Nadie tiene derecho a la vida

El Senado ha aprobado la nueva regulación del aborto, que entrará en vigor dentro de cuatro meses. El mismo día, el presidente del Gobierno proclamaba en Naciones Unidas, a propósito de la pena de muerte, que nadie tiene derecho a quitar la vida a un ser humano.

La ley entraña una transformación radical de nuestro Derecho y de la concepción acerca de la dignidad de la vida humana. Lo que era un delito, pasa a ser un derecho. No se trata de una mera despenalización si no de algo configurado con la fuerza del derecho, que puede ser legítimamente exigido de los poderes públicos,l es ecir, no algo meramente lícito, sino exigible. Existe un derecho a matar.

El texto es, a mi juicio, inconstitucional. Vulnera el artículo 15 de la Constitución que establece que “todos tienen derecho a la vida”. Además, el Tribunal Constitucional, aunque declaró que el embrión no era titular del derecho a la vida, estableció que era un bien digno de protección jurídica. Una ley de plazos es incompatible con esa protección. En las primeras catorce semanas, el aborto es un derecho que la mujer puede ejercer sin invocar ningún supuesto o circunstancia. Argumentar que la formación del consentimiento de la mujer garantiza la protección no hace sino añadir cinismo al oprobio. La ley prevé que la mujer sea informada primero de los medios para ejercer su “derecho” al aborto. Y sólo después, y en sobre cerrado, es informada de las ayudas en el caso de que decida no abortar. Justo lo contrario de lo que establece la legislación alemana, que también instaura un sistema de plazos, pero que sostiene que la información a la mujer irá encaminada a que decida continuar con su embarazo.

Especial gravedad reviste el aspecto educativo, pues la ley obliga a introducirlo como un derecho en los planes de estudio y a formar parte de la formación de los profesionales de la sanidad. Hay que enterrar también a Hipócrates. También cabe oponer reparos a la regulación del ejercicio del “derecho” por parte de las menores de 16 y 17 años y a la regulación de la objeción de conciencia e los profesionales sanitarios.

Es clamorosa la ausencia del padre y la falta de protección de la mujer. Toda la ley es una invitación al aborto. La soledad de la mujer es dramática. Pero las invocaciones de los proabortistas al drama son hipócritas, pues, ?qué drama puede haber en el ejercicio de un derecho?

Si la madre decide si tiene el hijo o acaba con su vida, podemos concluir que, a partir de ahora, nadie tiene en España derecho a la vida.