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La industria de la alimentación pide igualdad de trato a todas las marcas

6 junio, 2013 - 18:03 - Autor:

Tras varios meses de polémica entre las partes implicadas, la tramitación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha entrado en su fase decisiva en el Senado. Horacio González Alemán, Director General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), nos ha concedido una entrevista en exclusiva para exponer con sosiego, aunque también con firmeza, los argumentos del sector al que representa.

Horacio González Alemán

Horacio González Alemán, Director General de FIAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) agrupa en estos momentos a 46 asociaciones sectoriales y 1 asociación multisectorial, que representan a más de 4.000 empresas, las cuales facturan más del 75% de las ventas totales del sector. Es, por tanto, la principal entidad representativa del sector de la industria alimentaria, aunque sigue manteniendo la vocación de crecer a través de nuevas incorporaciones.

Su Director General desde 2010, Horacio González Alemán, es licenciado en Derecho, especialidad de Derecho Público, por la Universidad de Sevilla, y ha cursado estudios de postgrado sobre comercio internacional en Madrid y sobre temas europeos en Bruselas. Habla con pasión sobre los temas que forman parte de su trabajo, lo que indica un fuerte compromiso con la causa de aquellos a quienes representa. También muestra una gran convicción en la defensa de lo que considera justo, así como una apreciable capacidad de argumentación a favor de sus asociados.

PREGUNTA – ¿Considera satisfactorio el nivel de interlocución que tienen con las administraciones públicas?

RESPUESTA – Sí, puedo decir que la administración pública, en general, es muy receptiva. En los últimos tiempos nos hemos centrado en incrementar el espectro de nuestras relaciones con las administraciones. En cuanto al Gobierno, no tenemos problemas para reunirnos con los máximos responsables de todos los ministerios, salvo con los de Economía y Hacienda, seguramente porque la situación económica hace más difícil que puedan atender a todos lo que quieren hablar con ellos. Claro que eso le pasa también a la CEOE, por lo que no podemos quejarnos. Es destacable el nivel de colaboración que hemos logrado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de cara a la promoción exterior de nuestros productos. También la relación con Sanidad es fluida, y puedo decir que en Agricultura hay gran sintonía. En general, disponemos de un gran nivel de contacto con las administraciones, lo que supone un reconocimiento por parte de éstas a la importancia que tiene nuestro sector en la economía española. Creo que hemos demostrado que somos leales y tenemos criterio, lo que nos permite ser considerados como interlocutores fiables.

P. – ¿Goza el sector alimentario en España de una valoración adecuada por parte de los poderes públicos y de la sociedad?

R.- En cuanto a los poderes públicos, en general, sí. Pero sufrimos un déficit de reputación social, más que nada por el entorno socioeconómico en que nos encontramos, y que no permite un debate pausado. Ya decía Unamuno que, en este país, nueve de cada diez utilizan la cabeza para embestir y sólo uno para pensar. Existe un exceso de crítica destructiva, aunque se debe diferenciar entre la opinión pública y la publicada. Ya se sabe que lo que vende, en términos de comunicación, es la agitación, aunque con ello se haga un flaco favor a este país. Creo que el peso económico del sector alimentario en España no está suficientemente reconocido, aunque desde FIAB estamos trabajando para revertir esa situación, sobre todo a través de líneas estratégicas a largo plazo y a partir de tres aspectos fundamentales: promoción de los productos, divulgación de su calidad y generación de confianza.

P. – ¿Cuál es su valoración del Proyecto de Ley de Medidas para la Mejora de la Cadena Alimentaria que se tramita en el Senado?

R. – Creo que se trata de una excelente iniciativa por parte del Gobierno. El ministro Arias Cañete y el Grupo Popular se comprometieron con el sector y están manteniendo su palabra. Para nosotros son importantes tres aspectos esenciales de la ley. Primero, que promueva la transparencia de la cadena alimentaria, con un funcionamiento correcto. Segundo, que se trate de una ley procompetitiva, para promover la competencia cuando el mercado falla. He visto que a la OCU le preocupa la falta de competencia y propone una mayor regulación del mercado, pero también hay que tener en cuenta que un control excesivo puede llevar a limitar la libertad del consumidor, por lo que es mejor lo que establece esta ley: promover la competencia cuando resulta de verdad necesario. Y tercero, que sea una ley equilibrada entre los intereses de la producción, las necesidades de la distribución y la libertad de los consumidores. La regulación va en contra de las posibles prácticas abusivas y busca cambiar las estructuras no adecuadas, respetando las buenas prácticas del sector. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad al sector, tenemos que defender nuestras posiciones con firmeza pero sin maximalismo. No podemos generar tensiones innecesarias ni romper puentes entre las partes. En suma, se trata de crear valor.

P. – ¿Cree que habría que restringir el uso por parte de los distribuidores de las marcas blancas?

R. – En absoluto. Hay que rebatir varias falacias al respecto de esta regulación. En primer lugar, que se trate de una ley intervencionista, porque lo que se pretende es promover la competencia como se hace en otros sectores, por ejemplo en los hidrocarburos. Después, que se complique el funcionamiento de la cadena, cuando lo que la ley exige ante todo es claridad en los contratos. Pasa aquí como en el derecho laboral, que intenta ante todo proteger a la parte débil frente a quienes pueden tener una posición de ventaja. Tampoco se puede decir que se transfiere el control a las Comunidades Autónomas, ya que las sanciones se impondrán básicamente a nivel nacional, porque los productos se venden a nivel nacional. Y, finalmente, no podemos hablar de un enfrentamiento entre las marcas de fabricante y las marcas de distribuidor, porque todos los productos tienen un fabricante, y de hecho FIAB engloba a todas las partes. Lo que se critica es que la distribución juegue con las marcas para alterar la competencia, y por eso lo que se pide es, sobre todo, igualdad de trato a todas las marcas en el lineal de venta.

P. – ¿Debería existir una mayor regulación de los precios para evitar una diferencia excesiva entre el precio de los alimentos en origen y para el público?

R. – El objetivo de la nueva ley es promover una mayor transparencia en la formación de los precios, y de hecho el Ministerio de Agricultura dispone ya desde hace tiempo de un observatorio de los precios para advertir posibles disfunciones. Creo que las quejas sobre los precios son en gran parte demagógicas, porque no se tiene en cuenta que la cadena necesita generar valor en todas las fases, y de hecho los eslabones ineficaces desaparecen en un mercado libre. Algunos de los que, desde la producción, se quejan de la diferencia de precios, podrían asumir también la distribución para vender a mayor precio, y sin embargo no lo hacen. Fijar un precio mínimo de los productos en origen no es legal en la actualidad, sería como volver atrás, es hablar del pasado. La Comisión Nacional de la Competencia y la Unión Europea, desde luego, no lo ven factible. Lo que sí se puede hacer es sancionar efectivamente la venta a pérdidas, y para ello hemos pedido que se introduzcan algunas enmiendas al proyecto de Ley. Tenemos que ser conscientes de que es un problema en la relación entre proveedor y cliente, un tema que siempre resulta complicado para el proveedor, por lo que la supervisión debe corresponder a la Administración, aunque como la sanción depende de las Comunidades Autónomas y los productos van de unas a otras, muchas veces la sanción no acaba de concretarse. Creo que lo importante, de cara a la ley, es que esta práctica entre en el cuadro de infracciones, y  que luego la Administración Pública haga cumplir la normativa de manera efectiva.

P. – ¿Qué está haciendo la industria alimentaria española para evitar que se repitan casos como el de la carne de caballo etiquetada de otra manera?

R. – Antes de nada, hay que remarcar que se trata de un problema europeo, cuyo origen básicamente proviene del norte de Europa. De hecho, los grandes problemas de seguridad alimentaria que hemos tenido en Europa han procedido básicamente del norte. Podemos decir que en España gozamos de un gran sistema de seguridad alimentaria. En el caso que menciona, era un problema que afectaba al 4% de los productos analizados y que ya ha sido resuelto. Ahora bien, no era un problema de seguridad alimentaria, sino de fraude, de fraude económico. Lo que no podemos hacer es generalizar las críticas. Ante un problema como ése, la solución no es destruir valor, sino crear. El sector está revisando los procesos de autocontrol y haciendo todo lo necesario para que eso no pueda volver a pasar. También hemos ofrecido plena colaboración a las autoridades, dando toda la información posible. Creemos que, ante problemas como éste, hay que identificar al que lo ha hecho mal, y que se le imponga la sanción correspondiente, porque no se puede permitir que por cuatro casos se ponga en cuestión un sector que genera valor, trabajo y toda una cultura propia.

P. – Además de estrategias de autorregulación de la publicidad como la establecida en el Código PAOS, ¿cree que deberían adoptarse otras medidas para luchar contra la obesidad, como la limitación del uso de productos como la sal, las grasas o el azúcar?

R. – El código PAOS es un gran reto para el sector, hay que subrayar que no existe ninguna otra iniciativa parecida en toda Europa. Nosotros estamos plenamente comprometidos en la estrategia NAOS de lucha contra la obesidad puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, y tenemos representación en el Observatorio para el Estudio de la Obesidad. Hemos impulsado la reducción de grasas y cambios en la formulación de algunos productos para contribuir a ese objetivo, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de la composición organoléptica, de aquello que es propio de un producto para que lo sea, por lo que hay cosas que no se pueden cambiar. Entendemos que no hay productos buenos y malos, sino que hay que educar al consumidor respecto a las dietas saludables y promover la actividad física. La Organización Mundial de la Salud dice que son varios los elementos que intervienen: la dieta, la genética, la actividad física y los factores medio ambientales. En España hemos avanzado bastante en la reformulación de algunos productos y promoción de hábitos de vida saludables, y hay bastantes empresas que han sido reconocidas por diversas iniciativas en este campo por la Estrategia NAOS. Ahora bien, no olvidemos que estamos en un sector ya hiperregulado, que está muy reglamentado y en el que aquello que no se puede hacer es justamente alterar la formulación básica que hace ser a los productos como son. El mejor camino, por tanto, no es atacar a los alimentos, sino a la dieta que se escoge, y para ello se debe promover la difusión de mejores dietas, como hacemos desde FIAB con nuestras publicaciones.

P. – ¿Qué perspectivas de futuro tiene la industria de la alimentación y las bebidas en España?

R. – 2012 y 2013 son años malos para la economía española en general, y la reducción del consumo se ha notado durante estos dos años también respecto a los productos alimentarios. Esperamos que, para el futuro inmediato, la mejora del cuadro macroeconómico ayude al sector, tanto respecto a la financiación de las empresas como a un aumento de la confianza de los consumidores. Ahora bien, hemos de tener un cierto grado de madurez y ser conscientes de que papá Estado no puede resolvernos la vida, aunque sí que puede facilitarla, por ejemplo no imponiendo gravámenes  discriminatorios e injustos con el único afán de recaudar y sin tener en cuenta los efectos sobre el empleo o la producción desde las Comunidades Autónomas, porque esto es como matar a la gallina de huevos de oro. Por nuestra parte, estamos trabajando algunos aspectos clave que aseguren el futuro del sector. En primer lugar, en innovación, que es el factor que nos permitirá competir en el futuro, y para ello tenemos un plan estratégico que incluye a la fundación “Food for life” para presentar una agenda de innovación alimentaria, con la participación de todas las partes del sector, de cara al cumplimiento del objetivo europeo “2020”. Después, en formación, considerando que el talento es otra clave del futuro y que se debe promover ante todo el talento de los empleados, para lo cual esperamos que el ministerio de Trabajo cambie de una vez su política y cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la necesidad de que se destine a la formación la parte correspondiente de las retenciones sociales. Y, en tercer lugar, en internacionalización, con un incremento de las ventas al exterior que en 2012 fue superior al 9,4%, lo que nos está permitiendo amortiguar el impacto del descenso de consumo interior y contribuir a la mejora de la balanza comercial, ya que en torno al 28% de la producción alimentaria se destina a la exportación. Pensamos que hay recorrido para que el sector llegue más lejos, y lo que pedimos a la administración pública es que nos cree la autovía que necesitamos. Pedimos que se asegure la unidad de mercado en toda la nación, y que se mejore la coordinación de las Comunidades Autónomas en relación al sector, que exista una programación conjunta, naturalmente con el acuerdo de todos. Si el Estado puede poner más dinero para promover nuestros productos, pues mejor, pero ante todo lo que solicitamos es más coordinación entre las distintas administraciones públicas.

@FGarciaDonet

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1 Comentario

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Buenas,
No entiendo mucho del tema, pero desde luego que debe estar regulado, como todo, aunque en su justa medida, me acuerdo el reportaje en Salvados de Jordi Ebole, muy grande!! como siempre…
saludos

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El autor

Parlamento y Empresa nace por el impulso de la agencia LLORENTE & CUENCA.
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La autora actual el contenido, Iolanda Mármol, es una periodista con dos décadas de experiencia en prensa escrita y televisión. Es especialista en comunicación política, autora del libro "Secretos de campaña. Cuando las emociones dan más votos que los argumentos" y co-autora de "Partidos, medios y electores en procesos de cambio". Máster en Campañas Electorales (Fundación Ortega y Gasset) y en Gestión de Intangibles (Escuela de Organización Industrial). Actualmente profundiza en la investigación de planes reputacionales y su posible aplicación a partidos políticos como estrategia para frenar la crisis de confianza. Es redactora freelance de información política, colabora con diversos medios, y sigue la actualidad en el Congreso de los Diputados.

Twitter: @iolandamarmol


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