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La ley del transporte llega a destino sin cambios en el Senado

21 junio, 2013 - 10:21 - Autor:

La reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) ha cubierto la última etapa de su tramitación en el Senado sin que el grupo mayoritario, el Popular, haya propuesto ni aceptado ninguna enmienda. Finalmente, el pleno de la Cámara Alta ha dejado el texto tal como se aprobó en el Congreso el pasado 23 de abril, tras un proceso que produjo una alta movilización en el sector del transporte.

Aprobada la reforma de la Ley del Transporte

 

Los grupos de la oposición habían registrado un total de 255 enmiendas en el Senado, muchas de las cuales reproducían las que ya habían presentado en el Congreso y que no fueron aceptadas por el partido que sostiene al Gobierno.

Estas enmiendas recogían algunas reivindicaciones pendientes que habían expresado algunas partes del sector del transporte, como, entre otras:

  • La modificación del proyecto de Ley para permitir la continuidad de las actuales cooperativas o, al menos, un período transitorio para su adaptación al nuevo marco normativo, dado que el cambio regulatorio puede dejar sin trabajo a 20.000 conductores autónomos.
  • La aplicación a los transportes de entre 2 y 3,5 toneladas de las mismas condiciones que se establecen para los de mayor tonelaje.
  • La anulación del canon a pagar por los concesionarios de líneas regulares de autobús.
  • La eliminación de la atribución al conductor de la responsabilidad por una infracción, en caso de haber sido éste sancionado laboralmente.
  • La regulación de unos precios mínimos para la prestación del servicio de transporte.
  • La limitación de la cadena de subcontrataciones para introducir la necesidad de razones objetivas a partir de la tercera subcontrata.
  • La exclusión del conductor de las tareas de carga y descarga.
  • La introducción de una proporcionalidad concreta, de 1 por cada 30, para la autorización de transportes de vehículos con conductor según las licencias de taxi existentes en una demarcación.

Otro punto de la actual ley que suscitó una relevante controversia, tanto en el Congreso como ahora en el Senado, es la tasa del transporte aéreo introducida para costear el presupuesto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con un importe inicial de 0,579885 euros por pasajero de salida, aunque en los aeropuertos de las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla existirán reducciones al respecto.

La oposición tachó la introducción de esta tasa, vía enmienda del Grupo Popular en el Congreso, como una “tropelía” hecha con fines meramente recaudatorios, que había obligado a cambiar el título mismo del proyecto de Ley (para añadir la precisión de que también modifica la Ley de Seguridad aérea) y que afectará, en su opinión, a la competitividad del sector turístico.

Una ley para mejorar la competitividad empresarial

El Grupo Popular en el Senado, en su defensa de la aprobación sin enmiendas adicionales del proyecto remitido por el Congreso, dijo que se trataba de una ley “necesaria, esperada y bastante bien resuelta en su redacción”, precisando ante el pleno del Senado del pasado miércoles que “el sector nos está demandando” su “pronta entrada en vigor”.

En dicho pleno, el PP definió, como “uno de los fines fundamentales del proyecto de ley”, la mejora de la competitividad empresarial, “elevando el nivel profesional de quienes trabajan” en las empresas del sector “con un rigor máximo en la exigencia de condiciones de acceso al mercado”.

Sus respuestas a las principales demandas de la oposición fueron las siguientes:

  • En cuanto a las cooperativas, afirmó que era necesario introducir el nuevo marco normativo por exigencias de la Unión Europea, y defendió este nuevo marco con el argumento de que deben existir las mismas reglas para todo el mundo en el mercado, de manera que las actuales cooperativas se adapten a la necesidad recogida en la Ley de que sólo pueda facturar quien tenga autorización para ejercer el transporte.
  • En cuanto a las condiciones de los transportes entre 2 y 3,5 toneladas, alegó que se mantiene la necesidad de autorización, así como dos de las cuatro condiciones establecidas para los de mayor tonelaje (establecimiento y honorabilidad, estando exentos de los requisitos de capacidad financiera y competencia profesional).
  • En cuanto al canon a pagar por los concesionarios de líneas regulares de autobús, dijo que repercutirá en las empresas concesionarias, no en los viajeros.
  • Respecto de la atribución al conductor de la responsabilidad por una infracción, en caso de haber sido éste sancionado laboralmente, afirmó que la sanción depende de la legislación laboral, por lo que no tenía relación con lo establecido en la Ley del Transporte.
  • Defendió que no es posible establecer unos precios mínimos para la prestación del servicio de transporte, en una situación de mercado libre.
  • Recordó que en el II Acuerdo general alcanzado entre las empresas del sector del transporte de mercancías y los sindicatos se prevé la participación de los conductores en la carga y descarga, para la correcta colocación de ésta.
  • Y en cuanto a la proporcionalidad para la autorización de transportes de vehículos con conductor según las licencias de taxi existentes en una demarcación, la trasladó al futuro reglamento que desarrollará la aplicación de la Ley.

En la votación consiguiente, el proyecto de Ley del Gobierno logró el apoyo del grupo que lo sostiene y del PNV (pese a que este grupo también había presentado enmiendas en el Senado), mientras que CIU optó por la abstención y el resto de grupos se pronunció en contra.

Según declaró el portavoz del Grupo Popular, Jorge Ibarrondo, “a partir de la publicación en el BOE hay dos años de plazo para realizar el reglamento, y muchas de las enmiendas que se han desestimado se remiten a ese reglamento.

Acuerdos anteriores en el Congreso

Dos meses antes, el PP había pactado en la Cámara Baja hasta 12 enmiendas transaccionales con los principales grupos de la oposición, tanto con el PSOE como con CIU, la Izquierda Plural, UPYD y el PNV, lo que permitió hablar a su portavoz, Andrés Ayala, de que el consenso “básicamente se ha alcanzado”, aunque “algunos grupos”, en su opinión, “parece que tienen que defender frente a la calle posturas distintas a las que piensan”.

Los cambios acordados por los grupos parlamentarios se referían esencialmente al incremento del importe para acudir a las juntas de arbitraje desde 12.000 a 15.000 euros, a la transmisibilidad de las autorizaciones de transporte, a la exención de autorización al transporte funerario, a la obligatoriedad de que todos los vehículos que se dediquen al transporte tengan condiciones para las personas con discapacidad, o a la necesidad de que un nuevo concesionario de transporte público se subrogue en el personal que tuviera el anterior concesionario para cubrir el servicio público.

Dicho consenso permitió que en el Congreso el proyecto de ley obtuviera el voto favorable de, a parte del PP, los grupos de CIU, PNV y UPYD, aunque el portavoz del Grupo Catalán, Pere Macías, remarcó que esperaban lograr que en el Senado se pudiera “dar algún paso más”.

El Grupo Socialista del Congreso, a través de su portavoz Rafael Simancas, justificó su voto en contra del proyecto de Ley porque, en su opinión, “el texto crea más problemas de los que soluciona”, mientras que Asunción de las Heras, portavoz de la Izquierda Plural, declaró que la ley estaba sesgada “hacia aspectos mercantiles que subordinan la estabilidad, la seguridad y la calidad del transporte”.

El PP, por su parte, introdujo hasta 23 enmiendas propias en el texto, fundamentalmente para atender las reclamaciones que los representantes de las grandes empresas del transporte en España habían realizado en los últimos meses.

Estas demandas se centraban en la adopción de la llamada “acción directa”, según la cual el transportista puede reclamar el pago del transporte al cargador principal aunque exista una cadena de subcontrataciones en medio; en la limitación de la responsabilidad del empresario en el caso de que un conductor cometa alguna infracción, siempre que éste haya sido sancionado laboralmente por aquél; y en la recuperación de la necesidad del visado de la autorización de transporte para los vehículos de menos de 3,5 toneladas de masa máxima.

Tras la aprobación en el Congreso, la patronal del transporte mostró su satisfacción por el resultado de la tramitación del proyecto de Ley y su confianza en que no habría cambios en el Senado.

Falta ver ahora qué reacción tendrán otros sectores cuyas demandas no han sido igualmente atendidas.

Sin duda, el desarrollo reglamentario que anunció el senador Ibarrondo será interesante.

 @FGarciaDonet

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El autor

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La autora actual el contenido, Iolanda Mármol, es una periodista con dos décadas de experiencia en prensa escrita y televisión. Es especialista en comunicación política, autora del libro "Secretos de campaña. Cuando las emociones dan más votos que los argumentos" y co-autora de "Partidos, medios y electores en procesos de cambio". Máster en Campañas Electorales (Fundación Ortega y Gasset) y en Gestión de Intangibles (Escuela de Organización Industrial). Actualmente profundiza en la investigación de planes reputacionales y su posible aplicación a partidos políticos como estrategia para frenar la crisis de confianza. Es redactora freelance de información política, colabora con diversos medios, y sigue la actualidad en el Congreso de los Diputados.

Twitter: @iolandamarmol


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