecho de autor se aplica a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador, pero no a las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de un programa –tales como su funcionalidad o lenguaje-, los cuales no están protegidos por los derechos de autor”.

¿Son protegibles las ideas?

26 abril 2012 - 6:00 - Autor:

Hoy, 26 de abril, se celebra el día mundial de la propiedad intelectual. El origen de esta celebración se remonta al año 2.000, fecha en la que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) acordaron homenajear esta disciplina del Derecho, con el fin de sensibilizar al público acerca de la función de la propiedad intelectual en la vida diaria, y celebrar la aportación de los innovadores y creadores al desarrollo de las sociedades de todo el mundo. La fecha elegida para la conmemoración se corresponde con el día en que entró en vigor el Convenio por el que se establece la OMPI, el 26 de abril de1970.

Y lo que se conmemora en el día de hoy es la propiedad intelectual, esa rama del Derecho que protege “todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”, tal y como reza el artículo 10-1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Y ese matiz es importante, porque el objeto de protección de la propiedad intelectual son las obras, no las ideas, los conocimientos o la información expresadas a través de tales obras, los cuales no son protegibles. En este sentido, el art. 2 del Tratado OMPI sobre Derecho de autor, reproduciendo literalmente lo previsto en el art. 9.2º del Acuerdo ADPIC, establece que “la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas”.

En definitiva, nuestro Ordenamiento Jurídico no protege las ideas, sino la forma original de expresión de las mismas. Pero esto es algo difícil de delimitar, cuándo una idea deja de ser idea y alcanza un desarrollo tal que empieza a ser protegible. Por ello se afirma que las ideas sí son protegibles en tanto estén expresadas y, esas ideas, tengan un cierto grado de complejidad y de originalidad; es decir las ideas se protegen cuando cumplen los requisitos que establece la Ley de Propiedad Intelectual: cuando pasan de ser ideas a ser obras, aun incompletas.

En idéntico sentido se han expresado nuestros Tribunales. Así, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 542/2004 de 24 junio de 2004 (RJ 2004\4318) afirma que: “la idea, como mera elucubración del pensamiento, no es un objeto apropiable por ser indefinida (…) pudiendo afirmarse que más que las ideas en sí, lo que protege la Ley de Propiedad Intelectual es la expresión de las ideas del autor”.

En definitiva, el Derecho Positivo, la Jurisprudencia y la Doctrina son categóricas en este sentido, las ideas se protegen cuando cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, cuando pasan de ser ideas a ser obras, entendiéndose que lo protegible no es la idea en sí, sino la forma en la que está expresada y desarrollada.

Así, citando a D. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano , “la inspiración, al igual que las ideas, es totalmente libre y no necesita del consentimiento de nadie”.

“Yo también me descargo canciones, veo pelis en series yonkis y leo e-books sin pagar: ¿Me pueden meter en chirona?”

16 enero 2012 - 6:00 - Autor:

Permítanme, en primer lugar, que entrecomille el título de esta entrada, porque no responde a mi conducta en Internet, sino a la pregunta que por distintas vías me están haciendo llegar amigos y conocidos en las últimas fechas, a raíz de todo lo que se está hablando acerca de la protección de los derechos de autor en Internet.

Y para tranquilidad de quienes así procedan, es decir, de quienes se descarguen canciones, vean películas o accedan a e-books desde sitios web que no cuentan con la autorización de sus legítimos titulares, sepan que nuestra legislación vigente (Ley Sinde incluida) no prevé la sanción del usuario que accede de tal modo a este tipo de contenidos.

En efecto, la legislación civil, penal y administrativa vigente en España castiga a quienes ponen a disposición de otros usuarios determinados contenidos protegidos por derechos de autor, pero no a los terceros que acceden a este tipo de contenidos, aun sin el consentimiento de sus titulares. Esta regulación confronta con otras normas de nuestro entorno cercano, tales como las aprobadas recientemente en Francia o Reino Unido. continuar leyendo

“Entonces, ¿enlazar es legal?”

4 enero 2012 - 6:00 - Autor:

El jaleo es descomunal. Enlazar es legal o no dependiendo de a quien pregunten. Y eso significa que el Ordenamiento Jurídico ha fallado. Y ha fallado porque uno de los principios inspiradores de nuestro Derecho es el de la seguridad jurídica, precisamente el derecho de los ciudadanos a conocer si algo es acorde a la legalidad vigente o no. Pero descuiden, no es algo nuevo; ya apuntaba el Profesor García De Enterría hace años que “la seguridad jurídica es una exigencia social inexcusable” pero “constantemente deficiente”.

¿Por qué digo esto? Pues porque a fecha de hoy no existe en nuestro panorama judicial certeza en torno a la legalidad o no de los enlaces, máxime después de la reciente aprobación el pasado 31 de diciembre del Reglamento por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, que desarrolla la conocida como Ley Sinde.

Por ponernos en antecedentes, se hace preciso indicar tanto la doctrina como la Jurisprudencia mayoritarias consideran, con carácter general, que el uso de enlaces no constituye, en sí mismo, una infracción de derechos de propiedad intelectual, por lo que prohibir la utilización de este tipo de enlaces ocasionaría un grave perjuicio a quienes los utilizan, al mermar una de las principales cualidades de Internet, que no es otra que la rápida localización de información y contenidos.

Paradigma de esta línea argumental es el Auto nº 582/2.008 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª), de 11 de septiembre que, con ocasión de la demanda interpuesta frente a los titulares de la página web “www.sharemula.com”, se pronunció considerando que el enlace “no supone infracción de los derechos de propiedad intelectual. Este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que “teclear” el nombre de esa página”.

En idéntico parecer se pronunció el Informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial al proyecto de Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Dicho Informe indicaba que en el caso de herramientas de enlaces a páginas web, “conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual por más que las páginas o contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual”.

Pero esta línea argumental no es pacífica, apareciendo en los últimos tiempos opiniones minoritarias que discrepan de lo anterior y consideran que de la redacción de la Ley de Propiedad Intelectual no se infiere que las actividades que realice un enlazador queden fuera del ámbito de aplicación de la ley, ya que son actividades a través de las cuales tienen acceso a las obras protegidas una pluralidad de personas sin el previo consentimiento de sus titulares.

Dichas opiniones se vieron respaldadas el pasado mes de octubre a través de la que, tal vez, se haya convertido en la sentencia más controvertida en materia de enlaces, no ya sólo por el giro jurisprudencial operado en ella, sino por provenir de un órgano judicial de la entidad de una Audiencia Provincial. Se trata de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya en el Procedimiento núm. 506/09, en el caso de las páginas web de enlaces “fenixp2p.com” y “mp3-es.com”, que condenó a los titulares de dicha web a pena de cárcel por entender la Sala que sí se estaría produciendo un acto de comunicación pública típico de acuerdo con lo previsto en el art. 270 CP, siendo ésta la primera sentencia de una Audiencia Provincial que se ha atrevido a categorizar el suministro de enlaces como un acto de comunicación pública.

Lo anterior podría resultar incluso anecdótico si no fuese porque, tal y como anunciaba, el pasado día de fin de año, el Gobierno aprobaba el conocido como Reglamento de la Ley Sinde, el cual ampara a un órgano de naturaleza administrativa como es la Comisión de Propiedad Intelectual, para proceder al cierre de páginas web en caso de que sean vulnerados derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de la información.

Según ha sido anunciado por activa y por pasiva desde el Gobierno, la finalidad de este procedimiento es remover los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como el restablecimiento de la legalidad, cuando ésta haya sido vulnerada. Y en particular para poner fin a la “supuesta” vulneración de derechos de propiedad intelectual realizada por las páginas de enlaces.

Es decir, que si bien los jueces han venido entendiendo de manera casi unánime como lícito el acto de enlazar, parece ahora que una comisión de naturaleza administrativa, que estará funcionando en menos de dos meses, lo entenderá ahora como ilícito. Y lo mejor de todo (permítanme el sarcasmo), sin que ningún juez entre a valorar en ningún momento cuestión de propiedad intelectual alguna. Y es que si esto no fuera a ser así, ¿a santo de qué tanto revuelo? ¿Iba a ser creada una comisión de salvaguarda de derechos sin capacidad de salvaguarda?

Peores cosas se han visto, pero todo apunta a que esa Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya antes mencionada y esas opiniones doctrinales particulares van a servir a la Comisión de Propiedad Intelectual creada por la Ley Sinde como fuente legitimadora para la persecución y derribo de las páginas de enlaces. “Time will tell”, que dicen los sajones.

@AlexTourino

La generación cloud

24 octubre 2011 - 6:00 - Autor:

Quitando a unos pocos melómanos y amantes de lo tangible (que todavía los hay), hoy en día el consumo de contenidos de entretenimiento ha superado el apego a lo terrenal que caracterizó años pasados y se ha subido a esa extraña nube de contenidos llamada Internet. Es el salto del vinilo a Spotify, el signo de los tiempos.

Entremedias, un sinfín de modelos de negocio -que se han quedado obsoletos sin apenas haber alcanzado la madurez- y una generación, la del disco duro, que ha dado un importante golpe de timón a su manera de consumir, no sin haber hecho un daño significativo a la propiedad intelectual como concepto.

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Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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