Así logró una persona física renegociar su deuda como si fuera una empresa

El 25 de mayo de 2010 un español llamado Santiago Alvarez-Barón presentó ante un juzgado mercantil de Madrid un concurso de acreedores como persona física (lo que antes se llamaba suspensión de pagos). Debía más de 100.000 euros: entre los acreedores estaban su ex mujer (en pensiones alimenticias) familiares, y algunos conocidos que le habían prestado dinero.

Santiago pedía a esas personas que le redujeran sus deudas un 33,32%, y que le dieran un plazo 35 meses para devolver lo adeudado. Deseaba que le tratasen igual que una empresa en crisis.

Después de muchos trámites, el juzgado mercantil lo aceptó, y el 22 de julio pasado salió su nombre en la lista de los registradores de España indicando que se había cumplido el Convenio que había propuesto a sus acreedores.

Es la primera vez que una persona física se acoge al concurso de acreedores y culmina con éxito sus negociaciones con ellos en Madrid.

Hasta ahora, los concursos de acreedores se habían reservado para empresas. Cuando estaban en crisis, solicitaban a un juzgado mercantil entrar en concurso (suspendían pagos temporalmente). El juez nombraba un administrador concursal que gestionaba los bienes de la empresa hasta que lograse salir de la crisis. Si no lograba, se liquidaba la empresa, es decir, se troceaba lo que quedase y se repartía entre los deudores.

En el caso de Santiago Alvarez-Barón, cabía una duda: si no había acuerdo y se declaraba en quiebra, ¿cómo trocearle?

La idea de Santiago no era llegar a ese extremo. Solo deseaba ganar tiempo para pagar sus deudas y salir de nuevo a la luz. Para ello se acogió a los límites de la ley: pidió una quita (un perdón de la deuda) por el 33,32% de la cantidad. ¿Por qué ese porcentaje? Porque según la ley, si se pide una quita del 33,33% (una décima más) el juez tiene que  intervenir en el proceso, ante la sospecha de fraude. Eso complica los plazos. Asimismo, si se piden tres o más años para pagar la deuda, el juez tiene que  abrir una investigación para saber si hay fraude. Santiago pidió tres años menos un mes.

Aunque el proceso comenzó hace cinco años, los dos años añadidos son debidos a retrasos en los juzgados debido al atasco de concursos.

El caso es que Alvarez-Barón obtuvo el acuerdo de su ex mujer y de sus conocidos. Pero tuvo que sortear al fiscal del juzgado de familia, que se negaba a aceptar un concurso como persona física. "Nos quieren tratar como empresa", dice Alvarez-Barón. "No se dan cuenta de que hay muchas personas como yo en España que han atravesado una profunda crisis".

Santiago confiesa que el administrador concursal nombrado por el juez para gestionar su patrimonio (cuentas, propiedades, etc), le ayudó en este proceso.  Comprobó que todo estaba investigado y que no tenía dinero negro ni patrimonio no declarado.

"Soy el primer caso de persona física que culmina con un convenio aceptado y confirmado positivo en Madrid", dice contento Avarez-Barón, que también es fundador del portal miqueja.es.

Y ahora envía un mensaje a los españoles en crisis: "Si yo he podido, los demás también".

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