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El Constitucional y su Presidente: entre el Derecho y la Política

2 agosto, 2013 - 9:57 - Autor:

El caso de la ocultada militancia conservadora del Presidente del Tribunal Constitucional, F. Pérez de los Cobos, trae a colación la vieja controversia sobre legalidad y legitimidad o, si se quiere con mayúsculas, entre el Derecho y la Política. Por supuesto, debe dirimirse sin más dilación si esa militancia respeta las disposiciones legales al respecto o no. Pero, más allá, ¿es legítimo que el postulante a cargo público de esa preeminencia y sus proponentes oculten elementos relevantes de su biografía a quienes tienen que juzgar precisamente su idoneidad para el empleo?

El Derecho…

Obviamente, el enunciado induce la respuesta, pero es el planteamiento que procede porque el análisis de la legalidad del nombramiento no merece muchas consideraciones: el artículo 159.4 de la vigente Constitución de 1978 dice que “la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible […] con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos […]”. Así lo ha entendido el propio Tribunal ‑sorprendería lo contrario‑ al establecer que el hecho de la simple militancia partidaria de su Presidente no es incompatible con la condición de miembro de ese Tribunal.

Si las distintas impugnaciones que se han anunciado se fundamentan solo en una supuesta incompatibilidad por esa militancia, el resultado es fácilmente previsible. Una puerta entreabierta es la que sugiere la apostilla del sobredicho artículo: “[…] y con el empleo al servicio de los mismos”. En efecto, otra cosa sería que se pudiera constatar que la vinculación entre Presidente y PP era de carácter laboral, mercantil o de prestación de servicios. Tendrá que investigarse y determinarse, por ejemplo, que responden a esa categoría sus asesoramientos o consultorías a FAES. Nada fácil.

La última posibilidad, a mi juicio, es la impugnación singular de aquellos acuerdos en los que participe su actual Presidente y entren en la contradicción a la que se refiere el artículo 219.13ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.” En estos supuestos la ley obliga al magistrado a la abstención y, en su defecto, legitima a terceros para la recusación. Y tiene un conocido precedente en el caso del Magistrado P. Pérez Tremps, propuesto por el Gobierno socialista en 2.004 y recusado a propuesta del PP en la votación sobre el Estatut por haber elaborado un dictamen para la Generalitat de Cataluña sobre la constitucionalidad de dicho texto.

La Generalitat y la Junta de Andalucía pero también sus propios compañeros de Tribunal tendrán que tener muy presentes ese mandato y ese antecedente.

…y la Política

Hasta aquí la cuestión de la legalidad, pero ¿aguantarán por mucho tiempo el Presidente y la propia institución esa debilidad, ese estado “in dubio” en que se van a instalar? Es evidente que dar por zanjada la cuestión en este punto resulta insatisfactorio, cuando no irritante. Que el asunto no se agote en sus simples términos legales no habla sino de la presencia de otra dimensión a la que es inevitable y conveniente recurrir: la Política. Y lo haré con un ejemplo que debe agradar a quienes, con notable papanatismo, recurren a conveniencia a otros sistemas políticos, sobre todo si se trata de los EEUU.

Es sabido que la literatura conservadora apunta todos los males de los nombramientos del Tribunal Constitucional ‑en realidad, de cualquier nombramiento‑ a la presencia de los partidos, que, según ello, mancha la independencia exigible a los mismos. Pero ¿y si copiáramos el ejemplo de nuestros admirados norteamericanos y pusiéramos en manos del Presidente ‑incluido Rajoy‑ la potestad de elegir a todos los miembros del alto tribunal? Inquieta pensarlo.

Sin embargo, para abrir boca, podríamos tomar ejemplo del examen que estos sufren por el Senado americano. Como es sabido, el Senado tiene poder para hacer comparecer, tomar declaración, investigar y aprobar o rechazar los nombramientos presidenciales, en particular los del la Corte Suprema con funciones, entre otras, similares a la de nuestro Tribunal Constitucional. Es en esa sede y en ese momento donde se afloran los perfiles de los propuestos que pudieran resultar menos idóneos. La contundencia de sus actuaciones es conocida y respetada, al punto que a ningún declarante se le ocurriría negarse a comparecer y menos aún a mentir o ‑su pariente más próximo‑ ocultar dato relevante alguno.

Por lo tanto, no parece que la esencia del sistema de nombramientos esté en el tipo de proponente ni en la presencia de los partidos. Lo que han creado los norteamericanos no es un código legal perfecto sino un acuerdo, un uso sobre los principios que hay detrás de las normas. Es un trámite que viene de lejos a decirle al Presidente: “tiene derecho a proponer a discreción los nombramientos, no nos importa su partido, pero nunca arbitrariamente; tenemos unos principios y el primero es que no se nos mienta”. No se les ocurriría pasar el nombramiento de candidatos con antecedentes delictivos, que hubieran hecho alguna declaración ambigua sobre el nazismo, o que hubieran defraudado al fisco, por ejemplo.

Pero, sobre todo, si hubieran mentido u encubierto un dato biográfico relevante. Porque dan a este trámite de elegir los más altos servidores públicos una dimensión ética que trasciende los formulismos legales. Hace tiempo que se dijeron: ya tenemos una norma legal, ahora construyamos un principio. Y ese principio era que a las Cámaras representantes de la soberanía popular no se les miente. Es decir, aplicaron la Política. Es fácil imaginar que si gestionáramos el incidente F. Pérez de los Cobos con la cultura política norteamericana, jamás hubiera llegado a ocurrir. Más aun: en este punto, ni siquiera sería necesario pedir ahora la marcha del implicado.

La militancia de F. Pérez de los Cobos en el PP no solo no le mancha sino que le honra, como en principio honraría a cualquier ciudadano el compromiso participativo. Lo que le pierde, a él y a sus encubridores, es la trampa y el engaño. Pueden aprobar por los pelos el examen de Derecho, pero suspenden con traca el de Política.

Seguramente tenemos los códigos más precisos y abundantes. Pero es insuficiente. Nos falta la Política. Aprovechemos la ocasión para reivindicar, una vez más, la vigencia de los principios de esa Política entre tanta política de baratillo.

Antonio Kindelán

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