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PP y PSOE confrontan sus políticas en la Ley del Medicamento

11 junio, 2013 - 17:36 - Autor:

Aunque corren vientos de pacto en España respecto a la política europea, la voluntad negociadora no alcanza a otros ámbitos de la acción pública, como la sanidad y la educación. Los dos partidos mayoritarios han presentado enmiendas a la reforma de la Ley del medicamento que muestran la distancia que separa las posiciones políticas básicas de cada una de estas formaciones.

PP y PSOE se enfrentan en la Ley del medicamento

El título de la norma que el Congreso tramita en estos momentos, por vía de urgencia, es: Proyecto de Ley por el que se incorporan a la regulación española las Directivas europeas sobre farmacovigilancia y lucha contra la falsificación de medicamentos, aunque el Gobierno ha aprovechado la transposición de la nueva normativa comunitaria para introducir un buen conjunto de modificaciones a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

Ahora, con la presentación de las enmiendas parciales, el Grupo Parlamentario Popular ha añadido una serie de cambios adicionales que acentúan la orientación hacia la austeridad presupuestaria que preside la reforma gubernamental, además de reforzar la voluntad centralizadora del ejecutivo de Rajoy e incluso cambiar normas relativas al estatus del personal sanitario.

El Partido Socialista, por su parte, había registrado previamente 11 enmiendas que pretenden revertir las reformas introducidas por el ministerio de Ana Mato tanto en relación a las prestaciones farmacéuticas como al modelo de sanidad pública en general.

El PSOE quiere darle la vuelta a la legislación actual

La prioridad para los socialistas es anular las modificaciones que el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril introdujo en la legislación española con el fin de limitar la cobertura pública de las prestaciones sanitarias y rebajar así sus costes para la Administración.

La principal de las enmiendas del Grupo Socialista propone, por tanto, la recuperación del sistema anterior de aportaciones de los usuarios para la obtención de medicamentos prescritos, que consistía en que los ciudadanos en general pagaban el 40% de su coste, aunque los jubilados y pensionistas no pagaban nada.

A ello se añade que tampoco los parados de larga duración deberán pagar por las medicinas que les sean prescritas por la sanidad pública.

En general, el PSOE quiere darle la vuelta al cambio conceptual que el mencionado Real Decreto Ley supuso al incorporar la figura del “asegurado” como la persona susceptible de recibir las prestaciones públicas, mientras que la propuesta de los socialistas busca reintroducir el derecho universal a recibir dichas prestaciones.

Un derecho que las enmiendas de este grupo parlamentario extienden de manera explícita a los extranjeros, con la única condición de su empadronamiento.

Otro punto básico en la reversión que el PSOE quiere dar a las iniciativas adoptadas por el actual gobierno consiste en la recuperación de una cartera única de servicios por parte del Sistema Nacional de Salud, anulando la “categorización” introducida por el PP para exigir aportaciones adicionales por parte de los ciudadanos para la prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos, por el transporte sanitario no urgente y por otros servicios accesorios.

Esta fijación de la cartera de servicios del SNS volvería a tener, en cualquier caso, un carácter básico, lo que significa que las Comunidades Autónomas podrían ampliarla a voluntad, sin estar obligadas a ceñirse al listado estatal.

También relevante es la propuesta de aplicar la prescripción de medicamentos por principio activo vigente en Andalucía, así como la de derivar a un futuro Real Decreto la reglamentación del sistema de precios seleccionados, de manera que se pudieran pactar con las Comunidades Autónomas fórmulas como la selección de medicamentos por subasta pública que realiza en la actualidad el gobierno andaluz.

Otros detalles que aparecen en las enmiendas del PSOE inciden en la prohibición expresa de ofrecer incentivos a los profesionales sanitarios y en la limitación a un 10% de los descuentos que, por pronto pago o por volumen de compra, pueden ofrecer los laboratorios a las farmacias.

Se incluye, además, a los enfermeros y a los fisioterapeutas entre los profesionales autorizados a dispensar medicamentos no sujetos a prescripción médica, así como productos sanitarios.

En general, parece claro que, con la presentación de estas enmiendas, los socialistas han querido marcar unas líneas rojas alrededor de un ámbito legislativo que están dispuestos a volver a modificar en cuanto tengan ocasión, si así lo decide la voluntad popular, de hacerlo.

El PP refuerza la centralización y el liberalismo sanitario

Las enmiendas del Grupo Popular, por su parte, buscan añadir sustento a la posición del Gobierno central en su disputa con el ejecutivo autonómico andaluz por el modelo de aprovisionamiento farmacéutico a aplicar, así como seguir limitando los costes de las prestaciones públicas, liberalizar algunos trámites y regular el impacto profesional de los cambios en la gestión sanitaria.

La intención centralizadora del PP en materia sanitaria, tras la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra el sistema de compra de medicamentos por subasta puesto en funcionamiento por la Junta de Andalucía, queda explícita en las enmiendas presentadas, que aluden expresamente a que las medidas de racionalización farmacéutica que puedan adoptar las Comunidades Autónomas “serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios”.

También muy clara es la referencia que se quiere introducir a la fijación de precios, para la administración, de los medicamentos, y que establece que  la industria farmacéutica no podrá ofrecer modificaciones en los precios “salvo en caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional”.

En la misma línea van otras enmiendas que refuerzan la obligación de las Comunidades Autónomas de enviar al Ministerio de Sanidad los datos de consumo de medicamentos, estableciendo una periodicidad mensual para la transmisión de los datos.

Con el objeto de facilitar la aplicación de los precios más bajos para las prestaciones farmacéuticas, se introduce una identificación para los medicamentos intercambiables, a través de las siglas EFG (“Equivalente Farmacéutico Genérico”).

Aunque la voluntad de ahorro en el gasto público, a la par que se traspasa al sector privado el control sobre la propia actividad de éste, se hace especialmente evidente en la eliminación de la necesidad de contar con una autorización administrativa para poder hacer publicidad de medicamentos sin receta, argumentando el Grupo Popular que “el control previo sobre estos sistemas exige recursos que en el momento actual no están al alcance de la Administración Central del Estado debido a la coyuntura económica”.

Una medida cuyo sentido ya estaba presente en la propuesta de Ley presentada por el Gobierno, con la introducción de la posibilidad de que “toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentaciones adicionales“ que se incorporen a un medicamento ya autorizado no precisen de nueva autorización, sino de una mera “notificación”.

En las enmiendas ahora presentadas, además, se recoge la sustitución de la necesidad de obtener autorización para “fabricar o importar productos cosméticos, o trasladar, ampliar o modificar sustancialmente las actividades e instalaciones” por la presentación de una “declaración responsable de cumplimiento de requisitos para realizar dichas actividades”.

Por otra parte, se refuerzan las sanciones para aquellas empresas que incumplan sus obligaciones de notificación, declaración y autocontrol, y se incrementa más de un 400% (de 168,34 a 709,98 euros) la tasa por “actuaciones inspectoras individualizadas para la comprobación de la declaración responsable”.

Otra novedad remarcable incorporada por el PP a través de sus enmiendas al proyecto de reforma de la Ley del medicamento es el reconocimiento de la situación de “servicio activo” para aquellos profesionales sanitarios que pasen a ejercer “funciones de gestión clínica”, con cómputo de antigüedad y reserva de la plaza de origen  incluso en el caso de que “la naturaleza de las instituciones donde se desarrollen las funciones de gestión clínica no permitan que presten sus servicios como personal estatutario fijo en activo”.

El Grupo Popular coincide con el Socialista en la propuesta de atribuir a los fisioterapeutas de la capacidad de dispensar medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios, pero las coincidencias terminan ahí.

Y no es probable que en la tramitación parlamentaria se vaya a producir ningún acercamiento de posiciones en un terreno que parece abonado para la confrontación política.

@FGarciaDonet

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El autor

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La autora actual el contenido, Iolanda Mármol, es una periodista con dos décadas de experiencia en prensa escrita y televisión. Es especialista en comunicación política, autora del libro "Secretos de campaña. Cuando las emociones dan más votos que los argumentos" y co-autora de "Partidos, medios y electores en procesos de cambio". Máster en Campañas Electorales (Fundación Ortega y Gasset) y en Gestión de Intangibles (Escuela de Organización Industrial). Actualmente profundiza en la investigación de planes reputacionales y su posible aplicación a partidos políticos como estrategia para frenar la crisis de confianza. Es redactora freelance de información política, colabora con diversos medios, y sigue la actualidad en el Congreso de los Diputados.

Twitter: @iolandamarmol


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