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Verdades y mentiras sobre el nuevo canon digital

5 febrero 2013 - 6:00 - Autor:

El pasado mes de diciembre, tras el revuelo suscitado por el dictado de la conocida como Sentencia Padawan, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, la norma que regula el establecimiento del “nuevo” canon digital. Falso, pues, que el canon digital haya dejado de existir. Verdadero que el viejo canon ha dejado paso a un nuevo canon digital.

Pero viejo y nuevo canon comparten espíritu. La existencia del canon está dirigida a compensar a los titulares derechos de propiedad intelectual por los ingresos que éstos dejan de percibir por razón de las reproducciones realizadas para uso privado. Es decir, que como el usuario tiene derecho a realizar una copia privada de una obra protegida por derechos de autor a la que haya accedido de manera legítima, el autor debe ser compensado económicamente por dicha pérdida. Falso pues que el canon legitime la piratería. Verdadero que éste sirve para que el autor que vea su obra copiada para fines privados, reciba una compensación por la pérdida de ingresos sufrida.

Pero la aprobación de la regulación antes expuesta ha supuesto un cambio radical en el modelo español de recaudación del canon. Fue la normativa precedente la encargada de definir los equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción sujetos al pago de la compensación, así como el importe de la compensación que debería ser satisfecho. Por el contrario, la nueva regulación acuerda que no sean los adquirentes de dispositivos gravados quienes asuman el pago del canon, sino que sean todos los españoles quienes hagan frente a éstos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Pues bien, si antes se entendía indiscriminado el canon porque era asumido por personas jurídicas, las cuales no se hallaban legitimadas para la realización de copias privadas y por tanto para el pago del mismo, la situación ha sido modificada ahora con la asignación del canon a los Presupuestos Generales del Estado, de manera que no solamente pagarán el canon quienes compren equipos y soportes gravados, sino que lo pagarán todos los ciudadanos españoles con sus impuestos.

Esta medida, bastante impopular –todo sea dicho-, ha traido también cola entre las propias entidades de gestión. De hecho, la propia SGAE ha bramado recientemente por la cantidad recibida, afirmando que antes recaudaban 115 millones de euros y ahora apenas reciben cinco con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El cambio operado en la forma de recaudar este gravamen trae causa de la Directiva 2001/29/CE, que permite a los Estados de la Unión Europea el establecimiento de una compensación equitativa por copia privada. Lo que ocurre es que la normativa europea no regula explícitamente la forma, las modalidades de financiación y de percepción o la cuantía de dicha compensación, más allá de exigir que resulte adecuada al uso hecho de las obras protegidas y de indicar que un criterio útil para evaluar las circunstancias de cada caso concreto sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos, no pudiendo dar origen a una obligación de pago determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo.

Así, el legislador español, después de varias idas y venidas, ha considerado oportuno que los ciudadanos puedan beneficiarse del límite de copia privada como contraprestación a una parte de los impuestos que satisfacen y de los que se nutren los ingresos públicos.

No han faltado voces que defienden y critican la nueva regulación a partes iguales. De un lado, los que entienden que el canon, al igual que las carreteras, todos las pagamos con nuestros impuestos, las utilicemos o no. De otro, los que entienden que si indiscriminado era un canon que pagaban quienes adquirían dispositivos, los utilizasen o no para realizar copias privadas de obras protegidas, más indiscriminado será el que pagamos entre todos, compremos o no dispositivos o soportes susceptibles de realizar copias. Canon digital, verdades y mentiras.

SGAE, princesa por un día

6 octubre 2010 - 23:22 - Autor:

Debe resultar realmente extraño eso de ser la institución más odiada desde la Inquisición y, en un abrir y cerrar de ojos, pasar a tener la condición de víctima ante la opinión pública; algo así como la rana del cuento que se convierte en príncipe ante el beso de su princesa.

Anonymous, un grupo de cyberdelincuentes –que eso es lo que son-, ha hecho lo propio con la SGAE, poniendo en jaque su sitio web a través de un ataque de denegación de servicio o DDoS (Denial of Service) que se ha adelantado unas horas a la cita fijada, las 00.00 de esta madrugada. El ataque convocado por este grupo, célebre desde hace unos años por su ataque a la Iglesia de la Cienciología, se enmarca dentro de la Operación Payback (revancha), en protesta “contra el reino de organizaciones extremistas pro copyright y contra los perros de presa de la industria del entretenimiento”, según manifiestan en su página web.

Para el que no esté familiarizado con los DDos, los ataques de este tipo consisten básicamente en un llamamiento a los usuarios para que, en señal de protesta, a una hora determinada entren en una web, de manera que la colapsen hasta la saturación por el aumento de tráfico. La única salida que le quedaría a SGAE ante ello consistiría en ampliar el ancho de banda, lo cual tampoco garantiza la inmunidad al ataque.

Las consecuencias jurídicas de todo esto son ambiguas. De un lado, Anonymous no sólo convoca el ataque de denegación, sino que también pone a disposición del usuario un chat para coordinarlo, con lo que es claro autor directo del mismo. Lo que ocurre es que perseguir vía legal al autor de esta convocatoria se antoja complicado, por los tradicionales problemas de aterritorialidad y falta de jurisdicción universal. Pero ¿qué hay del usuario que secunda este iniciativa?

El actual Código Penal castiga con penas de 1 a 3 años de prisión a quien “por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos”. La literalidad del precepto hace descartar del tipo penal la simple paralización del sistema, pero ello no excluye que el usuario que secunda la iniciativa no esté cometiendo otro tipo de infracción.

De hecho, por hacer un paralelismo con el mundo físico, el artículo 21 de nuestra Constitución reconoce a todos los ciudadanos el derecho a manifestarse de manera pacífica, como podría serlo el hecho de entrar en una web a una hora determinada, pero matiza en su apartado segundo que en los casos de manifestaciones en lugares de tránsito público, como podría serlo Internet, la autoridad podrá prohibirlas “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes”, como podría entenderse que sucede en este caso. Es decir, que el usuario de Internet se arriesgaría a un “porrazo”, al igual que se arriesgaría el ciudadano que acudiese a una manifestación no permitida.

Legalismos a un lado, lo cierto es que esto parece más un ataque de desobediencia civil o de justicia por la mano que otra cosa, pero lo que me molesta sobremanera de todo este asunto es que por un día, quien se ha encargado a base de acción de manchar su reputación se permita limpiarla a costa de un grupo anónimo que posiblemente jamás haya pisado España ni conozca a ninguno de sus creadores. No permitamos que la rana sea príncipe (o princesa) jamás.

Un nuevo revés para SGAE, las Creative Commons.

2 julio 2010 - 6:00 - Autor:

La aguardábamos. Necesitábamos luz y un tribunal valenciano nos la ha dado. Ha sido el Juzgado de lo mercantil nº 3 de Valencia, en Sentencia de fecha 25 de mayo de 2.010 que apenas acabamos de conocer, la que ha tirado nuevamente por tierra el extendido mito de que “la SGAE tiene un derecho a la gestión exclusiva del repertorio universal de las obras musicales”.

Lo relevante del asunto en cuestión es que la sentencia desestima la demanda interpuesta por la SGAE frente a un pub en el que se comunicaba públicamente música distribuida bajo licencia Creative Commons (música de autores no vinculados a la SGAE), por no haber podido la entidad de gestión acreditar que en el local sonaba música del repertorio que ésta gestiona.

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Europa contra el canon digital

12 mayo 2010 - 0:02 - Autor:

Lo hemos conocido hace escasamente unas horas. La Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tampoco cree en el modelo indiscriminado de canon digital. “Un sistema nacional que prevé la aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital no es compatible con la norma europea”, dice.

¿Y por qué estas conclusiones ahora? Pues porque el sistema normativo comunitario contempla la figura de la cuestión prejudicial que, simplificando, permite a un órgano judicial nacional suspender un procedimiento y remitir consulta al Abogado General para aquellos supuestos en los que la aplicación de una determinada norma genera dudas en el entorno comunitario. Lo anterior no significa que el Tribunal de Justicia resuelva el litigio nacional, sino que el Tribunal nacional resolverá de acuerdo con la decisión del Tribunal Europeo.

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Ipad y canon digital. La historia (no) se repite.

21 abril 2010 - 10:00 - Autor:

applePese a que pueda sonar a viejo, la del canon digital (en términos legales “remuneración equitativa por copia privada”) es una cuestión de plena actualidad. Leíamos estos días en algunos medios que el nuevo juguete de Apple, el iPad, no estará sometido al pago del canon en España o, al menos, eso parece haberse filtrado desde el Ministerio de Industria. Pero ¿sabemos por qué?

Si miramos a nuestro alrededor podemos encontrar multitud de dispositivos que han sido gravados con el canon, desde nuestro teléfono móvil hasta la fotocopiadora de la oficina. Sin embargo, el ipad parece que no tendrá que pagar un sobreprecio en concepto de canon. Para entender el motivo de tal medida (si es que lo hay) hay que remontarse al sentido y significado originarios del canon digital.

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Alejandro Touriño

Alejandro Touriño en ECIJAAlejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones de prestigio como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

En la actualidad ejerce su actividad Profesional como Responsable del área de Information Technology de ECIJA, asesorando a clientes nacionales e internacionales, tanto en sede judicial como extrajudicial, en cuestiones relacionadas con Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, centrando su actividad en la Propiedad Intelectual, Contratación de Software, Nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y Redes Sociales. Alejandro compagina su labor profesional con la docencia en másteres universitarios, y es colaborador asiduo de prensa jurídica especializada.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías ‘World IT Lawyers’, miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).

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