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Sin consenso para la creación del supervisor fiscal único

17 septiembre, 2013 - 12:28 - Autor:

El debate de totalidad del proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, celebrado el pasado jueves en el Congreso, mostró el amplio desacuerdo que, en torno a esta iniciativa crucial para la política española, mantienen la oposición y el Gobierno.

Cristóbal Montoro

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

El pleno del Congreso vivió un nuevo episodio de fuertes discrepancias en un asunto fundamental para la economía, aunque la hora en que se celebró el debate, mediodía del jueves, atenuó considerablemente la repercusión informativa del evento.

El ministro Montoro defendió sin excesivo entusiasmo la creación de un organismo fiscalizador de todas las cuentas públicas en España, dejando claro desde el principio de su intervención que este proyecto nace “para dar cumplimiento a los diversos compromisos asumidos por España en el ámbito de la Unión Europea”.

Citó como marco general de la iniciativa “la reforma de la Constitución para recoger en su artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria, de equilibrio presupuestario”, y concretó el origen del impulso al nuevo organismo en la necesidad de “seguir cumpliendo con recomendaciones específicas que han sido marcadas para España en el ámbito del semestre europeo y se derivan del proceso de cumplimiento del procedimiento de déficit excesivo y en el memorando de entendimiento firmado para la instrumentación de la ayuda financiera destinada a la reestructuración del sistema bancario español”.

Quedaba claro, pues, que la supervisión fiscal única, que debe asegurar “la conformidad de la política presupuestaria” de todas las administraciones públicas “con las normas presupuestarias nacionales y de la Unión Europea”, es una contrapartida impuesta por la UE a partir del rescate del sistema financiero español, una cuestión que se hizo aún más evidente tras citar Montoro, como ejemplos de países que, “dentro del euro”, han adoptado esta iniciativa, a Irlanda y Portugal.

El ministro insistió reiteradamente en el carácter independiente del organismo (citó hasta 15 veces el concepto de “independencia” y 10 veces el de “autonomía” en referencia al nuevo ente, dentro de una intervención de apenas 22 minutos), cuyas funciones resumió en “el análisis, las recomendaciones y el seguimiento de la política fiscal”, para lo cual “tendrá acceso a toda la información económico-financiera relativa a las distintas administraciones”.

Añadió que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal podrá formular opiniones a iniciativa propia, aunque delimitó su alcance a “las materias previstas en la ley”.

Toda la oposición, en contra del proyecto

La oposición había presentado hasta 6 enmiendas a la totalidad, cinco de las cuales (BNG, ERC-Amaiur, PNV, IU y CIU) eran de devolución del proyecto al Gobierno y una más (del PSOE) era de texto alternativo.

Sólo UPYD, como partido con grupo propio, dejó de presentar enmienda a la totalidad, aunque anunció que su voto, con mucha probabilidad, será negativo en Comisión, lo que indica el inusitado nivel de rechazo que la iniciativa del elecutivo del PP suscita en el resto de fuerzas políticas.

Las motivaciones de la oposición para pronunciarse en contra del proyecto son, en cuanto al fondo del asunto, diversas: mientras que los nacionalistas moderados, UPYD y el PSOE defienden la necesidad de la supervisión fiscal, pero discrepan de la forma de implementarla que supone esta ley, los grupos a la izquierda del PSOE disienten del propio objetivo de supervisar el cumplimiento del principio de la consolidación fiscal, dado que son contrarios a la aplicación a ultranza de ésta.

Eso sí: toda la oposición cuestionó que el organismo de nueva creación responda al calificativo de “independiente” que lleva en su nombre, dado que la propuesta de nombramiento de sus componentes corresponde al Gobierno (con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso del nombramiento del presidente), además de depender orgánicamente del Ministerio de Hacienda, que es el encargado de confeccionar el estatuto de funcionamiento de la nueva entidad.

Propuesta de adscripción a las Cortes

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, defendió, por contra, la adscripción de la Autoridad Fiscal a las Cortes, mediante la creación de la llamada “oficina presupuestaria” (a semejanza de la que existe en países como Estados Unidos), propuesta que fue defendida por la mayoría del resto de portavoces de la oposición y que figuraba en el texto alternativo presentado por el PSOE.

Los partidos nacionalistas incidieron especialmente en lo que entienden como invasión de las competencias autonómicas, a causa de la centralización de la supervisión fiscal en un ente único de carácter nacional, centrando el PNV sus críticas en una supuesta vulneración de los regímenes forales vasco y navarro (lo que iría en contra de la “Carta Magna que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios”), mientras que CIU proponía incluir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (“órgano paritario Estado-Comunidades Autónomas”) en el proceso de fijación de los objetivos de déficit individualizados por Comunidades Autónomas, tarea de la máxima relevancia que el Gobierno quiere transferir a la nueva Autoridad Fiscal.

El PSOE, que había enmarcado el debate sobre la creación de este organismo a partir de los datos sobre un nuevo récord en la deuda del Estado español, planteó como base de su alternativa hacer una autoridad verdaderamente independiente, una autoridad que efectivamente no sea secuestrada por el Ministerio de Hacienda”, estableciendo el marco de creación y de funcionamiento del nuevo ente en las Cortes Generales.

Para el portavoz socialista, Pedro Saura, la cuestión a debatir, en relación a la Autoridad Fiscal, es que “hay muchas dudas en este momento sobre la política fiscal de nuestro país y hay muchas dudas sobre la velocidad de la deuda pública de nuestro país”.

La portavoz del PP, Matilde Asián, defendió el proyecto a partir de la consideración de que “refuerza el compromiso para lograr el control eficaz del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, del endeudamiento público y de la regla del gasto”, un compromiso del Grupo Popular que “surgió ya en el verano de 2011 cuando apoyamos la reforma del artículo 135 de la Constitución”.

Y en cuanto a los otros puntos que centraron el debate, la independencia y el carácter único de la supervisión fiscal, dejó claro que “el Gobierno de España adquiere unas responsabilidades con sus socios europeos y se dota de los mecanismos adecuados para cumplirlas”, por lo que “estaremos ante un proceso de recentralización, si así lo quieren expresar, pero será europeo, no español”.

  @FGarciaDonet

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El autor

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La autora actual el contenido, Iolanda Mármol, es una periodista con dos décadas de experiencia en prensa escrita y televisión. Es especialista en comunicación política, autora del libro "Secretos de campaña. Cuando las emociones dan más votos que los argumentos" y co-autora de "Partidos, medios y electores en procesos de cambio". Máster en Campañas Electorales (Fundación Ortega y Gasset) y en Gestión de Intangibles (Escuela de Organización Industrial). Actualmente profundiza en la investigación de planes reputacionales y su posible aplicación a partidos políticos como estrategia para frenar la crisis de confianza. Es redactora freelance de información política, colabora con diversos medios, y sigue la actualidad en el Congreso de los Diputados.

Twitter: @iolandamarmol


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