OPINION

Una de las peores noticias del año

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Lean esto: la Junta de Andalucía solo ha recuperado el 0,1% del dinero supuestamente defraudado en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Voy a decirlo de otra manera: el gobierno andaluz solo ha podido recuperar 1,2 millones de euros de los 855 millones que, en teoría, iban destinados a ayudar a empresas obligadas a despedir o a prejubilar trabajadores. La jueza Mercedes Alaya es quien ha calculado esa cantidad de destino incierto.

El mayor fraude de la historia de España sigue sin resolverse y encima no aparece el dinero. Es una de las peores noticia del año.

¿Cómo empezó todo esto?

Empezó en 2001, cuando el gobierno de Manuel Chaves (PSOE, desde 1981) decidió crear una partida especial para sufragar despidos y prejubilaciones de empresas en crisis. Se llamó partida 31L. En la primera fase se iban a destinar 721 millones de euros hasta 2011. En la segunda, se ampliaría hasta llegar a 1.217 millones.

Las cosas iban silenciosamente bien hasta que un día saltó la liebre. Un empresario quería montar una escuela de hostelería en Sevilla, concretamente en terrenos de Mercasevilla, y logró una subvención de 900.000 euros. Cuando estaba tan contento con su proyecto, se le presentaron dos ex funcionarios de Mercasevilla (empresa pública andaluza), y le pidieron la mitad de la subvención. ¿A cambio de qué? Pues le prometían conseguirle más dinero para cursos de formación.

El empresario lo denunció y consiguió abrir una investigación que llegaría más lejos de lo imaginado. Porque al investigar a Mercasevilla, se descubrió que una persona había recibido una indemnización por despido pero nunca había trabajado en Mercasevilla. La juez Alaya comenzó a husmear y poco a poco se descubrieron más casos de personas que habían recibido dinero público (de la partida 31L de Manuel Chávez), pero jamás habían trabajado para esas empresas o muy poco tiempo.

Salieron decenas de casos. Y al final, se determinó que la cifra defraudada podía haber llegado a los 855 millones de euros. Está por demostrar.

Ya llevamos cinco años de investigación y el caso ha salpicado a muchas personas. He aquí algunos datos importantes:

-El PSOE se negó durante mucho tiempo a crear una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz. Sólo lo hizo cuando su socio de coalición, Izquierda Unida, le obligó.

-La ex consejera de Hacienda de la Junta -Carmen Martínez Aguayo (PSOE)-, recibió varios informes entre 2005 y 2007 procedentes de la Intervención General, en los cuales le avisaban de que los fondos de los EREs podrían ser fácilmente manipulados para desviar esas ayudas. No les hizo caso.

-Entre las personas que recibieron fondos públicos estaban algunos que con solo 170 días de trabajo ya obtuvieron una prejubilación. Hubo un empleado administrativo que se hizo pasar por minero para recibir una subvención mayor.

-La jueza Alaya ha imputado a los ex presidentes de Andalucia Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero como son aforados, solo el Tribunal Supremo puede decidir si pueden ser imputados.

-La ex consejera de Economía de la Junta Magdalena Alvarez (PSOE) ha sido imputada con otros 2o altos cargos.

-Hay 227 imputados.

-Uno de los que fue a prisión es el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez. Su chófer confesó que se llegaron a gastar hasta 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína. Llegaron a comprar terrenos con el dinero de los fondos.

-El juicio aún no ha comenzado, a pesar de que la investigación de inició hace 5 años. Se espera que empiece algún día de este año.

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