La historia no es nueva. Recordarán que hace unos meses un bloguero, Pablo Herreros, hasta entonces desconocido para el gran público, iniciaba una campaña contra el programa de Telecinco “La Noria”, solicitando a los anunciantes que retiraran la publicidad de dicho programa por haber pagado éste un total de 10.000 Euros a la madre de “El Cuco”, uno de los implicados en el asesinato de Marta del Castillo, por la concesión de una entrevista.

Con su iniciativa, Pablo Herreros instaba a los espectadores a no consumir los productos de las marcas que siguieran promocionándose en La Noria. La reacción no se hizo esperar y poco a poco los anuncios comenzaron a desaparecer durante la emisión del espacio, hasta derivar en la cancelación del programa y en la sustitución de éste por otro de idéntico formato denominado “El gran debate”.

La respuesta de Telecinco a esta campaña ha venido en forma de acción judicial. Esta misma semana se ha conocido que el Juzgado de Instrucción nº 14 de Madrid había admitido a trámite una querella interpuesta por Mediaset España, titular de Telecinco, contra Pablo Herreros por la comisión de un supuesto delito de amenazas y coacciones. Éstas son las claves de la querella interpuesta por Telecinco:

1.- Los delitos que se imputan al bloguero son los de amenazas y coacciones. Según dispone el artículo 171 del Código Penal, el que amenace a otro con causarle un mal será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho.

Por su parte, el artículo 172 establece que el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados

Éstos son, en definitiva, las penas a las que se enfrentaría Pablo Herreros en el caso de que la querella prosperase.

2.- En el seno del procedimiento, el próximo día 4 de diciembre, Pablo Herreros habrá de comparecer ante el Juzgado de Instrucción en calidad de imputado. Esta comparecencia se enmarca dentro de la fase de instrucción, parte del procedimiento penal en la que se practican todas las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, sus autores y circunstancias.

Esta imputación no implica el reconocimiento de la comisión de ningún delito, sino que responde a la obligación del juez de instrucción de, ante la apariencia de la comisión de un delito, debe realizar todos los actos de averiguación necesarios tendentes a determinar las circunstancias que se han producido.

3.- En opinión de Telecinco, según afirman en la comunicación emitida ayer, “una cosa es criticar, convencer o disuadir, y otra muy distinta amenazar, que no es, ni más ni menos, que imponer a otro un comportamiento contrario a su voluntad; cuestión que está completamente al margen de la convivencia democrática. Cuando el Sr. Herreros decidió mandar una carta a nuestros anunciantes diciendo textualmente: “si no se adhirieran a nuestra propuesta (retirar a publicidad de “La Noria”) seguiríamos exigiéndoselo en adelante y promoveríamos un boicot de sus productos” ni está criticando, ni convenciendo. Está amenazando. Esta actitud de Pablo Herreros es completamente antijurídica, y por ello, en ejercicio de otro derecho fundamental, como es el de defensa, Mediaset España se ha limitado a poner los hechos en conocimiento del Juez. Será él, y no nosotros ni nadie en su lugar, quien decida si Herreros ha actuado dentro o al margen del ordenamiento jurídico. Y, por supuesto, acataremos su decisión.”

4.- En opinión de Pablo Herreros, por su parte, “ese movimiento que inicié y miles de personas apoyasteis, provocó que por primera vez en España un programa se emitiese sin publicidad, gracias a una reacción muy responsable de las marcas a las que pedimos que dejasen de respaldar conductas intolerables, como era el pago a criminales y delincuentes por hablar de sus delitos”.

5.- Las muestras de apoyo a favor de Pablo Herreros no se han hecho esperar. Destaca, por encima de todas, la promovida en la plataforma change.org, “Pide a los anunciantes de Telecinco que retiren su publi #lavozdePablo #lavozdirectos1”, que a fecha de escribir este post ha superado ya las 75.000 firmas.

Según exponen en el propio sitio web “Pablo Herreros se mojó para evitar el pago a criminales y sus familiares en la televisión. Ahora Telecinco sorprendentemente quiere hacérselo pagar. (…) Por eso quiero pedirte que firmes esta petición y pidas a las principales marcas que se anuncian en la cadena -L’Oreal, P&G, Ferrero, Trivago, García Carrión, Carrefour etc -que hagan ver a Telecinco lo terriblemente injusto de esta acción y que retiren su publicidad hasta que Telecinco retire la querella contra Pablo”.

En mi opinión, y pese que la solución es difícil de aventurar por cuanto que cualquier cosa puede suceder ante un tribunal de justicia, se antoja realmente complicado que una querella por amenazas y coacciones pueda prosperar frente a quien, en el ejercicio de su libertad de expresión, hace un llamamiento a los anunciantes de una cadena de televisión para que dejen de respaldar lo que, desde su punto de vista, no es ético. Habrá que aguardar lo que dicten los tribunales.

@AlexTourino

Según ha anunciado el blog oficial de Google esta misma mañana, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por Telecinco frente al portal de videos Youtube, propiedad del gigante norteamericano Google, en defensa de sus derechos de propiedad intelectual.

En una resolución judicial que simplemente pone punto y aparte al procedimiento, ya que contra la misma cabe Recurso de Apelación, el Juzgado de instancia desatiende la pretensión de Telecinco, apreciando que Youtube actúa, respecto de los videos colgados por sus usuarios, como un mero intermediario, teniendo cabida su actividad en los supuestos de exclusión de responsabilidad previstos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

El Juzgado, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del “conocimiento efectivo”, ha desechado los argumentos esgrimidos por Telecinco, concluyendo que Youtube no es responsable de los videos publicados por sus usuarios. Esta Resolución, con célebres precedentes en la jurisprudencia española e internacional, tendría encaje, en opinión del Juzgado, en el anunciado régimen del conocimiento efectivo, que no es otra cosa que la exclusión de responsabilidad del titular de una web por los contenidos subidos por terceros en tanto que no tenga conocimiento de su ilicitud, es decir, en tanto que un órgano competente no determine que un derecho ha sido vulnerado.

Por tal motivo, los prestadores de servicios de intermediación, en este caso Youtube, no serían, en principio, responsables por los contenidos ajenos que transmiten, alojan o a los que facilitan acceso, pero podrían incurrir en responsabilidad si tomasen una participación activa en su elaboración o si, conociendo la ilegalidad de un determinado contenido, no actuasen con rapidez para retirarlo o impedir el acceso al mismo.

Pues bien, la demanda de Telecinco buscaba impedir que los usuarios de Youtube subiesen de manera impune videos titularidad de Telecinco sin el consentimiento de la cadena. Los múltiples requerimientos remitidos por Telecinco a Youtube fueron desatendidos por ésta, al parecer, por el hecho de que Telecinco pretendía la eliminación total de sus videos sin que los mismos fuesen identificados uno por uno, de manera aislada. En este sentido, Youtube ha recalcado que existe una herramienta tecnológica gratuita a disposición de los titulares de derechos –Content ID- que identifica videos y los repele de modo automático.

En este orden de cosas, el Juzgado de lo Mercantil ha considerado que Youtube no tiene la obligación pretendida por Telecinco de supervisar los contenidos que alojan los usuarios de Youtube en su plataforma. En definitiva, en opinión del Juzgado, Youtube no es responsable por los contenidos ajenos que aloja porque “resulta materialmente imposible llevar a cabo un control de la totalidad de los vídeos que se ponen a disposición de los usuarios”, según reza la Sentencia, sin perjuicio de que “no se trata de un procedimiento cómodo y sencillo para la actora, particularmente porque le incumbe la ingrata tarea de rastrear y controlar los contenidos que se alojan en la página web de la demandada”.

Huelga decir que Telecinco ya ha comunicado públicamente su intención de interponer recurso contra esta Resolución. Sólo queda esperar.