El Tribunal de Cuentas anunció que impone una multa de 5 millones de euros al antiguo presidente de la Generalitat Artur Mas por los gastos que supuso para el estado español el falso referéndum de independencia que organizó el 9 de noviembre de 2014. Si no paga, se le embargarán los bienes.
Minutos después, Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalitat (sucesor del anterior), respondió: "El Estado español ha hecho un salto cualitativo en el fomento del miedo para evitar el referéndum del 1-O".
Da miedo, sí. Porque el mensaje va para Carles Puigdemont por querer organizar otro referéndum ilegal. Es como si el Estado dijera: "Atención, esto no es un simulacro". Si Puigdemont prosigue en su deseo de realizar otro referéndum ilegal, le va a pasar lo mismo: recibirá una multa y tendrá que responder con su patrimonio. Y si no paga, se le embargarán los bienes.
Está claro. El gobierno quiere meter miedo a Puigdemont y a todos los cargos políticos que le secunden en la organización del referéndum, previsto, en teoría, para el 1 de octubre.
La excusa de Puigdemont y de Oriol Junqueras, vicepresidente del govern catalán, es que se trata de "una interpretación torticera de la Ley".
Nos hemos pasado en las últimas semanas y meses viendo cómo los representantes del independentismo catalán han estado interpretando a su modo las leyes, mejor dicho, a saltarse las leyes pues organizar ese referéndum es ilegal, como dice la Constitución que fue votada por la mayoría de los catalanes en 1978. Y ahora que les golpean en el bolsillo, responden que las autoridades del Tribunal de Cuentas “se han situado en el terreno contrario al Estado de derecho”, y que la “única respuesta debe ser democrática, cívica, serena y pacífica”.
Hasta ahora, la única respuesta del gobierno de Mariano Rajoy ha sido tan "cívica, serena y pacífica", que muchos españoles se estaban preguntando hasta cuándo iba a permitir que los 'indepes' les tomaran el pelo. Los independentistas han usado la demagogia, las presiones, las amenazas, y hasta la manipulación informativa para defender su ideología. Ha politizado todo, hasta un atentado que costó la vida a 16 personas.
En la parte contraria se encontraban a un gobierno que callaba para no dar cuerda a los independentistas, que siempre juegan al papel de víctimas.
En las próximas semanas, antes y después del 1 de octubre, veremos más misiles como el del Tribunal de Cuentas. Y también veremos la reacción del gobierno catalán, aprobando de forma 'torticera' las leyes de desconexión, de transitoriedad y del referéndum. El gobierno tratará de demostrar que está empleando los mecanismos de la ley, y con ellos acorralará a los soberanistas, demostrando que intentan usar mecanismos fuera de la ley.
Los simulacros han terminado. Comienza el fuego real.
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