Muerte digna

Después del último Consejo de Ministros, el Gobierno anunció, entre otras medidas, un proyecto de Ley sobre Cuidados Paliativos y Muerte Digna. La valoración completa deberá esperar hasta el conocimiento del texto, pero ya es posible hacer algunas reflexiones. El portavoz del Ejecutivo ha declarado que no se trata de una ley de eutanasia. Creámoslo, a pesar de la identidad del anunciante. Según el mismo portavoz, la ley pretende dotar de mayor seguridad jurídica a los médicos ante el derecho a morir sin dolor. Para empezar, convendría más bien hablar de un derecho a recibir cuidados paliativos. Pues si hay un derecho a morir sin dolor (suponiendo que algo así pueda ser garantizado jurídicamente, máxime si se incluye el dolor psíquico o moral), también lo habría a vivir sin dolor, y no parece que un Gobierno que ni siquiera garantiza el derecho al trabajo pueda garantizarnos la supresión del dolor.

Pero además, el anuncio de la medida entraña un agravio a los médicos y enfermeros dedicados a los cuidados paliativos, pues parece sugerir que hoy no se aplican esas medidas contra el dolor. Creo que es algo falso e injusto. Los remedios contra el dolor se aplican y deben aplicarse. La legislación actual no impide la adopción de ningún recurso paliativo. Entonces la cuestión reside en determinar qué novedades entrañará la nueva legislación, qué será posible hacer después de ella y que ahora no es lícito hacer. Esperamos que el Gobierno aclare la cuestión. El modelo parece ser la legislación andaluza, pero sobre ella, a pesar de que no entraña la legalización de la eutanasia, planean sombras de duda. Se diría que el Gobierno persigue blindar a los médicos hagan lo que hagan, aun cuando eso que hagan sean sedaciones terminales o eutanasias encubiertas.

Ya podemos imaginarnos la batería argumentativa contra quienes se opongan a la nueva ley: se trata de fundamentalistas a quienes no les importa el sufrimiento humano. Por mi parte, tengo que decir que debemos paliar el dolor con todos los medios que la Medicina proporciona, pero no creo que el sufrimiento sea absurdo o indigno. Eso de la “muerte digna” suena muy parecido a lo de la “buena muerte”, es decir, la eutanasia. Pero algo debe quedar muy claro: una cosa es luchar contra el dolor, y otra muy distinta acabar con él mediante el procedimiento de terminar con la vida del paciente. El precepto “no matar” obliga a todos. Y quizá más aún a quienes tienen como profesión y vocación curar, luchar contra el dolor y salvar vidas.

Lo que parece muy poco escrupuloso es que el Gobierno plantee su proyecto como una iniciativa para garantizar una muerte sin dolor. ¿Es que acaso con la legislación actual existen cuidados paliativos del dolor que no pueden ser aplicados por imperativo legal? En caso afirmativo, ¿cuales son y qué efectos producen?

El límite parece claro: ningún médico ni profesional de la Sanidad, ni, en general, ningún ser humano, puede legítimamente quitar la vida a otro. Me temo que ni aunque el otro lo pida. Postular un derecho a morir entraña postular la existencia de un deber de matar. Y no existe un deber de matar. Una cosa es combatir el dolor y otra hacerlo matando. No resulta muy tranquilizador que se invoque el “caso Leganés”, pues los tribunales sentenciaron que en él existió una mala práctica médica, aunque no se pudiera probar la existencia de delitos de homicidio o asesinato.

Lo peor del anuncio es que presupone que en la actualidad no se utilizan todos los medios posibles para paliar el dolor, y, si no  estoy equivocado, el único que no es posible aplicar actualmente es el consistente en la eliminación de la vida del enfermo terminal. Y confío en que tampoco sea posible después de la aprobación, en su caso, de la nueva ley.