Parlamento y Empresa

La Comisión de Cultura del parlamento español aprobó una enmienda transaccional del PP a una propuesta socialista para instar al Gobierno a apoyar a los nuevos sectores tecnológicos y el micromecenazgo, aunque el Grupo Popular despojó de compromisos concretos a la Proposición no de Ley de los socialistas, a la espera de avances en la consolidación fiscal que permitan tramitar por fin el proyecto de Ley de mecenazgo.

El Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle

Según recoge el texto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, registrada el pasado 23 de abril, durante la pasada legislatura “el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley por la que los videojuegos pasaron a ser considerados industria cultural”.

El sector de los videojuegos, según datos de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) citados en la PNL, alcanzó una cifra de negocio en España de 820 millones de euros en 2012, con un componente importante de I+D+i que convierte a esta incipiente industria en un motor para la creación de empleo cualificado y riqueza.

Los socialistas proponían, para incentivar el desarrollo de dicho sector, que el Gobierno creara polos de atracción para nuevas empresas relacionadas con Internet, que favoreciera la constitución de fondos de inversión de capital-riesgo y de capital semilla mixtos público-privados, que estableciera un espacio público virtual en Internet para facilitar el “crowdfunding” con garantías, y que creara certámenes dedicados al sector para promocionar a los programadores y empresas punteras del sector.

La proposición fue debatida en la Comisión de Cultura del pasado miércoles y, pese a que anteriores iniciativas de la oposición que reclamaban medidas de impulso a la industria cultural habían acabado sin acuerdo, esta vez el espíritu pactista que ha impregnado la actividad legislativa durante las dos últimas semanas hizo posible que se aprobara la PNL aunque, eso, sí, a través de una enmienda transaccional presentada por el PP.

Dicha enmienda recoge los mismos puntos de la propuesta original, aunque convierte los verbos de acción directa, como “crear” o “establecer”, en verbos que indican voluntad de acción, pero sin compromisos concretos más allá de lo que indican verbos como “apoyar”, “favorecer” o “impulsar”.

Así, el Congreso insta al Gobierno (“en coordinación con las Comunidades Autónomas”, según se añadió en el último momento) a “apoyar la creación de polos de atracción” para empresas de Internet, a “favorecer a través de un mejor entorno regulatorio y de incentivos financieros y fiscales” la constitución de fondos de inversión y de capital semilla, a “impulsar medidas destinadas a promover la captación de recursos económicos” a través del micromecenazgo, y a “apoyar institucionalmente certámenes o concursos dedicados al sector por parte de las autoridades institucionales”.

En todo caso, la aprobación refleja una voluntad inequívoca de apoyo al sector de las nuevas tecnologías y a las iniciativas novedosas de financiación de la industria cultural, pero todo se halla supeditado al objetivo supremo del actual gobierno, recogido en la frase añadida al punto referente al micromecenazgo o “crowdfunding” y que parece condicionar todo el texto, una frase que dice así: “en la medida en que lo permita el actual marco de consolidación fiscal”.

A la espera de la Ley de mecenazgo

De hecho, ya el 27 de abril de este año se debatió en la misma Comisión de Cultura del Congreso una PNL del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) “relativo a impulsar el denominado crowdfounding o micromecenazgo para las actividades culturales”.

Según la diputada que defendió aquella iniciativa, Montserrat Surrocas, “en estos años de grave crisis y de necesaria austeridad en el sector público, hay muchas actividades de interés general que reciben menos ingresos y no tienen otras alternativas para captar financiación”, por lo cual proponía que el Gobierno diera un impulso al mecenazgo, que “además de unir sinergias entre el sector público y el sector privado en actividades de interés colectivo, es una alternativa realista a la financiación pública y puede revitalizar la financiación de estas actividades”.

La diputada nacionalista catalana afirmaba que existe una absoluta necesidad de reformar el actual régimen de estímulos fiscales al mecenazgo, ante unos datos que indican la disminución de donaciones desde los 134 millones de euros en 2004 a 43,9 millones de euros en 2008, para lo cual CIU había presentado la correspondiente Proposición no de Ley.

Pero, a la espera de que la reforma de la Ley de mecenazgo llegue al trámite parlamentario, el grupo catalán proponía unas medidas concretas de apoyo a la modalidad denominada “micromecenazgo” o “crowdfunding”, mediante deducciones fiscales inmediatas.

El PP mostró su apoyo genérico al espíritu de la PNL, aunque su portavoz, la diputada Ascensión Figueres, hizo constar que “el Gobierno de España no puede adoptar de manera inmediata medidas de tipo fiscal que impliquen un detrimento en la recaudación del IRPF ni del impuesto sobre sociedades, pues lo primordial en este momento es la reducción del déficit”.

Por ello, el Grupo Popular planteó una enmienda transaccional que “coincidiendo en el objeto, impulsar medidas destinadas a promover la captación de recursos económicos destinados a financiar actividades culturales a través del micromecenazgo, elimina la referencia a la urgencia para adoptar esas medidas y añade: en la medida en que lo permita el actual marco de consolidación fiscal”.

Justo la misma referencia introducida en la PNL socialista debatida el pasado miércoles, aunque en la sesión del 23 de abril CIU no aceptó la enmienda propuesta por el PP y, por tanto, la PNL fue rechazada tal cual.

En cualquier caso, queda claro que el proceso de elaboración y tramitación de la Ley de mecenazgo, cuya presentación fue anunciada como inmediata por el propio presidente del Gobierno al inicio de la legislatura, se ha ido retrasando por motivos que inciden directamente en la necesidad de primar la reducción del déficit fiscal sobre cualquier otro objetivo.

El propio Secretario de Estado de Cultura. José María Lasalle, declaró el 16 de abril de 2013 que existían “complicaciones” que impedían “poner sobre la mesa” el proyecto de Ley.

En el Consejo de Ministros del 26 de abril de 2013 fue aprobada “la creación de un grupo de trabajo interministerial sobre la fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo”, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual “ostentará su presidencia a través de la Secretaría de Estado de Hacienda”.

Dicho grupo de trabajo tiene como plazo para elaborar sus propuestas hasta el 31 de diciembre de 2013, lo que indica que la Ley de mecenazgo del Gobierno de Rajoy deberá esperar bastante para ver la luz.

Lo que sí ha quedado claro es que se trata de una iniciativa cuya tramitación, pese a impactar de lleno en el sector cultural, no depende en realidad del Ministerio de Cultura, sino de lo que disponga el Ministerio de Hacienda.

@FGarciaDonet

Aunque corren vientos de pacto en España respecto a la política europea, la voluntad negociadora no alcanza a otros ámbitos de la acción pública, como la sanidad y la educación. Los dos partidos mayoritarios han presentado enmiendas a la reforma de la Ley del medicamento que muestran la distancia que separa las posiciones políticas básicas de cada una de estas formaciones.

El título de la norma que el Congreso tramita en estos momentos, por vía de urgencia, es: Proyecto de Ley por el que se incorporan a la regulación española las Directivas europeas sobre farmacovigilancia y lucha contra la falsificación de medicamentos, aunque el Gobierno ha aprovechado la transposición de la nueva normativa comunitaria para introducir un buen conjunto de modificaciones a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

Ahora, con la presentación de las enmiendas parciales, el Grupo Parlamentario Popular ha añadido una serie de cambios adicionales que acentúan la orientación hacia la austeridad presupuestaria que preside la reforma gubernamental, además de reforzar la voluntad centralizadora del ejecutivo de Rajoy e incluso cambiar normas relativas al estatus del personal sanitario.

El Partido Socialista, por su parte, había registrado previamente 11 enmiendas que pretenden revertir las reformas introducidas por el ministerio de Ana Mato tanto en relación a las prestaciones farmacéuticas como al modelo de sanidad pública en general.

El PSOE quiere darle la vuelta a la legislación actual

La prioridad para los socialistas es anular las modificaciones que el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril introdujo en la legislación española con el fin de limitar la cobertura pública de las prestaciones sanitarias y rebajar así sus costes para la Administración.

La principal de las enmiendas del Grupo Socialista propone, por tanto, la recuperación del sistema anterior de aportaciones de los usuarios para la obtención de medicamentos prescritos, que consistía en que los ciudadanos en general pagaban el 40% de su coste, aunque los jubilados y pensionistas no pagaban nada.

A ello se añade que tampoco los parados de larga duración deberán pagar por las medicinas que les sean prescritas por la sanidad pública.

En general, el PSOE quiere darle la vuelta al cambio conceptual que el mencionado Real Decreto Ley supuso al incorporar la figura del “asegurado” como la persona susceptible de recibir las prestaciones públicas, mientras que la propuesta de los socialistas busca reintroducir el derecho universal a recibir dichas prestaciones.

Un derecho que las enmiendas de este grupo parlamentario extienden de manera explícita a los extranjeros, con la única condición de su empadronamiento.

Otro punto básico en la reversión que el PSOE quiere dar a las iniciativas adoptadas por el actual gobierno consiste en la recuperación de una cartera única de servicios por parte del Sistema Nacional de Salud, anulando la “categorización” introducida por el PP para exigir aportaciones adicionales por parte de los ciudadanos para la prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos, por el transporte sanitario no urgente y por otros servicios accesorios.

Esta fijación de la cartera de servicios del SNS volvería a tener, en cualquier caso, un carácter básico, lo que significa que las Comunidades Autónomas podrían ampliarla a voluntad, sin estar obligadas a ceñirse al listado estatal.

También relevante es la propuesta de aplicar la prescripción de medicamentos por principio activo vigente en Andalucía, así como la de derivar a un futuro Real Decreto la reglamentación del sistema de precios seleccionados, de manera que se pudieran pactar con las Comunidades Autónomas fórmulas como la selección de medicamentos por subasta pública que realiza en la actualidad el gobierno andaluz.

Otros detalles que aparecen en las enmiendas del PSOE inciden en la prohibición expresa de ofrecer incentivos a los profesionales sanitarios y en la limitación a un 10% de los descuentos que, por pronto pago o por volumen de compra, pueden ofrecer los laboratorios a las farmacias.

Se incluye, además, a los enfermeros y a los fisioterapeutas entre los profesionales autorizados a dispensar medicamentos no sujetos a prescripción médica, así como productos sanitarios.

En general, parece claro que, con la presentación de estas enmiendas, los socialistas han querido marcar unas líneas rojas alrededor de un ámbito legislativo que están dispuestos a volver a modificar en cuanto tengan ocasión, si así lo decide la voluntad popular, de hacerlo.

El PP refuerza la centralización y el liberalismo sanitario

Las enmiendas del Grupo Popular, por su parte, buscan añadir sustento a la posición del Gobierno central en su disputa con el ejecutivo autonómico andaluz por el modelo de aprovisionamiento farmacéutico a aplicar, así como seguir limitando los costes de las prestaciones públicas, liberalizar algunos trámites y regular el impacto profesional de los cambios en la gestión sanitaria.

La intención centralizadora del PP en materia sanitaria, tras la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra el sistema de compra de medicamentos por subasta puesto en funcionamiento por la Junta de Andalucía, queda explícita en las enmiendas presentadas, que aluden expresamente a que las medidas de racionalización farmacéutica que puedan adoptar las Comunidades Autónomas “serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios”.

También muy clara es la referencia que se quiere introducir a la fijación de precios, para la administración, de los medicamentos, y que establece que  la industria farmacéutica no podrá ofrecer modificaciones en los precios “salvo en caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional”.

En la misma línea van otras enmiendas que refuerzan la obligación de las Comunidades Autónomas de enviar al Ministerio de Sanidad los datos de consumo de medicamentos, estableciendo una periodicidad mensual para la transmisión de los datos.

Con el objeto de facilitar la aplicación de los precios más bajos para las prestaciones farmacéuticas, se introduce una identificación para los medicamentos intercambiables, a través de las siglas EFG (“Equivalente Farmacéutico Genérico”).

Aunque la voluntad de ahorro en el gasto público, a la par que se traspasa al sector privado el control sobre la propia actividad de éste, se hace especialmente evidente en la eliminación de la necesidad de contar con una autorización administrativa para poder hacer publicidad de medicamentos sin receta, argumentando el Grupo Popular que “el control previo sobre estos sistemas exige recursos que en el momento actual no están al alcance de la Administración Central del Estado debido a la coyuntura económica”.

Una medida cuyo sentido ya estaba presente en la propuesta de Ley presentada por el Gobierno, con la introducción de la posibilidad de que “toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentaciones adicionales“ que se incorporen a un medicamento ya autorizado no precisen de nueva autorización, sino de una mera “notificación”.

En las enmiendas ahora presentadas, además, se recoge la sustitución de la necesidad de obtener autorización para “fabricar o importar productos cosméticos, o trasladar, ampliar o modificar sustancialmente las actividades e instalaciones” por la presentación de una “declaración responsable de cumplimiento de requisitos para realizar dichas actividades”.

Por otra parte, se refuerzan las sanciones para aquellas empresas que incumplan sus obligaciones de notificación, declaración y autocontrol, y se incrementa más de un 400% (de 168,34 a 709,98 euros) la tasa por “actuaciones inspectoras individualizadas para la comprobación de la declaración responsable”.

Otra novedad remarcable incorporada por el PP a través de sus enmiendas al proyecto de reforma de la Ley del medicamento es el reconocimiento de la situación de “servicio activo” para aquellos profesionales sanitarios que pasen a ejercer “funciones de gestión clínica”, con cómputo de antigüedad y reserva de la plaza de origen  incluso en el caso de que “la naturaleza de las instituciones donde se desarrollen las funciones de gestión clínica no permitan que presten sus servicios como personal estatutario fijo en activo”.

El Grupo Popular coincide con el Socialista en la propuesta de atribuir a los fisioterapeutas de la capacidad de dispensar medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios, pero las coincidencias terminan ahí.

Y no es probable que en la tramitación parlamentaria se vaya a producir ningún acercamiento de posiciones en un terreno que parece abonado para la confrontación política.

@FGarciaDonet

Tras varios meses de polémica entre las partes implicadas, la tramitación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha entrado en su fase decisiva en el Senado. Horacio González Alemán, Director General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), nos ha concedido una entrevista en exclusiva para exponer con sosiego, aunque también con firmeza, los argumentos del sector al que representa.

Horacio González Alemán, Director General de FIAB

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) agrupa en estos momentos a 46 asociaciones sectoriales y 1 asociación multisectorial, que representan a más de 4.000 empresas, las cuales facturan más del 75% de las ventas totales del sector. Es, por tanto, la principal entidad representativa del sector de la industria alimentaria, aunque sigue manteniendo la vocación de crecer a través de nuevas incorporaciones.

Su Director General desde 2010, Horacio González Alemán, es licenciado en Derecho, especialidad de Derecho Público, por la Universidad de Sevilla, y ha cursado estudios de postgrado sobre comercio internacional en Madrid y sobre temas europeos en Bruselas. Habla con pasión sobre los temas que forman parte de su trabajo, lo que indica un fuerte compromiso con la causa de aquellos a quienes representa. También muestra una gran convicción en la defensa de lo que considera justo, así como una apreciable capacidad de argumentación a favor de sus asociados.

PREGUNTA – ¿Considera satisfactorio el nivel de interlocución que tienen con las administraciones públicas?

RESPUESTA – Sí, puedo decir que la administración pública, en general, es muy receptiva. En los últimos tiempos nos hemos centrado en incrementar el espectro de nuestras relaciones con las administraciones. En cuanto al Gobierno, no tenemos problemas para reunirnos con los máximos responsables de todos los ministerios, salvo con los de Economía y Hacienda, seguramente porque la situación económica hace más difícil que puedan atender a todos lo que quieren hablar con ellos. Claro que eso le pasa también a la CEOE, por lo que no podemos quejarnos. Es destacable el nivel de colaboración que hemos logrado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de cara a la promoción exterior de nuestros productos. También la relación con Sanidad es fluida, y puedo decir que en Agricultura hay gran sintonía. En general, disponemos de un gran nivel de contacto con las administraciones, lo que supone un reconocimiento por parte de éstas a la importancia que tiene nuestro sector en la economía española. Creo que hemos demostrado que somos leales y tenemos criterio, lo que nos permite ser considerados como interlocutores fiables.

P. – ¿Goza el sector alimentario en España de una valoración adecuada por parte de los poderes públicos y de la sociedad?

R.- En cuanto a los poderes públicos, en general, sí. Pero sufrimos un déficit de reputación social, más que nada por el entorno socioeconómico en que nos encontramos, y que no permite un debate pausado. Ya decía Unamuno que, en este país, nueve de cada diez utilizan la cabeza para embestir y sólo uno para pensar. Existe un exceso de crítica destructiva, aunque se debe diferenciar entre la opinión pública y la publicada. Ya se sabe que lo que vende, en términos de comunicación, es la agitación, aunque con ello se haga un flaco favor a este país. Creo que el peso económico del sector alimentario en España no está suficientemente reconocido, aunque desde FIAB estamos trabajando para revertir esa situación, sobre todo a través de líneas estratégicas a largo plazo y a partir de tres aspectos fundamentales: promoción de los productos, divulgación de su calidad y generación de confianza.

P. – ¿Cuál es su valoración del Proyecto de Ley de Medidas para la Mejora de la Cadena Alimentaria que se tramita en el Senado?

R. – Creo que se trata de una excelente iniciativa por parte del Gobierno. El ministro Arias Cañete y el Grupo Popular se comprometieron con el sector y están manteniendo su palabra. Para nosotros son importantes tres aspectos esenciales de la ley. Primero, que promueva la transparencia de la cadena alimentaria, con un funcionamiento correcto. Segundo, que se trate de una ley procompetitiva, para promover la competencia cuando el mercado falla. He visto que a la OCU le preocupa la falta de competencia y propone una mayor regulación del mercado, pero también hay que tener en cuenta que un control excesivo puede llevar a limitar la libertad del consumidor, por lo que es mejor lo que establece esta ley: promover la competencia cuando resulta de verdad necesario. Y tercero, que sea una ley equilibrada entre los intereses de la producción, las necesidades de la distribución y la libertad de los consumidores. La regulación va en contra de las posibles prácticas abusivas y busca cambiar las estructuras no adecuadas, respetando las buenas prácticas del sector. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad al sector, tenemos que defender nuestras posiciones con firmeza pero sin maximalismo. No podemos generar tensiones innecesarias ni romper puentes entre las partes. En suma, se trata de crear valor.

P. – ¿Cree que habría que restringir el uso por parte de los distribuidores de las marcas blancas?

R. – En absoluto. Hay que rebatir varias falacias al respecto de esta regulación. En primer lugar, que se trate de una ley intervencionista, porque lo que se pretende es promover la competencia como se hace en otros sectores, por ejemplo en los hidrocarburos. Después, que se complique el funcionamiento de la cadena, cuando lo que la ley exige ante todo es claridad en los contratos. Pasa aquí como en el derecho laboral, que intenta ante todo proteger a la parte débil frente a quienes pueden tener una posición de ventaja. Tampoco se puede decir que se transfiere el control a las Comunidades Autónomas, ya que las sanciones se impondrán básicamente a nivel nacional, porque los productos se venden a nivel nacional. Y, finalmente, no podemos hablar de un enfrentamiento entre las marcas de fabricante y las marcas de distribuidor, porque todos los productos tienen un fabricante, y de hecho FIAB engloba a todas las partes. Lo que se critica es que la distribución juegue con las marcas para alterar la competencia, y por eso lo que se pide es, sobre todo, igualdad de trato a todas las marcas en el lineal de venta.

P. – ¿Debería existir una mayor regulación de los precios para evitar una diferencia excesiva entre el precio de los alimentos en origen y para el público?

R. – El objetivo de la nueva ley es promover una mayor transparencia en la formación de los precios, y de hecho el Ministerio de Agricultura dispone ya desde hace tiempo de un observatorio de los precios para advertir posibles disfunciones. Creo que las quejas sobre los precios son en gran parte demagógicas, porque no se tiene en cuenta que la cadena necesita generar valor en todas las fases, y de hecho los eslabones ineficaces desaparecen en un mercado libre. Algunos de los que, desde la producción, se quejan de la diferencia de precios, podrían asumir también la distribución para vender a mayor precio, y sin embargo no lo hacen. Fijar un precio mínimo de los productos en origen no es legal en la actualidad, sería como volver atrás, es hablar del pasado. La Comisión Nacional de la Competencia y la Unión Europea, desde luego, no lo ven factible. Lo que sí se puede hacer es sancionar efectivamente la venta a pérdidas, y para ello hemos pedido que se introduzcan algunas enmiendas al proyecto de Ley. Tenemos que ser conscientes de que es un problema en la relación entre proveedor y cliente, un tema que siempre resulta complicado para el proveedor, por lo que la supervisión debe corresponder a la Administración, aunque como la sanción depende de las Comunidades Autónomas y los productos van de unas a otras, muchas veces la sanción no acaba de concretarse. Creo que lo importante, de cara a la ley, es que esta práctica entre en el cuadro de infracciones, y  que luego la Administración Pública haga cumplir la normativa de manera efectiva.

P. – ¿Qué está haciendo la industria alimentaria española para evitar que se repitan casos como el de la carne de caballo etiquetada de otra manera?

R. – Antes de nada, hay que remarcar que se trata de un problema europeo, cuyo origen básicamente proviene del norte de Europa. De hecho, los grandes problemas de seguridad alimentaria que hemos tenido en Europa han procedido básicamente del norte. Podemos decir que en España gozamos de un gran sistema de seguridad alimentaria. En el caso que menciona, era un problema que afectaba al 4% de los productos analizados y que ya ha sido resuelto. Ahora bien, no era un problema de seguridad alimentaria, sino de fraude, de fraude económico. Lo que no podemos hacer es generalizar las críticas. Ante un problema como ése, la solución no es destruir valor, sino crear. El sector está revisando los procesos de autocontrol y haciendo todo lo necesario para que eso no pueda volver a pasar. También hemos ofrecido plena colaboración a las autoridades, dando toda la información posible. Creemos que, ante problemas como éste, hay que identificar al que lo ha hecho mal, y que se le imponga la sanción correspondiente, porque no se puede permitir que por cuatro casos se ponga en cuestión un sector que genera valor, trabajo y toda una cultura propia.

P. – Además de estrategias de autorregulación de la publicidad como la establecida en el Código PAOS, ¿cree que deberían adoptarse otras medidas para luchar contra la obesidad, como la limitación del uso de productos como la sal, las grasas o el azúcar?

R. – El código PAOS es un gran reto para el sector, hay que subrayar que no existe ninguna otra iniciativa parecida en toda Europa. Nosotros estamos plenamente comprometidos en la estrategia NAOS de lucha contra la obesidad puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, y tenemos representación en el Observatorio para el Estudio de la Obesidad. Hemos impulsado la reducción de grasas y cambios en la formulación de algunos productos para contribuir a ese objetivo, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de la composición organoléptica, de aquello que es propio de un producto para que lo sea, por lo que hay cosas que no se pueden cambiar. Entendemos que no hay productos buenos y malos, sino que hay que educar al consumidor respecto a las dietas saludables y promover la actividad física. La Organización Mundial de la Salud dice que son varios los elementos que intervienen: la dieta, la genética, la actividad física y los factores medio ambientales. En España hemos avanzado bastante en la reformulación de algunos productos y promoción de hábitos de vida saludables, y hay bastantes empresas que han sido reconocidas por diversas iniciativas en este campo por la Estrategia NAOS. Ahora bien, no olvidemos que estamos en un sector ya hiperregulado, que está muy reglamentado y en el que aquello que no se puede hacer es justamente alterar la formulación básica que hace ser a los productos como son. El mejor camino, por tanto, no es atacar a los alimentos, sino a la dieta que se escoge, y para ello se debe promover la difusión de mejores dietas, como hacemos desde FIAB con nuestras publicaciones.

P. – ¿Qué perspectivas de futuro tiene la industria de la alimentación y las bebidas en España?

R. – 2012 y 2013 son años malos para la economía española en general, y la reducción del consumo se ha notado durante estos dos años también respecto a los productos alimentarios. Esperamos que, para el futuro inmediato, la mejora del cuadro macroeconómico ayude al sector, tanto respecto a la financiación de las empresas como a un aumento de la confianza de los consumidores. Ahora bien, hemos de tener un cierto grado de madurez y ser conscientes de que papá Estado no puede resolvernos la vida, aunque sí que puede facilitarla, por ejemplo no imponiendo gravámenes  discriminatorios e injustos con el único afán de recaudar y sin tener en cuenta los efectos sobre el empleo o la producción desde las Comunidades Autónomas, porque esto es como matar a la gallina de huevos de oro. Por nuestra parte, estamos trabajando algunos aspectos clave que aseguren el futuro del sector. En primer lugar, en innovación, que es el factor que nos permitirá competir en el futuro, y para ello tenemos un plan estratégico que incluye a la fundación “Food for life” para presentar una agenda de innovación alimentaria, con la participación de todas las partes del sector, de cara al cumplimiento del objetivo europeo “2020”. Después, en formación, considerando que el talento es otra clave del futuro y que se debe promover ante todo el talento de los empleados, para lo cual esperamos que el ministerio de Trabajo cambie de una vez su política y cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la necesidad de que se destine a la formación la parte correspondiente de las retenciones sociales. Y, en tercer lugar, en internacionalización, con un incremento de las ventas al exterior que en 2012 fue superior al 9,4%, lo que nos está permitiendo amortiguar el impacto del descenso de consumo interior y contribuir a la mejora de la balanza comercial, ya que en torno al 28% de la producción alimentaria se destina a la exportación. Pensamos que hay recorrido para que el sector llegue más lejos, y lo que pedimos a la administración pública es que nos cree la autovía que necesitamos. Pedimos que se asegure la unidad de mercado en toda la nación, y que se mejore la coordinación de las Comunidades Autónomas en relación al sector, que exista una programación conjunta, naturalmente con el acuerdo de todos. Si el Estado puede poner más dinero para promover nuestros productos, pues mejor, pero ante todo lo que solicitamos es más coordinación entre las distintas administraciones públicas.

@FGarciaDonet

El pleno del Congreso debatió el pasado jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por cuatro grupos contra el proyecto de Ley de sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Causó sorpresa el anuncio del ministro de Industria, José Manuel Soria, de que se introducirán algunas enmiendas, pactadas con el gobierno canario, para modificar puntos esenciales del proyecto que habían levantado una importante polémica entre el ejecutivo central y la principal compañía eléctrica de las islas, Endesa.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, el pasado jueves en el Congreso

Hoy martes finaliza el segundo plazo abierto para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, aunque el pasado jueves, en el debate de las enmiendas a la totalidad de dicho proyecto, el ministro de Industria ya anunció la introducción de algunos cambios relevantes por parte del Gobierno.

Según anticipó José Manuel Soria, el Grupo Popular presentará una enmienda para permitir “que el operador dominante pueda realizar nuevas instalaciones cuando no existan otras empresas interesadas”, en contra del criterio existente hasta ahora en el proyecto gubernamental, que establecía que “no se podrá otorgar el régimen retributivo adicional o primado destinado a la actividad de producción de nuevas instalaciones en estos sistemas que sean de titularidad de una empresa o grupo empresarial que posea un porcentaje de potencia de generación de energía superior al 40% en ese sistema”.

Otra enmienda, también pactada entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación, alterará sustancialmente la previsión de expropiar dos nuevas instalaciones de bombeo para aprovechamiento hidroeléctrico, con el fin de entregarlas a Red Eléctrica Española, dado que se hará constar que sólo se traspasará la titularidad de dichas instalaciones a REE si las obras incumplen el calendario que se les fijará, aunque, llegado el caso, “la titularidad, de acuerdo con esta enmienda, por Red Eléctrica de España será sólo en caso de que lo autorice la Comisión Europea”.

Perspectivas de litigiosidad contra la ley

El ministro trató de utilizar el pacto alcanzado con el ejecutivo autonómico canario, compuesto por Coalición Canaria y el Partido Socialista, para descolocar a los portavoces de dichos grupos, diciéndoles que mantener las enmiendas a la totalidad presentadas “equivale prácticamente a presentar una enmienda a la totalidad, pero a sí mismos”.

El portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, afirmó desconocer el contenido de las enmiendas anunciadas por Soria y subrayó que la expropiación de las centrales, de producirse, “se perderá en su momento en Bruselas con total seguridad”, por lo que, según le dijo al ministro, sólo generaría “litigiosidad en tono a este tema, y mientras se litiga y además usted lo pierde, Canarias pierde la oportunidad de desarrollar dos proyectos absolutamente estratégicos para nuestra tierra”.

El portavoz socialista, José Segura, admitió que las enmiendas pactadas representaban un avance respecto al texto original del proyecto de Ley, pero insistió en mantener su petición de retirada de dicho proyecto porque, entre otros aspectos, éste no recoge ni la “financiación de la compensación extrapeninsular con cargo a los Presupuestos Generales del Estado” de manera fija, ni la recuperación de los incentivos a las energías renovables en los territorios insulares y extrapeninsulares.

El portavoz del Grupo Vasco, Pedro Aspiazu, fue especialmente explícito al afirmar, en relación a la previsión inicial del Gobierno de asignar las instalaciones hidroeléctricas en ejecución a REE, que “las instalaciones de bombeo son instalaciones de generación, por lo que entendemos que su atribución al gestor de la red de transporte vulnera el principio de separación funcional obligatoria recogida en la Directiva 2009/72 del Consejo Europeo y además contraviene lo establecido en la Ley 54/1997, del sector eléctrico”.

Efectivamente, las rectificaciones que introducirá el Gobierno en el proyecto de Ley parecen responder, de manera sustancial, a las perspectivas judiciales de estos aspectos polémicos, dado que la compañía directamente afectada, Endesa, declaró desde un principio su firme disposición a recurrir la nueva norma en todas las instancias posibles, lo que hubiera supuesto un serio obstáculo para la aplicación inmediata de la ley.

Críticas por las renovables

Tanto Soria como el portavoz del Grupo Popular para la ocasión, Guillermo Mariscal, pusieron mucho énfasis en que se retirasen las enmiendas a la totalidad presentadas, alegando que el proyecto de Ley surge de la necesidad de combinar una reducción del coste que, para el resto de España, suponen los sistemas insulares y extrapeninsulares (con una diferencia entre el precio del megavatio/hora en Canarias respecto al resto de España de hasta 170 euros, lo que genera un sobrecoste de 1.300 millones de euros al año) y la garantía de suministro eléctrico para estos territorios.

La oposición, por su parte, centró sus críticas en el escaso respaldo que, en opinión de estos grupos, se da en el proyecto de Ley al desarrollo de las energías renovables en unos territorios que consideran particularmente apropiados para estas fuentes autónomas.

La portavoz de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, puso en cuestión que el impulso a la instalación de nuevos recursos para la generación de energía se haga a través del gas, “un gas que es importado, que necesita de la construcción de gasoductos, que contamina, que aumenta aún más la dependencia energética del exterior y va a incrementar el déficit de tarifa”, defendiendo como alternativa la promoción de las renovables a través del autoconsumo con balance neto, “es decir, democratizar el sistema energético en Canarias y que cada ciudadano pueda producir energía”.

Los portavoces del PSOE y del PP, sin embargo, coincidieron en defender la introducción del gas como fuente segura y poco contaminante, declarando el portavoz socialista que “la viabilidad de la incorporación del gas natural en las islas Canarias es una apuesta fuerte del Grupo Parlamentario Socialista, como lo hizo con Baleares”, mientras que el popular defendió el nuevo modelo de mix energético porque supone “energía baja en carbono y mayor presencia de la energía renovable, utilizando el gas como tecnología de respaldo”.

La polémica del “fracking”

Finalmente, otro motivo de polémica entre el Gobierno, junto al grupo que lo sustenta, y el resto de fuerzas parlamentarias fue la inclusión en el proyecto de Ley de la regulación de la tecnología de fracturación hidráulica, el conocido como “fracking”, un método que permite extraer hidrocarburos del subsuelo rocoso mediante la inyección de agua a alta presión.

Según declaró el ministro, las comunidades autónomas se encargarán de conceder las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación que se lleven a cabo exclusivamente en el ámbito de su territorio, mientras que aquellas actividades de exploración e investigación que afecten al territorio de más de una comunidad autónomas, así como “en todo caso el otorgamiento de las concesiones de explotación”, irán a cargo del Gobierno de la Nación.

La oposición criticó que se incluyera en una ley con un objetivo específico, los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, la regulación general de una actividad que, como es el caso del fracking, ha generado una relevante polémica en muchas partes de España.

También incidió en que la normativa a aprobar supone la atribución al Gobierno central de competencias en materia energética y medioambiental que corresponderían a las autonomías, albergando los grupos nacionalistas incluso dudas acerca de su constitucionalidad.

El ministro había afirmado en su exposición inicial que “en modo alguno el Gobierno pretende con esta disposición entrar en competencias que por normativa existente corresponden única y exclusivamente a las comunidades autónomas”, mientras que el portavoz del Grupo Popular no hizo mención alguna a esta cuestión.

Cabe recordar que, en sus comparecencias ante el Senado y el Congreso de hace unas semanas, el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, defendió que la búsqueda de recursos energéticos, incluida la técnica del “fracking” es una cuestión que compete al Estado “porque afecta a todo el país”, ante la situación de dependencia energética que sufre España.

@FGarciaDonet

El pasado 26 de abril entró en el Congreso el proyecto de Ley por el que se incorporan a la regulación española las Directivas europeas sobre farmacovigilancia y lucha contra la falsificación de medicamentos. El Gobierno ha aprovechado la ocasión para incluir en la Ley del medicamento a cosméticos y productos de cuidado personal. También ha recogido las bases jurídicas de la venta de medicinas por Internet en España, aunque deja su regulación concreta para más adelante.

La norma que regula la fabricación, distribución y venta de medicinas en España es la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, que ha sido modificada en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años, la última a través del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril.

La gran repercusión que dicha normativa tiene tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en la ejecución de los presupuestos públicos explican la frecuencia de los cambios producidos en sus disposiciones, fundamentalmente a partir del comienzo de la actual crisis económica.

Sin embargo, la ley de 2006 no había sido reformada hasta ahora para incluir a algunos productos relacionados con la venta farmacéutica que tenían una regulación propia, a través de un Real Decreto publicado después de la promulgación de dicha ley: los cosméticos, regulados por el RD 1599/1997, de 17 de octubre.

Ahora, el Gobierno ha aprovechado la transposición de las Directivas europeas 2010/84/UE, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, para incluir a los cosméticos (a los que se añaden los llamados “productos de cuidado personal”) en la normativa que regula la fabricación, distribución y venta de medicamentos.

La primera consecuencia de dicha inclusión es que se extienden las garantías que ofrece el Estado en cuanto a la defensa de la salud pública a este tipo de productos, lo que incluye una prohibición expresa de vender y publicitar aquellos que no estén debidamente autorizados como tales, tal como se hace con los medicamentos.

Igualmente, la posibilidad de tomar medidas cautelares por parte de las autoridades públicas, como la retirada de mercancías o la suspensión de licencias de venta, “en el caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud”, se aplica a los cosméticos a semejanza de lo que ocurre con las medicinas.

Para reforzar esas garantías, la ley recoge el régimen de infracciones referidas a los cosméticos, considerándose como falta leve, entre otras, el poner dificultades para la inspección de los productos; como falta grave, entre otras, el inducir a confusión sobre los efectos de los productos; y como faltas muy graves, principalmente, el producir riesgos para la salud o distribuir productos no autorizados.

Las sanciones a imponer, según la categoría en que se estime la falta cometida, tendrán la misma cuantía que las relativas a medicamentos o productos sanitarios en la misma categoría: leves, graves o muy graves.

Refuerzo de la farmacovigilancia a cargo de los laboratorios

El objetivo fundamental del proyecto de Ley, no obstante, es la transposición de las dos Directivas europeas citadas, aunque la aplicación íntegra de la nueva normativa europea tardará en producirse, si atendemos a lo dispuesto en la iniciativa presentada por el Gobierno.

Así, el refuerzo de la farmacovigilancia tiene su plasmación inmediata en la obligación establecida para el laboratorio farmacéutico de verificar “el cumplimiento por parte del fabricante y de los distribuidores de principios activos de las normas correctas de fabricación y de las buenas prácticas de distribución, mediante la realización de auditorías en las instalaciones de fabricación y distribución de los fabricantes y distribuidores de los mismos”.

Las garantías, a cargo del laboratorio, se extienden igualmente a los excipientes que se utilicen, que deben ajustarse “a las directrices aplicables contempladas en las normas de correcta fabricación de medicamentos así como las establecidas en el marco comunitario”.

También siguiendo la normativa comunitaria, se añade la obligación de inscribirse en un registro público a los fabricantes, importadores y distribuidores de principios activos, además de someter a autorización previa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la instalación de almacenes de medicamentos bajo control aduanero.

En cuanto a la información sobre reacciones a los medicamentos, se obliga a los “titulares de la autorización” a informar de ello a las autoridades sanitarias competentes (autonómicas, nacionales o europeas) “de conformidad con las directrices europeas sobre Buenas Prácticas de Farmacovigilancia”, autoridades que cuando “consideren que dicha información sobre seguridad interesa de forma relevante a la salud pública” garantizarán el acceso público a la misma.

Sin embargo, la normativa europea establece algunos aspectos que no están contemplados, de momento, en el proyecto de Ley, como la garantía de que el Gobierno facilite “a su debido tiempo al público información importante sobre cuestiones en materia de farmacovigilancia respecto del uso de un medicamento, mediante su publicación en el portal web” sobre medicamentos de que debe disponer cada Estado.

Tampoco consta en la iniciativa legislativa española la disposición comunitaria de que los profesionales sanitarios y los pacientes puedan notificar “a través de los portales web nacionales sobre medicamentos” las reacciones adversas a algún medicamento, pese a que el Gobierno anunció que eso sería posible en España.

Venta por Internet a través de farmacias

La otra Directiva europea a transponer tiene como objetivo principal la lucha contra la venta de medicamentos falsificados, aunque se centra también en la regulación de la venta por Internet de productos farmacéuticos, estableciendo condiciones para hacerla más segura.

De hecho, expone que su fin es “garantizar el funcionamiento del mercado interior de medicamentos, asegurando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud pública contra medicamentos falsificados”.

Ahora bien, la norma comunitaria establece la posibilidad de que las legislaciones nacionales prohíban la venta al público por Internet de medicamentos sujetos a receta médica, y es lo que hace la ley española, disponiendo que no se podrán vender por Internet aquello medicamentos “prescritos”, pero la UE añade que “los Estados miembros velarán por que los medicamentos se ofrezcan al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información”.

El proyecto de Ley del Gobierno recoge, por tanto, la posibilidad de venta por Internet de medicinas no sujetas a prescripción y, aunque deja su reglamentación concreta para más adelante, fija ya las condiciones básicas para el ejercicio de dicha actividad: “que los medicamentos de uso humano se dispensen por una oficina de farmacia autorizada, con la intervención de un farmacéutico, previo asesoramiento personalizado”.

No aparece nada todavía, en la legislación española, de los detalles regulados en la Directiva europea para la venta de medicamentos por Internet, como la necesidad de que exista un registro público de personas autorizadas para la venta a distancia o la inclusión de un logotipo de seguridad farmacológica y de un enlace a la web europea del medicamento en los sitios web dedicados a la venta de estos productos.

Si no se introducen enmiendas al respecto en la tramitación parlamentaria, habrá que estar atentos al desarrollo posterior de reglamentos para conocer de qué forma, finalmente, se vehiculizará la venta legal de medicinas por Internet en España.

Más obligaciones y mayores tasas

Finalmente, el Gobierno aprovecha la modificación de la ley para establecer la obligación de los farmacéuticos de colaborar con el Sistema Nacional de Salud en la aplicación de la normativa sobre aportaciones de los usuarios al pago de los medicamentos, así como para sancionar a aquellos titulares de la licencia de comercialización que incumplan su obligación “de garantizar el abastecimiento a las oficinas de farmacia y servicios de farmacia de los medicamentos incluidos en agrupaciones homogéneas, de precio más bajo y precio menor”.

También las tasas relativas a fabricación y autorización de medicamentos registran en general un apreciable aumento (en relación a los precios vigentes en 2012), subiendo, por tomar algunos ejemplos representativos: la inscripción de un nuevo medicamento no genérico, un 6%; la evaluación del primer ensayo clínico de un medicamento, un 9%; la apertura de un laboratorio, un 20%; y la autorización de un producto cosmético, un 3,5%.

En resumen, se trata de un proyecto de Ley de gran complejidad y alcance, que tanto en la tramitación parlamentaria como en el desarrollo reglamentario posterior puede ofrecer considerables sorpresas, sobre todo por la clara vocación comunitaria de intervenir decisivamente en este ámbito.

No es extraño, por tanto, que el Gobierno anuncie, al final del proyecto, su disposición a elaborar un texto consolidado que recoja exhaustivamente toda la legislación vigente al respecto, para lo que se da un período de dos años.

@FGarciaDonet

El proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria llega a su fase crucial en el Congreso. Mañana miércoles se votan las enmiendas al articulado, con un informe de ponencia al que sólo se han incorporado las presentadas por el PP. Entre éstas no hay ninguna relativa a la garantía de precios mínimos para los productores de alimentos, una medida que el CNC consideró como “contraria a la libre competencia”.

Esta iniciativa legislativa ha generado una gran agitación tanto entre los distintos sectores implicados en la cadena alimentaria como en las fuerzas parlamentarias, dada su repercusión en una actividad básica para la economía española y, en general, en la vida de los ciudadanos.

La ley tiene dos objetivos principales: por una parte, “garantizar un valor añadido sostenible para todos los operadores” de la cadena alimentaria y, por otra, que ello “revierta igualmente en beneficio de los consumidores”.

El proceso de negociación previa por parte del Gobierno y de tramitación parlamentaria del proyecto de Ley en el Congreso ha reflejado la dificultad de casar ambas finalidades, dada la complejidad de las interacciones que se producen entre los muy diversos agentes que intervienen en la cadena (productores, industria, transportistas, distribuidores) y el impacto que la regulación, o la falta de ésta, puede tener en el precio de los alimentos para los consumidores.

El CNC rechaza la fijación de precios mínimos

En la actual fase de enmiendas al articulado, tras la retirada por parte del BNG de la única enmienda a la totalidad presentada, ha pesado de manera determinante el informe que el Consejo Nacional de la Competencia (CNC) emitió el pasado 9 de mayo, a petición del Gobierno, sobre la posibilidad de realizar cambios en el proyecto de Ley para incorporar determinadas medidas.

En concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente preguntó al CNC si era posible definir en la Ley el concepto de “coste de producción primaria” (CPP) como valor de referencia “de los costes necesarios para la producción de un productor alimentario sin transformar por parte de un productor primario”, valor a calcular por “la autoridad competente”.

También solicitó opinión acerca de la prohibición de fijar en los contratos precios inferiores a dicho CPP, así como atribuir al Observatorio de la cadena alimentaria (OCA) “la función de fijar los costes de producción primaria en los casos en que se detecten indicios de abuso de posición dominante”.

La conclusión del CNC al respecto es inequívoca: valora negativamente las tres propuestas, dado que su adopción conjunta “reduciría sensible y directamente la competencia entre productores”, lo que tendría “inevitablemente un efecto negativo sobre los consumidores vía precios, calidad y variedad de productos”.

El CNC también considera que “la restricción a la competencia descrita no está justificada ni en su necesidad ni en su proporcionalidad”, por cuanto que “la respuesta a los posibles desequilibrios de poder negociador entre los productores y sus compradores no constituye un fallo de mercado que justifique una intervención pública de tal intensidad”.

Finalmente, el CNC considera que el efecto de la fijación de precios mínimos alimentarios “sería análogo al que tendría una concertación de precios por la totalidad de la oferta”, una conducta que “estaría prohibida con arreglo a la normativa de competencia nacional y comunitaria”.

Precios bajos para productos básicos en origen

La finalidad implícita de la consulta del ejecutivo era comprobar si existía la posibilidad de que, a través del Grupo Parlamentario Popular, se introdujeran enmiendas que dieran respuesta a las insistentes demandas que, sobre todo desde el sector lácteo gallego, ha recibido el partido en el gobierno para evitar que se fijen precios muy bajos de productos básicos en origen.

Tras la negativa de la CNC, el PP ha optado por limitarse a presentar una enmienda que añade como objetivo del OCA “analizar y estudiar de forma continuada la estructura básica de los costes y precios percibidos y pagados, así como los factores causantes de su evolución, en los productos de mayor importancia estratégica para el sector agroalimentario español”.

También se ha añadido “la gestión de los sistemas de información y control” del sector lácteo, junto a la del oleícola, dentro de los fines de la Agencia de Información y Control Alimentarios que se crea por Ley, dada “la importancia estratégica de estos productos para el sector agroalimentario español”.

La oposición, por su parte, presenta en bloque enmiendas referidas a la prohibición de fijar precios inferiores al CPP en los contratos y de realizar las prácticas conocidas como “venta a pérdidas”, así como otras enmiendas relativas a la supresión del concepto de “libertad de pactos entre operadores” presente en el proyecto de Ley.

Casi todos los partidos de la oposición, además, piden que se incluya en la norma, siguiendo el ejemplo de lo dispuesto para el mercado energético, la definición de “operador dominante en los mercados o sectores de la cadena alimentaria” para todo aquél que tenga una cuota de mercado superior al 9%.

Marcas propias y marcas de fabricante

Otro punto fundamental de la Ley de la cadena alimentaria en el que intervino decisivamente el CNC fue el referido a la gestión de marcas, propias o de fabricante, por parte de los distribuidores, para la cual estableció los únicos límites del respeto a la libre competencia y de la necesidad de evitar actos de competencia desleal, y así fue plasmado finalmente en el proyecto de Ley.

La mayoría de la oposición presenta, sin embargo, enmiendas para eliminar estas referencias a la normativa sobre competencia y sustituirlas por la alusión a que los distribuidores deben evitar “prácticas discriminatorias que no estén objetivamente justificadas por razón de su eficiencia económica y el bienestar de los consumidores”.

Excepciones a la contratación por escrito

En lo que se produce también un desencuentro radical entre la posición del grupo mayoritario y la del resto de grupos es en el establecimiento de excepciones a la obligación de que todos los contratos del sector alimentario se realicen por escrito a partir de un importe mínimo de 2.500 euros.

Según algunas informaciones, el Ministerio de Economía y Competitividad habría obligado al de Agricultura a especificar que la obligación de hacer los contratos por escrito se aplicará si una de las partes es una PYME y la otra no, además de que una de las partes sea productor primario y la otra no, o bien que se dé una de estas condiciones y que además una de las partes dependa de la otra en más del 30% de su facturación anual.

Esta restricción en la aplicación del principal aspecto de la Ley ha provocado la presentación de enmiendas para eliminarla por parte de casi todos los grupos de la oposición, que entienden que las excepciones dejan fuera a un número muy importante de contratos alimentarios, con lo que la nueva norma pierde gran parte de su virtualidad.

El Grupo Popular, por su parte, ha presentado una enmienda que recupera el carácter obligatorio de la contratación por escrito sólo para “las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido” cuyo importe sea superior a 2.500 euros.

Dada la distancia existente, no parece que la sesión de la Comisión de Agricultura de mañana, donde se vota por procedimiento de urgencia la aprobación de la Ley y su remisión al Senado, vaya a ofrecer demasiadas oportunidades de alcanzar algún punto de encuentro en esta importante iniciativa.

@FGarciaDonet

La ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, ahora en tramitación en el Congreso, incluye la necesidad de obtener un certificado sobre la eficiencia energética de la vivienda, que se aportará, a efectos informativos, al venderla o alquilarla. Según una enmienda del Grupo Popular, habrá sanciones de entre 300 y 6.000 euros para quienes incumplan esta obligación.

Ana Pastor, Ministra de Fomento

El debate de las dos enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto de Ley, una del Grupo de la Izquierda Plural y otra del Grupo Socialista, el pasado jueves 9 de mayo, quedó en un cierto segundo plano informativo al coincidir con la votación final de la muy polémica reforma de la Ley de Costas.

Sin embargo, la ley de rehabilitación tiene una enorme relevancia para la vida cotidiana de los ciudadanos, y también para la actividad de muchísimas empresas, y no sólo de las que se dedican al negocio de la construcción.

Según declaró la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la mencionada sesión plenaria, se trata “de las cosas de comer, de las condiciones de habitabilidad de tantas familias y de la vivienda en España”, además de ser “un factor reactivador del sector de la vivienda y de sus industrias auxiliares, ofreciendo nuevas oportunidades”.

Para el Gobierno, “cada millón de euros invertido en rehabilitación es capaz de generar dieciocho nuevos puestos directos, y la inversión pública que se destina a la rehabilitación tiene un efecto multiplicador de inversión privada entre tres y cuatro veces”, por lo que, según sus estimaciones, la inversión prevista en el nuevo Plan estatal de vivienda 2013-2016 va a suponer la creación de 105.000 puestos de trabajo “por la inversión productiva total”, es decir: la suma de la inversión privada y las ayudas públicas.

El presupuesto total destinado a ese plan, para el período indicado, asciende a 2.421 millones de euros de aportación del Estado para apoyar el alquiler y la rehabilitación; las ayudas a conceder por este último concepto se repartirán con un máximo de 4.000 euros por vivienda para obras de rehabilitación, otro máximo de 4.000 euros para mejora de la accesibilidad y hasta 5.000 euros por vivienda para obras que reduzcan hasta en un 50 % la demanda energética del edificio.

Una novedad destacable de este plan, frente a lo habitual en iniciativas similares anteriores, es que las ayudas serán solicitadas exclusivamente a través de las comunidades de propietarios, “con lo que se agiliza mucho la gestión de las obras y se consigue un ahorro importante al realizar las actuaciones de una sola vez y para todo el edificio y no vecino a vecino”.

El instrumento para que se cumplan los objetivos de la ley será el Informe de Evaluación de Edificios, que será uniforme para todo el territorio nacional, evaluará tanto la conservación como la accesibilidad y tendrá carácter informativo acerca de la eficiencia energética.

En 2019, este informe será exigible a los edificios que a la entrada en vigor de la ley ya tengan cincuenta o más años, y el resto deberá cumplimentarlo en el plazo máximo de cinco años a partir del momento en el que alcance dicha antigüedad.

El informe establecerá las actuaciones que los propietarios deben llevar a cabo para asegurar el correcto estado del edificio y su accesibilidad, debiendo velar las administraciones públicas por el cumplimiento de estas obligaciones.

Ana Pastor aportó datos significativos para apoyar los objetivos de la ley: un 20% de las viviendas en España (más de 5 millones) superan los 50 años de antigüedad, un 34% (8,5 millones) tienen entre 30 y 50 años, casi el 10% de las viviendas están en edificios que se encuentran en mal estado o en condiciones deficientes, y “en las ciudades con más de 20.000 habitantes tenemos 624 barrios catalogados como vulnerables por sus malas condiciones de calidad de vida y habitabilidad, en los cuales viven más de 4 millones de personas”.

También ofreció cifras relativas a la eficiencia energética de las viviendas españolas, que consumen el 17% de la energía total del país y el 25% del total de la energía eléctrica, habiéndose incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios en más de un 20% desde los años 90.

La ministra enmarcó la iniciativa gubernamental dentro del cumplimiento de la estrategia comunitaria “Europa 2020”, que obliga a España a reducir de aquí a 2020 un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y a incrementar en un 20% las fuentes de energía renovable y en otro 20% la eficiencia energética, por lo que se espera que con las medidas propuestas “se podrá reducir la factura energética de las familias y del país en su conjunto”.

Además de la ayuda máxima de 5.000 euros por vivienda, la ley establece otros incentivos para las comunidades que apuesten por la mejora energética, como la posibilidad de cerrar terrazas y balcones “de manera uniforme y conjunta” (sin que se compute el aumento de edificabilidad) o el permiso para ocupar espacios de dominio público con el fin de mejorar el aislamiento térmico, instalar placas solares o centralizar instalaciones energéticas.

Ahora bien, la medida de mayor impacto en la vida de los ciudadanos puede acabar siendo la obligación de contar con un certificado de eficiencia energética (que ofrecerá una clasificación por letras, tal como sucede con los electrodomésticos) por parte de quien desee alquilar o vender una vivienda, certificado que deberá inscribirse en un registro de cada Comunidad Autónoma.

Esta disposición está incluida en el Real Decreto 235/2013 aprobado por el Gobierno, y se empezará a aplicar a partir del 1 de junio próximo, aunque, para facilitar la obtención del certificado, el proyecto de Ley que ahora tramita el Congreso lo incluye dentro del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), obligatorio para viviendas de más de 50 años de antigüedad.

Según fuentes del sector de la vivienda, la obtención del certificado energético, caso de no estar incluido en el IEE, podría costar entre 200 y 300 euros, incluyendo tasas, y tendría una vigencia de 10 años.

Este mismo sector estima que hasta un 85% de los edificios españoles tienen deficiencias en cuanto a su eficiencia energética.

En el debate de las enmiendas a la totalidad, el Grupo de la Izquierda Plural criticó las medidas del Gobierno porque establecen obligaciones exclusivamente a los particulares, porque la ley está concebida “como una simple oportunidad de negocio para las promotoras y constructoras” y porque “posiblemente” servirá “para generar una nueva burbuja que se trasladará desde la construcción de vivienda nueva a la rehabilitación y al alquiler”.

El Grupo Socialista, por su parte, centró su solicitud de retirada del proyecto en que la ley “no contempla ninguna garantía de financiación ni de impacto económico”, destinándose en el Plan de Vivienda 2013-2016 del Gobierno un total de 627 millones específicamente para rehabilitación, un importe que, a juicio de los socialistas, “no es suficiente ni existe obligación alguna de que se aplique en el desarrollo de esta norma”.

Tras haberse cerrado el plazo para la presentación de enmiendas al articulado, esta semana se ha conocido que, entre las que ha presentado el Grupo Popular, hay algunas que desarrollan el régimen sancionador de la ley, fijando multas entre 300 y 6.000 euros para infracciones que, por niveles de gravedad, pueden consistir en publicitar una venta o alquiler sin hacer mención a la calificación de la vivienda, no inscribir la calificación en el registro autonómico correspondiente o falsear el certificado que se presente.

@FGarciaDonet

En la sesión del pleno del Congreso de ayer, dedicada a debatir sobre la política económica del Gobierno, se pudo advertir hasta qué punto es diferente la percepción de la realidad que tienen el ejecutivo y la oposición. Rajoy exhibió la mejoría en la prima de riesgo para defender que su camino es el correcto, mientras que Rubalcaba apostaba por un acuerdo general para hacer frente a la austeridad impuesta por Europa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno dedicó su intervención a repasar los datos positivos que ofrece el momento actual de la economía española, centrados en dos aspectos principales: la bajada de la prima de riesgo y el superávit de la balanza de pagos.

Mariano Rajoy insistió varias veces en que el diferencial del interés de la deuda española con el de la alemana, que “hace nueve meses llegó a estar en 638 puntos” (es decir, un 6,38% mayor), ahora se encuentra “en torno a 280 puntos”, lo que supone que el interés que se paga en la actualidad por los bonos españoles a diez años esté en torno al 4%.

La importancia que el presidente dio a este dato es doble: por una parte, se evita que los ahorros en gasto público se vayan “por el sumidero de los intereses” de la deuda, con una reducción de costes que Rajoy estimó en unos 1.000 millones de euros hasta final de año; por otra, las empresas españolas tienen mejores posibilidades de financiación exterior, lo que les ha permitido “volver a emitir bonos en los mercados internacionales”.

El presidente había puesto como “norte de toda nuestra política económica” a las 6.200.000 personas que aparecen en la encuesta de población activa del primer trimestre de 2013 como parados, y puso énfasis en remarcar que el dato de la bajada del tipo de interés debe interesar a “quien no encuentra un puesto de trabajo”, porque, aunque no lo perciba aún, “significa que pronto tendrá más posibilidades de encontrar empleo”.

Los españoles ha logrado ser más competitivos

Otro aspecto que destacó el presidente como netamente positivo (tanto, que le atribuyó dimensiones históricas) fue la reducción del endeudamiento exterior hasta el punto de que se ha generado un superávit de unos 20.000 millones de euros, en el entorno del 2% del PIB español.

El principal mérito para haber logrado este hito, según destacó el presidente del Gobierno, es de los españoles, que “se lo han ganado a base de ser más competitivos” y haber hecho así que la economía sea “más abierta”, de manera que “vende al exterior más de lo que compra y se diversifica en mercados y sectores”.

Rajoy afirmó que el desequilibrio exterior constituye uno de los obstáculos que, históricamente, “más veces ha ahogado las posibilidades de crecimiento de la economía española”, la cual se enfrenta ahora con “otro obstáculo menos”.

El límite del déficit hubiera estrangulado a España

El jefe del ejecutivo había iniciado su discurso con otra cifra: 18.900 millones de euros, que corresponde a la diferencia entre el ajuste que hubiera debido hacer el estado español con el anterior límite de déficit establecido para España por la Comisión Europea, un 4,5%, y el que se acordó en el Consejo de Ministros del 26 de abril, un 6,3%.

Rajoy reconoció la dureza del impacto de la política europea sobre España cuando aludió a que el anterior límite imponía una serie de actuaciones que “hubieran afectado dramáticamente a amplios sectores de la economía española”, lo que supondría “un estrangulamiento económico y social”.

Sin embargo, presentó el acuerdo europeo como una muestra de la confianza en España que la política económica del Gobierno está generando, algo que le lleva a reafirmarse en que dicha política es el camino correcto para que España salga de la crisis.

Atribuyó la adopción de medidas como la subida de impuestos, que ha supuesto “asumir críticas e impopularidad” y que ha tenido “efectos negativos sobre el crecimiento”, a la prioridad de evitar por todos los medios el rescate, del que dijo que se estuvo muy cerca hace un año pero del que ya nadie le pregunta.

En resumen, consideró que es necesario que el Gobierno persevere en la política aplicada hasta ahora, ya que todo exige su tiempo, e invitó al resto de grupos parlamentarios a sumarse a dicha política, para “ayudar a los parados con algo más que buenos deseos y fantasías ilusorias”.

La oposición prioriza la reforma fiscal

Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró dispuesto a buscar un gran acuerdo para salir de la crisis sin que se vean afectados los derechos de las personas, pero advirtió al presidente que “negociar no es imponer la adhesión” a la postura propia.

El portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba

Rubalcaba declaró no reconocer el país del que había hablado Rajoy, porque, según le dijo, “la España que yo veo no es la que usted ha descrito”.

El líder socialista afirmó que el problema del déficit en España “no es de gasto sino de ingresos”, por lo que consideró que la primera reforma que debería acometerse es la reforma fiscal, de manera que se iguale la capacidad de recaudación fiscal de la Hacienda española a la media de la Unión Europea.

Apuesta por el crecimiento económico

Para Rubalcaba, existen posibilidades de llegar a acuerdos entre los dos grandes partidos españoles en lo referente a la política europea, de la que dijo que es necesario equilibrarla, con un ritmo de consolidación fiscal más lento para países como España y con una apuesta clara por el crecimiento económico, así como la adopción de cambios “de fondo” para impulsar una mayor integración europea.

Defendió su propuesta de destinar la parte del crédito europeo a la banca española que no se ha usado a recapitalizar, “de manera preventiva”, a pymes y familias que tienen dificultades para atender los pagos a los bancos, y emplazó al presidente del Gobierno a explicar en la UE que si ha habido dinero para rescatar a los bancos debe haberlo también para rescatar a los ciudadanos, tal y como, según afirmó, ha hecho Obama.

En política interior, el Secretario General del PSOE mostró su absoluto desacuerdo con la política de austeridad y recortes del ejecutivo, y criticó especialmente la reforma laboral, argumentando que “facilitar el despido con recesión es provocar despidos”.

Sin embargo, expresó su convencimiento de que sería posible llegar a acuerdos en temas como el apoyo a los emprendedores, la reforma de las Administraciones Públicas, el mercado único y los servicios profesionales.

Obtener el apoyo de la oposición

En su réplica, el presidente del Gobierno rechazó la posibilidad de llegar a acuerdos “si es para retroceder” y “hacer una política económica como la que nos ha traído hasta aquí”, en referencia a lo que entiende como falta de control del déficit público por parte del anterior ejecutivo, el de Rodríguez Zapatero.

Rajoy sólo aceptó la posibilidad de hablar con la oposición de temas puntuales como la reforma de las pensiones, la de la administración pública, la reforma local y el mercado único, aunque insistió en que el sentido de tales conversaciones debería consistir en obtener el apoyo del resto de grupos para las medidas que plantea el Gobierno.

No parece, por tanto, que el jefe del ejecutivo sienta una especial necesidad de lograr pactos con la oposición, instalado como se halla en una cómoda mayoría absoluta parlamentaria.

 @FGarciaDonet

España adoptará con varios meses de retraso la Directiva europea que fija las condiciones de la utilización de animales para fines científicos o educativos. Además de prohibir que se experimente con los grandes simios, la nueva normativa incluye en el ámbito regulado a los cefalópodos y a determinadas formas fetales de mamíferos.

Esta semana, el Senado ha iniciado la tramitación del proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, después de su aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, el pasado 17 de abril.

Los cambios en la ley española se producen a consecuencia de la transposición de la Directiva 2010/63 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fue aprobada hace más de dos años y medio para elevar los niveles mínimos de protección de los animales sometidos a procedimientos científicos en todo el territorio de la Unión.

La Directiva estipulaba un plazo para dicha transposición que terminó el pasado 10 de noviembre, debiendo entrar en vigor la nueva normativa con el inicio de este año.

El retraso en que ha incurrido el estado español obligó al Gobierno a aprobar un Real Decreto, con fecha 1 de febrero de 2013, que incorpora el texto de la norma europea para su entrada en vigor inmediata, aunque la tramitación parlamentaria de la modificación de la ley existente ha seguido su curso.

Sólo se utilizarán animales si no hay alternativa

El Real Decreto recoge la prohibición general de la utilización de “primates no humanos” en la experimentación, salvo “en aquellos ámbitos biomédicos esenciales para el beneficio del ser humano en los que aún no se disponga de otros métodos alternativos”, aunque en todo caso se prohíbe recurrir a “simios antropoides”, tales como gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes.

La Directiva europea incluye en su ámbito de aplicación a los cefalópodos, dado que “existen pruebas científicas de su capacidad de experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero”.

Por el mismo motivo, debe aplicarse también a los fetos de los mamíferos en el último tercio de su desarrollo, así como a fetos en fases anteriores si “van a vivir más allá de los dos primeros tercios de su desarrollo”.

La nueva normativa está inspirada por la idea de que “los animales tienen un valor intrínseco que tiene que respetarse”, debiendo aplicarse los principios establecidos internacionalmente de “reemplazo, reducción y refinamiento” a la utilización de animales vivos para fines científicos.

Esto es: reemplazar la utilización de animales por métodos alternativos siempre que esto sea posible, reducir al máximo el número de ejemplares a utilizar y refinar los métodos de experimentación para procurar el mayor bienestar posible de los animales.

La regulación europea fija con claridad que sólo se puede experimentar con animales criados específicamente para ello, y establece normas para el cuidado de éstos que son similares a las aplicadas en el ámbito de la ganadería.

Un punto destacado de la transposición que ahora tramita el Senado es la necesidad de someter todo proyecto que incluya la experimentación con animales a la evaluación previa de un comité específico, el cual deberá autorizar los procedimientos propuestos, entendiéndose la falta de respuesta en el plazo fijado administrativamente como resolución denegatoria.

Según el Real Decreto aprobado por el Gobierno, las Comunidades Autónomas disponen de seis meses, a partir de febrero, para habilitar dicho órgano evaluador en su territorio.

No más allá de la transposición

El proyecto de Ley contó, en el Congreso, con el apoyo del PP, PSOE y UPYD, mientras que la Izquierda Plural y CIU se abstenían, ante el rechazo del grupo mayoritario a las enmiendas que estos grupos habían presentado.

Por parte de la Izquierda Plural, la diputada Laia Ortiz criticó la falta de ambición del proyecto de transposición presentado por el Gobierno, ya que el grupo de IU-ICV entendía que existía “una oportunidad de ir más allá en algunas cuestiones”, tal como había reflejado en sus enmiendas.

Éstas se referían a la exclusión de todos los primates del ámbito de la experimentación, a la obligación del uso de la inyección letal para el sacrificio de los animales y a la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para estudiar la sustitución definitiva de la experimentación con animales por métodos alternativos.

Además, dado que se modifica la ley de cuidado de los animales en general, el grupo de la Izquierda Plural propuso que se establezca la prohibición de transportar animales vivos en trayectos con tiempos de viaje superiores a las ocho horas.

Convergència i Unió, por su parte, presentó una única enmienda, que declaraba a la ley estatal como supletoria respecto a la regulación autonómica en el caso de Comunidades que, como la catalana, tengan competencias exclusivas en materia de bienestar animal.

El PSOE apoyó el texto legislativo finalmente aprobado, pese a que la mayor parte de sus enmiendas fueron rechazadas, tal como sucedió con la propuesta de calificar como infracción muy grave la realización delante de niños de actividades que causen sufrimiento a animales, o con la iniciativa de promover campañas de divulgación del bienestar animal entre el público infantil.

Otras enmiendas socialistas, como la que proponía que el silencio administrativo sobre los proyectos de experimentación científica fuera considerado positivo, o como la que fijaba un plazo para la presentación por parte del Gobierno de un proyecto de Ley Marco de bienestar animal, fueron también rechazadas.

Sólo salió adelante una corrección del texto legislativo propuesta por el PSOE, la que reemplazó el verbo “usar” por “utilizar” en relación a los animales con los que se experimenta.

Ahora, el Senado tiene hasta el 2 de septiembre para tramitar el proyecto de Ley, aunque el plazo seguramente se reducirá sensiblemente, dado que no se esperan modificaciones que supongan ir más allá de la transposición de la normativa comunitaria.

@FGarciaDonet

El Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, declaró en el Congreso que su prioridad es eliminar el déficit de tarifa eléctrica. Una prioridad que ya se fijó el Ministro de Industria, José Manuel Soria, un año antes, pero que ahora se ha vuelto más acuciante tras conocerse que el desfase en 2012 ascendió a 5.609 millones de euros.

Nadal tenía nueve solicitudes de comparecencia (incluida una a petición propia) ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, la mayoría para que explicara la política de su Departamento respecto a las materias de su competencia y expusiera el programa de actuación previsto para el resto de legislatura.

Dada la incesante actividad legislativa y regulatoria que ha vivido el sector de la energía en España desde que inició su mandato el Gobierno actual, con cuatro iniciativas en 2012 y otras dos ya tomadas en lo que llevamos de 2013, además del anuncio por parte del Presidente del Gobierno (en el debate sobre el estado de la nación del pasado febrero) de una ley general de reforma energética para este verano, había expectación por escuchar la exposición del Secretario de Estado sobre sus planes inmediatos.

Alberto Nadal, quien tomó posesión de su cargo el pasado 8 de enero en sustitución de Fernando Martí (nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear), es hermano de Álvaro Nadal, director de la oficina económica de Presidencia del Gobierno y también economista del estado.

En su comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Estado repitió los argumentos utilizados un mes antes en el Senado, aunque en la Cámara Baja enfatizó aún más la urgencia de eliminar el déficit causado por la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sistema eléctrico.

Frente a los 1.500 millones previstos en principio por el Gobierno, según la CNE el desfase ascendió en 2012 a 5.609 millones de euros, aunque Nadal no aludió a este último dato en su comparecencia.

Sí que señaló que, para lograr ese objetivo fundamental de reducir el déficit, todas las partes implicadas en el sistema eléctrico (es decir: el sector, los usuarios y las administraciones públicas) deberán aportar algo, lo que viene a significar que a todos les costará algo.

En este sentido, anunció “una revisión en profundidad de todas las partidas posibles, entre ellas redes, distribución, régimen extrapeninsular y las primas a las renovables”.

La responsabilidad del déficit

Nadal insistió en que es necesario cuadrar una difícil ecuación, la que debe hacer compatible que haya el menor impacto posible sobre los precios que pagan los usuarios (para que no afecte a la competitividad de las empresas y al bienestar de los ciudadanos en estos momentos difíciles) y que se mantenga “el mayor bien a proteger, que es la viabilidad del sistema energético”, base de la economía española.

Los partidos de la oposición solicitaron al Secretario de Estado que diera detalles concretos de los cambios que contendrá la futura reforma energética, pero éste se centró en anunciar sus principios generales, que son la sostenibilidad financiera, el apoyo a la competitividad de la economía española y la eficiencia del sistema, dentro de un marco que, a diferencia del actual, sea flexible y reversible.

Alberto Nadal remarcó que el Gobierno no va en contra de ninguna fuente de generación de energía, considerándolas a todas como necesarias dentro de un mix o mezcla energética, pero insistió en atribuir a la precipitación con que se habían desarrollado las energías renovables (según dijo, en 2007 era necesario invertir 7 millones de euros para generar 1 Megavatio, cuando ahora ese Megavatio sólo cuesta 1 millón, aunque seguimos pagándolo a precios de 2007) y al exceso de capacidad de la cogeneración a partir del gas (dijo que se usa menos del 15% de la potencia instalada) la responsabilidad principal del déficit de tarifa eléctrica.

Esa focalización en el uso del gas como responsable del déficit supone una cierta novedad respecto a los planteamientos anteriores del Gobierno y, si bien el Secretario de Estado aludió al papel como soporte básico de este tipo de energía (ya que asegura el mantenimiento de la oferta en el caso de que falle el resto de modalidades), no dejó por ello de subrayar que la capacidad instalada es excesiva.

A esa impresión de cambio de perspectiva contribuyó la declaración del portavoz del PP, Antonio Erias, quien culpó “a la cogeneración y a la termosolar” de haber causado la mayor parte del déficit eléctrico.

Cambios en preparación

Nadal concedió también al carbón el papel de “reserva estratégica” (aunque precisando que “hay que mantener un nivel mínimo de producción” para asegurarla), dijo que la decisión de reabrir la central nuclear de Garoña “es una cuestión que depende de las empresas privadas que la gestionan” (después de defender la “máxima” utilización posible de la energía nuclear) y señaló que para regular el autoconsumo con balance neto (la venta al sistema de la energía sobrante de la producción doméstica) debe considerarse una aportación a los costes de la red.

A preguntas de la oposición, habló de la técnica extractiva de hidrocarburos denominada “fracking”, para defender que la búsqueda de recursos energéticos es una cuestión que compete al estado “porque afecta a todo el país”, y aseguró que se cumplirá el calendario de sustitución de contadores eléctricos por contadores inteligentes (hasta el 35% en 2014, el 70% en 2016 y el 100% en 2018).

Finalmente, sin concretar demasiado, anunció que el Gobierno estudia cambios en el sistema de pool eléctrico (mercado de la energía según oferta y demanda diarias), así como simplificar la factura que recibe el consumidor mayoritario, el acogido a la Tarifa de Último Recurso, cuestiones ambas que estarían incluidas en la reforma energética que se prepara.

La difícil e imprescindible estabilidad financiera

Alberto Nadal inició su intervención confirmando su intención de tener lista esa reforma energética para el 30 de Junio de 2013, y concluyó insistiendo en que es imprescindible lograr la estabilidad financiera del sistema “para que pueda haber estabilidad regulatoria”.

Lo que no concretó es lo que va a tener que aportar cada parte del sistema, aunque aseguró que en ningún momento se ha planteado efectuar la subida de la tarifa al consumidor que se requeriría en caso de pretender que fuera éste quien pagara el desfase: más de un 30% de los costes regulados, que suponen la mitad del precio de la electricidad.

Ante la inquietud que ha mostrado la Unión Europea por el volumen de la deuda derivada del déficit eléctrico en España (unos 29.000 millones de euros acumulados ya), la necesidad de hallar una solución al sudoku se volverá más y más acuciante.

Nadal previó un déficit para 2013 de unos 4.000 millones de euros (que ya estaría cubierto mediante los Presupuestos del Estado y las medidas para las extrapeninsulares), pero visto el acierto de las previsiones de 2012 (que dependen de la evolución de la demanda, pero ésta no deja de caer, con lo que se genera cada vez más exceso de capacidad y por tanto más déficit), no sería de extrañar que pronto haya novedades regulatorias para seguir intentando contener el gasto.

Sin duda, el actual Secretario de Estado de Energía tiene entre manos una tarea realmente compleja.

@FGarciaDonet