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Un curso de transición… pendientes de Europa

24 julio, 2013 - 19:45 - Autor:

El curso parlamentario que ahora termina ha registrado la presentación y aprobación de 15 leyes con impacto directo sobre las empresas, frente a las 16 presentadas y aprobadas en el primer curso de la legislatura, con una duración mucho más corta. La aplicación de la agenda reformista de este segundo curso, centrada en materias concretas, puso de manifiesto una complejidad que ha ralentizado el impulso reformador del Gobierno, aunque Europa mantiene su exigencia de un mayor ritmo.

Mariano Rajoy llega al Congreso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Así como el inicio del mandato de Mariano Rajoy al frente del Gobierno estuvo dominado por iniciativas de naturaleza genérica que en muchos casos mostraban su carácter urgente en el propio título de la ley, en esta segunda temporada se ha visto un despliegue legislativo que busca plasmar en sectores bien determinados el sentido de las reformas propugnadas por el Partido Popular.

Del principio de la legislatura destacan dos proyectos cruciales, que marcarán la trayectoria de este Gobierno hasta las nuevas elecciones: la reforma laboral y, sobre todo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Es decir: desregulación del mercado laboral español, con la supresión de los mecanismos de protección al trabajador procedentes de la transición, y ajuste estricto del gasto público, en aras del objetivo prioritario de la política del PP, la consolidación fiscal.

Una vez fijadas estas bases genéricas, el ejecutivo ha querido incidir en materias que entiende como esenciales para su modelo de desarrollo económico y social, siempre a partir de dos principios que informan toda su actividad política y legislativa: la liberalización y la unidad de mercado dentro del territorio español.

Pero, aunque la situación de mayoría absoluta parlamentaria de la que goza el PP le permite un control exhaustivo de los tiempos y de las iniciativas, en este segundo periodo de la legislatura se ha advertido una mayor lentitud del ejecutivo para tramitar los proyectos y aprobarlos, a medida que han ido afectando a sectores con reglas de juego muy asentadas.

Incluso el recurso al Real Decreto Ley, del que proceden gran parte de las leyes posteriormente aprobadas, ha sido mucho menos usado por el ejecutivo en el último año, contrastando los 22 RDL que aprobó en los primeros 7 meses con los 16 que ha aprobado en los últimos 11.

Los departamentos que mayor actividad legislativa con impacto en las empresas han registrado son: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con 5 leyes presentadas y aprobadas en este curso, y Fomento, con 4.

Del primero, destaca ante todo la reforma de la Ley de Costas, que ha permitido la prórroga de las concesiones en zona marítimo-terrestre y la reducción de los límites de ésta, lo que ha motivado el anuncio de presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la oposición socialista.

También es muy relevante la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que establece la obligación de suscribir por escrito los contratos en el sector y crea un código de buenas prácticas, aunque su adopción será de carácter voluntario.

En cuanto a Fomento, es remarcable la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que excluye el alquiler vacacional de apartamentos del ámbito inmobiliario, para conducirlo a la regulación turística donde están los usos hoteleros.

También es importante la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que fija reglas comunes para el transporte en todo el territorio español, destacando la imposición de una tasa al transporte de viajeros por carretera en régimen de concesión, la posibilidad de que el transportista reclame al cargador principal en caso de impago dentro de la cadena de subcontrataciones o la exclusión del mercado de las cooperativas tradicionales del sector.

Otra norma impulsada por Fomento con un fuerte impacto en la actividad de empresas y ciudadanos es la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que establece la obligación de obtener un certificado de eficiencia energética para todo aquel que quiera alquilar o vender una propiedad urbana.

Entre los proyectos elaborados por otros departamentos del Gobierno, se puede destacar, en primer lugar, la Ley de Apoyo al Emprendedor del Ministerio de Empleo, que junto a incentivos para la incorporación de jóvenes al mercado laboral como autónomos incluye medidas de liberalización del mercado de los carburantes en España.

También es remarcable la modificación de la Ley del Medicamento presentada por el Ministerio de Sanidad, que, aparte de incorporar directivas europeas de farmacovigilancia y lucha contra la falsificación de medicinas, establece un precio único de los medicamentos en todo el territorio español, lo que impide acciones como las subastas llevadas a cabo por la administración autonómica andaluza.

El Ministerio de Economía, por su parte, intervino en la aprobación de la proposición de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, procedente de la fusión de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por casi millón y medio de firmas y de un proyecto de Ley del Gobierno, aunque de la primitiva ILP sólo quedó una parte del título.

El departamento de Luis de Guindos logró aprobar también la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que unifica en un organismo regulador único las competencias de órganos de regulación anteriores y devuelve al Gobierno competencias en materia energética y de telecomunicaciones, un aspecto que fue muy criticado por la comisaria europea Neelie de Kroes y que obligó a diversos cambios en el proyecto de Ley, para suavizar dicho control gubernamental.

Mención aparte merecen las iniciativas del Ministerio de Industria, centradas en la reforma del mercado de la energía en España, y que han consistido en dos RDL aprobados en este último año, además de una Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, estando pendiente la presentación de un proyecto de Ley de reforma del sector eléctrico ya anunciado.

Todo ello, para intentar poner coto al grave problema del déficit de tarifa eléctrica, sin que hasta ahora parezca que se haya logrado alcanzar la solución definitiva.

Éste es un panorama resumido de la actividad legislativa del Gobierno en los últimos once meses, del que cabe subrayar que muchas de las medidas adoptadas han tenido como origen o impulso inicial a la Unión Europea, bien por la necesidad de transponer directivas comunitarias, bien por la presión que las instituciones europeas ejercen en pos de la liberalización, la unidad de mercado o la consolidación fiscal en España.

Dado que el programa de reformas impulsado por la Comisión Europea no ha sido todavía, en lo esencial, aprobado por las Cortes, es de esperar que la presión comunitaria se redoble con el inicio del próximo curso y que éste sea, como parece, el de mayor intensidad política y parlamentaria de la legislatura, más aún con la perspectiva de las elecciones europeas como fiesta de final de curso.

@FGarciaDonet

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El autor

Parlamento y Empresa nace por el impulso de la agencia LLORENTE & CUENCA.
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La autora actual el contenido, Iolanda Mármol, es una periodista con dos décadas de experiencia en prensa escrita y televisión. Es especialista en comunicación política, autora del libro "Secretos de campaña. Cuando las emociones dan más votos que los argumentos" y co-autora de "Partidos, medios y electores en procesos de cambio". Máster en Campañas Electorales (Fundación Ortega y Gasset) y en Gestión de Intangibles (Escuela de Organización Industrial). Actualmente profundiza en la investigación de planes reputacionales y su posible aplicación a partidos políticos como estrategia para frenar la crisis de confianza. Es redactora freelance de información política, colabora con diversos medios, y sigue la actualidad en el Congreso de los Diputados.

Twitter: @iolandamarmol


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